RENTA. EL AJUSTE QUE SE REALICE AL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS, DEUDAS, OPERACIONES O AL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO QUE SE ENCUENTREN DENOMINADOS EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), NO FORMA PARTE DEL CÁLCULO DEL COMPONENTE INFLACIONARIO, POR LO QUE DEBE CONSIDERÁRSELE COMO INTERÉS, AL NO HABERSE EXPEDIDO LAS REGLAS GENERALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 7o.-A, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Debe examinarse, en primer lugar, si existe la contradicción denunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 42/2001, interpuesta por la administradora local jurídica de Mérida, en representación de la autoridad demandada, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del presidente del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil uno, dictada por la Sala Regional Peninsular del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en el juicio de nulidad número 2027/00-10-01-4, en la parte que interesa, dictó la resolución siguiente:
"QUINTO. ... Ahora bien, los numerales 7o. A y 7o. B, fracciones III y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, disponían en lo que interesa lo siguiente: ‘Artículo 7o. A. Para los efectos de esta ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ... Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, se considerará el ajuste como parte del interés devengado. Tratándose de créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley.’. ‘Artículo 7o. B. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: ... III. El componente inflacionario de los créditos o deudas se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo promedio mensual de los créditos o deudas, contratados con el sistema financiero o colocados con su intermediación y el saldo promedio mensual de los demás créditos o deudas. ... V. Para los efectos de la fracción III de este artículo, se considerarán deudas, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas de deuda, las aportaciones para futuros aumentos de capital y los pasivos y reservas del activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles.’. Ahora bien, la Sala fiscal responsable sostiene en su fallo controvertido, que el primero de los preceptos legales transcritos establecía la excepción de calcular el componente inflacionario a los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, debido a que la frase ‘y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley’, comprendida en el párrafo cuarto del dispositivo en comento, se refería evidentemente a los mencionados créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, ya que el vocablo ‘les’, como dativo plural del pronombre de tercera persona, fue utilizado por el legislador en función de complemento indirecto, es decir, para no ser repetitivo en cuanto a los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero denominados en unidades de inversión. La autoridad recurrente aduce, en cambio, en relación con el mismo dispositivo de que se viene hablando (artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año 1997), que en él estaban previstos dos supuestos: 1. Que se consideraba interés al ajuste que se realizara al principal, tratándose de créditos, deudas, operaciones o de importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, que se ajustaran mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma; y, 2. Que no se consideraba interés al ajuste que se realizara al principal, tratándose de créditos, deudas, operaciones o del importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero denominados en unidades de inversión (Udis). Y que así entendidas las cosas, era claro que la frase ‘y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley’, se refería a ese ajuste que se realizara del principal, pero no al principal, debido a que ese interés que no se consideraba, o lo que es lo mismo, ese ajuste que se realizara del principal, ya estaba denominado en las propias unidades de inversión; y que la asertación de mérito se corroboraba del examen efectuado al numeral 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, en el que se establecía, entre otras cuestiones, que el componente inflacionario de los créditos o deudas se calculaba multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo promedio mensual de los créditos o deudas contratados con el sistema financiero. En este contexto se asevera que es fundado el motivo de inconformidad propuesto por la autoridad recurrente, en el sentido de que la expresión contenida en el párrafo cuarto del artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, que decía ‘y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley’, no se refería al principal de los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, cuando ellos se encontraban denominados en Udis (unidades de inversión), sino única y exclusivamente al ajuste que se realizara al principal en tales casos, por las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación. El impuesto sobre la renta atiende al incremento de la renta, en sentido amplio, como indicador de capacidad