AUTOMÓVILES NUEVOS. EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO RELATIVO (FABRICANTE, ENSAMBLADOR O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE ENAJENE VEHÍCULOS NUEVOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL) O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE OBTENGA RESOLUCIÓN O SENTENCIA FIRME, SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO POR CONCEPTO DE DICHO GRAVAMEN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ANTERIOR TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.
Con el objeto de determinar si en el caso se verifica la divergencia de criterios, es menester puntualizar lo siguiente:
La divergencia de criterios denunciada se suscitó entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números 514/97 y 555/97 fallados, respectivamente, el cuatro y doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en contra del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo número 2/2002, el dieciocho de abril de dos mil dos.
De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, relativa al juicio de amparo directo número 555/97, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Es esencialmente fundado el concepto de violación que expresa la parte quejosa en su demanda de garantías, por las consideraciones que más adelante se precisarán. En efecto, para tener un mejor enfoque del asunto, es necesario establecer un marco de referencia de los antecedentes que la Sala responsable tomó en cuenta para emitir la resolución que constituye el acto que por esta vía constitucional se reclama, de la siguiente manera. Autocompactos Ecatepec, S.A. de C.V., es una sociedad mercantil legalmente constituida, cuya actividad principal consiste en la compraventa de automóviles y camiones nuevos y usados, así como de refacciones, para lo cual cuenta con la concesión de Nissan Mexicana, S.A. de C.V. De acuerdo a la actividad que realiza dicha empresa, al enajenar algún automóvil se convierte en retenedor del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), para después enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que tal impuesto es erogado por el comprador. Como corolario de lo anterior, es el caso que la aludida compañía, por conducto de su representante legal, David Flores González, en fechas veintiséis de septiembre y cuatro de noviembre, ambos del año de mil novecientos noventa y seis, ante la Administración Local de Recaudación de Toluca, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó diversas aclaraciones y solicitó la devolución de cantidades pagadas indebidamente, esto es, con exceso, respecto del impuesto sobre automóviles nuevos, correspondiente a los ejercicios fiscales del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por el monto de $630,606.00, anexando a las solicitudes el documento donde constaba el pago mes por mes, el escrito aclaratorio correspondiente al mes con el cálculo con base en el precio de enajenación del vehículo donde se observa el impuesto efectivamente causado, el impuesto que se pagó y la diferencia cuya devolución se solicita, conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. En respuesta a las solicitudes señaladas, en fechas diez y veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, y dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, la autoridad solicitada emitió las resoluciones materia de impugnación de nulidad, por medio de las cuales negó devolver las cantidades solicitadas, señalando al respecto: (no se transcribe por no ser necesaria para resolver este asunto). En contra de tales resoluciones, la aludida empresa, por conducto de su represente legal, el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Fiscal de la Federación, demandó su nulidad, en cuya demanda expresó como agravio, sustancialmente, que la autoridad hacendaria demandada interpretó indebidamente el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación para apoyar la negativa de las devoluciones solicitadas, ya que dicho precepto establece ‘que no procede la devolución ni compensación del impuesto establecido en esa ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante’; situación totalmente diferente a la en que la empresa se apoyó para elevar sus solicitudes de devolución, ya que no solicitó la devolución del pago del impuesto, sino las cantidades pagadas indebidamente, esto es, aquellas cantidades que en exceso causó la empresa, respecto del referido impuesto en los ejercicios fiscales del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que fundó tal petición en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y no en el artículo 11 del propio código, como indebidamente lo estimó la autoridad hacendaria demandada, por lo que consideraba procedente la solicitud de devolución de las cantidades apuntadas, por lo que debía declararse la nulidad de las resoluciones impugnadas. Admitida la demanda, se radicó con el expediente número (1)-439/97-I y seguido el juicio por sus cauces