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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). II. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES BUROCRÁTICAS, SIEMPRE Y CUANDO ATIENDAN LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN X, 115, FRACCIÓN XVIII, 116, FRACCIÓN VI, 123, APARTADO B, Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 5, FRACCIONES I, III Y V, DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). III. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DETERMINAR LOS CARGOS QUE SE CONSIDERARÁN DE CONFIANZA, ASÍ COMO SUS LÍMITES Y DERECHOS (ARTÍCULO 5, FRACCIONES I, III Y V, DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). IV. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CALIDAD DE CONFIANZA DE LOS FISCALES REGIONALES Y ESPECIALES DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LOS COMANDANTES DE POLICÍA, POLICÍAS PREVENTIVOS Y DE TRÁNSITO DE SUS MUNICIPIOS, NO ATIENDE EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y POLICIALES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL FISCAL REGIONAL Y ESPECIAL", Y V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "COMANDANTE DE POLICÍA, POLICÍAS PREVENTIVOS Y DE TRÁNSITO", DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). V. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MINISTERIOS PÚBLICOS Y MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ES ADMINISTRATIVA Y SE REGIRÁ POR LAS LEYES QUE SE EMITAN PARA ELLO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL FISCAL REGIONAL Y ESPECIAL", Y V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "COMANDANTE DE POLICÍA, POLICÍAS PREVENTIVOS Y DE TRÁNSITO" DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). VI. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MINISTERIOS PÚBLICOS O FISCALES, LOS MILITARES, LOS MARINOS, LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, NO ES LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL FISCAL REGIONAL Y ESPECIAL", Y V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "COMANDANTE DE POLICÍA, POLICÍAS PREVENTIVOS Y DE TRÁNSITO", DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). VII. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ESTABLECIMIENTO DE LA FISCALÍA REGIONAL Y ESPECIAL DENTRO DEL PODER EJECUTIVO VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LAS FUNCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL FISCAL REGIONAL Y ESPECIAL", DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). VIII. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS DEBEN GARANTIZAR QUE LAS FUNCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SE REALICEN CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, RESPONSABILIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL FISCAL REGIONAL Y ESPECIAL", DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). IX. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL LEGISLADOR LOCAL CUENTA CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DETERMINAR SI LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL SERÁN CONSIDERADOS TRABAJADORES DE CONFIANZA O DE BASE (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL", DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). X. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO SUSTANCIAL PARA DISTINGUIR SI UN SERVIDOR PÚBLICO ES UN TRABAJADOR O UN TITULAR (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL", DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS). XI. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CALIDAD DE CONFIANZA DE LOS ASESORES, SECRETARIOS AUXILIARES Y PARTICULARES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE INAMOVILIDAD Y ESTABILIDAD EN EL CARGO, QUE DEBEN GARANTIZARSE ÚNICAMENTE PARA SUS MAGISTRADOS Y JUECES (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 89/2018. · Registro digital (IUS): 30047
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-27
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 2396.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 89/2018. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN. 22 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de octubre de dos mil veinte.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 89/2018, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio recibido el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

2. Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.

3. Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

4. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.

Norma general cuya invalidez se reclama:

El Decreto Legislativo 561, mediante el cual se reforman las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 5, los artículos 6, 7, 8, 10, 20, 40, 41, 61, 92, 93, 94, 97, 101, 104, párrafo primero, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 90, el capítulo XVIII y su denominación, y el artículo 101 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, séptima sección, número setenta y nueve, tomo CLXX.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 9o., 14, 16, 17, 21, 22, 102, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

TERCERO.—Antecedentes. El promovente señala como antecedentes los siguientes:

I. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo emitió el Decreto Legislativo Número 561, el cual prevé cambios respecto de los trabajadores de confianza y base, trabajadores mayores de quince años, pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido, sanciones para litigantes y trabajadores en el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, prohibiciones a los sindicatos, restricciones para los representantes de los sindicatos ante el citado tribunal, imposición de una edad mínima para poder ser presidente de dicho órgano jurisdiccional, restricciones al personal jurídico y de confianza del tribunal burocrático estatal, prohibiciones para demandar a otra persona en la ampliación de demanda, y otras violaciones más.

