Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN LABORAL. EL AUTO INICIAL NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA CALIFICAR LA PROCEDENCIA O NO DE LA ACCIÓN EJERCITADA POR LOS ASEGURADOS O SUS BENEFICIARIOS EN CONTRA DEL INSTITUTO, POR EL HECHO DE NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/98. · Registro digital (IUS): 5942
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO) Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO D
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 750.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO) Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: HUGO GUZMÁN LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete; en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia del trabajo.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que fue realizada por el apoderado general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el tercero perjudicado en los juicios de amparo antes indicados.

TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito) y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito al fallar los juicios de amparos directos laborales número 41/98, promovido por Rubén de Alba Calderón fallado el veintiocho de enero; 171/98, promovido por Juan Delgado Ruiz, fallado el veintiocho de marzo; 172/98, promovido por Miguel Díaz Salas, fallado el dieciocho de marzo; 293/98, promovido por María Juana Magdalena López Reyes, fallado el veinticinco de febrero y 385/98 promovido por Ignacio Fernando Hernández González fallado el once de marzo, todos de mil novecientos noventa y ocho; y, DT. Laboral 13949/97 promovido por Odilón Jacobo Pérez, fallado el siete de enero de mil novecientos ochenta y ocho.

Amparo directo laboral: 41/98.

"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado, es competente para conocer del presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción V, inciso d) de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se combate un auto en materia laboral, dictado por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito judicial, contra la que no procede ulterior recurso.-SEGUNDO.-La demanda de garantías fue presentada dentro del término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues el auto reclamado fue notificado personalmente a la parte quejosa, el siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, de modo que surtió sus efectos el mismo día, y los quince días referidos anteriormente, comenzaron a correr el día posterior, terminando el primero de diciembre del año en cuestión, luego entonces, la demanda de amparo aludida se presentó en tiempo, pues ello ocurrió el doce de noviembre del año próximo pasado.-Del término anterior se descuentan los días quince, dieciséis, veinte, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por ser inhábiles.-TERCERO.-La existencia del acto reclamado se acreditó con el informe justificado y el original de los autos remitidos.-CUARTO.-La autoridad responsable fundó el acto reclamado en las siguientes consideraciones: ‘Aguascalientes, Ags., veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete.-A sus autos el escrito que presenta el Lic. Baldomero Mora Rodríguez, apoderado de la parte actora, con fecha de sello de recibido veintidós de septiembre del año en curso, anexando el recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo no acompaña la resolución que haya dictado a ese respecto ese instituto, por lo tanto en términos de lo que establece el artículo 295 de la nueva Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio, el cual dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que dicha ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debiendo de agotar previamente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 294 de la mencionada ley, en consecuencia si bien es cierto que el actor interpuso el mencionado recurso; también lo es que no ha sido agotado el mismo, por lo que se ordena el archivo del expediente para los efectos legales a que haya lugar.-Se comisiona a la actuaria adscrita a esta Junta para que notifique a la parte actora el presente acuerdo.-Notifíquese personalmente.-Así lo proveyeron y firmaron los CC. Representantes que integran la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal y Conciliación y Arbitraje. Doy fe.’ (Lo anterior es literal).-QUINTO.-Se hicieron valer los siguientes conceptos de violación: I. Esta resolución que se impugna es violatoria de las garantías de audiencia, legalidad y de seguridad jurídica que están contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sin concederme el beneficio constitucional de audiencia para defender mis derechos, a través de ella, la responsable aplicó en forma retroactiva y en mi perjuicio disposiciones de la nueva Ley del Seguro Social de fecha primero de julio de 1997, porque si bien es cierto que los artículos 44 (sic) y 295 de dicho ordenamiento legal establecen que antes de incoar una demanda en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, previamente el trabajador debe ejercitar el recurso de inconformidad, en los términos de lo que establece el artículo 294 del propio ordenamiento legal invocado, también es cierto que los artículos quinto y undécimo transitorios de dicha ley, establecen literalmente que: ‘Los derechos adquiridos por quienes se encuentran en periodos de conservación de los mismos, no serán afectados por la entrada en vigor de esta ley y sus titulares accederán a las pensiones que les correspondan conforme a la ley que se deroga’ (sic) y ‘Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada y riesgo de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente ley.’ (sic) respectivamente, luego entonces y tomando en consideración que me encuentro precisamente dentro de los supuestos jurídicos que establecen estos últimos dispositivos legales transcritos, ya que fui inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguros Social por la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, a partir del día 17 de febrero de 1979, esto es, con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, y que los supuestos legales de los siniestros se cumplieron cuando sufrí los accidentes de trabajo que relacioné en el punto 2 de los hechos de mi demanda, también con anterioridad al inicio de la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, hechos jurídicos que dieron pábulo a la consecución de derechos adquiridos por mi parte, encontrándome precisamente dentro del término de conservación de derechos que establece el artículo 280 de la Ley del Seguros Social de fecha primero de abril de 1973, y además debiendo de considerarse que en forma expresa me acogí a los beneficios de esta última ley citada, ya que así lo mencioné en el inciso a) del proemio de mi demanda, por lo tanto, y ante esta perspectiva jurídica, resulta inconcuso que debo de tener acceso a la pensión de incapacidad total permanente que demandé ante la Junta responsable, precisamente conforme a los lineamientos legales de la Ley del Seguro Social de fecha primero de abril de 1973, dándose el caso que dicha ley decreta literalmente en su artículo 275 lo siguiente: ‘Las controversias entre sus asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad que establece el artículo anterior.’ (sic).-Resultando perjudicial para el suscrito, la aplicación retroactiva de la nueva Ley del Seguro Social de fecha primero de julio de 1997, por parte de la responsable, porque en sí mismo este acto al impedirme que me acoja a los beneficios que otorga la Ley del Seguro Social de fecha primero de abril de 1973, de conformidad con lo establecido por los artículos quinto y undécimo transitorios de la nueva Ley del Seguro Social de fecha primero de julio de 1997, conculcó en mi perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y de seguridad jurídica que están instituidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que implica un acto de privación y un menoscabo en los derechos que forman parte de mi patrimonio, toda vez que dicha privación se traduce en una merma en mi esfera jurídica, determinada por el egreso de un bien inmaterial (derecho) constitutiva a su vez del despojo y la impedición para ejercitar un derecho, lo que encierra de igual forma el obstaculizar que el suscrito alcance en forma definitiva los beneficios de la seguridad social derivados de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el día primero de abril de 1973.-II. Por otra parte, la resolución que se impugna resulta anticonstitucional porque es contraria a la letra de la ley aplicable a mi caso concreto y específico, toda vez que la Junta responsable debiendo de aplicar lo estatuido por la Ley del Seguro Social de fecha primero de abril de 1973, de conformidad a los razonamientos esgrimidos y planteados por mi parte en el anterior apartado, y a cuyo texto, en óbice de repeticiones inútiles me remito, aplicó en forma incongruente y retroactivamente disposiciones legales emanadas de la nueva Ley del Seguro Social, violando en mi perjuicio lo que establecen el segundo párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo vigente y el cuarto párrafo del artículo 14 de nuestra Ley Fundamental y por lo mismo de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que dimanan de dicho precepto constitucional, motivo por el cual considero que este Alto Tribunal debe de concederme el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que se aplique el derecho en forma justa, siendo aplicable en lo concerniente, la jurisprudencia de la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: ‘JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, INTERPRETACIÓN DE LA LEY POR LAS.-Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no son soberanas para la interpretación de la ley, ni para la aplicación del derecho; si lo fueran, habiéndoseles ya reconocido soberanía para fijar los hechos y apreciar las pruebas, la intervención de la Justicia Federal contra sus actos sería ociosa, llegándose a la creación de un tribunal sustraído a toda jurisdicción que hiciera ajustar los actos del mismo a los mandatos de la Constitución; por tanto, si se afirma que una Junta ha interpretado indebidamente la Carta Fundamental, no se desconoce la soberanía de esa Junta, porque no se trata de apreciación de pruebas, ni de la deducción de hechos, sino de un caso de interpretación de ley, que no constituye acto propio de la soberanía de las Juntas.’. Jurisprudencia 94. Quinta Parte, Tomo XXXIV. Página 511. Revisión 3318/28. Miguel Santillán y otros. Cuatro votos. Tomo XXXIV, página 608. Revisión 3859/31. Ferrocarriles Nacionales de México. Cinco votos. Tomo XXXIV, página 1497. Revisión 704/28. Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros. Cinco votos.-III. Asimismo la Junta responsable con el acto que se impugna, violó en mi perjuicio el artículo 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el cual establece textualmente que: ‘Las diferencias en los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patrones y uno del gobierno.’ (sic) y consecuentemente también conculcó en mi perjuicio la garantía de justicia social contenida sustancialmente dentro de este precepto constitucional y de cuya transcripción se puede deducir en forma apodíctica que este dispositivo constitucional que los trabajadores debamos agotar previamente algún recurso de inconformidad antes de acudir a deducir derechos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por motivo de haber sufrido un riesgo de trabajo; y en forma análoga en el título catorce de la Ley Federal del Trabajo, referente al derecho procesal del trabajo, en ninguna de sus partes establece que sea necesario agotar previamente tal recurso, para posteriormente poder acudir ante la Junta responsable para solicitar la dicción del derecho y en tal virtud, el acto que se impugna y que me impidió recurrir en forma directa ante la Junta responsable a deducir derechos, es decir, sin agotar previamente el recurso de inconformidad a que se refiere la responsable en su resolución de fecha 28 de octubre de 1997, constituye un acto de autoridad que violó en mi perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, establecidas en el artículo 14 de nuestra Carta Magna Fundamental, tomando en consideración la preeminencia que tiene el artículo 123 de la Constitución Política Federal sobre cualquier ley reglamentaria, para efecto de que los obreros podamos recibir a la mayor brevedad posible, los beneficios correspondientes a los siniestros de carácter laboral que suframos, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia firme de la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, señalando lo siguiente: ‘TRABAJO, CONFLICTO ENTRE EL CAPITAL Y EL.-Conforme a la fracción XX del artículo 123 constitucional, los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, integrada en la forma que el mismo precepto previene, y si otra autoridad cualquiera, se aboca al conocimiento de esos conflictos, indudablemente carece de competencia para resolverlos y con ello viola las garantías individuales de los interesados.’.-Quinta Época. Tomo XXIII. Alfredo Perezcano. P. 918. Tomo XVI. Cía. Industrial de Orizaba, S.A., P. 1217. Tomo XXII. Agustín Limón. P. 219. Tomo XXV. Basilio Bados. P. 507. Tomo XXVI. Juan Sosa Martínez y coags. P. 1197. Jurisprudencia. Quinta Época, página 286, Volumen Cuarta Sala, Quinta Parte. Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 1917-1965.-IV. Toda vez que la resolución que se impugna puso fin al juicio quedó instaurado y registrado ante la Junta responsable con el número 224/97 de conformidad a lo que establece el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo y tomando en consideración que con respecto a dicha resolución no procede ningún recurso ordinario por el que pueda ser modificada o revocada tal resolución, de acuerdo a lo decretado por el artículo 848 de la propia ley laboral, considero que es procedente esta demanda de garantías de conformidad a lo señalado en el artículo 158 de la Ley de Amparo vigente, en concordancia y relación con lo que establece el tercer párrafo del artículo 46 de la invocada Ley de Amparo y tomándose en consideración que con dicha resolución se violó en mi perjuicio las garantías individuales que están contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según lo relacioné en los anteriores párrafos de este escrito (Lo anterior es literal).-SEXTO.-Es infundada la causa de improcedencia aducida por el tercero perjudicado, Instituto Mexicano del Seguro Social, en su escrito de alegatos presentado en la oficialía de partes de este tribunal, el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-En efecto, en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo en vigor.-Lo anterior es así, teniendo en cuenta que hay interés jurídico, cuando se cuenta con un derecho, derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta, y en el presente juicio el quejoso estima que cuenta con tal facultad, al haber acudido a esta instancia constitucional con motivo del desechamiento de su demanda, por parte de una Junta de Conciliación y Arbitraje.-En esas condiciones, la determinación de si existe o no afectación al interés jurídico del hoy impetrante, será materia del estudio de fondo de la litis planteada en este amparo. Razón por la que no existe improcedencia.-En virtud de que no se advierte ninguna causa de improcedencia, este Tribunal Colegiado entra al estudio del fondo del negocio.-SÉPTIMO.-Son infundados los conceptos de violación planteados.-Aduce el quejoso, que la Junta responsable, al emitir el proveído de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, conculcó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al privarlo del derecho de audiencia, además de causar un menoscabo en sus derechos patrimoniales, lo que se traduce en una merma a su esfera jurídica, porque obstaculiza el derecho que posee en relación a los beneficios de seguridad social existentes en nuestro país; que la responsable, en la resolución impugnada, aplicó retroactivamente y en su perjuicio, disposiciones contempladas en la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, debido a que ordenó el archivo del expediente 224/97, en virtud de que Rubén de Alba Calderón no dio cabal cumplimiento al requerimiento que le hiciera la Junta responsable, en el sentido de proporcionar tanto la fecha de interposición como de resolución del recurso de inconformidad a que hace alusión en su demanda laboral; que además, la misma fundamenta el acto reclamado en lo dispuesto por el artículo 295 del ordenamiento legal en cita, que establece: ‘Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que esta ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debiéndose agotar previamente el recurso de inconformidad que establece el artículo anterior.’ (transcripción literal).-No le asiste la razón al peticionario de garantías al aducir que la nueva Ley del Seguro Social fue inexactamente aplicada; y que se invocó retroactivamente.