legales, el quince de julio de mil novecientos noventa y siete se emitió sentencia en la que se determinó declarar la validez de las resoluciones impugnadas. La aludida resolución fundamentalmente se sustenta en las siguientes consideraciones: (no se transcriben por no ser necesarias para resolver este asunto). Inconforme con la anterior resolución, la empresa Autocompactos Ecatepec, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, David Flores González, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal ante este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que ahora resuelve, en cuya demanda, como conceptos de violación, sustancialmente, aduce: Que la Sala responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que al resolver se apartó de la litis que ante ella fue planteada, porque el sentido de la resolución se apoya en que la hoy quejosa no demostró con prueba alguna que efectivamente la cantidad solicitada era la que pagó en exceso por concepto del impuesto sobre automóviles nuevos en los meses de agosto de mil novecientos noventa y uno a octubre de mil novecientos noventa y cinco; sin embargo, la litis en el juicio de nulidad debía constreñirse, exclusivamente, en determinar si procedía o no la devolución conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues además de que contrario a lo manifestado por la aludida responsable, la impetrante al solicitar la devolución del pago en exceso del impuesto tantas veces señalado, mediante el formato 32, anexó documentación relativa a los cálculos efectuados por su parte para determinar las diferencias entre el impuesto realmente causado por cada unidad, tomando en cuenta el precio real y no el sugerido por la planta (precio de lista) y el pagado inicialmente por cada uno de los vehículos, así como su cotización. Que dicha responsable soslayó que la negativa de la devolución solicitada se fundó en el argumento de que era improcedente conforme a la interpretación de los artículos 2o., 11 y 13 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y no porque documentalmente no se hubiera acreditado el saldo a favor; razón por la que se argumentó como concepto de nulidad la indebida interpretación de los preceptos aludidos, y no obstante ello, la responsable declara la validez de la resolución por falta de pruebas para acreditar el saldo a favor cuya devolución solicitó. Ahora bien, de todo lo anteriormente señalado, este tribunal estima fundado y suficiente el concepto de violación que quedó precisado con antelación, en virtud de que es cierto que la Sala responsable va más allá de la cuestión que ante ella se planteó, pues como bien lo señala la parte quejosa, mientras ésta invoca argumentos tendientes a acreditar la nulidad de la resolución impugnada por la indebida interpretación, fundamentalmente, del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, en cuyo precepto se apoyó la autoridad hacendaria, hoy tercera perjudicada, para negar la devolución de la cantidad solicitada por pago en exceso del aludido impuesto, la responsable, por su parte, aun cuando acepta esa indebida interpretación concluye en declarar la validez de aquella resolución por la falta de documentación que acreditara el saldo a favor de la aquí impetrante de la cantidad cuya devolución solicitó, lo cual resulta violatorio de las garantías de seguridad y legalidad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la responsable al estimar fundado el concepto de nulidad debió declarar la invalidez de la resolución impugnada, para que así la autoridad demandada emitiera otra resolución en la que conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación resolviera acerca de la devolución del saldo cuya cantidad se solicitó. En segundo lugar, no debió pronunciarse acerca de que si aportó o no la empresa actora elementos probatorios que acreditaran ese saldo a su favor, pues aun cuando no le correspondía, equivocadamente adujo que no se acompañó la documentación correspondiente, ya que dejó de tomar en cuenta que a fojas 218 a 470 de los autos del juicio fiscal, obran los documentos mediante los cuales se encuentran desglosados los cálculos efectuados por la empresa, por los que determina las diferencias de pago en exceso cuya devolución solicitó por la cantidad total de $630,606.00, en los que se encuentra el impuesto realmente causado por cada vehículo enajenado en los ejercicios correspondientes a los meses de agosto de mil novecientos noventa y uno a octubre de mil novecientos noventa y cinco, o sea, tomando en cuenta el precio real y no el sugerido por la planta ‘de lista’, así como el pago al impuesto por unidad y su diferencia por exceso, documentos que fueron acompañados en escritos aclaratorios a las solicitudes de devolución contenidas en el formato oficial número 32, respectivamente. Es preciso aclarar que los argumentos invocados por la Sala responsable para estimar la falta de legitimación de la quejosa para solicitar la devolución de la