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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/96. · Registro digital (IUS): 6890
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 478.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: IRMA RODRÍGUEZ FRANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 313/93, interpuesto por Xavier Rodríguez Ledesma, con fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, sostuvo el siguiente criterio:

"QUINTO.-Previamente al estudio y resolución relativos a los conceptos de agravio transcritos en el considerando que antecede, este órgano jurisdiccional estima pertinente llevar a efecto una breve relación de los antecedentes que en el caso concreto tienen relevancia por estar directamente vinculados con la cuestión a resolver en esta instancia de revisión.-Dichos antecedentes constan en el expediente principal del juicio al cual corresponde la resolución recurrida, y son: 1. El hoy recurrente participó en un concurso de oposición para la asignación de una plaza como profesor asociado, celebrado con motivo de la convocatoria que al efecto fue emitida por la Universidad Pedagógica Nacional.-2. El siete de agosto de mil novecientos noventa y uno, la Comisión Académica Dictaminadora de la universidad antes mencionada emitió un oficio dirigido al hoy quejoso, a cuyo través indica a éste el resultado del concurso antes aludido, en el sentido de que ‘el dictamen de esta comisión no le es favorable (al propio recurrente) para obtener la plaza CO.22001504 Prof. Asociado «B» T.C. Ciencia y Sociedad’ (foja siete del expediente que se consulta).-3. En oficio de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno, la comisión académica antes nombrada resolvió la inconformidad que en su momento fue planteada por el hoy recurrente, con la finalidad de impugnar el resultado del concurso en alusión. En la parte conducente de tal oficio se indica: ‘Se analizó nuevamente la documentación del Prof. Xavier Rodríguez Ledesma, habiéndose verificado que reúne los requisitos señalados en la convocatoria y que su desempeño en los exámenes oral y escrito fue bueno; pero otra concursante obtuvo mejores calificaciones.’ (foja ocho del mismo expediente).-4. Inconforme con los hechos antes descritos, el promovente de este juicio constitucional acudió, por escrito, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, denunciándolos y solicitando el deslinde de la responsabilidad de quienes intervinieron en la emisión del preindicado dictamen, así como en la confirmación del sentido de éste, pidiendo también la reconsideración del medio de impugnación formulado por su parte en contra del dictamen número 218/91, a cuyo través fue resuelto el respectivo concurso de oposición (fojas nueve a quince).-5. En oficio de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, el director de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, comunicó al hoy quejoso que el escrito de denuncia mencionado en el punto inmediato anterior de esta relación, fue remitido ‘al órgano de control interno de la Secretaría de Educación Pública, para que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 60, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, provea lo necesario para la investigación de los hechos y en su caso la sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidad.’ (foja dieciséis).-6. El ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, el auditor ejecutivo de Quejas y Denuncias de la Secretaría de Educación Pública, emitió el oficio número 227.1.3.III.001462, dirigido al quejoso. En la parte conducente del citado oficio, se lee: ‘... en relación a su queja presentada en contra de miembros de la Comisión Académica Dictaminadora de dicha casa de estudios (Universidad Pedagógica Nacional), por el resultado del dictamen del concurso académico en que participó, me permito informar a usted que, como en su oportunidad lo hizo de su conocimiento dicha contraloría interna (de la mencionada universidad), los hechos impugnados por usted, se refieren a actos meramente académicos, que no implican responsabilidad de quienes en ellos intervinieron, toda vez que no fue infringida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’ (foja seis).-7. La resolución contenida en el oficio que se menciona en el punto inmediato anterior, constituye el acto reclamado en el juicio constitucional al cual corresponde esta instancia de revisión, según se desprende del respectivo señalamiento que se advierte en la primera hoja de la demanda de amparo (foja uno).-8. En la sentencia sujeta a revisión, la juzgadora de primera instancia decretó el sobreseimiento en el juicio, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en razón de que la autoridad emisora del acto reclamado, al rendir el informe con justificación que le fue requerido, anexó un ocurso suscrito por el hoy recurrente, presentado ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a través del cual manifestó que: ‘Por este conducto presento a usted mi recurso de inconformidad frente a la resolución de la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública emitida con oficio No. 227.1.3.III.1462 de fecha 8 de junio del presente.’; esto es, la improcedencia del juicio se decretó en atención a que el objeto de impugnación en dicho ocurso, así como en el propio juicio de garantías, es el mismo acto de autoridad contenido en el oficio que se cita en la anterior transcripción. El referido informe con justificación, así como su anexo obran agregados en las fojas ciento cinco a ciento diecisiete del expediente principal en consulta.-Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de agravio que la parte inconforme expresa contra la sentencia sujeta a revisión.-A través de dichos conceptos, la recurrente manifiesta, en síntesis, que el sobreseimiento decretado por la a quo viola en su perjuicio la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, argumentando que a pesar de que utilizó la expresión ‘recurso de inconformidad’ en el ocurso al cual se alude en el punto número ocho de la precedente relación de antecedentes, ello no significa que en realidad se trate de un recurso ya que, agrega, el recurso del cual puede conocer la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, está dispuesto en favor de servidores públicos, carácter que el quejoso niega tener y que, por ello, la juzgadora de primera instancia ‘no debió tener como interpuesto un recurso inexistente’.-Otro de los argumentos de defensa expresados en el respectivo escrito de agravios, consiste en que ‘la Secretaría de la Contraloría General de la Federación hasta la fecha no me ha comunicado ningún trámite ni resolución que haya dado a mi expresado escrito del veinticinco de junio del año en curso.’.-Resulta fundado el concepto de agravio en cuestión, en atención a las razones que enseguida se expresarán.-La disposición legal cuya violación en su perjuicio alega la parte quejosa, es del tenor siguiente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.’.-Según se desprende del texto de la disposición legal en consulta, la causa de improcedencia ahí mismo prevista se actualiza una vez que concurran dos circunstancias, a saber: a) Que el mismo quejoso haya interpuesto algún medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual demande amparo y que dicho medio de defensa esté tramitándose al momento en que se promueva el juicio de garantías.-b) Que el recurso o medio de defensa legal intentado antes de acudir al amparo constituya una vía idónea de impugnación contra el acto de autoridad de que se trate, en atención a que es exigencia del precepto en análisis, que ese medio de impugnación pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se reclame a través del propio juicio constitucional, resultado que, por regla general, podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa empleado o promovido es el adecuado, legalmente hablando.-Los términos en que está creada la disposición legal de referencia, denotan que es indispensable la concurrencia de ambos requisitos; de manera que, para la aplicación del mismo numeral, se requiere, primero, que esté en trámite el medio de defensa intentado y, segundo, que el mismo pueda conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad combatido.-De los preindicados elementos, cuya concurrencia es necesaria para la aplicación de la norma en comento, sólo el primero es demostrable a través de los medios de prueba previstos en la ley de la materia.-En efecto, la existencia del elemento en mención, puede acreditarse a través de documentales, en la inteligencia de que, por regla general, en nuestro sistema jurídico positivo deben interponerse por escrito los medios legales de defensa; además, una vez interpuesto aquel de que se trate, la autoridad que de él conozca está obligada a dictar el proveído que corresponda conforme a derecho y éste usualmente se hace constar por escrito.-Es importante destacar que el referido aspecto de la causal de improcedencia en estudio, únicamente puede considerarse demostrado cuando la parte interesada en ello justifique, por una parte, la interposición o promoción del medio de defensa de que se trate y, por la otra, que aquél se encontraba en trámite al momento en que se promueva el juicio de garantías a cuyo través esté impugnándose el mismo acto de autoridad que simultáneamente se esté combatiendo por medio del diverso instrumento jurídico de defensa.-Lo anterior se entenderá con mayor naturalidad si se toma en consideración el propósito en que evidentemente se justifica el establecimiento legal de la causa de improcedencia, consistente en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquéllas sean contradictorias; de ahí que resulta justificada la exigencia legal en cuestión, en el sentido de que se demuestre que esté en trámite el medio de defensa intentado contra el acto reclamado a través del amparo.-El segundo de los elementos o requisitos necesarios para la actualización de la causal de improcedencia en comento, no requiere de demostración, en atención a que se trata de una cuestión de derecho y, por ende, el juzgador de amparo podrá determinar si el medio legal de defensa que esté en trámite simultáneamente a la sustanciación del juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado, potencialmente hablando, la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se demanda amparo.-Ciertamente, la idoneidad relativa a un instrumento jurídico de impugnación, en cuanto a su potencial resultado para efectos de determinar lo conducente en cuanto atañe el acto de autoridad que esté siendo impugnado a través de aquél, es una cuestión que no resulta susceptible de acreditarse a través de los medios de prueba previstos en la Ley de Amparo, en razón de que la idoneidad jurídica de aquel instrumento podrá ser determinada una vez que se analice el marco normativo regulador del acto reclamado, así como el atinente al propio medio de impugnación intentado de manera previa o simultánea al amparo promovido contra el mismo acto de autoridad.