-Se afirma lo anterior, porque el artículo 295 de la nueva Ley del Seguro Social, ahora en vigor, que establece que: ‘los asegurados o beneficiarios podrán ventilar sus controversias con el instituto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero una vez agotado el recurso de inconformidad’.-De lo anterior se sigue que la Junta responsable actuó legalmente al haber aplicado ambos preceptos 294 y 295 de la nueva Ley del Seguro Social en el acto reclamado, en virtud de que, de las constancias del expediente laboral 224/97, que se tiene a la vista, se advierte que la demanda ante la Junta laboral responsable fue presentada por el hoy quejoso el día veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, cuando estaba en vigencia la nueva Ley del Seguro Social, que entró en vigor el día primero de agosto del año en cita.-Luego, en este ordenamiento, particularmente en el ya invocado precepto 295, se establece la obligatoriedad de agotar previamente el recurso de inconformidad antes de acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo tanto es evidente que no existe aplicación retroactiva de la ley por parte de la responsable. Toda vez que a lo que debe atenderse es al hecho de que cuando el impetrante presentó su demanda laboral, ya estaba vigente el nuevo ordenamiento de seguridad social donde se exige el agotamiento de un medio de defensa ordinario, que antes era optativo tramitarlo para los beneficiarios o asegurados antes de instaurar la controversia laboral.-Consecuentemente, si de acuerdo con la ley de seguridad social que estaba vigente cuando el hoy peticionario de amparo escogió tramitar el recurso de inconformidad antes de acudir a la Junta, estaba abierta la opción de tramitar el recurso de inconformidad o la controversia laboral, y como se dijo, el quejoso decidió lo primero, es claro que el recurso de inconformidad que promovió que aún no ha sido resuelto, según las constancias que se tienen a la vista, debe seguir su trámite al amparo de las disposiciones de la ley que estaba vigente al momento de su interposición, pero ello obviamente, origina el considerar que el hoy quejoso ya está cumpliendo con la exigencia de la nueva ley, en el sentido de que debe agotarse previamente el recurso de inconformidad antes de acudir a la Junta laboral, puesto que, sin que obste cuál de los ordenamientos en cita estaba en vigencia cuando se promovió el recurso de inconformidad por parte del quejoso lo cierto es que debe tenerse presente que a partir del día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, tratándose de controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus beneficiarios o asegurados, debe necesariamente agotarse el precisado recurso antes de poder acudir ante la autoridad laboral, y en el caso, el impetrante acudió ante la Junta, el día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, es decir, cuando ya resultaba obligatorio el haber agotado el recurso, razón por la que, al aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 294 y 295 de la nueva Ley del Seguro Social, la autoridad responsable no aplica retroactivamente la ley, en virtud de que el quejoso ya está colocado en la hipótesis vigente.-En otro orden de ideas, de autos se desprende que el quejoso interpuso el recurso de revisión de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha doce de junio de mil novecientos noventa y seis, por lo tanto, al haber optado por un recurso ordinario, en el cual se puede obtener la prestación que reclama, consistente en la asignación de una pensión, derivada de una enfermedad calificada como profesional, sin que se haya resuelto tal recurso, en consecuencia, no está el quejoso en aptitud de solicitar simultáneamente la instauración del juicio laboral, porque las vías legales conducentes, en el caso, el recurso de inconformidad y el proceso laboral, podrían culminar con resoluciones contradictorias; luego entonces, si de autos se desprende que no se ha resuelto el recurso interpuesto por el quejoso, es necesario esperar a la resolución del mismo, para que, en caso necesario, éste haga valer los derechos a los que se estima acreedor, en la forma y vía correspondientes.-Por otro lado, si bien es cierto que a partir de la fecha de interposición del multicitado recurso ha transcurrido con exceso el término que señala la ley reglamentaria para la resolución del mismo, también lo es que esa circunstancia no puede ser materia de la litis planteada en este juicio.-El tercer concepto de violación expuesto por el impetrante resulta infundado, porque en éste se habla de conflictos entre el capital y el trabajo, situación que se encuentra prevista por el apartado A, fracción XX del artículo 123 de la Constitución Federal; por lo tanto, tal hipótesis no se actualiza en el caso, porque la parte demandada en el juicio laboral intentado, no tiene el carácter de patrón para el quejoso.-El cuarto y último concepto de violación resulta de igual forma infundado, en razón de que si bien es cierto que contra el acto que se reclama no procede recurso alguno por el que pueda ser modificado o revocado, resultando procedente este juicio, también lo es que la procedencia de esta instancia constitucional ya no está sujeta a debate en este momento, por haber sido materia de estudio oficioso que en términos del artículo 73, última parte, de la Ley de Amparo, este tribunal está obligado a realizar antes de entrar al análisis de la litis planteada.-En esa tesitura, como no se advirtió ninguna violación de garantías que debiera invocarse de oficio en suplencia de la queja en términos del artículo 76 bis fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se ha solicitado."

