VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR QUE LAS PRACTICAN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: OLIVA ESCUDERO CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria de siete de marzo de dos mil uno, dictada en el amparo directo DA. 313/2001-16, en el cual se señaló como acto reclamado la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil, dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente 4487/00-11-01-8, en la parte que interesa, señalan lo siguiente:
"QUINTO. ... En el segundo concepto de violación, en la parte que el quejoso identifica con la letra B), se alega, esencialmente, que la Sala interpretó indebidamente la ley al reconocer la validez de la resolución impugnada, no obstante que la identificación del visitador no se dio plenamente al inicio de la diligencia. Efectivamente, en las instancias agotadas por el quejoso se realizaron diversas manifestaciones en las que señaló su inconformidad en relación con la identificación del visitador. En primer lugar, al interponer el recurso ante la autoridad que impuso la sanción, alegó: ‘... que no se cumplió con el requisito de la debida circunstanciación, toda vez que en el acta mencionada se aprecia que el verificador no se identificó plenamente, pues tan sólo hizo manifestaciones generales en relación con que pertenecía a la Procuraduría Federal del Consumidor y que se identificaba con credencial de ese H. Organismo, sin que se asentaran en la misma datos que efectivamente permitieran al visitado acreditar a satisfacción que la persona que efectuó la diligencia, tuviera las facultades para hacerlo.’. Al resolver el recurso, la autoridad manifestó en el tercero de sus resultandos que: ‘Del estudio del acta de visita de verificación llevada a cabo en el domicilio de su representada, se observa que todo lo acontecido durante la diligencia del día 9 de junio de 1999, fue expresado por el verificador, quien hace una relación cronológica de los hechos y circunstancias que se dieron, quedando debidamente asentado que el visitador asignado se identificó plenamente ante el visitado, mostrando para tal efecto credencial expedida a su favor por autoridad competente de la Procuraduría Federal del Consumidor y, para demostrar la legalidad del acto, solicitó la designación de dos testigos de asistencia ...’. Ahora bien, en su segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, el hoy quejoso manifestó que el visitador: ‘... en ningún momento señaló los pormenores del documento con el que supuestamente se identificó, por lo que se viola en perjuicio de mi representada la garantía de seguridad jurídica ...’. La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación estimó infundado este concepto de impugnación manifestando en sus considerandos que en el acta de verificación quedó asentado que el visitador se identificó plenamente ante el visitado, en términos del artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para llegar a esta conclusión, la Sala tomó en cuenta los datos de identificación que el funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor anotó al final del acta de la visita, en un rubro de observaciones. El concepto de violación en estudio resulta esencialmente fundado, porque la circunstancia de la identificación de los visitadores debe juzgarse (sic) al momento del inicio de la visita, pues es la identificación la que permite el acceso al domicilio. En efecto, puede considerarse acorde a la legalidad (sic) el análisis que hace la Sala, relativo a que en un rubro de observaciones al final del acta de inicio e incluso después de las manifestaciones finales del visitado se describan los datos de la credencial, pues en este momento los visitadores ya se encuentran dentro del domicilio de manera ilegítima y contraria al espíritu del artículo 16 constitucional, que nutre (sic) todas las visitas realizadas por la autoridad administrativa. En efecto, resulta conveniente recordar que la realización de una visita domiciliaria es un acto de molestia en el que el particular tiene que soportar la injerencia de extraños en su domicilio, documentos y posesiones, estando de por medio las garantías de inviolabilidad del domicilio y seguridad jurídica. En estas condiciones, resulta indispensable que los actos de autoridad que pongan en riesgo estas garantías, como es el caso de las visitas domiciliarias, cumplan con todas las exigencias formuladas imperativamente por la Constitución para la práctica de los cateos, a fin de otorgar la máxima protección al gobernado, razón por la cual todos los preceptos legales que regulen visitas administrativas deben interpretarse a la luz del artículo 16 constitucional. Así, la primera formalidad que se exige en la práctica de una visita es la existencia de una orden escrita que debe entregarse a la persona