II. Tal norma fue publicada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, séptima sección, número 79, tomo CLXX y, en términos del artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación.

III. Es el caso que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera que las normas señaladas son contrarias a los derechos humanos previstos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado es Parte.

CUARTO.—Conceptos de invalidez. El promovente argumenta en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Inconstitucionalidad del artículo 5, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por atribuir al fiscal regional y especial el carácter de trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. Disposición que violenta los preceptos 1o., 14, 16, 17, 21, 102, apartado A, 116, fracción IX, 123, apartado B, fracción XIII y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que particularmente los artículos 21, 102, apartado A, 116, fracción IX y 123, apartado B, fracción XIII, fueron reformados para establecer la autonomía plena del ministerio público y no depender de ninguno de los Poderes del Estado para que gozara de plena libertad en la procuración de justicia.

En el caso, la norma impugnada considera como personal de confianza del Poder Ejecutivo a los fiscales regionales y especiales, lo cual resulta un contrasentido frente a la reforma constitucional federal, pues considerarlos así genera una dependencia laboral y no podrían tomar sus decisiones de forma libre y autónoma.

Además, mediante Decreto 631 de trece de agosto de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, se reformó la Constitución Local para efectos de estatuir la autonomía plena de la Fiscalía del Estado, motivo por el cual la ley impugnada no puede, ni debe prever que los fiscales sean trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo.

Segundo. Inconstitucionalidad del artículo 5, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por atribuir al oficial del Registro Civil el carácter de trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo del Estado. Se violan los artículos 1o., 2o., 4o., 14, 16, 17, 21, 102, apartado A, 116, fracción IX, 123, apartado B, fracción XIII y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, el Registro Civil requiere de personas con el perfil adecuado para ocupar el cargo, para lo cual se requiere de un órgano que cuente con autonomía y profesionalismo, así considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos.(1)

Además, la labor del registro civil se encuentra íntimamente ligada al derecho de familia, contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Federal.

Por otro lado, la institución del Registro Civil se ha transformado en una entidad autónoma con características especiales, donde rigen los principios de profesionalismo, honradez, legalidad y seguridad jurídica, para garantizar la fe registral civil.

En ese sentido, señala que considerar al oficial del Registro Civil como trabajador de confianza dependiente del Ejecutivo, coarta la garantía de especialización, profesionalización y autonomía de la función, en tanto que causa dependencia en sus decisiones y actuaciones.

Tercero. Inconstitucionalidad del artículo 5, fracción III, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por establecer como trabajadores de confianza a los asesores, secretarios particulares y secretarios auxiliares del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Vulnera los artículos 1o., 2o., 14, 16, 17, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los Poderes Judiciales Locales tienen similar naturaleza que el Poder Judicial de la Federación, en ese orden de ideas, se prevé la garantía para los trabajadores del Poder Judicial consistente en la inamovilidad y la estabilidad en el empleo.

Por otro lado, la Constitución Federal, en su artículo 123, apartado B, indica que serán trabajadores de confianza aquellos que ejerzan actos de administración, decisión, dirección, inspección, vigilancia, fiscalización y control; mientras que los asesores, secretarios particulares y secretarios auxiliares, de acuerdo a la ley que los rige, su trabajo se limita a redactar proyectos de conformidad con las órdenes e ideas de sus superiores jerárquicos, por lo cual, no tienen libertad de decisión ni de obrar, y no ejercen ninguna de las actividades que contempla el artículo constitucional referido.

Cuarto. Inconstitucionalidad del artículo 5, fracción IV (sic), de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por atribuir a los policías preventivos y de tránsito el carácter de empleado de confianza. Lo cual violenta los artículos 1o., 2o., 21, 116 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la propia Constitución Federal en su artículo 123 establece que la naturaleza de la relación de los policías con el Estado, siendo ésta una relación laboral especial, pero la actividad desplegada por un elemento de la policía preventiva o de tránsito no reviste las características de ser de confianza, sino que dichos elementos deben obedecer en todo momento las órdenes de sus mandos superiores.