Amparo directo laboral: 171/98.

"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-El presente juicio de amparo fue promovido en tiempo de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, lo anterior es así porque la notificación del laudo que constituye el acto reclamado, se tuvo por legalmente hecha al quejoso a través de su apoderado legal, Baldomero Mora Rodríguez, el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la cual surtió sus efectos el mismo día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el término de quince días a que alude el artículo citado en primer término, comenzó a correr a partir del diez del mes en cita y concluyó el veinte de enero del año en curso, descontándose por ser inhábiles los días trece, catorce, dieciséis al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, así como del uno al cuatro del año en curso, según consta en la certificación que aparece al reverso de la demanda de garantías; luego, si la demanda se presentó el cinco de enero del presente año, su presentación fue oportuna.-TERCERO.-La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado que rindió la responsable, al que acompañó los autos respectivos.-CUARTO.-El proveído reclamado se apoyó en las siguientes consideraciones: ‘Aguascalientes, Ags., a dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-Por recibido el escrito de Juan Delgado Ruiz, con fecha de sello de recibido primero de diciembre del año en curso.-Atento a su contenido se hace del conocimiento del promovente que de conformidad con lo que establece el artículo 295 de la nueva Ley del Seguro Social, que entró en vigor el primero de julio del año actual, el cual dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que dicha ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debiéndose agotar previamente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 294 de ese mismo ordenamiento legal; en consecuencia, y toda vez que no acredita haber agotado el mencionado recurso, se ordena archivar el expediente para todos los efectos legales a que haya lugar.-Notifíquese personalmente a la parte actora.-Así lo acordaron y firman los CC. Representantes que integran la Junta Especial 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Doy Fe.’.-QUINTO.-El quejoso Juan Delgado Ruiz, manifestó como conceptos de violación esencialmente los siguientes: I. Esta resolución que se impugna es violatoria de las garantías de audiencia, legalidad y de seguridad jurídica que están contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sin concederme el beneficio constitucional de audiencia para defender mis derechos, a través de ella, la responsable aplicó en forma retroactiva y en mi perjuicio, disposiciones de la nueva Ley del Seguro Social de fecha primero de julio de 1997, porque si bien es cierto que los artículos 44 y 295, de dicho ordenamiento legal establecen que antes de incoar una demanda en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, previamente el trabajador debe ejercitar el recurso de inconformidad, en los términos de lo que establece el artículo 294 del propio ordenamiento legal invocado, también es cierto que los artículo quinto y undécimo transitorios de dicha ley, establecen literalmente que: ‘Los derechos adquiridos por quienes se encuentran en periodo de conservación de los mismos, no serán afectados por la entrada en vigor de esta ley y sus titulares accederán a las pensiones que les correspondan conforme a la ley que se deroga. ...’ y ‘Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgo de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente ley.’, respectivamente luego entonces, y tomando en consideración que me encuentro precisamente dentro de los supuestos jurídicos que establecen estos últimos dispositivos legales transcritos, ya que fui inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el día 5 de mayo de 1981 por la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, esto es con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, y que los supuestos legales de los siniestros se cumplieron cuando sufrí los accidentes de trabajo que relacioné en los puntos 2, 3 y 4 de los hechos de mi demanda, también con anterioridad al inicio de la vigencia de la nueva Ley del Seguro Social, hechos que dieron pábulo a la consecusión de derechos adquiridos por mi parte, encontrándome precisamente dentro del término de conservación de derechos que establece el artículo 280 de la Ley del Seguro Social de fecha primero de abril de 1973, y además, debiendo de considerarse que en forma expresa me acogí a los beneficios de esta última ley citada, ya que así lo mencioné en el i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5942-4040b8c0/accion-laboral-el-auto-inicial-no-es-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.