CRÉDITOS PREFERENTES. LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, COMPRENDE, EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, LOS SALARIOS VENCIDOS Y TODA CLASE DE INDEMNIZACIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMERO).
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: IRMA RODRÍGUEZ FRANCO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el ocho de agosto de mil novecientos setenta y cinco, el recurso de revisión número 62/74, promovido por Alfonso H. Treviño González y coagraviado, derivado del juicio de amparo 1344/73, en donde se reclamó la resolución de treinta de mayo de mil novecientos setenta y dos, que puso fin a la tercería excluyente de preferencia promovida dentro del juicio laboral seguido por el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León C.T.M., en contra de Mueblería Malinche, Sociedad Anónima, sostuvo las siguientes consideraciones:
"TERCERO.-Se estima necesario mencionar los hechos siguientes: Alfonso H. Treviño González, Antonio Muñiz Mendoza, Velia Farías Cantú y María Antonia Caballero Lozano, por conducto de su apoderado, promovieron tercería excluyente de preferencia, dentro del juicio número 1811/70, que inicia el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado en contra de Sillería Malinche, S.A. y Muebles Malinche, S.A. Para fundar las acciones relativas, consignan: cada uno de los demandantes siguió juicio por separado a Sillería Malinche, S.A. y Muebles Malinche, S.A., reclamándoles ‘reinstalación, salarios devengados y salarios caídos’; en los procedimientos relativos se fijó la responsabilidad del conflicto con cargo a las empresas demandadas ‘y como consecuencia se declaró legalmente terminada la relación laboral existente, condenando a dichas empresas al pago de la indemnización constitucional consistente en el importe de tres meses de salario, más veinte días de salario por cada año de servicios prestados; asimismo, en cada uno de dichos juicios se dictó un laudo condenatorio para las empresas demandadas declarando procedentes las acciones ejercitadas’ y condenándoles en el pago de salarios retenidos y salarios caídos; como las demandadas no cubrieron el importe de las liquidaciones que se formularon, se procedió al embargo de sus bienes, secuestrándose ‘todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles que fueron embargados dentro del juicio de emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado, C.T.M., expediente 1811/70, en contra de Sillería Malinche, S.A. y Muebles Malinche, S.A.’, como tiene conocimiento que dentro de este último juicio se había señalado día y hora para verificar el remate de los bienes embargados, ocurren a promover la tercería excluyente de preferencia, a fin de que del producto del remate ‘se paguen preferentemente las indemnizaciones de los trabajadores que sacaron a remate dichos bienes, consistentes en el importe de tres meses de salario, mas no así los salarios caídos a que fueron condenadas las empresas demandadas y del remanente se paguen las indemnizaciones de mis poderdantes, así como los salarios devengados en el último año que reclamaron en sus demandas y a que fueron condenadas las empresas demandadas, en virtud de que las indemnizaciones y sueldos devengados durante el último año de mis poderdantes, sean preferentes de acuerdo con la ley a los salarios caídos y a cualquier otro crédito existente sobre los bienes embargados, con excepción de las indemnizaciones que por importe de tres meses, corresponden a los trabajadores ejecutantes del remate, por ser su embargo primero en tiempo que el de mis poderdantes, pero la preferencia de mis poderdantes respecto a sus indemnizaciones, está por encima de los salarios caídos reclamados por cualquier trabajador’; la preferencia que otorga la ley a los terceristas, consigna la demanda relativa, respecto a la indemnización a que tienen derecho y de los salarios devengados durante el último año ‘se encuentra establecida en las fracciones XXII y XXIII del artículo 123 constitucional y en el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, ya que dichas disposiciones establecen claramente que el patrón que despide a un obrero sin causa justificada, estará obligado a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario y que los créditos a favor de los trabajadores por salario o sueldo devengado en el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquier otro en los casos de concurso o quiebra y el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo establece que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores, son preferentes sobre cualquier otro título, de donde se desprende que las indemnizaciones a que tienen derecho mis poderdantes y los salarios devengados que reclamaron en sus demandas del último año laborado, son preferentes a los salarios caídos que reclaman los trabajadores ejecutantes del remate, puesto que los salarios caídos no entran dentro de las preferencias que señalan las disposiciones legales antes invocadas y como consecuencia es oponible dicha preferencia a dichos trabajadores, pues mis poderdantes concurren con el mismo carácter de trabajadores’. Advierte el tercerista, además, que la preferencia absoluta en el pago de indemnizaciones y salarios devengados durante el último año de servicios, sobre otros créditos, incluso el relativo a salarios caídos, ya fue autorizado por la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al resolver la tercería excluyente de preferencia que promovió Central Financiera, S.A., dentro del juicio número 695/66 y que el criterio relativo se confirmó a través del juicio de amparo número 235/71, que corre en el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.