cantidad por pago en exceso, son contrarios a derecho, por cuanto que, en primer lugar, pierde de vista que la empresa no solicita tal devolución que por concepto del pago del impuesto fue en exceso, como contribuyente, sino como retenedora del impuesto, dado que ese excedente no forma parte del consumidor, sino de la empresa, ya que como retenedora del impuesto, la cantidad que calculó a cada consumidor lo hizo con base en el precio que fue pagado realmente por los particulares que adquirieron los vehículos y ella, al enterar tal impuesto a la autoridad hacendaria, lo calculó con base en el precio ‘de lista’ sugerido por la planta; de ahí que las diferencias que existen y por las cuales pagó la empresa el impuesto cuya devolución solicitó, fue producto del patrimonio de ella y no del consumidor contribuyente; por lo que no le asiste razón a la Sala responsable al señalar que la empresa carece de legitimación para elevar su solicitud. En mérito de lo anterior, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución que constituye el acto que por esta vía constitucional se reclama y dicte una nueva resolución sujetándose a los lineamientos que quedaron precisados en este considerando." (páginas 32 a 36 vuelta del expediente formado con motivo de la contradicción de tesis 93/2002).
De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 514/97, el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las mismas consideraciones que emitió al resolver el diverso juicio de amparo 555/97, el que ha quedado transcrito, en la parte que interesa, por lo que resulta innecesario se realice una transcripción de la motivación que se dio al primer juicio citado.
De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, relativa al juicio de amparo directo número 2/2002, se aprecia que el sentido del fallo, en la parte que interesa, se sustentó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Son infundados por una parte y fundados pero inoperantes por otra, los conceptos de violación hechos valer. Son infundados el primero, segundo, cuarto y quinto de ellos, mismos que por estar íntimamente relacionados, se estudian en su conjunto. En efecto, de conformidad con el párrafo primero del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra dice: ‘Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.’, se infiere que las sentencias que emite el Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los hechos controvertidos del acto impugnado, supuestos jurídicos que la Sala Fiscal responsable observó en la sentencia combatida en relación con los agravios expresados en la demanda de nulidad de mérito, ya que de conformidad con la lectura de la misma (fojas que van de la 1 a la 18 del expediente principal), la actora quejosa esencialmente señaló como agravio el hecho de que el valor de la enajenación era el convenido entre el comprador y el vendedor, que resultaba ser el de ‘enajenación al consumidor’ y no el precio de lista de planta o de fábrica, cuestión que fue atendida por la Sala Fiscal responsable en el sentido de que si bien el valor de la enajenación era el convenio entre el comprador y el vendedor, sin embargo, ello no implicaba que procediera la devolución del impuesto solicitado por la actora quejosa, ya que la carga tributaria del impuesto sobre automóviles nuevos recaía sobre el comprador o adquirente del automóvil nuevo y no sobre el distribuidor, es decir, que la actora quejosa carecía de interés jurídico para reclamar el pago indebido del impuesto sobre automóviles nuevos; para llegar a dicha conclusión, la Sala responsable se apoyó en los siguientes puntos: (no se transcriben por no ser necesarios para resolver este asunto). Con base en lo anteriormente señalado, es de concluirse que, como bien lo determinó la Sala responsable, la quejosa carecía de interés jurídico para solicitar la devolución del impuesto de que se trata, ya que la carga tributaria del impuesto sobre automóviles nuevos recae sobre el comprador o adquirente del automóvil nuevo y no sobre el distribuidor, por comprenderse el gravamen en el precio que el referido adquirente paga por su vehículo; lo anterior es así, ya que el impuesto sobre automóviles nuevos es un impuesto de aquellos que la doctrina denomina indirectos, en el que el sujeto pasivo lo puede trasladar a otras personas, de manera tal que no surge el impacto económico del impuesto en forma definitiva; otro ejemplo de esta clase de impuestos en nuestro sistema fiscal, sería el impuesto al valor agregado, en el cual, el comerciante expresamente lo traslada al consumidor y recupera el dinero que tuvo que pagar al fisco federal ... en consecuencia, por exclusión, como se dijo antes, los enajenantes o distribuidores carecen del mencionado presupuesto jurídico para ejercer la acción de devolución del impuesto pagado indebidamente. Con base en lo antes expuesto, resulta intrascendente dilucidar cuál es el precio que debe considerarse para la base del referido impuesto, como lo