-Reviste especial importancia para efectos del caso concreto, destacar que la demostración del primero de los elementos o requisitos en cuestión, debe llevarse a efecto en forma fehaciente, indubitable, plena. Esto obedece al efecto que naturalmente corresponde a la determinación de considerar improcedente el juicio de amparo, pues equivale a sostener que el promovente del mismo juicio carece del derecho necesario para acudir a la vía constitucional.-Es así que ninguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo puede estar apoyada en pruebas que resulten ser insuficientes, pues si no se acreditan a plenitud los extremos cuya demostración se requiera en términos del mismo ordenamiento legal, no debe considerarse actualizada la causal de que se trate, aunque exista algún indicio que pueda dar lugar a una presunción relativa a esa actualización.-Sirve de apoyo a la conclusión que antecede, la tesis de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, página mil quinientos cuarenta y uno, cuyo enunciado y texto son: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.-Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.’.-Ahora bien, con base en las precedentes consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye que en el caso concreto no se justifica la aplicación de la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, habida cuenta que después de revisar en forma detallada los autos que integran el expediente del juicio al cual corresponde esta instancia de revisión, se advierte que no está demostrada en forma plena la actualización del supuesto normativo previsto en la referida disposición legal.-En efecto, en la sentencia recurrida, la juzgadora de primera instancia decretó el sobreseimiento en el juicio, por considerar actualizada la causal de improcedencia en estudio y al hacerlo se apoyó en la prueba documental que ante su potestad fue aportada por la autoridad responsable, quien la llevó a juicio en el momento de rendir su informe con justificación. Esto consta en las fojas ciento cinco a ciento diecisiete del expediente en consulta.-Al respecto debe decirse que, tal como lo advirtió la a quo, el medio de prueba antes indicado, ciertamente demuestra que el hoy recurrente intentó un recurso de inconformidad en contra del oficio número 227.1.3.III.1462, de fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, siendo que en ese oficio está contenido el mismo acto de autoridad contra el cual se demanda amparo en el caso concreto; asimismo, es verdad que el ocurso en análisis fue presentado el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y dos, esto es, sólo unos días antes de aquel en que fue presentada la respectiva demanda de amparo, o sea, el primero de julio del mismo año. Esto consta, respectivamente, en las fojas ciento nueve, y uno del mismo expediente principal, donde se aprecia el sello de recibido impuesto a cada uno de los ocursos en mención.-Sin embargo, tales circunstancias resultan insuficientes para considerar actualizada la causal de improcedencia en la que se sustenta la determinación de sobreseimiento contenida en la sentencia objeto de esta instancia de revisión.-Efectivamente, la conclusión que antecede obedece a que en ninguna parte de autos está demostrado que el ocurso mediante el cual el hoy recurrente acudió ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, impugnando el mismo acto de autoridad que en este juicio es materia de controversia, esté siendo tramitado; es más, ni siquiera consta que el mismo escrito en cuestión, al ser presentado, hubiese dado lugar a un proveído de admisión a trámite y, mucho menos, que la correspondiente autoridad le hubiera reconocido el carácter de medio de defensa procedente para impugnar el acto de autoridad mencionado en la misma promoción.-En tal virtud, debe decirse que asiste la razón al hoy recurrente, en cuanto sostiene que en el caso concreto no es aplicable la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, bajo el argumento atinente a que ‘la Secretaría de la Contraloría General de la Federación hasta la fecha no me ha comunicado ningún trámite ni resolución que haya dado a mi expresado escrito del veinticinco de junio del año en curso’.-En vista de lo anterior, cabe apuntar que resulta innecesario determinar si el ocurso objeto de estas consideraciones constituye o no la vía idónea para conducir a la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que, tal como quedó anotado en párrafos precedentes, la aplicación del numeral citado no puede darse sin la concurrencia de los dos elementos o requisitos que al efecto están dispuestos en el mismo; de manera que, si no existe constancia de que esté siendo tramitado el medio de defensa legal ordinario intentado por el hoy recurrente previamente a la promoción de este juicio constitucional y contra el mismo acto de autoridad, de ello se sigue que, por razón lógica, no puede darse la concurrencia de tales requisitos, tornándose así en innecesario el análisis relativo a la idoneidad atinente al instrumento jurídico de defensa ordinario.-Así las cosas, se considera fundado el concepto de agravio expuesto por la parte inconforme."