-J. Guadalupe Ruiz Rodríguez y Enrique Hernández Reyna contestan la demanda de tercería, con su carácter de secretario general y secretario de conflictos, respectivamente, del Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León, oponiéndose a lo pretendido por los terceristas. Sostienen fundamentalmente, que en el juicio número 1811/70, ‘relativo al emplazamiento a huelga que instauró el sindicato que representamos en contra de las sociedades mercantiles Muebles Malinche, S.A. y Sillería Malinche, S.A., nuestro representado embargó bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa que constituyen las sociedades mercantiles de referencia; en este momento no es exacto que se vayan a sacar a remate los bienes aludidos en una fecha determinada’, porque la Sociedad General de Crédito, S.A. promovió un juicio de tercería, suspendiéndose la diligencia de remate; que discrepan ‘en absoluto respecto de su petición de que tenga derecho alguno a que con el producto del remate, se pague a las personas que representa, excluyendo el pago de salarios caídos a los trabajadores miembros de la organización sindical que representamos, que tienen la calidad de acreedores en el juicio principal; tal criterio de que los salarios caídos no quedan comprendidos dentro del concepto de indemnización a que se refieren las disposiciones constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo, al tutelar la preferencia de los créditos de los trabajadores’, es erróneo y ‘atenta contra los intereses no sólo de los trabajadores que el promovente de la tercería dice representar, sino de los trabajadores en general’; exhiben, para fundar sus aseveraciones ‘copia del escrito de contestación que diéramos a la Sociedad General de Crédito, S.A. en tercería igual a la que se contesta, pidiendo que se tenga este anexo como parte integrante de esta contestación, y por reproducidos los razonamientos atinentes que en dicho escrito formuláramos en apoyo de nuestro criterio de que los salarios caídos implican también indemnización y que por lo mismo, forman parte del crédito preferencial a que aluden las disposiciones legales invocadas’ y reiteran su oposición a las acciones de los terceristas.-La Junta Especial responsable dicta resolución, con fecha treinta de mayo de mil novecientos setenta y dos, declarándose improcedente la tercería. Para fundar su criterio considera: ‘Planteada la litis en los términos expuestos, esta Junta Especial considera que la cuestión referente a la preferencia de créditos en la materia opera de acuerdo con dos hipótesis distintas, la primera contemplada en la fracción XXIII del artículo 123 constitucional y 113 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a la situación de concurrencia de créditos laborales en favor de trabajadores con créditos de origen y naturaleza distinta, sea ésta civil, mercantil, fiscal, etc., etc., y la segunda, prevista en el artículo 874 del código laboral, que resuelve o preceptúa sobre el caso en que la discusión se contrae a la preferencia entre créditos de trabajadores entre sí. En el caso concreto que se estudia, se estima por esta autoridad laboral que no tienen aplicación las disposiciones contenidas en la fracción XXIII del artículo 123 del Pacto Federal y 113 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en la especie no se litiga por titulares de créditos de naturaleza distinta, sino de igual origen y por ello es ajena a la cuestión debatida la discusión de si los salarios caídos quedan involucrados o no en el concepto indemnización a que aluden los preceptos en cita, tutelares de la preferencia de los créditos de los trabajadores frente a cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra, cuya preferencia opera frente a cualesquier crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, resultando improcedente por lo tanto el que se emita pronunciamiento sobre tal cuestión. En el caso que se resuelve tiene exacta aplicación el artículo 874 del código laboral, que dispone: «Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes: I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden de sucesión de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos ...». Atento a lo previsto en la disposición transcrita, la acción preferencial deducida por el señor licenciado Luis Lozano Ramírez, no encuentra fundamento o adecuación legal en la norma aplicable, ya que no tratándose en el caso de un pleito de preferencia entre créditos de naturaleza u origen distinto, sino de discusión de créditos en que ambos contendientes son titulares de créditos de trabajo, de los autos de este procedimiento se deriva que el crédito correspondiente a los trabajadores representados por el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León, C.T.M., es primero en tiempo que el que corresponde a los mandantes del promovente de la tercería, señor licenciado Luis Lozano Ramírez, siendo por lo tanto primero en derecho aquél sobre éste, pues el embargo del sindicato de referencia se practicó sobre bienes muebles e inmuebles de la negociación Sillería Malinche, S.A., con anterioridad al practicado por los trabajadores