JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2002. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 813/92 en sesión de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y dos; el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 331/98 en sesión de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho y las revisiones fiscales 57/2000, 59/2000, 58/2000 y 62/2000, en sesiones de veintiuno de mayo, seis y veinte de junio y quince de agosto de dos mil uno, respectivamente; y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al fallar en sesiones de veinticinco de agosto y ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve los juicios de amparo directo 349/99 y 493/99, sostuvieron:
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo directo 813/92:
"QUINTO. En cambio, resulta fundado el concepto de violación en el que se duele el quejoso de que la Sala responsable indebidamente se abstuvo de aplicar la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal. En la demanda de nulidad que dio origen a la sentencia que nos ocupa, el quejoso propuso a la Sala Fiscal el argumento siguiente: 'd) Porque ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, conforme a la cual es procedente la deducción de las cuotas del Seguro Social pagadas por el patrón, aun cuando correspondan a sus trabajadores, ya que de otra manera se violarían los principios de equidad y proporcionalidad fijados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución'. Esta tesis aparece publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1984, Primera Parte, jurisprudencia del Pleno, páginas 325 a 327 que, en su parte relativa, dice: 'RENTA. APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES. SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I Y 25 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO EN LA MATERIA. ...'. Al respecto, la responsable resolvió que: 'Esta Sala estima procedente entrar al estudio del concepto de anulación que nos ocupa, puesto que independientemente de los argumentos respecto de la constitucionalidad del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no son competencia de este tribunal administrativo, la parte actora medularmente sostiene que es a su cargo el pago de cuotas obrero-patronales y, por ende, deducibles, según disposición expresa del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, materia que sí es debatible ante esta instancia.'. Pues bien, es incorrecta la determinación que se tomó en la sentencia, pues el actor no propuso argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del precepto, sino que invocó un criterio jurisprudencial, según se advierte de la transcripción que antecede; criterio que, como acertadamente se dice en la demanda de amparo, obliga al Tribunal Fiscal de la Federación. Efectivamente, el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone: 'Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. ...'. Es claro que siendo el Tribunal Fiscal de la Federación un tribunal administrativo, está obligado a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, tal como lo dispone el precepto transcrito. Así se ha pronunciado ya nuestro Supremo Tribunal en los siguientes criterios jurisprudenciales que reiteran lo dicho por el precepto, si bien fueron elaborados con anterioridad a éste: 'JURISPRUDENCIA DE LA CORTE, OBLIGA AL TRIBUNAL FISCAL. La jurisprudencia de la Corte tiene que considerarse obligatoria también para el Tribunal Fiscal, pues aunque éste no es mencionado en el artículo 194 de la Ley de Amparo, debe considerársele incluido por interpretación extensiva o por motivo de igualdad de razón. Amparo administrativo en revisión 3403/49. «Escocia», S.A. 20 de octubre de 1949. Unanimidad de cuatro votos.'. Como puede observarse del criterio anterior, la Suprema Corte, ante ausencia de ley expresa, establece a través de un método de interpretación teleológica la inclusión del Tribunal Fiscal de la Federación como un órgano sometido a su jurisprudencia con base en la aplicación de un principio general de derecho, lo cual evidencia una labor creadora por parte del Tribunal Supremo que posteriormente ha sido adoptada por el legislador. Posteriormente, y ya con ley expresa sobre la materia, la Sala administrativa reiteró esta opinión en dos fallos, el primero de ellos en la revisión fiscal 189/53, siendo quejoso Roberto Abe Domínguez, que fue resuelta el 24 de agosto de 1955, por unanimidad de 5 votos, y el segundo, que a continuación se cita, en donde este cuerpo colegiado impuso: 'JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte es obligatoria para el Tribunal Fiscal. Revisión fiscal 415/59. Cía. de Fianzas Lotonal, S.A. 13 de octubre de 1967. 