La ejecutoria de mérito dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, agosto de 1993, página 474, que dice:

"LITISPENDENCIA. PARA CONSIDERAR ACTUALIZADA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO NO BASTA DEMOSTRAR QUE EL QUEJOSO INTERPUSO UN MEDIO DE DEFENSA IMPUGNANDO EL MISMO ACTO CONTRA EL CUAL PIDE AMPARO, SINO QUE TAMBIÉN DEBE ACREDITARSE QUE AQUÉL ESTABA EN TRÁMITE AL PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL.-En el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se establece que el juicio regulado en la misma ley es improcedente: ‘Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar, o nulificar el acto reclamado.’. Según se desprende del texto de la disposición legal en consulta, la causa de improcedencia ahí mismo prevista se actualiza una vez que concurran dos circunstancias, a saber: 1. Que el mismo quejoso ha interpuesto algún medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual demande amparo y que dicho medio de defensa esté tramitándose al momento en que se promueva el juicio de garantías; y 2. Que el recurso o medio de defensa legal intentado antes de acudir al amparo constituye una vía idónea de impugnación contra el acto de autoridad de que se trate, en atención a que es exigencia del precepto en análisis, que ese medio de impugnación pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se reclame a través del propio juicio constitucional, resultado que, por regla general, podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa empleado o promovido es el adecuado, legalmente hablando. De manera que, para la aplicación del numeral en consulta se requiere, primero, que esté en trámite el medio de defensa intentado y, segundo, que el mismo pueda conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad combatido. De los preindicados elementos, sólo el primero es demostrable a través de los medios de prueba previstos en la ley de la materia, pues su existencia puede acreditarse a través de documentales, en la inteligencia de que, por regla general, en nuestro sistema jurídico positivo los medios legales de defensa deben interponerse por escrito; además, una vez interpuesto aquel de que se trate, la autoridad que de él conozca está obligada a dictar el proveído que corresponda conforme a derecho y éste usualmente se hace constar por escrito. Este aspecto de la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse demostrado cuando la parte interesada en ello justifique, por una parte, la interposición o promoción del medio de defensa de que se trate y, por la otra, que aquél se encontraba en trámite al momento en que se promueva el juicio de garantías a cuyo través esté impugnándose el mismo acto de autoridad que simultáneamente se está combatiendo por medio del diverso instrumento jurídico de defensa. Lo anterior se entenderá con mayor naturalidad si se toma en consideración el propósito que justifica el establecimiento legal de la aludida causa de improcedencia, consistente en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquellas sean contradictorias entre sí, el segundo de los elementos en cita no requiere de demostración, en atención a que se trata de una cuestión de derecho y, por ende, el juzgador de amparo podrá determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que la idoneidad jurídica de aquel instrumento podrá ser determinada una vez que se analice el marco normativo regulador del acto reclamado, así como el atinente al propio medio de impugnación intentado de manera previa o simultánea al amparo promovido contra el mismo acto de autoridad; por tanto, si en autos únicamente consta que la parte quejosa presentó un ocurso mediante el cual impugna el mismo acto contra el que pide amparo, pero no se acredita que aquél se encuentre en trámite, tal circunstancia resulta insuficiente para considerar actualizada la causal de improcedencia en cuestión y, al ser así, resulta innecesario determinar si dicho ocurso constituye o no la vía idónea para conducir a la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que, tal como quedó anotado, la aplicación del numeral citado no puede darse sin la concurrencia de los dos elementos o requisitos que al efecto están dispuestos en el mismo.-Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-Amparo en revisión 313/93. Xavier Rodríguez Ledesma. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vílchis."