poderdantes del señor Luis Lozano Ramírez, pues el de aquéllos se realizó en (18) dieciocho de mayo de (1970) mil novecientos setenta con motivo del emplazamiento a huelga, efectuándose en definitiva en (30) treinta de noviembre de (1971) mil novecientos setenta y uno, según es de verse en las actas que obran a fojas 14 por lo que se refiere al primero y 206, 207, 208, 209 y 210 por lo que hace al segundo, del expediente principal número 1811/C/1/70 y el practicado por los promoventes de la tercería, se efectuó en (17) diecisiete de febrero del presente año, dentro de los expedientes números 5690/1/71, relativo al juicio promovido por Alfonso H. Treviño, número 5978/1/71, relativo al juicio promovido por Velia Farías Cantú, número 5847/1/71, relativo al juicio promovido por Antonio Muñiz Mendoza y número 5690/1/71, relativo al juicio promovido por María Antonia Caballero Lozano; de lo expuesto debe concluirse que es improcedente la tercería de preferencia planteada por el señor licenciado Luis Lozano Ramírez, en cuanto que el embargo practicado por sus poderdantes es posterior al practicado por el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León, procediéndose desde luego a determinar si no obstante que el crédito de los trabajadores sindicados es primero, no existe alguna otra circunstancia de la cual pudiera derivarse una preferencia de derechos, cumpliéndose así con la parte final del inciso primero del artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto esta Junta Especial estima, que de los autos del proceso en que se actúa no aparece ningún derecho de preferencia a favor de los trabajadores representados por el señor licenciado Luis Lozano Ramírez, por lo que hace a su crédito laboral, ya que en todo supuesto y considerando que existe una jerarquización de créditos laborales, pues no tiene igual calidad para efectos de preferencia un crédito que se origina en adeudo de vacaciones, tiempo extraordinario, prima de antigüedad, etc., respecto de un crédito de los trabajadores sindicalizados es prevalente sobre el que corresponde a los trabajadores representados por el señor licenciado Luis Lozano Ramírez, pues aquél proviene de un movimiento de huelga, el cual por su propia naturaleza, por tratarse de un derecho colectivo, está en un plano superior a los créditos individuales que asisten a los terceristas, porque es de explorado derecho en materia laboral la aplicabilidad del principio que establece que el interés colectivo debe prevalecer sobre el interés individual. De acuerdo con el orden de ideas expuesto y con apoyo en lo dispuesto por lo establecido por el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, es de resolverse que es improcedente la tercería de preferencia instaurada por el señor licenciado Luis Lozano Ramírez como apoderado de los señores Alfonso H. Treviño, Velia Farías Cantú, Antonio Muñiz Mendoza y María Antonia Caballero Lozano, porque a éstos no les asiste derecho de preferencia alguno frente al crédito de los trabajadores representados por el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León, C.T.M., declarado en el expediente laboral No. 1811/C/1/70, en el cual se pronunciaron resoluciones condenatorias en contra de Sillería Malinche, S.A., y a virtud de las mismas se embargaron en primer término los bienes muebles e inmuebles afectos a la tercería que se resuelve.’.-La resolución anterior constituye el acto reclamado.-CUARTO.-El primer concepto de agravio es infundado. En él se consigna, sustancialmente, que la sentencia del Juez de Distrito no contiene un estudio analítico de las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, porque sólo transcribe los conceptos de violación y las alegaciones del sindicato tercero perjudicado, omitiéndose el fallo de la Junta responsable.-Es verdad que la sentencia del Juez de Distrito transcribe solamente, los conceptos de violación que contiene la demanda de garantías y las alegaciones que produjo el sindicato tercero perjudicado. Sin embargo, es perceptible que el Juez de Distrito hace referencia directa a la resolución que pronunció la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para resolver el problema de tercería propuesto. La omisión en que se incurre, señalada en el primer agravio, carece pues, de trascendencia.-QUINTO.-El segundo concepto de agravio consigna en la parte inicial, que la sentencia del Juez de Distrito viola diversos preceptos de la Constitución Federal y de la Ley Federal del Trabajo; después contiene una síntesis de los antecedentes relativos, transcribiéndose incluso, el fallo de la Junta responsable, que declara improcedente la tercería propuesta; concreta luego las consideraciones del Juez de Distrito y, para impugnarlas, se limita a repetir, lisa y llanamente, la serie de argumentaciones que expusieron J. Guadalupe Ruiz Rodríguez y Enrique Hernández Reyna, secretario general y secretario de Trabajo y Conflictos, respectivamente del Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León, por vía de alegato, cuando tiene verificativo ‘la audiencia de pruebas y alegatos en la tercería excluyente de preferencia promovida por el licenciado Luis Santos de la Garza, apoderado general de la institución denominada Sociedad General de Crédito, S.A.’