señala la persona moral quejosa en los conceptos de violación en estudio, dado que en todo caso si hubo un pago en exceso de la aludida contribución, los adquirentes de los automóviles nuevos son quienes tendrían interés jurídico para solicitar la devolución de ese aparente pago de lo indebido; por tanto, tampoco puede invocar como fundamento de su reclamación el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación por los razonamientos antes expuestos ... Como se dijo en líneas anteriores, la procedencia del juicio de nulidad llevado ante la Sala Fiscal responsable, se ve constreñida al requisito de que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de la demandante quejosa, lo que significa que la procedencia de dicho juicio dependerá, entre otras cosas, de que el actor sufra una lesión en su esfera jurídica causada por la resolución cuya nulidad demanda, situación jurídica que no se actualizó, ya que los adquirentes de los automóviles nuevos son quienes tendrían interés jurídico para solicitar la devolución de ese aparente pago de lo indebido, y no los distribuidores o enajenantes como lo es en el caso la persona moral quejosa. Sentado lo anterior, al ser infundados por una parte y fundados pero inoperantes por otra los conceptos de violación, y no advirtiéndose deficiencia de la quejosa que suplir en los términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo que procede es negar a la persona moral quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados." (página 97 vuelta a 103 vuelta del expediente relativo a la contradicción de tesis 93/2002-SS).
Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado que enajene vehículos nuevos de producción nacional, se encuentra o no en posibilidad de solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso por concepto del impuesto federal sobre automóviles nuevos, se sustentaron criterios divergentes, toda vez que mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo resolvió en sentido afirmativo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito lo hizo en sentido negativo.
Corroboran lo anterior las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que son del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción." (Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número: 72, diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 38/93. Página: 45).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DECIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número: 58, octubre de 1991. Tesis: 4a./J. 22/92. Página: 22).
CUARTO. Habiéndose concluido que sí existe contradicción de criterios sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia, precisando que la misma sólo se referirá a la causación del impuesto sobre automóviles nuevos con motivo de la enajenación de vehículos nuevos de producción nacional al consumidor o adquirente de los mismos por parte del fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado y no respecto de aquel que se origine con motivo de la importación definitiva de vehículos al país, ya que dicha cuestión no formó parte del estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes.
Para tal efecto, se estima necesario, en primer lugar, analizar los elementos esenciales de la contribución que prevé la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
El artículo 1o., fracción I, de la ley referida establece que se encuentran obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos, las personas físicas y morales que enajenen los automóviles nuevos de producción nacional, al señalar:
"Artículo 1o. Están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes:
"I. Enajenen automóviles nuevos de producción nacional. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o por el distribuidor autorizado."
Por su parte, el artículo 2o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos establece que el gravamen de referencia se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3o. del ordenamiento legal en comento, según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por parte del fabricante, ensamblador o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones y sin incluir el impuesto al valor agregado que se cause con motivo de dicha enajenación, al precisar, en la parte que interesa:
"Artículo 2o. El impuesto para automóviles nuevos se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3o. de esta ley, según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.
"Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa antes mencionada, se aplicará al precio de enajenación a que se refiere el párrafo anterior, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por estos vehículos, será menor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda al mismo modelo, año y versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, en los términos antes mencionados, la tarifa establecida en el precepto citado en el párrafo anterior, multiplicando el resultado por el factor de 0.80.
