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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER, TRATÁNDOSE DE UNA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y 18 DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 489.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Debe examinarse en primer lugar si existe la contradicción de criterios denunciada.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 3347/2001, promovido por Inmobiliaria Vaqueritos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia pronunciada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo 878/2000, en la parte que interesa, dictó la resolución siguiente:

"Es fundado el sexto agravio. Conforme al artículo 18 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, entre los requisitos que debe reunir la orden se encuentra previsto el relativo a indicar el nombre, denominación o razón social del visitado y, en el caso concreto, la orden se dirigió al propietario o poseedor del inmueble, sin especificar su nombre, resultando pertinente hacer notar que el artículo 16 de la Constitución Federal condiciona el desahogo de las visitas domiciliarias a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos; por tanto, es requisito constitucional cumplir con los requisitos establecidos en la ley rectora del acto, lo contrario se traduce en una violación al precepto constitucional citado, pues evidentemente dicho acto no se apega a las formalidades exigidas por la ley aplicable; en consecuencia, fue incorrecta la determinación del Juez relativa a que en el caso, no obstante la omisión de especificar el nombre del propietario, la orden de verificación resulta legal en tanto que la quejosa identificó el inmueble como de su propiedad, ya que no se está cuestionando la identidad del inmueble, sino que la orden incumplió con un requisito constitucional; por otra parte, si bien el objeto de la orden consistió en verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en diversos preceptos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, es obvio que la diligencia para constatar tal hecho será desahogada con el interesado o su representante legal e incluso con el ocupante del inmueble, por tanto, no es posible admitir que por la circunstancia de que la verificación se vincula con éste, no era necesario precisar el nombre de su propietario o poseedor, como resolvió el Juez, pues lo que cuestionó la quejosa fue el incumplimiento de un requisito exigido por la ley reguladora del acto que por mandamiento constitucional tiene que acatarse. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida en la Séptima Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo III, Parte SCJN; Tesis: 183; Página: 126; que dice: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural, «... sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos» y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular.’."

Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil dos, al resolver el amparo en revisión 56/2002-736, interpuesto por la directora general Jurídica y de Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Cuauhtémoc, en contra de la sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en los autos del juicio de amparo 917/2001, precisó:

"SEXTO. ... Es fundado el agravio sintetizado con anterioridad. En efecto, se estima necesario realizar el estudio de lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a los requisitos que debe cumplir la autoridad administrativa para llevar a cabo actos de molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, a fin de estar en posibilidad de determinar si la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera (sic) que se encuentra dirigida al propietario, conductor y/o tenedor de la unidad, resulta violatoria del numeral en cuestión. Dicho precepto, en la parte que interesa previene: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ... En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. ... La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. ...’. Del examen del numeral transcrito se observa que prevé diversos requisitos a los cuales debe sujetarse la autoridad administrativa cuando ejerza sus facultades de comprobación, entre ellas, las que tengan la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados, señalando como uno de ellos que su ejercicio se debe ajustar a lo dispuesto por las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Los requisitos aludidos son los siguientes: a) que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito; b) que sea emitido por autoridad competente; c) que funde y motive la causa legal del procedimiento; d) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; e) que señale la persona o personas a las cuales se dirige; f) que precise el objeto de la visita; g) que se levante un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos; h) que el visitado sea quien designe a los testigos y, únicamente en su ausencia o ante su negativa, la autoridad que practique la diligencia podrá designarlos; y, por último, i) que se sujete a lo dispuesto por las leyes respectivas. En cuanto al último inciso, la autoridad administrativa debe ajustar su actuación a lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, el cual establece los requisitos a los que debe sujetarse la autoridad al momento de emitir cualquier acto administrativo que se deba notificar al gobernado, así como los requisitos que debe contener una orden de visita que tenga por objeto verificar que los establecimientos mercantiles han cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de riesgos de salud y seguridad pública. El citado precepto legal dispone lo siguiente: ‘Artículo 18. Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada mediante orden escrita de la autoridad competente. Esta orden deberá reunir los requisitos siguientes: I. Lugar y fecha de expedición; II. Número de expediente que le corresponda; III. Nombre, denominación o razón social del visitado; IV. Domicilio del visitado o ubicación del establecimiento en el que se desahogará la visita de verificación; V. Objeto y alcance de la visita de verificación; VI. Fundamentación y motivación jurídicas; VII. Nombre del verificador que habrá de realizar la visita y número de su credencial; VIII. Cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que expida la orden de visita de verificación; IX. El número telefónico del sistema a que se refiere el artículo 9o. de este reglamento; X. Autoridad a la que se puede dirigir el visitado para formular quejas sobre la visita de verificación, especificando el domicilio de ella, y XI. Los demás que señalen los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.’. Del texto anterior se desprende que los requisitos que establece el numeral en comento, son: a) constar por escrito y por autoridad competente; b) lugar, fecha y número de expediente; c) nombre, denominación o razón social del visitado; d) domicilio del visitado o ubicación del establecimiento en que se desahogará la visita de verificación; e) estar debidamente fundado y motivado; f) expresar el objeto y el alcance de la visita de verificación; g) cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que expida la orden de visita de verificación, nombre del verificador y el número de su credencial; h) número telefónico del sistema a que se refiere el artículo 9o. de dicho reglamento y la autoridad a la que se puede dirigir el visitado para formular quejas sobre la visita de verificación, especificando el domicilio de ella. Una vez precisado lo anterior, se estima conveniente analizar, a la luz de las leyes administrativas, los diversos tipos de facultades con que cuenta la autoridad administrativa en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., fracción X, 4o., 5o., 6o., 7o. y 21 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, y que sirven de fundamento para expedir actos de molestia como el verificar y comprobar que los propietarios de los establecimientos mercantiles han cumplido cabalmente las disposiciones legales y reglamentarias para lo cual fue expedida la licencia de funcionamiento. Los preceptos aludidos en el párrafo que antecede disponen lo siguiente: Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal. ‘Artículo 1o. El presente ordenamiento tiene por objeto regular las visitas de verificación administrativa que practique la administración pública del Distrito Federal, en las materias siguientes: protección civil; preservación del medio ambiente y protección ecológica; protección de animales; salud; deporte; discapacitados; agua y drenaje; establecimientos mercantiles; estacionamientos públicos; construcciones y edificaciones; anuncios; desarrollo urbano y uso del suelo; mercados, rastros y abasto; cementerios y servicios funerarios; espectáculos públicos; turismo y servicios de alojamiento, y protección de no fumadores. En el caso de los organismos descentralizados, el presente ordenamiento sólo será aplicable, cuando emitan actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los particulares.’. ‘Artículo 3o. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: ... X. Visita de verificación: La diligencia de carácter administrativo que ordena la autoridad con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los particulares.’. ‘Artículo 4o. Las visitas de verificación podrán ser ordinarias y extraordinarias. Toda visita de verificación ordinaria deberá practicarse al día hábil siguiente en que el verificador reciba la orden respectiva. Este término será improrrogable. La inobservancia de lo dispuesto por el párrafo anterior, será motivo de responsabilidad administrativa, conforme a la ley de la materia.’. ‘Artículo 6o. Las visitas de verificación extraordinarias podrán practicarse en cualquier tiempo y procederán en los casos siguientes: I. Cuando exista denuncia escrita que contenga, por lo menos, el nombre y firma del denunciante, su domicilio, la ubicación y la descripción de los hechos que constituyan las probables omisiones o irregularidades; II. Cuando por conducto de autoridades federales o locales, la autoridad tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de algún ilícito; III. En el caso de que la autoridad, al realizar la revisión de la documentación presentada para obtener autorizaciones, licencias o permisos, se percate de la existencia de posibles irregularidades imputables al interesado o de que éste se condujo con falsedad; IV. Cuando la administración pública tenga conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en algún establecimiento; V. Cuando en una visita de verificación ordinaria, el visitado proporcione información falsa o se conduzca con dolo, mala fe o violencia, y VI. Cuando la autoridad tenga conocimiento de que existe inminente peligro para la integridad física de las personas, la salud, la seguridad pública o el medio ambiente.’. ‘Artículo 7o. En materia de visitas de verificación, la administración pública tendrá las facultades siguientes: I. Comprobar que la actividad de los particulares se realice de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; II. Imponer las sanciones por las infracciones que, con motivo de las omisiones o irregularidades detectadas en las visitas de verificación, procedan en los términos de las leyes o reglamentos aplicables; III. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizado el registro de verificadores y el padrón; IV. Dictar las medidas de seguridad que sean necesarias, como resultado de la visita de verificación, en los casos en que se ponga en riesgo la salud o la seguridad pública, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables; V. Mantener un programa de orientación, información y quejas en materia de verificación; VI. Desarrollar un programa permanente de simplificación, modernización y mejoramiento de las visitas de verificación; VII. Proporcionar información a los propietarios o representantes de las empresas o establecimientos que lo soliciten, a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia; VIII. Difundir los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las irregularidades en materia de verificación, y IX. Las demás que le atribuyan los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.’