para contribuir al gasto público, o dicho de otro modo, atiende a la variación positiva del patrimonio de los causantes; ahora bien, como la inflación es un fenómeno económico que se refleja en el incremento generalizado y constante de los bienes y servicios y, por ende, en una pérdida en el valor del dinero o la moneda, resulta inconcuso que afecta en forma positiva o negativa al patrimonio de los causantes y por ello fue que el legislador consideró pertinente que lo anterior fuera tomado en cuenta al determinarse la base gravable del impuesto en comento, debido a que éste grava la renta global obtenida durante un ejercicio, que incluye la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, servicios, créditos o de cualquier otro tipo, así como los derivados de la disminución real de las deudas, es decir, todo aquello que al término del ejercicio se refleje en un incremento positivo en el patrimonio. Bien, tratándose de créditos y deudas, la inflación provoca una disminución del débito durante el transcurso del tiempo, pues aun cuando nominalmente el monto del adeudo sea el mismo, su valor real es distinto, en la medida de que los bienes y servicios que con ese monto pueden adquirirse en uno y otro momento son diferentes como consecuencia de la pérdida del valor de la moneda, lo que afecta negativamente al acreedor, que ve reducido el valor real del crédito, y positivamente al deudor, cuya deuda disminuye. A través de diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre ellos los artículos 7o. A y 7o. B transcritos en líneas precedentes, el legislador estableció un sistema para medir los efectos del fenómeno inflacionario en el patrimonio de los contribuyentes de manera integral, en tanto que en él consideró no sólo la variación positiva que sufre el patrimonio, sino también su afectación negativa. Así, obliga a determinar mensualmente los intereses y la ganancia o la pérdida inflacionaria mediante un procedimiento que permite medir la afectación al patrimonio, en tanto considera tanto los créditos como las deudas de cada contribuyente en lo individual, así como la afectación positiva en el patrimonio de los deudores y negativa en el de los acreedores. Por ello, se obliga a restar el componente inflacionario de la totalidad de los créditos con los intereses a favor para obtener el interés acumulable, y si ese componente inflacionario es superior a los intereses devengados a favor, se obtiene una pérdida inflacionaria deducible. De igual manera, se obliga a restar el componente inflacionario de la totalidad de las deudas de los intereses a cargo para obtener el interés deducible, y si el componente inflacionario de las deudas es superior a los intereses devengados a cargo, resulta una ganancia inflacionaria acumulable. Lo anterior obedece a que cuando los intereses, producto de una operación crediticia, son superiores a la inflación, el acreedor obtiene una ganancia resultante de restar la inflación a los intereses devengados, en la misma proporción que el deudor obtiene una pérdida. En cambio, cuando los intereses resultan inferiores a la inflación, el deudor tendrá una ganancia y el acreedor una pérdida. En este orden de ideas se evidencia el desacierto del criterio sostenido por la Sala responsable, en el sentido de que el párrafo cuarto del artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, establecía la excepción de calcular el componente inflacionario al principal de los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encontraran denominados en unidades de inversión (Udis), porque una correcta exégesis del mencionado precepto legal permite arribar válidamente a la conclusión de que la disposición expresa que en él se contenía, consistente en que no se consideraba interés el ajuste realizado al principal de dichos créditos o deudas y, por ende, que no se les calcularía el componente inflacionario previsto en la ley, sólo es jurídicamente admisible entenderla e interpretarla como la exclusión o no inclusión de ese ajuste que se realizaba al principal como parte del interés devengado y, como consecuencia de ello, que no fuera tomado en cuenta (el ajuste no considerado interés) para el cálculo del componente inflacionario de la totalidad de las deudas (incluyendo las denominadas en unidades de inversión o Udis), ya que el mencionado componente inflacionario debía ser restado de los intereses a cargo (entre los cuales no quedaba comprendido el ajuste de mérito), para así obtener el interés deducible, pues si el componente inflacionario del principal de las deudas (todas, inclusive las denominadas en Udis) era superior a los intereses devengados a cargo del contribuyente, resultaba una ganancia inflacionaria acumulable; importando destacar que, en el caso a estudio, como se dijo al principio de esta ejecutoria, el administrador local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, Tabasco, al determinar a cargo de la empresa denominada Inmobiliaria Dos Hermanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, el crédito fiscal impugnado en el juicio natural, sostuvo que la nombrada contribuyente omitió declarar cierta cantidad de ingresos