El aludido Tercer Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión 3013/96, promovido por Tabiquera Iztapalapa, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se apoyó en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-La autoridad recurrente en su primer agravio, expresa que sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa presentó en la Oficialía de Partes de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal, un escrito de inconformidad en contra de la orden y embargo precautorio practicado el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el que solicita se deje sin efecto tal medida.-Es infundado el planteamiento.-El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala que: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.’.-En efecto, en autos no obra constancia alguna que demuestre que se hubiere promovido recurso alguno o medio de defensa, ya que si bien es cierto que la recurrente exhibió un escrito que la quejosa le presentó, es cierto también que de él no se advierte que constituya un recurso propiamente, sino una simple petición en el sentido de que reconsidere su actuar; pues ni siquiera se apoya en ningún precepto legal que pudiera constituir el fundamento de un recurso.-Además, tampoco está probado que la autoridad hubiera admitido a trámite el escrito; y es criterio de este tribunal que no basta que exista un escrito de ‘recurso’, sino que debe probarse que se haya admitido a trámite; y es bien sabido que las causas de improcedencia en el juicio de amparo deben estar plenamente demostradas y no inferirse partiendo de presunciones.-Al respecto, resulta ilustrativa la tesis que enseguida se transcribe: ‘LITISPENDENCIA. PARA CONSIDERAR ACTUALIZADA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO NO BASTA DEMOSTRAR QUE EL QUEJOSO INTERPUSO UN MEDIO DE DEFENSA IMPUGNANDO EL MISMO ACTO CONTRA EL CUAL PIDE AMPARO, SINO QUE TAMBIÉN DEBE ACREDITARSE QUE AQUÉL ESTABA EN TRÁMITE AL PROMOVER EL JUICIO CONSTITUCIONAL.-En el artículo 73, fracción XIV de la Ley de Amparo se establece que el juicio regulado en la misma ley es improcedente: «Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.». Según se desprende del texto de la disposición legal en consulta, la causa de improcedencia ahí mismo prevista se actualiza una vez que concurran dos circunstancias, a saber: 1. Que el mismo quejoso ha interpuesto algún medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual demande amparo y que dicho medio de defensa esté tramitándose al momento en que se promueva el juicio de garantías; y 2. Que el recurso o medio de defensa legal intentado antes de acudir al amparo constituye una vía idónea de impugnación contra el acto de autoridad de que se trate, en atención a que es exigencia del precepto en análisis, que ese medio de impugnación pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se reclame a través del propio juicio constitucional, resultando que, por regla general, podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa empleado o promovido es el adecuado, legalmente hablando. De manera que, para la aplicación del numeral en consulta se requiere, primero, que esté en trámite el medio de defensa intentado y, segundo, que el mismo pueda conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad combatido. De los preindicados elementos, sólo el primero es demostrable a través de los medios de prueba previstos en la ley de la materia, pues su existencia puede acreditarse a través de documentales, en la inteligencia de que, por regla general, en nuestro sistema jurídico positivo los medios legales de defensa deben interponerse por escrito; además, una vez interpuesto aquel de que se trate, la autoridad que de él conozca está obligada a dictar el proveído que corresponda conforme a derecho y éste usualmente se hace constar por escrito. Este aspecto de la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse demostrado cuando la parte interesada en ello justifique, por una parte, la interposición o promoción del medio de defensa de que se trate y, por la otra, que aquél se encontraba en trámite al momento en que se promueva el juicio de garantías a cuyo través esté impugnándose el mismo acto de autoridad que simultáneamente se está combatiendo por medio del diverso instrumento jurídico de defensa. Lo anterior se entenderá con mayor naturalidad si se toma en consideración el propósito que justifica el establecimiento legal de la aludida causa de improcedencia, consistente en evitar que existan dos resoluciones en relación con la misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquéllas sean contradictorias entre sí, el segundo de los elementos en cita no requiere de demostración, en atención a que se trata de una cuestión de derecho y, por ende, el juzgador de amparo podrá determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que la idoneidad jurídica de aquel instrumento podrá ser determinada una vez que se analice el marco normativo regulador del acto reclamado, así como el atinente al propio medio de impugnación intentado de manera previa o simultánea al amparo promovido contra el mismo acto de autoridad; por tanto, si en autos únicamente consta que la parte quejosa (sic) contra el que pide amparo, pero no se acredita que aquél se encuentre en trámite, tal circunstancia resulta insuficiente para considerar actualizada la causal de improcedencia en cuestión y, al ser así, resulta innecesario determinar si dicho ocurso constituye o no la vía idónea para conducir a la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se demanda amparo, habida cuenta que, tal como quedó anotado, la aplicación del numeral citado no puede darse sin la concurrencia de los dos elementos o requisitos que al efecto están dispuestos en el mismo.’.-Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, agosto de 1993, página 474.-Así, puesto que el motivo que se aduce en segunda instancia no está plenamente probado, no cabe más que declarar sin fundamento el agravio en estudio."

TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión (improcedencia) 325/92, promovido por Tiendas Chalita, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha trece de agosto de 1992, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO.-Los agravios son infundados.-Contrario a lo que los recurrentes sostienen, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al desechar la demanda de garantías por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.-En efecto, la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; ...’.-Luego, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista, concretamente de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos manifestaron textualmente lo siguiente: ‘... 5. Contra el ilegal auto admisorio de la demanda, interpusimos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6890-892c8630/improcedencia-la-causal-prevista-en-la-fraccion-xiv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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