. El escrito de alegatos a que se ha hecho mérito, fue exhibido en copia fotostática por J. Guadalupe Ruiz Rodríguez y Enrique Hernández Reyna, con los caracteres ya señalados, con el pedimento que hicieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ‘como apoyo de nuestra aseveración de que los salarios caídos quedan comprendidos dentro del concepto de indemnización a que se refiere el artículo 123 constitucional en su fracción XXIII y el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la protección preferencial de los créditos de los trabajadores’, para el efecto ‘que se tenga este anexo como parte integrante de esta contestación y por reproducidos los razonamientos atinentes que en dicho escrito formuláramos en apoyo de nuestro criterio’, según se puntualizó con anterioridad. Parece obvio, entonces, que no están satisfechas las exigencias legales para integrar un concepto de agravio, porque se pretende que tengan este carácter argumentaciones que ya fueron objeto de examen y resolución en un procedimiento distinto.-Con independencia de la grave falla anterior, debe establecerse que las argumentaciones repetidas a que se hizo mérito, no desvirtúan el criterio del Juez de Distrito. En efecto, tiene razón este funcionario cuando determina que ‘si el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado, dentro del procedimiento laboral que promovieron en contra de Mueblería Malinche, S.A. y Sillería Malinche, S.A., trabaron embargo sobre todos los bienes de las empresas, mismas que se remataron y adjudicaron y por otra parte, los ahora quejosos, también como empleados de confianza de dichas empresas, promovieron procedimiento laboral en contra de las mismas, obteniendo laudo condenatorio en contra de dichas industrias, sobre el pago de diversas prestaciones, es indudable que el sindicato primer embargante tiene derecho a que se le cubran sus indemnizaciones, pero los trabajadores de confianza que también obtuvieron laudo favorable tienen preferencia en cuanto al pago de sus indemnizaciones sobre las demás prestaciones que el Sindicato Industrial de Trabajadores de las Fábricas de Muebles y Similares del Estado de Nuevo León, haya obtenido en contra de los demandados en el referido juicio laboral, porque precisamente, a esa preferencia se refiere la fracción I del artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo’ y que ‘las indemnizaciones a que se refiere el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, no pueden referirse a las que establece el artículo 50 de dicho ordenamiento legal, porque este dispositivo enumera aquellas indemnizaciones a que se tiene derecho en relación al supuesto que establece el artículo que le precede, entre las que deben considerarse los salarios devengados, séptimos días y días festivos, aun cuando tengan una vigencia muy anterior al último año y los posteriores salarios vencidos’, porque ‘las indemnizaciones preferentes, son aquellas que constitucionalmente se mencionan en el artículo 123 constitucional y en forma sustantiva en el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo’; de manera que los salarios devengados en el último año de servicios ‘excluyen todos los demás cualquiera que sea su origen o procedencia’, así que en definitiva ‘los salarios caídos, no quedan incluidos en la enumeración preferencial que contemplan las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 123 constitucional.’.-Las consideraciones anteriores se fundan debidamente. El artículo 874, fracción I de la Ley Federal del Trabajo establece que: ‘Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden de sucesión de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos.’. Ahora bien, para determinar cuáles son los derechos preferentes, debe atenderse, en primer término, al texto constitucional.-Categóricamente, la fracción XXIII del artículo 123 constitucional, previene que los créditos en favor de los trabajadores, por salario o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.-Las únicas indemnizaciones de aquella naturaleza que menciona el texto constitucional, están comprendidas en las fracciones XXI y XXII del mismo artículo 123. Dispone la primera de ellas que ‘Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto.’. La segunda fracción mencionada consigna: ‘El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario.-La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.’.-Es perceptible que las indemnizaciones a que se refiere el texto constitucional, como créditos preferentes, junto con los salarios deducidos en el último año de servicios, se limitan al importe de tres meses de salario, que el patrón debe cubrir al obrero cuando se niegue a someter sus diferencias al arbitraje o no acepte el laudo pronunciado por la Junta; cuando despida al obrero sin causa justificada, o bien, el obrero se retire del servicio en virtud de falta de probidad del patrón y cuando éste o sus familiares hagan víctima al obrero de malos tratamientos.-Sólo en una hipótesis, de carácter excepcional, inserta en la fracción XXII, el término ‘indemnización’ tiene alcance distinto del señalado: cuando el patrono puede ser eximido de cumplir el contrato de trabajo. En esta hipótesis, de manera expresa, se deja a la ley reglamentaria regular lo que corresponda; así que con ella no se desautoriza el concepto genérico del propio término ‘indemnizaciones’.-La Ley Federal del Trabajo confirma los conceptos anteriores. Su artículo 113 previene que ‘los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores, son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón.’