PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO PROCEDE SU PAGO A LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO, DEL VALLE DE TOLUCA Y VIGILANCIA AUXILIAR Y URBANA DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO CONCEPTO INTEGRADOR PARA EL CÁLCULO DEL FINIQUITO POR SU RENUNCIA VOLUNTARIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 297/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIA: ALBA SILVIA PÉREZ BRIBIESCA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 16624/2023-BIS dirigido al otrora Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, hoy Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, se remitió ejecutoria a través de la cual los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, denuncian la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano jurisdiccional y los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Cuarto, todos en la misma materia y sede, al resolver, respectivamente, los amparos directos 122/2023, 71/2020, 132/2020 y 97/2020, a efecto de "determinar si es procedente aplicar el artículo 80 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios del Estado de México, a fin de que en el cálculo del finiquito por renuncia voluntaria de un policía de los cuerpos de guardias de seguridad industrial, bancaria y comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, se incluya la prima de antigüedad."
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 297/2023; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
4. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, los cuales se tuvieron por recibidos mediante proveídos de trece de diciembre de dos mil veintitrés y dos de enero de dos mil veinticuatro.
5. De igual forma, por acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
6. CUARTO. Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. Posteriormente, el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio"; por lo que, conforme a su artículo 1º, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, cambió de denominación para convertirse en Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.
7. QUINTO. Returno. Como consecuencia de los cambios en la denominación, competencia e integración de este Pleno Regional, por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, se returnó el presente asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, por diverso proveído de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro se confirmó dicho turno.
8. SEXTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles(1) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2º, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de esa anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
9. SÉPTIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta de septiembre del año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
10. Returno. En el referido proveído de cinco de noviembre, se turnó el presente asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.
11. OCTAVO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de veintidós enero de dos mil veinticinco el Pleno de dicho Consejo comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba su homóloga Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
12. NOVENO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/1576/2025 mediante el cual el Secretario Técnico encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en la plaza que ocupaba su homóloga Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo de esta anualidad, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
13. DÉCIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/2192/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción informó que en sesión de once de junio dos mil veinticinco el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Ernesto Martínez Andreu en la plaza que ocupaba su homólogo José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio del año en curso, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, así como por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
14. DÉCIMO PRIMERO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio DGCSV/No. 007/2025 publicado por el Órgano de Adscripción Judicial, denominado "Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales", del que se advierte que fueron designadas para integrar este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de esta anualidad.
15. Returno. En dicho proveído se returnó el presente asunto a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución; y se confirmó dicho turno.
16. DÉCIMO SEGUNDO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
17. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
18. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por cuatro Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
19. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)
20. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
21. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios, ni así disponerlo las disposiciones que establecen las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.
22. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".(9)
A) Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 122/2023
23. Mediante escrito una persona física promovió juicio administrativo contra la Secretaría de Seguridad y Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana, ambos del Estado de México, en el que demandó la nulidad de la negativa ficta respecto de la solicitud de pago por concepto de finiquito por renuncia voluntaria; el cual se registró bajo el número **********.
24. Por sentencia de quince de octubre de dos mil veintiuno, la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictó sentencia en la que determinó sobreseer el juicio respecto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; declaró la invalidez de la negativa ficta y condenó al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a calcular y pagar el finiquito por renuncia voluntaria.
25. Inconformes, tanto el actor como la autoridad responsable interpusieron recursos de revisión de los cuales conoció la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y se registraron con los expedientes ********** y **********, respectivamente (acumulados); por sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós se confirmó la resolución recurrida.
26. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, la parte actora presentó demanda de amparo contra la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala referida en los recursos de revisión **********.
27. Conoció de la demanda el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien por auto de presidencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés lo registró con el número 122/2023 y la admitió. Posteriormente, en sesión de diez de noviembre de dos mil veintitrés, negó la protección federal al quejoso, bajo las siguientes consideraciones.
27.1. • Consideró infundados los conceptos de violación, pues en relación con el pago de la prima de antigüedad solicitada por el peticionario de amparo, el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal establece un régimen especial para los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de instituciones policiales.
27.2 • Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios con la finalidad de desentrañar el sentido y alcance del artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en los que concluyó que los militares, marinos, agentes del ministerio público, peritos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior tienen con el Estado (Federación, estados y municipios) una relación que es de naturaleza administrativa, que debe regirse por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les corresponda.
27.3 • Citó como apoyo la jurisprudencia P./J. 24/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, junio de 1995, página 59, con registro 200766, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."