"No formará parte del precio a que se refiere este artículo, el impuesto al valor agregado que se cause por tal enajenación."
De dicho numeral se desprende que la base gravable para efectos del cálculo del impuesto sobre automóviles nuevos, tratándose de la enajenación de vehículos de producción nacional por parte del fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al consumidor o adquirente de la unidad, la constituye el precio de venta, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones y sin incluir el impuesto al valor agregado que se cause con motivo de dicha enajenación, esto es, el valor real de la operación que aparece consignado en la factura y no el precio de lista sugerido por el armador, ni tampoco el precio máximo de venta autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2000, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 6, que es del tenor literal siguiente:
"AUTOMÓVILES NUEVOS. LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO LA CONSTITUYE EL PRECIO REAL DE ENAJENACIÓN. Conforme al artículo 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el objeto imponible lo es la enajenación de automóviles nuevos, es decir, de aquellos que se enajenan por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o por el distribuidor autorizado, así como la importación definitiva de los automóviles que corresponden al año modelo, posterior al de aplicación de la ley, al año modelo, en que se efectúe la importación o a los diez años modelo, inmediatos anteriores. Si se atiende al objeto gravable del impuesto que se examina, se conoce que el indicador de riqueza o capacidad para contribuir al gasto público a que atiende el legislador, es el precio originado en la enajenación de un automóvil nuevo o en la importación definitiva al país de una unidad. Por tanto, la base gravable a la que debe aplicarse la tarifa para obtener el monto del impuesto a pagar debe relacionarse con el valor real que representa la actividad gravada. Así, al establecer el artículo 2o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que el impuesto se calculará aplicando la tarifa prevista en la ley al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones y sin incluir el impuesto al valor agregado causado por la enajenación, y en el caso de la importación de automóviles, adicionando al aludido precio de enajenación, el impuesto general de importación y el monto de las contribuciones que se tengan que pagar por la importación, a excepción del impuesto al valor agregado, se entiende que el precio de enajenación es el del valor real de la operación, consignado en la factura, es decir, el precio que realmente el consumidor tuvo que pagar para adquirir el automóvil, con las prohibiciones de disminución especificadas en el artículo 2o.; y no el precio de lista sugerido por el armador ni el precio máximo de venta autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."
De este modo, a ese precio de venta, mismo que constituye la base gravable para efectos del cálculo del impuesto sobre automóviles nuevos, se le debe aplicar, según sea el caso, la tasa o tarifa que establece el artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a fin de que los fabricantes, ensambladores o distribuidores del impuesto, estén en aptitud de determinar el monto del gravamen causado por dicha operación y que se le debe trasladar a los consumidores o adquirentes de los vehículos o unidades con motivo de esa enajenación.
A efecto de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de dicho numeral, el cual textualmente señala:
"Artículo 3o. Para los efectos del artículo 2o. de esta ley, se estará a lo siguiente:
"I. Tratándose de automóviles con capacidad hasta de quince pasajeros, al precio de enajenación del automóvil de que se trate, se le aplicará la siguiente:
"Tarifa
Ver tarifa
"Si el precio del automóvil es superior a $207,373.49, se reducirá del monto del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y $207,373.49.
"Las cantidades que correspondan a cada uno de los tramos de la tarifa de este artículo, así como las contenidas en el párrafo que antecede, se actualizarán en los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el quinto mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero, mayo y septiembre de cada año.
"II. Tratándose de camiones con capacidad de carga hasta de 4,250 kilogramos, incluyendo los tipos panel con capacidad máxima de tres pasajeros y remolques y semirremolques tipo vivienda, al precio de enajenación del vehículo de que se trate se le aplicará la tasa del 5%."
Por tanto, una vez que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado ha realizado el cálculo del impuesto sobre automóviles nuevos con base en el precio de venta de la unidad, incluyendo el equipo opcional, común o d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17353-3eeed765/automoviles-nuevos-el-contribuyente-del-impuesto-relativo-fabricante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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