Quinto. Inconstitucionalidad del artículo 6, segundo párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por sujetar el otorgamiento de empleado base a periodo y requisitos que no se sujetan a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Vulnera los artículos 1o., 2o., 21, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la norma impugnada señala que los trabajadores a quienes se les otorgue su base sólo podrán disfrutarla seis meses posteriores a su nombramiento y que no tenga nota desfavorable en su expediente.

En principio, debe mencionarse que la nota desfavorable constituye una total discrecionalidad por parte del patrón para analizar conductas del trabajador, rompiendo con los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, ya que no da parámetro de comparación ni un piso mínimo, siendo esto una norma en blanco prohibida por la Constitución.

Este Alto Tribunal ya ha resuelto anteriormente,(2) que los elementos de buena conducta o buena reputación son inconstitucionales, pues quedan al arbitrio libre de la autoridad y no tienen una conducta clara y terminante.

Por otro lado, el sujetar la inamovilidad del trabajador a que transcurran seis meses resulta inconstitucional, pues la Carta Fundamental Mexicana no permite esa amplia libertad de configuración legislativa, sino que, la contratación del personal debe darse con los términos y condiciones debidos. Además de que rompe con el principio de equidad laboral, pues el otorgamiento de la base –y su correspondiente inamovilidad– se deriva del contrato en sí mismo y no de la voluntad unilateral del patrón, de fincar la inamovilidad si es que lo considera oportuno, pues tal disposición es contraria a la naturaleza de la contratación de base, misma que, por origen otorga la estabilidad y/o inamovilidad.

Sexto. Inconstitucionalidad del artículo 6o., primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, al discriminar por nacionalidad. Lo cual violenta los artículos 1o., 21, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la norma general impugnada prevé que los extranjeros sólo pueden ocupar base cuando no existan mexicanos que puedan desempeñar el trabajo.

En materia laboral, particularmente la burocrática, los puestos deben estar sujetos a concursos de aptitud para generar mejores condiciones y servicio a favor de la sociedad. En el caso concreto, si se toma como único elemento para no otorgar la base a un trabajador, el ser extranjero y no sus capacidades frente a otros nacionales, tal cuestión resulta inconstitucional, ya que se está basando en una categoría sospechosa.

Séptimo. Inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por indebida protección de los derechos de la infancia y/o adolescencia. Vulnera los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho artículo impugnado establece que los menores de quince años de edad podrán trabajar y recibir emolumentos.

Tal proceder es inconstitucional, al pasar por alto la protección del interés superior del menor, cuya contratación es regida por sus representantes y la jornada es atenuada, así como se requiere un tutor, mentor o guía que conduzca el trabajo del menor, conforme al Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Octavo. Inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ya que fija como máximo el pago de doce meses de salarios caídos en caso de despido injustificado. Se violan los artículos 1o., 4o., 5o., 21, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el artículo impugnado prevé varias hipótesis, a saber:

• Que solamente se pagarán doce meses de salarios caídos, cuando el trabajador obtenga laudo favorable sobre su reinstalación. El resto será una operación en donde sólo se cobrarán intereses.

• Que a los abogados se les impondrán multas cuando gestionen de manera improcedente, con la finalidad de entorpecer los juicios.

• Se sancionará a los empleados cuando realicen dichas conductas.

En ese sentido, dicha norma es regresiva, pues la ley anterior permitía el cobro de salarios caídos desde el despido y hasta la reinstalación o pago de la indemnización, por tanto, esta norma otorga menor protección que la anterior y, por ende, es regresiva de los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, si el trabajador es despedido injustificadamente, tiene derecho a cobrar su indemnización y salarios caídos, ya que el responsable de la conducta es el patrón y, por tanto, le corresponde a éste la sanción, pero si se le libera sería en perjuicio del trabajador, lo cual no es proporcional ni razonable, pues se le impide gozar de sus percepciones como si el trabajador hubiese sido el culpable.

Además, el hecho de imponer sanciones a abogados o empleados jurisdiccionales sin que sus actos revelen mala fe o malicia, sino solamente por el hecho de ejercer un derecho constituye una sanción excesiva, pues se priva al órgano jurisdiccional de apreciar la conducta de las partes, que es lo fundamental para imponer sanciones.