con la que se entienda la diligencia e inmediatamente, sin intervalo alguno, debe llevarse a cabo la plena identificación de los visitadores. En efecto, en la dinámica de la visita domiciliaria, la entrega de la orden y la plena identificación de los visitadores deben ser dos hechos inmediatamente sucesivos y mutuamente complementarios, pues constituyen una unidad de actuación ininterrumpida. Bajo este tenor, una visita que no obedece estrictamente estas formalidades deviene en un acto transgresor de garantías, en virtud de que estaría violando la ley cuya interpretación debe ser conforme al artículo 16 constitucional, pues no se cumple la finalidad que persiguen estos requisitos que no es otra sino evitar una afectación arbitraria en la esfera jurídica del particular, respetando no sólo la garantía de inviolabilidad del domicilio, sino también la de seguridad jurídica que el gobernado siempre debe tener frente a la actuación de los órganos del Estado. En estas condiciones, una visita viciada desde su inicio no es convalidable con ningún acto posterior porque el quebranto de la esfera jurídica del individuo es instantáneo, surge y se consuma en el momento mismo en que la autoridad se introduce en su domicilio sin identificarse plenamente, por lo que, en consecuencia, el acto derivado de ella carece de eficacia para generar consecuencias jurídicas en contra de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 76/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 141, que es del tenor literal siguiente: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES NECESARIO QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES QUE CONSTE EN EL ACTA INICIAL, SE REITERE EN LAS POSTERIORES. De acuerdo con la regla general establecida en la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, la identificación de los funcionarios que intervengan en la práctica de una visita domiciliaria ordenada por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación debe realizarse, precisamente, al inicio de la visita y ante la persona con quien se entienda la diligencia, describiéndose con claridad, en el acta respectiva, el documento mediante el cual se identifiquen y, en su caso, debe asentarse la fecha de las credenciales, y el nombre y cargo de quien las expide, para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios para la autoridad emisora de la orden de visita, así como indicar no sólo el órgano, sino su titular o bien, agregar copia fotostática certificada del documento que contenga esos datos, sin que resulte necesario que tal identificación se haga constar en cada una de las actas parciales que con posterioridad se elaboren, excepción hecha de los casos a que se refieren la fracción IV del propio numeral y la fracción II del artículo 43 del citado código, pues en estas hipótesis, la identificación de la autoridad sustituida y de los visitadores que se aumenten o sustituyan para la práctica de la visita debe realizarse precisamente al inicio de su intervención, haciendo constar esa circunstancia en el acta parcial que al efecto se elabore, sin que ello sea necesario cuando no se dé el referido aumento o sustitución, en cuyo caso debe entenderse que continuaron actuando los mismos funcionarios que iniciaron la visita y que ya se habían identificado frente al visitado y, por lo mismo, no sólo eran de su conocimiento sino que sabía el carácter con el que se habían ostentado y la prueba del mismo con la identificación respectiva.’. Esta interpretación es rigorista, sin embargo, es acorde con el contenido del artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, esencialmente, con el del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege como una de las garantías esenciales la de la inviolabilidad del domicilio, colmándola de una serie de requisitos que deben ser interpretados de manera estricta; de tal suerte que la identificación del funcionario debe llevarse a cabo al inicio de la visita y de manera plena. En efecto, en el acta de visita de verificación que obra a foja 38 del expediente principal, se asienta que al inicio de la diligencia el verificador de la Procuraduría Federal del Consumidor se identificó con ‘credencial vigente de esta procuraduría’ sin aportar mayores datos, procediendo posteriormente a exhibir y entregar el oficio que ordenó la práctica de la visita. Ahora bien, el hecho de que el funcionario encargado de practicar la diligencia se identifique plenamente desde el inicio, tiene por objeto que el interesado pueda cerciorarse de que esa persona es en verdad un agente de autoridad y no un individuo privado; con ello se pretende evitar que los particulares usurpen funciones públicas o cometan algún delito; en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio jurisprudencial 2a./J. 6/90, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Segunda Sala, página 135, en el que se pormenorizan los requisitos de identificación de una visita fiscal, que resulta aplicable al caso por analogía: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN. Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, por tal motivo, pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la secretaría, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos.’. Tomando en cuenta lo anterior, debe advertirse que, en el caso que nos ocupa, los datos relativos a la identificación del funcionario se anotaron una vez concluida la visita y realizadas las manifestaciones por parte del visitado, en el rubro correspondiente a observaciones, lo que indudablemente se traduce en una violación de la autoridad, puesto que el visitador detalla sus datos después de que llevó a cabo la inspección e irrumpió en el domicilio del quejoso. La circunstancia de que los datos se contengan en el acta inicial, no puede convalidar la violación que sucedió al inicio de la visita pues, se insiste, la plena identificación del funcionario debe realizarse precisamente al inicio de la diligencia; lo anterior encuentra sustento, por analogía, en el criterio jurisprudencial 2a./J. 76/2000, que nuevamente se invoca, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 141, que es del tenor literal siguiente (quedó transcrita con antelación). En efecto, la violación consumada al domicilio del visitado realizada por una persona que no se identificó cumpliendo con todas las formalidades contempladas para el caso, no puede convalidarse al intentar asentar, al final del acta, lo que por un requisito legal y constitucional debió haber sucedido al inicio. Esto es así, porque la violación al domicilio ya se consumó, la visita ya inició e incluso su objeto, como en el caso, ya se agotó, pues la misma se llevó a cabo en su totalidad y esto no puede convalidarse asentando los datos de la credencial al final de la diligencia, pues el funcionario se encuentra ya ilegítimamente dentro del domicilio del visitado, e ingresó sin cumplir las formalidades esenciales que requiere un acto de molestia de esta naturaleza. El respeto al domicilio de los gobernados, en tratándose de las visitas de autoridad, es una garantía que no puede ser interpretada en el sentido de facilitar o excusar las deficiencias en la labor de la autoridad, cuando precisamente lo que se pretende proteger es una garantía del más alto valor. En estas condiciones, el concepto de violación en estudio resulta esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal a Tiendas Aurrerá, S.A. de C.V., para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia combatida y dicte otra apegada a los lineamientos de la presente ejecutoria. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76 a 79 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Tiendas Aurrerá, S.A. de C.V., por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese este asunto. Así lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Luz Cueto Martínez, Jaime C. Ramos Carreón y presidente y ponente Rosalba Becerril Velázquez."
Esta resolución dio origen a las tesis aisladas I.13o.A.16 A y I.13o.A.17 A, publicadas en la página 1250 del Tomo XIII, mayo de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente, dicen:
"VISITAS DOMICILIARIAS. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN DEBE REALIZARSE DE MANERA PLENA AL INICIO DE LA DILIGENCIA. La identificación del funcionario encargado de practicar una visita domiciliaria debe llevarse a cabo al inicio de la visita y de manera plena, de lo contrario la diligencia debe estimarse viciada desde su inicio, sin que pueda ser convalidada con ningún acto posterior porque el quebranto de la esfera jurídica del individuo es instantáneo, surge y se consuma en el momento mismo en que la autoridad se introduce en su domicilio sin identificarse plenamente, de tal forma que incumple las formalidades esenciales que requiere un acto de molestia de esta naturaleza y, por tanto, carece de eficacia para generar consecuencias jurídicas en contra de un particular."
"VISITAS DOMICILIARIAS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LAS REGULAN DEBEN INTERPRETARSE CONFORME AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El hecho de que las visitas domiciliarias constituyan un acto de molestia en el que la autoridad pone en riesgo las garantías de inviolabilidad domiciliaria y seguridad jurídica, hace indispensable que en su práctica se cumpla con todas las exigencias formuladas imperativamente por la Constitución para la realización de los cateos, a fin de otorgar la máxima protección al gobernado frente al Estado; por esta razón, todos los preceptos legales que regulan estas diligencias deben interpretarse conforme al artículo 16 constitucional."
CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintidós de febrero de dos mil uno, resolvió el amparo directo DA. 247/2001, promovido en contra de la sentencia pronunciada el dieciocho de septiembre de dos mil, por la Séptima Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 5254/00-11-07-9 y, en lo que interesa, determinó:
"SEXTO. ... En su segundo concepto de violación la quejosa señala que la Sala responsable viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no es cierto que en la resolución dictada el seis de enero de dos mil por el subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal del Consumidor, por la que se resuelve el recurso administrativo interpuesto en contra de la diversa de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que le impone una multa por la cantidad de trece mil setecientos ochenta pesos, se haya expresado razonamiento alguno respecto a su agravio en el que muestra la falta de circunstanciación del acta de visita debido a que en ésta únicamente se hizo constar que ‘el inspector actuante al iniciar la visita se identificó con credencial vigente expedida por esta institución’. Sin embargo, en la misma no obran datos que permitan identificar adecuadamente a dicho funcionario, tales como la fecha de expedición de su credencial, la autoridad que la expidió y los demás datos relativos a su personalidad que acreditan que dicho funcionario es efectivamente un inspector de la institución referida. Manifiesta que el requisito contenido en el artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al cual remite el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, consistente en que las visitas de verificación únicamente se llevarán a cabo por personal autorizado previa identificación vigente, debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia intitulada: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.’. Lo anterior obedece a que si bien dicha jurisprudencia interpreta una disposición del Código Fiscal de la Federación, no existe razón por la cual no deba ser aplicada por analogía a las visitas de verificación efectuadas por otras autoridades también administrativas, toda vez que el artículo 16 constitucional, que salvaguarda los intereses de los gobernados sujetos a dichas visitas de verificación, no distingue entre unas y otras. Es infundado el argumento anterior. En la resolución por la que resuelve el recurso de revisión se concluye que el acta de visita se encontraba debidamente circunstanciada, por lo que respecta a la identificación del visitador, ya que de la misma se desprende que el inspector se identificó al inicio de la visita con una credencial vigente expedida por la Procuraduría Federal del Consumidor. Dicha circunstancia era la única a la que tenía que referirse la autoridad administrativa revisora para concluir lo anterior pues, como correctamente apuntó la Sala, el inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor se identificó de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, disposición que regula las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 95. Las visitas de verificación que lleven a cabo la secretaría y las dependencias competentes, se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo. La autoridad podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, en cuyo caso el oficio de comisión expresará tal autorización.’. Lo anterior es así, ya que no son aplicables los requerimientos relativos a la manera de identificarse contenidos en la jurisprudencia citada por la quejosa, toda vez que la misma trata sobre visitas de verificación en materia fiscal. Por consiguiente, pretender aplicar tales requisitos implicaría asimilar las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a las efectuadas por las autoridades tributarias, a pesar de tratarse de actos que revisten propósitos diversos y, consecuentemente, requieren de exigencias particulares."
Esta resolución dio origen a la tesis aislada I.7o.A.132 A, publicada en la página 773 del Tomo XIII, junio de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS REALIZAN. El artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que regula la manera en que deben practicarse las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, por disposición expresa del artículo 96 de la ley de ese organismo, establece que deberán practicarse ‘previa identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo’. Por consiguiente, basta con que se acredite el cumplimiento de dichos requisitos para considerar que el visitador se identificó adecuadamente, sin que sean aplicables por analogía requisitos adicionales relativos a la manera de identificarse exigidos en las visitas de verificación en materia fiscal, pues se trata de actos que revisten propósitos diversos y que cuentan con exigencias particulares."
QUINTO. El objeto de la presente denuncia consiste en determinar si al resolver los amparos directos números DA. 247/2001 y DA. 313/2001-16, los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptimo y Décimo Tercero, sostuvieron criterios contrarios respecto de una cuestión jurídica esencialmente igual.
Para estar en posibilidad de decidir lo anterior, es necesario considerar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veintinueve de marzo de dos mil uno, cuyos datos de identificación, texto y rubro son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De acuerdo con esta jurisprudencia, para que se considere que hay contradicción de criterios, entre otros requisitos, es necesario que los órganos jurisdiccionales que los virtieron hayan analizado los mismos elementos jurídicos, lo que implica también que deben partir del análisis de los mismos supuestos porque, de no ser así, no podría hablarse de discrepancia.
En este orden, se analizará en primer término si los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptimo y Décimo Tercero, al resolver los negocios jurídicos antes transcritos, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
De la lectura de la sentencia que pronunció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 313/2001, se observa que relató y consideró lo siguiente:
1) Que la Sala responsable estimó infundado el concepto de nulidad relativo a la violación a la garantía de seguridad jurídica, porque el visitador en ningún momento señaló los pormenores del documento con los que supuestamente se identificó, estimando que en el acta de visita se asentó que el visitador sí se identificó plenamente en términos del artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (foja 84).