acumulables al presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete, y que ello se debió a que no consideró, para determinar la ganancia inflacionaria, los saldos promedios diarios de la cuenta de documentos por pagar a largo plazo, con motivo de un crédito refaccionario que la aludida negociación obtuvo de Banco Internacional, Sociedad Anónima, con el argumento de que el crédito en cuestión se trataba de una deuda en unidades de inversión (Udis), respecto de la cual no estaba obligada a calcular el componente inflacionario, en términos del numeral 7o. A, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, lo que como ya se vio resulta inexacto, pues para llegar a tal conclusión se partió de una premisa equívoca, esto es, que el precitado dispositivo establecía la excepción de calcular el componente inflacionario al principal de los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, cuando éstos se encontraran denominados en unidades de inversión. Robustece el criterio que este órgano revisor sostiene en el presente fallo, en cuanto a que la expresión ‘y no se les calculará el componente inflacionario previsto en la ley’, que contenía el párrafo cuarto del artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, se refería al ajuste que se realizara al principal de los créditos o deudas que se encontraran denominados en Udis (unidades de inversión), no así al principal de esos créditos o deudas, la reforma de que fue objeto el multicitado ordinal en su cuarto párrafo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para quedar redactado en los términos siguientes: ‘Artículo 7o. A. ... Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del interés devengado.’. Como puede advertirse de la sola lectura del párrafo transcrito, comparándolo con su redacción anterior, lo que el legislador hizo a través de la reforma en comento fue homologar el régimen fiscal de los intereses derivados de los créditos o deudas que estaban denominados en unidades de inversión (Udis), con los demás créditos o deudas que se ajustaban con otros índices o factores, para el efecto de que el ajuste de la unidad de inversión en la que estuviera denominado el crédito o deuda se considerara interés y diera lugar al cálculo del componente inflacionario, obviamente, respecto de ese ajuste, ya que en lo atinente al principal de los créditos o deudas denominados en unidades de inversión (Udis), el tratamiento de éstos seguía siendo el mismo que el aplicable al resto, como se establecía antes de la reforma de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; de ahí que haya sido desafortunada la interpretación que la Sala responsable hizo del artículo 7o. A, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, en el sentido de que en él se establecía la excepción de calcular el componente inflacionario al principal de los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, cuando éstos se encontraran denominados en unidades de inversión (Udis). De lo razonado se concluye que en el aspecto que se analiza no fue acertado lo resuelto por la Sala responsable, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución de fecha veintiocho de julio del año dos mil, contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L45-A-I-04431, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, Tabasco, con el argumento de que el artículo 7o. A, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año mil novecientos noventa y siete, establecía la excepción de calcular el componente inflacionario a los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante ejecutoria de cuatro de abril de dos mil dos, resolvió el juicio de amparo directo número 392/2001, promovido por Servicios Inmobiliarios Serco, S.A. de C.V., en contra de la sentencia dictada el diecisiete de abril del año próximo pasado en los autos del juicio de nulidad número 191/00-04-02-2, por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y precisó:
"CUARTO. ... Esos argumentos son fundados, de conformidad con las consideraciones que se expresan a continuación. Primeramente, debe establecerse que el motivo de la controversia suscitada radica en precisar si al importe principal de las deudas y créditos en unidades de inversión no se les debe calcular el componente inflacionario. Precisado lo anterior, es importante citar el contenido de las disposiciones legales que resultan aplicables al caso, como son los artículos 7o. A, cuarto párrafo y 7o. B, fracciones III y V, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dichos numerales dicen: ‘Artículo 7o. A. ... Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, se considerará el ajuste como parte del interés devengado. Tratándose de créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley, siempre que se cumplan con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.’. ‘Artículo 7o. B. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: ... III. El componente inflacionario de los créditos o deudas se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo promedio mensual de los créditos o deudas, contratadas con el sistema financiero o colocados con su intermediación y el saldo promedio mensual de los demás créditos o deudas. ... V. Para los efectos de la fracción III de este artículo, se considerarán deudas, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas de deuda, las aportaciones para futuros aumentos de capital y los pasivos y reservas del activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles. Para los efectos de este artículo, se considera que las reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los ingresos en el mes del total de los ingresos en el ejercicio.’. Como se aprecia, el citado artículo 7o. A, cuarto párrafo, regula dos supuestos para los contribuyentes, a saber, los créditos, deudas, operaciones o el importe de pagos relativos a arrendamientos financieros que se ajusten mediante índices o cualquier otro factor, y las que se denominen en unidades de inversión, por lo que sólo se hará referencia a estas últimas, por ser las que inciden en el problema planteado. Así, debe precisarse que en relación con lospasivos que se denominen en unidades de inversión, la norma establece que el ajuste que se haga en lo principal no debe considerarse como un interés por el hecho de tener esa denominación, y que no se les calculará el componente inflacionario. Por su parte, el artículo 7o. B, fracciones III y V, señalan la forma en que debe calcularse el componente inflacionario de los créditos y deudas, y dispone que éstos son, entre otros, los derivados de arrendamientos financieros. De lo anterior se colige, en principio, que por regla general se debe calcular el componente inflacionario a las deudas y créditos, entre las que se encuentran las que derivan de contratos de arrendamiento financiero, es decir, que los contribuyentes que tengan ese tipo de deudas deberán llevar a cabo el mencionado cálculo (artículo 7o. B, fracciones III y V). Sin embargo, no obstante que la citada disposición establece una regla general, existe una excepción que excluye de la obligación de efectuar dicho cálculo, cuando se trate de deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero que hayan sido denominadas en unidades de inversión (artículo 7o. A, cuarto párrafo), esto es, sólo en el caso de que los adeudos tengan esa denominación, se está en la excepción de mérito. Ahora bien, se precisa que se trata de una excepción a la regla general porque de la recta interpretación del indicado dispositivo legal se obtiene que no sólo opera la exclusión para el ajuste que se haga al monto principal del adeudo sino también para éste, ya que al establecer: ‘no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley’, no se refiere únicamente al ajuste que se realice a la cantidad principal, porque la mención en término plural hace alusión a ambas cuestiones, ajuste y principal. Para mayor precisión de lo anterior es importante citar de nueva cuenta, en la parte que aquí interesa, el contenido del cuarto párrafo del artículo 7o. A que dice: ‘Tratándose de créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés el ajuste que se realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley ...’, de lo que se aprecia que al señalar ‘no se les calculará’, se refiere tanto al ajuste como al adeudo en lo principal, pues si aludiera sólo al ajuste se precisaría en singular y no se haría la mención de ‘varios’, por lo que es concluyente que, al contener esa expresión, la norma menciona a ambos conceptos (ajuste y principal). A mayor abundamiento, de la recta interpretación del numeral invocado no se desprende que se hubiere excluido de la omisión de calcular el componente inflacionario al importe principal de las deudas, ya que además de que no se advierte tal cuestión de su análisis literal, tampoco se precisa que no quedan incluidas en dicha excepción los principales, sino por el contrario, al pluralizar que no serán sujetos del cálculo, es inconcuso que fue intención del legislador incluir ambas cantidades. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que el motivo de que se efectúe el cálculo del componente inflacionario, de conformidad con el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es para obtener el cálculo de los intereses acumulables o deducibles y la ganancia o pérdida inflacionaria, lo que significa que tiene como propósito la obtención de la cantidad que se refleja en la base gravable del contribuyente, con base en el efecto inflacionario que hayan sufrido sus adeudos, ya sean a su favor o en su contra. Ahora bien, si se toma en cuenta que las cantidades denominadas en unidades de inversión llevan inmersos los efectos inflacionarios, dado que su cantidad en pesos aumenta conforme se mueve la inflación y con el transcurso del tiempo, entonces resulta concluyente que es innecesario que se le determine de nueva cuenta el efecto inflacionario (objetivo del cálculo del componente inflacionario) pues, como quedó precisado, dicha unidad monetaria (sic) ya se encuentra impactada por ese efecto. Es decir, precisando la naturaleza de las unidades de inversión, dicho instrumento monetario tiene el propósito de actualizar las cantidades en el transcurso del tiempo, en la medida en que avance la inflación, esto es, una cantidad denominada en