5 votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Precedentes: Quinta Época, Tomo CII, pág. 540. Quinta Época, Tomo CXXV, pág. 1685. Véase: Volumen CXII, Tercera Parte, pág. 68.'. Reiterando estas ideas, la misma Sala determinó en el asunto que se indica dentro de la precedencia del criterio transcrito anteriormente, lo siguiente: 'JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. OBLIGA AL TRIBUNAL FISCAL. No es decisiva la circunstancia de que la propia Sala sentenciadora, en diverso negocio, estableciera una tesis contraria a la que informa el fallo recurrido, ya que, cualquiera que haya sido el criterio anteriormente sustentado por un tribunal, en caso necesario, debe abandonarlo, con el fin de ajustarse a la decisión legalmente obligatoria, contenida en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Revisión fiscal 474/60. Afianzadora Mexicana, S.A. 14 octubre de 1966. Mayoría de 4 votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Precedentes: Volumen CVIII, Tercera Parte, pág. 68. (dos asuntos).'. Así las cosas, y ante mandato expreso de la ley, es claro que la Sala Fiscal estaba obligada a acatar el criterio jurisprudencial invocado por el quejoso en su demanda de nulidad. Debe decirse que la tesis se elaboró con motivo de la Ley del Impuesto sobre la Renta del año de 1981; sin embargo, el precepto declarado inconstitucional es exactamente el mismo que aparece en la ley de 1985, por ello, la jurisprudencia se encontraba vigente para esa época. En efecto, el artículo 25, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta correspondiente al año de 1981, decía: 'Artículo 25. No serán deducibles: I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas. Tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social sólo serán deducibles las cuotas obreras pagadas por los patrones, correspondientes a trabajadores de salario mínimo general para una o varias zonas económicas.'. El precepto en 1985 disponía: 'Artículo 25. No serán deducibles: I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas. Tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social sólo serán deducibles las cuotas obreras pagadas por los patrones, correspondientes a trabajadores de salario mínimo general para una o varias zonas económicas.'. Como podrá advertirse, el texto es exactamente el mismo y, por ello, el criterio jurisprudencial que aparece a fojas 325 de la Primera Parte del Informe de labores correspondiente al año de 1984: 'RENTA. APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES. SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I Y 25 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO EN LA MATERIA (VIGENTES EN LOS AÑOS DE 1979, 1980 y 1981), EN CUANTO ADMITEN EN UN CASO Y PROHÍBEN EN OTRO SU DEDUCIBILIDAD.', es actual para la ley de esa época. En ese orden de ideas, no cabe más que concluir que la sentencia que nos ocupa es ilegal, por cuanto hace a la determinación de validez del rechazo correspondiente a la partida de $68'699,577.00 (sesenta y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de cuotas obrero-patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tal rechazo indebidamente se fundó en un precepto declarado inconstitucional. Por tal motivo, lo conducente es conceder la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable dicte una nueva resolución, acatando lo expuesto en el considerando quinto de este fallo."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUN TRATÁNDOSE DE TEMAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El artículo 192 de la Ley de Amparo en su primer párrafo dispone: 'La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.'. Siendo el Tribunal Fiscal de la Federación un tribunal administrativo, es claro que está obligado a acatar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, tal como expresamente lo ordena el precepto de referencia; y aun cuando los temas de inconstitucionalidad de leyes son de competencia exclusiva de los órganos del Poder Judicial Federal, la jurisprudencia que al respecto emita la Suprema Corte de Justicia, es obligatoria también para los tribunales administrativos, pues la ley no hace excepción alguna; sin que ello signifique que al aplicarla tales tribunales alteren y se excedan en su competencia, pues no están pronunciándose sobre inconstitucionalidad de leyes, sino únicamente resolviendo que un acto de autoridad se encuentra indebidamente fundado, al apoyarse en una ley o precepto declarado inconstitucional por el más Alto Tribunal." (Octava Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, julio de 1992, página 378).
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito.
