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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, A LA SALA ELECTORAL-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17446
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 341.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo D. 189/2002, interpuesto por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, emitió y aprobó la tesis VI.2o.T.47 L, cuyo rubro es: "ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A RETRIBUCIONES DE SUS SERVICIOS SON DE NATURALEZA LABORAL Y DE ELLAS CORRESPONDE CONOCER A LA SALA LABORAL BUROCRÁTICA.". En dicho asunto, determinó negar el amparo a la quejosa, apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte e infundados en otra. Por razón de orden se analizan primeramente las violaciones procesales que hace valer la parte quejosa, entre ellas que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, era incompetente para conocer de la controversia planteada por Tomás Pérez Herrera, porque la relación entre éste y la secretaría quejosa, era de tipo administrativo y no laboral; que oportunamente promovió incidente de incompetencia, pero en forma ilegal le fue desechado. Existe el hecho que se alega como violación procesal, ya que, efectivamente, el tribunal responsable, mediante acuerdo de tres de julio del año dos mil uno, dictó el siguiente proveído: ‘... Tlaxcala de Xicohténcatl, julio tres del año dos mil uno. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscriben los CC. Felipe Guarneros Galaviz y Zenón Tecuapacho Rodríguez, apoderados legales de la parte demandada, Secretaría de Gobierno del Estado, recibido el día dos de este mes y año, visto su contenido se acordó: Dígase a los promoventes que no ha lugar a dar trámite al incidente de competencia que plantean, toda vez que no lo promovieron en el momento procesal oportuno y, por ende, ha precluído su derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, segundo párrafo, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: «Los incidentes de incompetencia y de falta de personalidad se promoverán verbalmente después de contestada la demanda y se resolverán de plano; continuándose con el periodo a que se refiere el artículo 100 de esta ley, una vez que cause ejecutoria la resolución.». Habida cuenta de que el estado procesal que guardan los presentes autos ya no permite hacer declaratoria de incompetencia, atento lo dispuesto por el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley primeramente invocada, que literalmente reza: «La Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. ...». Notifíquese. Así lo acordó y firma el C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ante el secretario que da fe. Rúbricas ...’ (foja 126). Tal hecho, que se alega como violación procesal, encuadra en lo dispuesto por las fracciones V y X, en relación con la diversa fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, las cuales son del tenor siguiente: ‘Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. ... X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder; XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.’. Ahora bien, a propósito del desechamiento del incidente de incompetencia, cabe decir que el tribunal responsable estuvo en lo correcto, cuenta habida que la audiencia inicial o trifásica se celebró el día veintiocho de junio del año dos mil uno (fojas 120 y 121). En tal audiencia, no compareció persona alguna por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, demandada en el juicio de origen; lo que significa que no planteó ese incidente en forma verbal durante tal audiencia, después de la contestación de la demanda, ante la inasistencia de la parte reo. Dicho de otro modo, la incompetencia de mérito no se hizo valer conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 126. Los incidentes de incompetencia, de falta de personalidad y de nulidad de notificaciones suspenderán el procedimiento hasta su resolución definitiva. Los incidentes de incompetencia y de falta de personalidad se promoverán verbalmente después de contestada la demanda y se resolverán de plano; continuándose con el periodo a que se refiere el artículo 100 de esta ley, una vez que cause ejecutoria la resolución.’. En efecto, consta de autos que ese incidente de incompetencia se planteó, por escrito, no en la mencionada audiencia que se celebró el veintiocho de junio del año dos mil uno, sino hasta el dos de julio de dicho año y por ello fue desechado, pues el artículo 126 antes transcrito es muy claro en el sentido de que ese incidente debe promoverse verbalmente, después de contestada la demanda, o sea, durante la celebración de la etapa de demanda y excepciones de la audiencia inicial o trifásica. El quejoso insiste en que el mencionado tribunal carece de competencia, porque entre el actor y la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, esencialmente existía una relación de carácter administrativo y no laboral. Que conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, como el actor en el juicio de origen era un elemento de los cuerpos de seguridad pública de esa entidad federativa, corresponde conocer al Consejo de Honor y Justicia conforme a los artículos 1o., 6o., 9o., 52, 53 y 54 de dicha Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, de las controversias que se susciten entre el Gobierno del Estado y los elementos de esa corporación policiaca; que así lo estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Sexto Circuito, en otro caso similar, en la ejecutoria de catorce de febrero del año dos mil dos, al fallar el amparo directo 10/2002, cuya copia certificada exhibió la parte quejosa y corre agregada en los autos del presente juicio de amparo D. 189/2002. Carece de razón el secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala cuenta habida que por principio, Tomás Pérez Herrera demandó en el juicio de origen el pago de prestaciones de naturaleza laboral; o sea, aquellas a que dijo tener derecho por sus servicios, a saber: Diferencias salariales, prima de