. Se reitera así, el imperativo que contiene la fracción XXII (sic) del artículo 123 constitucional, aun cuando el precepto reglamentario particularice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores, tienen preferencia sobre cualquier otro crédito, ‘incluidos los que disfruten una garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón’.-Las indemnizaciones a que se refiere el artículo 113 mencionado, corresponden al concepto genérico de ese término, que consignan las fracciones XXI y XXII del artículo 123 constitucional; pero no comprenden el caso excepcional que engloba la segunda de estas fracciones, pues la Ley Federal del Trabajo regula, separadamente, dicha hipótesis de excepción.-En efecto, la Ley Federal del Trabajo, después de determinar que los contratos de trabajo ‘obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad’ (artículo 31); de consignar minuciosamente las causas de rescisión del contrato de trabajo, sin responsabilidades para el patrón (artículo 47) y de establecer que ‘el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario’ (artículo 48), señala los requisitos que deben satisfacerse para que el patrón quede eximido ‘de la obligación de reinstalar al trabajador’ (artículo 49). Por su parte, el artículo 50 de la misma ley, impone al patrón que desea eximirse de reinstalar al trabajador, la obligación de cubrir a éste ‘una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados’, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado, menor de un año; una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios, si la relación de trabajo excede de un año; veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, cuando la propia relación fuere por tiempo indeterminado y ‘además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos, desde la fecha del despido, hasta que se paguen las indemnizaciones’.-A través de las prevenciones anteriores, se cumple el mandato constitucional, regulándose la hipótesis de excepción que comprende la fracción XXII del artículo 123 constitucional, así que las reglas correspondientes deben regir, en exclusiva, el caso de excepción.-Este tribunal pronunció ejecutoria con fecha dieciséis de julio de mil novecientos setenta y uno, dentro del juicio de amparo número 235/71, promovido por Ricardo Argüijo Flores y Antonio Uribe Cortés, donde considera: ‘Si la fracción XXIII del artículo 123 constitucional establece que son preferentes los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año y las fracciones XXI y XXII preceptúan que si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto y que cuando el patrono despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario; de tales disposiciones aparece que al referirse a la indemnización lo hacen en el sentido de verificar el pago de tres meses de salario además de las demás responsabilidades que resulten del conflicto, de ello se infiere que la Constitución establece como crédito preferente, refiriéndose a las dos indemnizaciones, sólo la indemnización constitucional que es el pago de tres meses de salario. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, al hablar de la preferencia de créditos, dice que tienen tal carácter los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón, pero estas indemnizaciones no pueden referirse a las que establece el artículo 50 porque este dispositivo enumera aquellas indemnizaciones a que se tiene derecho en relación al supuesto que establece el artículo que le precede, entre las que deben considerarse los salarios devengados, los de los séptimos días y días festivos, aun cuando tengan una vigencia muy anterior al último año y los posteriores salarios vencidos, pero las indemnizaciones preferentes son aquellas que constitucionalmente se mencionan en las fracciones del artículo 123 citado y en forma sustantiva por el artículo 113 también citado y si este precepto únicamente se refiere a los salarios devengados en el último año, quiere decir, que en tratándose de salarios se excluyen todos los demás, cualquiera que sea su origen o procedencia, aun cuando sean aquellos que el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo considera como indemnización. En tal virtud, los salarios caídos no quedan incluidos en la enumeración preferencial que contemplan los artículos 123 constitucional, en sus fracciones XXI, XXII y XXIII y 113 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, la resolución impugnada que así lo determina, no implica violación de garantías.’.-El tribunal considera, finalmente, que en este caso sería profundamente inmoral desconocer la preferencia que tienen los trabajadores promoventes de la tercería, para obtener el pago de la indemnización de tres meses de salario y el de los salarios correspondientes al último año de servicios prestados, por el solo hecho de que otros trabajadores, afiliados al sindicato tercero perjudicado, embargaron los bienes de la empresa en primer término, permitiéndose con ello que éstos últimos satisfagan, además de los créditos preferentes de que son titulares, también por el importe de tres meses de indemnización y de los salarios devengados en el último año de servicios, otra serie de prestaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5762-323e7654/creditos-preferentes-la-fraccion-xxiii-del-articulo-123 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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