2) Que para concluir en este sentido, la responsable tomó en cuenta los datos de identificación que el funcionario de la Procuraduría Federal del Consumidor anotó al final del acta de visita, en un rubro de observaciones (foja 84).
3) La quejosa se dolió en los conceptos de violación, que la Sala indebidamente había reconocido la validez de la resolución impugnada, no obstante que la identificación del visitador no se dio plenamente al inicio de la diligencia.
4) El Tribunal Colegiado de Circuito consideró fundados los conceptos de violación por lo siguiente:
a) Que el fallo reclamado es incorrecto, porque la identificación de los visitadores debe hacerse al momento en que inicia la visita, ya que es la identificación la que permite el acceso al domicilio (página 85).
b) Que la visita domiciliaria es un acto de molestia en el que el particular soporta la injerencia de extraños en su domicilio, documentos y posesiones, estando de por medio las garantías de inviolabilidad del domicilio y seguridad jurídica, por lo que es necesario que en ellas se cumplan todas las formalidades que marca la Constitución para la práctica de los cateos (foja 85).
c) Que todos los preceptos legales que regulen visitas administrativas deben interpretarse a la luz del artículo 16 constitucional y, por tanto, a su inicio debe entregarse la orden de visita escrita a la persona con la que se entienda la diligencia e inmediatamente, sin intervalo alguno, debe llevarse a cabo la plena identificación de los visitadores; por lo que una visita viciada desde su inicio no puede convalidarse con un acto posterior, ya que el quebrantamiento de la esfera jurídica del individuo es instantáneo y surge y se consuma en el momento en que la autoridad se introduce a su domicilio sin identificarse plenamente (foja 85).
d) Que como la identificación tiene por objeto que el interesado pueda cerciorarse que el visitador es en verdad un agente de autoridad, es necesario que se pormenoricen los requisitos de identificación (foja 89).
De la lectura de la sentencia que pronunció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 241/2001, se advierte que en los resultandos y considerandos señaló lo siguiente:
1) Que la quejosa se dolió de la falta de circunstanciación del acta de visita, por lo siguiente:
a) En ella sólo se hizo constar que "el inspector actuante al iniciar la visita se identificó con credencial vigente expedida por esta institución", pero que no obran datos que permitan identificar adecuadamente a dicho funcionario, tales como la fecha de expedición de la credencial, la autoridad que la expidió y demás datos relativos que acrediten que el funcionario efectivamente es un inspector de la institución referida (foja 31 del expediente de la contradicción).
b) Que el artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al que remite el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia de rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.", porque las visitas de verificación efectuadas por otras autoridades, también administrativas, deben salvaguardar los intereses de los gobernados sujetos a las visitas de verificación, en términos del artículo 16 constitucional (fojas 31 y 32 del expediente de la contradicción).
2) Estos argumentos se estimaron infundados, considerando lo siguiente:
a) Que, en el caso, el inspector se había identificado al inicio de la visita con una credencial vigente y que esa circunstancia "era la única a la que tenía que referirse la autoridad administrativa revisora ... de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, disposición que regula las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor" (foja 32).
b) Que no son aplicables al caso los requisitos de identificación que señala la jurisprudencia citada por la quejosa, ya que versa sobre visitas en materia fiscal y "pretender aplicar tales requisitos implicaría asimilar las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a las efectuadas por las autoridades tributarias, a pesar de tratarse de actos que revisten propósitos diversos y, consecuentemente, requieren de exigencias particulares" (foja 33).
De lo anterior, se advierte que, en el caso, se dan los requisitos que exige la jurisprudencia 26/2001 transcrita, como se explica enseguida:
1) En la especie, ambos tribunales, al resolver los juicios de amparo directo de que se trata, examinaron el acta de una visita domiciliaria practicada por autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que partieron de cuestiones jurídicas esen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17075-f34cdb31/visitas-domiciliarias-requisitos-para-la-identificacion-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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