antigüedad, reconocimiento de su calidad de servidor público, horas extras, días de descanso semanal y de descanso obligatorio, primas adicionales por haber laborado los sábados y domingos, prima quinquenal, bono anual, veintitrés días de salario por cada año de servicios, el pago de la cantidad de doscientos sesenta y un pesos sesenta centavos, por concepto de aniversario del Día del Trabajo, por cada año de servicios, y quince días de vacaciones. Y aquí, cabe aclarar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis que más adelante se transcriben, ha sustentado criterio sobre el particular, distinguiendo que se surte la materia administrativa, cuando al elemento de alguna corporación policiaca se le cesa, destituye o suspende, o se le impone una sanción. En cambio, si reclama retribuciones por sus servicios, se surte la materia laboral. Dichas tesis son: La sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1999, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la Constitución denominado «De las responsabilidades de los servidores públicos» y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, como en el ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es fundamental y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material.’. Así también la sustentada por el Pleno del mencionado Alto Tribunal de la nación, visible en la página 91, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, julio a diciembre de 1990, que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS.» y la tesis de la Segunda Sala (compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.», debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo.’. También la sustentada por el Pleno de dicho Alto Tribunal, visible en la página 92, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS.» y la tesis de la Segunda Sala (compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.», subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular, destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución.’. Bastante ilustrativa resulta la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, la cual se comparte, visible en la página 1037, Tomo Xl, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, que es del tenor siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O ENTIDADES PÚBLICAS ESTATALES. ES PROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN SE ENCUENTRAN FINCADAS EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Es procedente la vía laboral para demandar la reinstalación por cese que reclama el trabajador, cuando se está frente a un acto del patrón Estado o entidad pública estatal, que cesó a un trabajador en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que la resolución de cese no constituye una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas; lo que lleva a establecer que estrictamente en tal supuesto existe un acto de naturaleza laboral que genera un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, porque el cese o destitución se impuso por las causales de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, de falta de probidad y honradez, así como de pérdida de confianza, establecidas en los artículos 6o., 12 y 20, fracción V, de la citada ley. Lo anterior se estima así, toda vez que aunque las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito laboral, como en el administrativo, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se encuentra fincada en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que rige las relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores, conforme a sus artículos 1o., 2o., 3o. y 104, fracción I, que establecen, por una parte, que dicho ordenamiento legal regula las relaciones laborales entre los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, instituciones descentralizadas y desconcentradas del Estado de Tabasco, y por otra, que los trabajadores para los efectos de esa ley se clasifican de base, de obra determinada, tiempo determinado y de confianza; mientras que la segunda (ámbito administrativo) deriva de la aplicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco o de la ley orgánica respectiva. La distinción de la que se habla es fundamental y de gran transcendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción administrativa se demanda la reinstalación, el pago de salarios caídos, alegando la nulidad de la resolución de cese, si dicho cese no constituye una sanción administrativa, la vía administrativa es improcedente porque no se trata de un acto administrativo, sino laboral; tanto es así, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, no podría decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad del cese reclamado, lo cual queda fuera de su competencia material.’. Por otro lado, los artículos 1o., 6o., 9o., 52, 53 y 54 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, son del tenor siguiente: ‘Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular las acciones de Seguridad Pública y establecer las condiciones en la prestación de este servicio.’. ‘Artículo 6o. Son corporaciones de seguridad pública: I. La Policía Judicial. II. La Policía de Vialidad y Seguridad Pública. III. La Policía Industrial y Bancaria. IV. El Cuerpo de Bomberos. V. Las Policías Municipales en los términos de esta ley. VI. Las instituciones privadas que presten servicios de seguridad en los términos de esta ley. VII. Las demás que establezcan otras leyes. ...’. ‘Artículo 9o. Son elementos de los cuerpos de seguridad pública, aquellos a quienes se les atribuye ese carácter, mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, expedido por autoridad competente de la secretaría, de la procuraduría o de los Ayuntamientos según sea la competencia. Los servidores públicos administrativos, tendrán el mismo carácter. En todo caso, los nombramientos se harán únicamente a los egresados de los institutos de formación o profesionalización policiales. Las relaciones de trabajo de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, se regirán por esta ley y, en lo no previsto, por la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.’