27.4 • Indicó que la aplicación supletoria de la normatividad laboral que pretendía el accionante para que se le pagara la prima de antigüedad, no resultaba posible, pues los miembros de las instituciones policiales están regidos por sus propias leyes, lo que implica que no les son aplicables las disposiciones del apartado A y B del artículo 123 de la Constitución Federal, que regulan respectivamente las relaciones laborales en los sectores privado y público, ya que la fracción XIII los ubica en una situación no laboral, sino administrativa.
27.5 • Explicó que el ahora quejoso se desempeñó como policía de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; por lo que los derechos y obligaciones que derivan de los servicios que prestó a dicha corporación, entre éstos el derecho a gozar de una prima de antigüedad, deben quedar regulados en un acto formal y materialmente legislativo emanado de la actividad propia de la legislatura estatal.
27.6 • Adujo, que contrariamente a lo aducido, la prima de antigüedad no era aplicable a favor del quejoso, pues, acorde con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 Constitucional, se trata de una prestación que debe estar prevista y regulada en una ley emanada de la actividad de la legislatura estatal; y ni la Ley de Seguridad del Estado de México ni la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establecen esa prestación. 27.7• Sin que ese órgano colegiado pasara por inadvertido que el artículo 80 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sí contemple el derecho al pago de una prima de antigüedad a los servidores públicos estatales y municipales que opten por separarse del servicio habiendo cumplido quince años en él, equivalente al importe de doce días de su sueldo base, por cada año de servicios prestados.
27.8 • Lo anterior, porque la propia legislación expresamente excluye a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y de tránsito estatales y municipales, al señalar categóricamente que ellos se regirán en el desarrollo de sus actividades por sus propios ordenamientos; tal como se establece en el artículo 16, disposición que es congruente con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal que prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
27.9 • Estimó, que si en la normatividad secundaria que resulta aplicable, no se establece el derecho al pago de una prima de antigüedad; entonces ese tribunal federal estaba impedido para otorgar su pago al quejoso, ni aun haciendo una interpretación conforme, pues en el caso se debía atender a las características propias y exigencias inherentes a esa labor de seguridad pública, conforme lo establezcan sus propias leyes. Consideró aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 17/2018 (10a.), Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional, Laboral, Libro 52, marzo de 2018, Tomo II, página 1321, con registro 2016430, de epígrafe: "HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN CONFORME, CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN."
27.10 • Por otra parte, estimó infundado el planteamiento del quejoso en el sentido de que debía aplicarse en su beneficio el principio pro persona, en tanto que su invocación no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, máxime si como se había visto, la normatividad que resultaba aplicable a la actividad desempeñada por el quejoso no prevé el beneficio que solicita. Estimó aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 104/2013 (10a.), Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Materias Constitucional, Común, libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con registro 2004748, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."
27.11 • Destacó el contenido de la reforma constitucional de once de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos, específicamente lo dispuesto en el artículo 1º el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; señaló que el principio pro homine, tiene como fin acudir a la norma más protectora y/o a preferir la interpretación de mayor alcance de ésta, al reconocer o garantizar el ejercicio de un derecho fundamental; o bien, en sentido complementario, aplicar la norma y/o interpretación más restringida al establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos humanos, lo que sustentó en lo conducente con la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 659 de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."
27.12 • Arguyó que ese principio constitucional aun cuando implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, de ninguna manera implicaba que dicha interpretación suponga desconocer a la ley en cada caso hasta lograr su mayor beneficio, ni mucho menos a ignorar la norma realmente aplicable en la especie.
27.13 • Afirmó que la reforma constitucional relacionada con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona –principio pro persona o pro homine–, no implica que los juzgados y tribunales mexicanos dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dichos cambios sólo conllevan a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional –legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
27.14 • En ese sentido, si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia –acceso a una tutela judicial efectiva–, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar la ley en cada caso hasta lograr su mayor beneficio, ni mucho menos a ignorar la norma realmente aplicable en la especie, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.
27.15 • Señaló como sustento a sus consideraciones los criterios
jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.) Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 909, con registro 2007621; y Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, con registro 2006485, de rubros: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL."; y "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."
27.16 • Que la aplicación del principio pro persona, no puede servir como fundamento para considerar procedentes por sí solas las acciones de los justiciables; toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos; y por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva; y por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio.
27.17 • Adujo que por consiguiente, la utilización de este principio en sí mismo no puede ser invocado como fundamento para no desestimar las pretensiones de los gobernados, esencialmente porque el principio pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los justiciables deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, considerando aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 104/2013 (10ª), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."
27.18 • En otro contexto, respecto de los argumentos del peticionario de amparo, relativos al derecho de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, establecido en el artículo 20, del Conveni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33825-35aaf61d/prima-de-antiguedad-prevista-en-el-articulo-80 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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