Amparo directo 331/98:
"V. ... A continuación, y en lo que concierne a los agravios que el ahora amparista identificara como segundo y tercero de su primitiva demanda de nulidad, donde hiciera valer a la autoridad señalada como responsable la inconstitucionalidad de las normas que ahí menciona, cuyos motivos hace derivar en la existencia de jurisprudencia y criterios sustentados por órganos jurisdiccionales, respecto de lo cual la responsable dijo se encontraba imposibilitada para resolver ese tipo de cuestiones, ya que su conocimiento se encontraba restringido al juicio de amparo; sobre ello, simplemente cabe puntualizar que si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto es que a la responsable nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento concreto, cuando tal planteamiento se apoya en tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis concreta sometida a su consideración, de donde bien puede entenderse cumplida su función jurisdiccional al llevar el razonamiento propio del criterio invocado al caso a estudio, declarando así su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello, tan sólo significaría que observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo, disposición que, sin taxativas ni excepciones de índole alguna, a la letra dice: 'Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.'. En ese tenor, la vigencia de esta disposición no puede quedar supeditada a la consideración de la responsable de que aun cuando cierto aspecto jurídico haya sido abordado por la jurisprudencia e, incluso, declarado inconstitucional, decidiera no pronunciarse bajo la premisa de que al hacerlo invadiría facultades que le están vedadas; al contrario, su función jurisdiccional se reduce a declarar la nulidad del acto que fue combatido, simplemente con la aplicación del criterio jurisprudencial al asunto sometido a su decisión, esto es, sin evasivas de la litis resolverá la cuestión efectivamente planteada, mediante la comprobación de que el tema ya definido por la jurisprudencia coincide o no totalmente con el punto en controversia, tarea que de ninguna manera significa asumir el conocimiento de apreciar la constitucionalidad de un acto concreto, pues sobre él no emitirá opinión alguna. Consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, debe concederse a Miguel Hernando Barbosa Calderón el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación deje insubsistente la resolución que pronunciara el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en autos del juicio de nulidad 745/97 y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita la determinación que conforme a derecho deba recaer, desde luego, debidamente fundada y motivada y, en su caso, dé respuesta a todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por el amparista."
Revisión fiscal 57/2000:
"QUINTO. Este asunto deriva del juicio de nulidad número 866/00-10-01-9, en el que se demandó la nulidad del oficio 325-SAT-R7-L51-2388, de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado por el administrador local jurídico de Ingresos de Chetumal, en el que, respecto de la consulta que planteó el demandante en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, determinó que no es posible confirmar su solicitud en cuanto que no se le debía aplicar el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, alegando su inconstitucionalidad, en virtud de que esta cuestión no es materia de consulta. Bajo estas condiciones, se tiene que se sustentó de manera primordial en las jurisprudencias que se citan y transcriben en la propia resolución con los rubros: 'RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS COMPONENTES DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' y 'RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) PARA CALCULAR UN COMPONENTE DE LA BASE DEL TRIBUTO.'; así, partiendo del contenido de las tesis aludidas, se concluyó que el artículo 78-A de la mencionada ley, fue declarado inconstitucional porque permite que sea un órgano administrativo el que determine uno de los componentes de la base del impuesto; por ello, se consideró ilegal la aplicación de dicho artículo y, en consecuencia, la resolución que así lo estableció; que de aceptar lo contrario, se permitiría aplicar en perjuicio del actor un componente que no está previsto en la ley de la materia, como son los Certificados de la Tesorería de la Federación; con base en lo anterior, se declaró la nulidad de la resolución impugnada, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la demandada emitiera otra en la que resolviera la petición formulada por el demandante, en el sentido de que no debe aplicarse el precitado artículo. Por razón de técnica se analizan, en primer orden, las inconformidades en las que se aduce que la sentencia recurrida carece de motivación, porque en ella se omitió expresar las razones o motivos por los que se concluyó que la jurisprudencia invocada se ajustaba al caso concreto. Lo anterior es infundado, ya que en la sentencia combatida se expresó que la jurisprudencia en que se apoyó, considera violatorio de garantías el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque permite que sea un órgano administrativo el que determine los componentes de la base del impuesto; por lo anterior, consideró ilegal la Sala juzgadora la aplicación de dicho numeral y las resoluciones que así lo establecieron, porque de aceptar lo contrario, permitiría