. ‘Artículo 52. En cada uno de los cuerpos de seguridad pública, habrá un Consejo de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: ... IV. Conocer y resolver los recursos de inconformidad. El Consejo de Honor y Justicia, velará por la honorabilidad de los cuerpos de seguridad pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación. Para tal efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le permitirán allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución.’. ‘Artículo 53. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente, estará integrado por: I. Un presidente, que será designado por el secretario, o por el procurador, según sea el caso, de entre los elementos policiales que tengan jerarquía correspondiente a los niveles medios por lo menos y que sea de reconocida probidad. II. Un secretario, que será designado por el presidente del consejo, y deberá contar con título de licenciado en derecho. III. Un vocal, que deberá ser un representante de la Contraloría General del Gobierno del Estado. IV. Dos vocales, quienes deberán ser insaculados de entre los elementos policiales, que tengan por lo menos una jerarquía correspondiente a niveles medios y que gocen de reconocida probidad. Estos vocales durarán en su cargo un año y no serán reelectos. Para cada uno de estos cargos, se designará un suplente; los que serán de carácter honorífico.’. ‘Artículo 54. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al siguiente procedimiento: I. Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en contra del derecho y las buenas costumbres. II. En dicha audiencia, se desahogarán las pruebas ofrecidas y el interesado podrá presentar, en forma verbal o por escrito, los alegatos que a su derecho convengan. El consejo dictará su resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al interesado. III. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así como las pruebas desahogadas. IV. De todo lo actuado, se levantará constancia por escrito. V. Todas las resoluciones se agregarán a los expedientes u hojas de servicio.’. Ahora bien, del texto de tales preceptos se aprecia que si bien tratándose de los cuerpos de seguridad pública del Estado de Tlaxcala, en cada uno de ellos habrá un Consejo de Honor y Justicia, corresponde a éstos conocer y resolver los recursos de inconformidad y combatir las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, con la facultad de examinar los expedientes u hojas de servicio de los agentes y practicar las diligencias que permitan allegarse elementos necesarios para dictar su resolución. Que en todo caso, se abrirá un expediente y se le hará saber al elemento sujeto a ese procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, para que conozca los hechos y se defienda; inclusive podrá ofrecer pruebas y al dictarse la resolución, se tomará en cuenta la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento. Como se ve, tal consejo tiene la competencia para conocer de inconformidades e imponer sanciones por las faltas cometidas por algún elemento de los cuerpos de seguridad pública, pero no tiene facultades para conocer de la reclamación o pago de prestaciones laborales, como las que demandó el actor en el juicio de origen. Dicho de otro modo, el aludido consejo no es un tribunal laboral, ni un tribunal administrativo, con facultades para nulificar el cese, la destitución, la suspensión o una sanción impuesta a algún elemento de las corporaciones policiacas del Estado de Tlaxcala. Por ello, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, no comparte el criterio sustentado por el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este mismo circuito y, por ende, procede denunciar la contradicción de tesis correspondiente. En la ejecutoria de mérito, pronunciada en el juicio de amparo directo número 10/2002, dicho cuerpo colegiado dejó establecido lo siguiente: (se transcribirá posteriormente). Además, en casos como el de la especie, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio en el sentido de que si en una entidad federativa no existe un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe conocer de la controversia el Tribunal de Arbitraje correspondiente, conforme al artículo 17 constitucional, cuando el servidor público o un elemento de seguridad pública demanda prestaciones derivadas de la relación de servicio. Al caso es aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 165, Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 1997, que dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE LOCAL. Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos similares, ha reiterado el criterio de atribuir competencia a Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ante la falta de un tribunal de esa naturaleza en el Estado de Puebla y de disposición legal que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias de carácter administrativo, como las relativas al cese de un elemento de la Dirección General de Tránsito del Estado; sin embargo, debe surtirse la competencia a favor del Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para conocer de la demanda respectiva, en acatamiento a la garantía consagrada en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad jurisdiccional, dadas las facultades de que está investida, no en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta ser la más afín para conocer de la demanda, en la que un servidor público impugna sanciones y omisiones de pago de prestaciones derivadas de la relación de servicio, atribuidas a un órgano del poder público, las cuales constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo de seguridad pública, dentro del ámbito administrativo local.’. Igualmente es aplicable la diversa tesis sustentada por la mencionada Sala, visible en la página 243, Tomo VII,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17446-a7dd7233/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-derivados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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