. ‘Artículo 21. En los casos de las fracciones IV y VI del artículo 6o., cuando el verificador no encuentre al visitado, la visita se practicará con la persona que esté en el domicilio, sin necesidad de citatorio y bajo su estricta responsabilidad tomará las medidas necesarias y dará aviso a las autoridades.’. De los preceptos legales transcritos con anterioridad, se desprende que el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal tiene por objeto regular las visitas de verificación administrativa que practique la administración pública del Distrito Federal, entre otras materias, en lo relacionado con establecimientos mercantiles, para el efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los particulares. También se observa que las visitas de verificación que refiere el párrafo que antecede podrán ser ordinarias y extraordinarias, por lo que en tratándose de visitas de verificación extraordinarias, éstas podrán practicarse en cualquier tiempo y procederán en los casos siguientes: I. Cuando exista denuncia escrita y en ella se describan los hechos que constituyan las probables omisiones o irregularidades; II. Cuando por conducto de las autoridades federales o locales, la autoridad tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de algún ilícito; III. En el caso de que la autoridad estuviese realizando la revisión de la documentación presentada para obtener autorizaciones, licencias o permisos, y advirtiera la existencia de posibles irregularidades imputables al interesado o de que éste se condujo con falsedad; IV. Cuando la administración pública tenga conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en algún establecimiento; V. Cuando en una visita de verificación ordinaria, el visitado proporcione información falsa o se conduzca con dolo, mala fe o violencia, y VI. Cuando la autoridad tenga conocimiento de que existe inminente peligro para la integridad física de las personas, la salud, la seguridad pública o el medio ambiente. Asimismo, se destaca el hecho de que en materia de visitas de verificación, la administración pública tendrá facultades para comprobar que la actividad que los particulares realicen sea de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y, en caso contrario, imponer las sanciones por las infracciones con motivo de las omisiones o irregularidades detectadas en las visitas de verificación o dictar las medidas de seguridad que sean necesarias como resultado de la visita de verificación, en los casos en que se ponga en riesgo la salud o la seguridad pública. Por último, se advierte que en los casos de las fracciones IV y VI del artículo 6o., cuando el verificador no encuentre al visitado, la visita se practicará con la persona que esté en el domicilio, sin necesidad de citatorio y bajo su estricta responsabilidad tomará las medidas necesarias y dará aviso a las autoridades. Cabe destacar que en todos estos casos existe la necesidad de que el ejercicio de las facultades de las autoridades se realice en estricto acatamiento a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo que disponen los artículos antes transcritos, pues de lo contrario se violarían, en perjuicio de los gobernados, las garantías de legalidad y de seguridad jurídica consagradas por nuestra Constitución, por lo que necesariamente las órdenes que al efecto se emitan deben constar por escrito, estar firmadas y emitidas por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, el objeto de la misma, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. Resulta aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/99, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cuarenta y tres, y que textualmente establece: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, DEBE PRECISAR EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN. El análisis relacionado de los artículos 29, 29-A, 43 y 49 del Código Fiscal de la Federación, permite advertir que aun cuando la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento del contribuyente a las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, tiene sus particularidades y debe sujetarse a reglas específicas en su realización, en realidad no constituye más que una modalidad en el ejercicio de las facultades de comprobación que, como potestad del Estado, se otorga a las autoridades fiscales en el ordenamiento mencionado; en estas condiciones, la orden relativa para la práctica de esta clase de visitas, también debe sujetarse a los requisitos que prevé el numeral38 del citado código, así como a los que el Constituyente estableció en el artículo 16 de la Ley Suprema, de cuyo contenido se desprende que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado, elevada a garantía individual y sólo se autoriza mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, entre ellos, que la orden de visita domiciliaria, a similitud de los cateos, como acto de molestia debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se exprese el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, que es a lo que debe limitarse la diligencia respectiva y que al concluirla se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia, como en reiteradas ocasiones lo ha considerado la Segunda Sala de este Alto Tribunal. Así, al exigir el artículo 16 de la Constitución Federal, que el objeto, como elemento fundamental de la orden de visita, se encuentre expresamente determinado, implica también la obligación a cargo de la autoridad que la emite, de precisar su alcance temporal, ya sea que se trate de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, toda vez que tal señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el periodo en el cual se practicará esa verificación y, además, constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora, dado que acorde con lo que prevé el mismo código tributario federal, la actividad fiscalizadora bien puede recaer en hechos actuales o pasados y, por tanto, se violaría el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, si se dejara al arbitrio de los visitadores determinar el periodo sobre el cual debe recaer la verificación del cumplimiento de las obligaciones que en materia de expedición de comprobantes fiscales se establecen a cargo de los contribuyentes, con el consecuente estado de inseguridad jurídica del visitado. Debe agregarse que esta determinación no limita la actuación de la autoridad, pues no le impide señalar, con apego a la ley, como periodo a verificar en una orden de visita, fechas actuales o anteriores.’