unidades de inversión en el transcurso del tiempo tiene más valor en pesos, sin embargo, es la misma cantidad en unidades de inversión, de lo cual se concluye que no es propiamente una ganancia de quien es el acreedor en la operación o crédito realizado, ni tampoco se puede considerar como un interés que se haya pagado, sino que es una especie de actualización del valor expresado, con el propósito de que se sufran los efectos inflacionarios en las operaciones realizadas, ya que al pactarse en unidades de inversión las operaciones conservan el mismo valor adquisitivo, por tanto, no es un aumento real del capital que pueda constituir una ganancia, sino que es simplemente la misma cantidad expresada, sólo que aumentada en reflejo de la inflación sufrida en el periodo, es decir, como una revaluación o actualización del monto principal. Por lo anterior, es incuestionable que las disposiciones del aludido artículo 7o. A, cuarto párrafo, se encaminan a excluir del cálculo inflacionario a los causantes que tengan deudas denominadas en unidades de inversión, en virtud de que ese efecto de la inflación forma parte de la naturaleza de las mencionadas unidades, empero, no sólo para el ajuste que se haga al monto principal de la cantidad denominada en unidades de inversión, sino también para el principal. De ahí que resulte incorrecta la decisión asumida por la responsable, en sentido de que sólo se alude a los ajustes que puedan realizarse a los adeudos en su monto principal. Acerca del tópico tratado tiene aplicación, en lo conducente, la tesis 2a. CLXXXVIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, página 437, que dice: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 7o. A, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL DAR TRATO DESIGUAL A LOS QUE REALIZAN OPERACIONES CUYO MONTO PRINCIPAL SE AJUSTA MEDIANTE INDICADORES QUE REFLEJAN LA INFLACIÓN, RESPECTO DE AQUELLOS QUE LAS PACTAN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si se toma en consideración que conforme al artículo 7o. A, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para efectos de determinar la base impositiva, se considerará como interés devengado el ajuste realizado a los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero, mediante la aplicación de indicadores que reflejan la inflación, salvo el caso en que aquéllos se pacten en unidades de inversión, resulta inconcuso que esta circunstancia no conlleva una transgresión al principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque los contribuyentes que no pactan sus operaciones en unidades de inversión, al calcular el componente inflacionario del crédito respectivo, tienen derecho a deducir la pérdida inflacionaria que éste sufra, la que será equivalente al ingreso que refleje la variación inflacionaria, y los que pactan sus operaciones en unidades de inversión, si bien no estiman como interés el ajuste que presenta el principal como consecuencia de la variación propia de esta unidad, en contraposición, están impedidos para considerar dicho componente respecto de la pérdida inflacionaria que soporte el crédito respectivo. Esto es, en el caso de los acreedores de un crédito pactado en unidades de inversión, aunque no incrementan su base gravable por dejar de considerar como interés devengado el ajuste realizado al principal, tampoco se ven beneficiados con la pérdida inflacionaria que padezca el monto del crédito al impedirse calcular el componente inflacionario de estas operaciones, situación que genera simetría fiscal en la base gravable impositiva y, por tanto, al otorgarse un trato desigual a los desiguales se respeta el principio de equidad tributaria mencionado. Además, mediante el sistema de indexación de las unidades de inversión se alcanza el valor de actualización aceptado oficialmente como correspondiente a la inflación real, lo que no ocurre cuando se acude a otros factores o índices, ya que en esos casos el resultado de la actualización puede estar por arriba de la inflación, con lo que se estarían ocultando incrementos en el patrimonio de los contribuyentes.’."
Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si la expresión contenida en el cuarto párrafo del artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve "y no se les calculará el componente inflacionario previsto en esta ley", se refiere al hecho de que únicamente no se le calculará el componente inflacionario previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, al ajuste que se realiza al principal de los créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero cuando estén denominados en unidades de inversión, o bien, si se excluye de dicho cálculo al ajuste y al principal de dichos créditos, deudas, operaciones o al importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero cuando estén denominados en las citadas unidades, toda vez que mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito lo resuelve en el pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17383-24a2ce8d/renta-el-ajuste-que-se-realice-al-principal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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