aplicar en perjuicio del demandante un componente que no se encuentra previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, como son los Certificados de la Tesorería de la Federación. Puntualizado lo anterior, se analizarán a continuación los demás agravios en los que, en esencia, se alega que es ilegal el proceder de la Sala Fiscal, porque ésta sólo puede conocer de las cuestiones de legalidad previstas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, en sus cinco fracciones, pero de ninguna manera puede, legalmente, pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de una ley, porque esta facultad se halla reservada para el Poder Judicial de la Federación; que no es obstáculo el argumento así vertido, lo que sobre la observancia de la jurisprudencia dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque la obligación que ahí se previene se condiciona a que se tenga facultad para pronunciarse sobre el tema a que se refiere la jurisprudencia, y la Sala juzgadora sólo puede ocuparse en su sentencia de las causales de legalidad establecidas en el precitado artículo 238 del código tributario; que de acuerdo con estos argumentos, la jurisprudencia que declara inconstitucional una disposición, sólo obliga a los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, que son los competentes para resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, pero no constriñe a los tribunales que no tienen facultades para pronunciarse sobre esta materia de constitucionalidad, y menos a la autoridad administrativa, porque sus actos o resoluciones no se fundan en la misma materia, como es el caso de las consultas formuladas por los particulares, conforme al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación; que al hacerse la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal por el Poder Judicial de la Federación, no la deroga o abroga, ya que esto se encuentra reservado al Congreso de la Unión, por lo que al seguir vigente la disposición legal, es obligación de la autoridad administrativa aplicarla y la del particular acatarla; por tal razón, una resolución administrativa fundada en una norma fiscal declarada inconstitucional, no es ilegal ni está indebidamente fundada, por tanto, no puede ser anulada en el juicio contencioso administrativo, pues pensar lo contrario implicaría que la Sala Fiscal, en la sentencia recurrida, obligue a la autoridad demandada a convertirse en un órgano de control constitucional, y a que se pronuncie respecto de la aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de 1999; que con el proceder de la Sala Fiscal se dejan de observar los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias de amparo, porque debió abstenerse de pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta mencionado, ya que esa declaración sólo beneficiaría a quien ejercitó la acción constitucional en el juicio de amparo del que resultó la jurisprudencia invocada. Es infundado el resumido argumento de la autoridad recurrente, pues del análisis de la determinación impugnada se advierte que la Sala Fiscal actuó ajustada a derecho al declarar la nulidad de la resolución reclamada por derivar la misma de una consulta planteada a la autoridad fiscal en la que resolvió que no era posible confirmar que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no debía aplicarse a la esfera jurídica del actor Antonio Porras Casanova, por violar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, por no resultar materia de consulta, mas a continuación agregó: (se transcribe). ... Así planteadas las cosas, debe concluirse que son infundados los motivos de inconformidad, pues en lo que refiere la recurrente, que es ilegal el proceder de la Sala Fiscal porque sólo puede conocer y pronunciarse respecto de las causales de ilegalidad establecidas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, debe destacarse que en la sentencia recurrida se declaró la nulidad de la resolución impugnada con base en las causales de nulidad previstas en el precitado artículo, específicamente en la fracción II y, además, se apoyó en la jurisprudencia que se invocó en dicha resolución, al considerar ilegal la aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como la resolución que así lo estableció, por ser violatorio del principio de legalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Así que no resulta ilegal la sentencia recurrida, como se aduce, ni que se haya pronunciado la Sala Fiscal sobre la cuestión de inconstitucionalidad, sino de legalidad, además de que nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico, cuando tal planteamiento se apoya en una tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis sometida a su consideración, donde sólo puede entenderse cumplida su función jurisdiccional al llevar al caso a estudio el razonamiento propio del criterio invocado, declarando su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad, sino únicamente que observó lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que es obligatorio para la Sala Fiscal, más aún, en el caso se le hizo valer, como concepto de anulación, en el que en concreto se alegó: (se transcribe). ... Así dispuestas las cosas, puede entenderse cumplida la función jurisdiccional de la Sala responsable al llevar el razonamiento propio del criterio invocado al caso a estudio, declarando así su nulidad, sin que ello pueda considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad, desprendiéndose con esa conducta que solamente observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: 'Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. ...'