. En efecto, cualquier acto de molestia que se dirija al gobernado a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones a las que se encuentra sometido, debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que al efecto establece la Constitución Federal en su artículo 16, así como los ordenamientos respectivos que regulen la actuación por parte de la autoridad. Ahora bien, como se precisó anteriormente, el artículo 18 del citado reglamento establece como uno de los requisitos que deben (sic) reunir toda visita de verificación, el de señalar el nombre, denominación o razón social del visitado, o bien, en su caso, el domicilio del visitado o ubicación del establecimiento en que se desahogará la diligencia. Bajo este orden de ideas, debe señalarse que el hecho de que la orden a través de la cual la autoridad administrativa pretende verificar el cumplimiento de las disposiciones, en tratándose de establecimientos mercantiles, para así dictar las medidas de seguridad que sean necesarias como resultado de la visita de verificación, en los casos en que se ponga en riesgo la salud o la seguridad pública, se encuentre dirigida al propietario, representante legal y/o encargado del inmueble ubicado en la calle de Insurgentes Sur número 470, local B, colonia Roma Sur, o que se encuentre dirigido al propietario, representante legal y/o encargado del establecimiento mercantil denominado ‘Ferruco's Bar’, no es violatorio de lo dispuesto por la fracción III del artículo 18 del multicitado reglamento, en virtud de que la misma no está encaminada a revisar la situación legal del visitado, sino que en dicho establecimiento se cumpla con las disposiciones inherentes a la licencia por la que fue expedida y así prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud y seguridad pública. Lo anterior es así, en virtud de que, dado el constante crecimiento de establecimientos irregulares trae consigo que no se cuente con la licencia correspondiente, lo que hace prácticamente imposible que la autoridad administrativa conozca el nombre de la persona a la cual se le va a dirigir, por lo que basta que se encuentre dirigida al propietario del establecimiento mercantil de que se trate para que no resulte violatoria de lo dispuesto por el artículo 18, fracción III, del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de otra forma se estaría haciendo nugatorio el derecho de la autoridad para revisar este tipo de establecimientos. En efecto, el hecho de que en la orden de visita de verificación se haya asentado que la misma va dirigida al propietario, representante legal y/o encargado del establecimiento mercantil denominado ‘Ferruco's Bar’, permite identificar fehacientemente a la persona a quien va dirigida, pues basta con que en ella se señalen los datos relativos al establecimiento a verificar, como son denominación y domicilio, para que se respete la garantía de seguridad jurídica del gobernado, pues con esos elementos se precisa a qué persona se le dirige, máxime que lo que se pretende verificar no es la situación personal del propietario, sino que en dicho establecimiento se cumpla con las disposiciones legales por lo cual fue expedida su licencia de funcionamiento; por tanto, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, la orden de que se trata no requería que se cumpliera con los requisitos que para la visita domiciliaria establece el Código Fiscal de la Federación (contrario a la tesis que invocó), de ahí que le asiste la razón a la autoridad recurrente, pues tal omisión no se traduce en un factor que haya sido toral para imponer al quejoso la sanción de clausura total y permanente de su negociación, pues existen otros motivos por los que se hizo acreedor a dicha sanción y que son de importancia relevante."

Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si en todos los casos la orden de visita que emita la autoridad administrativa con fundamento en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, debe cumplir con el requisito de precisar el nombre, denominación o razón social del visitado en términos de lo dispuesto por la fracción III de dicho reglamento; o bien, si en algunos casos se puede omitir esa cuestión, en virtud de que lo que se va a verificar es que el establecimiento mercantil cumpla con las disposiciones inherentes a su licencia y no la situación legal del visitado, se sustentan criterios opuestos, toda vez que mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo resuelve en el sentido precisado en primer lugar, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito lo hace en el otro sentido, lo que pone de manifiesto que se reúnen los requisitos para la existencia de la contradicción de criterios.

Corroboran lo anterior, las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que son del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: 1a./J. 5/2000. Página: 49).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17282-8abb37d2/orden-de-visita-requisitos-que-debe-contener-tratandose · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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