. En este contexto, la vigencia de esta disposición no puede quedar supeditada a la circunstancia de que de aplicar la jurisprudencia invadiría facultades que no le corresponden, toda vez que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, como tribunal administrativo, se encuentra obligada a acatar la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal; con esto, de ninguna manera se estima que se hubiera pronunciado la Sala a quo sobre la inconstitucionalidad de un precepto, labor ciertamente encomendada a los tribunales federales, sino solamente obedeció los lineamientos de la jurisprudencia, a más de que en el caso, se reitera, estaba obligada a ello porque se le hizo valer como concepto de anulación. En apoyo de lo anterior cabe citar, por aplicable, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, misma que es localizable en la página 1417, número XIV.1o.9 K, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es como sigue: 'JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARA LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTAS DEBERÁN RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA DEFINIDOS JURISPRUDENCIALMENTE.' (se transcribe). ... Y en cuanto a que la jurisprudencia no es obligatoria para la autoridad administrativa, lo relevante es que la autoridad demandada está obligada a cumplir la sentencia que dictó la Sala Fiscal, conforme se ordena en los términos de los artículos 239, fracción III y 239-A del Código Fiscal de la Federación; tampoco es verdad que se esté obligando a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre un aspecto de constitucionalidad, porque este tema no se tocó en la sentencia que se debe cumplir, de ahí que resulte inexacto lo que se aduce, en el sentido de que al hacerse la declaración de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial de la Federación, respecto del precitado artículo 78-A, no lo derogó o abrogó, y que al seguir vigente, es obligación tanto de la autoridad administrativa como del particular acatarlo pues, en el caso, no se trata de que dicha autoridad aplique el precepto en cuestión, sino que dé respuesta a una consulta formulada de acuerdo al artículo 34 de dicho código, en cuanto a que no debe aplicarse el precitado ordinal porque ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no significa que se esté excluyendo al particular de la aplicación de un numeral no derogado; de lo que se tiene que lo resuelto en la sentencia recurrida no implica que derogue el precitado artículo o que se libere al demandante de la aplicación de la ley, no obstante que en lo particular no haya impugnado su inconstitucionalidad, ni que con ello se dejen de observar los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias de amparo pues, como ya se dijo, se trata, en el caso, de una consulta en la que la autoridad demandada no decide sobre la constitucionalidad de la ley, ni la aplicación, sino que determina que no debe aplicarse, conforme lo resuelto por la Sala Fiscal y con base en la misma consulta. En las relacionadas consideraciones, al resultar infundados los agravios, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida."
Revisión fiscal 59/2000:
"QUINTO. En el caso, Elda Briceño Villagómez, como empleada del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de un bien inmueble que su patrón, con base en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, efectúa una retención derivada de un ingreso en servicio por dicho préstamo. Inconforme con este impuesto, presentó una consulta al administrador local jurídico de Ingresos de Chetumal, Quintana Roo, para que confirme su criterio en el sentido de que no debe cubrir el impuesto antes mencionado, resolviendo dicha autoridad que no era posible confirmar esa instancia, por no ser materia de consulta a la autoridad fiscal confirmar la inconstitucionalidad de una norma. Elda Briceño Villagómez demandó la nulidad de la resolución, declarando la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que la actora probó su pretensión y, en consecuencia, determinó la nulidad de la resolución reclamada para el efecto de que la autoridad administrativa emitiera otra debidamente fundada y motivada, resolviendo que no debe aplicarse a la actora el contenido del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el año de mil novecientos noventa y nueve, para el pago de los impuestos que le correspondían, esto en acatamiento a las jurisprudencias de rubros: 'RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS COMPONENTES DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' y 'RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) PARA CALCULAR UN COMPONENTE DE LA BASE DEL TRIBUTO.'. Inconforme con lo anterior, el administrador local jurídico de Ingresos de Mérida interpuso recurso de revisión. En lo que constituye el único agravio hecho valer en esta instancia, la autoridad recurrente aduce, en síntesis, que la Sala Fiscal aplicó indebidamente los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, del Código
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17236-9475b9fd/jurisprudencia-sobre-inconstitucionalidad-de-una-ley-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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