Noveno. Inconstitucionalidad del artículo 92 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Percepción irreductible del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Se vulneran los artículos 1o., 4o., 5o., 21, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el numeral impugnado menciona que el salario del presidente del tribunal estará sujeto a la determinación que se haga en el Presupuesto de Egresos del Estado, lo que implica que puede ser menor o mayor al año anterior.

En los órganos jurisdiccionales se han acuñado los principios de estabilidad, profesionalismo, legalidad y seguridad jurídica de sus trabajadores, esto implica que, para tener una justicia laboral adecuada, deben tenerse salarios adecuados e irreductibles. En ese orden de ideas, si la norma impugnada sujeta a la decisión del Presupuesto de Egresos el salario del presidente, se trata de una norma que implícitamente permite la reducción del salario. Dejar al arbitrio de otros poderes el salario del presidente del tribunal lo supedita en sus decisiones, al someterlo económicamente a otros entes del Estado, por lo que se pierde la anhelada autonomía de los tribunales del trabajo.

Décimo. Inconstitucionalidad del artículo 93, penúltimo párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por vulneración de los derechos de igualdad, trabajo y no discriminación por edad. Lo cual violenta los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, el artículo impugnado prevé como requisito para ser presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje tener la edad de treinta años cumplidos como mínimo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) ha establecido en jurisprudencia que exigir una edad mínima o máxima para la ocupación de plazas en materia laboral es un acto discriminatorio por razón de la edad, ya que, para ocupar una plaza, solamente debe atenderse a las cualidades personales y profesionales del trabajador y no así a su edad.

En tales condiciones, basar la edad como requerimiento para ocupar dicho espacio laboral es discriminatorio y desigual, ya que impone como estándar o parámetro la edad mínima, por lo que dicho requerimiento es una categoría sospechosa.

Además, existen otros elementos objetivos que pueden comprobar de mejor manera la idoneidad para desempeñar la función o cargo, como lo es la antigüedad del título, experiencia práctica en el área de conocimiento y exámenes de aptitud.

Dentro del articulado de la Constitución Federal, que instituye el sistema del trabajo y previsión social, no se incluye la edad para ser presidente de un tribunal del trabajo, razón por la cual el legislador no puede imponerlo, so pena de vulnerar el derecho a la no discriminación e igualdad.

Décimo primero. Inconstitucionalidad del artículo 101 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por desechamiento de plano, de demanda frívola y/o improcedente. Lo cual violenta los artículos 1o., 2o., 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, el desechamiento de plano cuando la demanda resulte frívola o improcedente violenta el debido proceso, pues impide al actor regularizar su demanda, previa prevención del tribunal señalando sus omisiones para que pueda subsanarlos.

La Suprema Corte ha sostenido diversos criterios,(4) en el sentido de que no procede desechar de plano una demanda, pues al respecto debe otorgarse el derecho de audiencia y debido proceso al actor, a través de la prevención o el requerimiento. Además, la doctrina ha reservado el desechamiento por frivolidad y notoria improcedencia para los recursos y/o medios de impugnación en juicio, pero no para la demanda y su contestación.

Décimo segundo. Inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por impedir ampliar demanda contra otros demandados diversos a los originarios. Se vulneran los artículos 1o., 14, 16, 17, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo impugnado prevé que el actor, posterior a la etapa de conciliación, puede ratificar o incluso ampliar su demanda, pero no puede ampliarla contra personas distintas a las señaladas en el escrito inicial de demanda.

La posibilidad de ampliar la demanda debe entenderse en su totalidad, ya que en esa etapa la fase de arbitraje no ha iniciado. Por tanto, impedir su ampliación contra nuevos demandados contraviene el derecho de audiencia, debido proceso, tutela judicial efectiva y recurso ágil y sencillo.

Por último, el accionante solicita que se supla la queja deficiente en que pudiera haber incurrido dentro de la formulación de los conceptos de invalidez.

QUINTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 89/2018 y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.

Así, por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán, para que rindieran su informe; asimismo requirió al Poder Legislativo para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se haya publicado la norma controvertida; así como a la Procuraduría General de la Republica, para que formulara el pedimento respectivo.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán. José Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, rindió su informe en los siguientes términos:

Señala que el decreto que se reclama es existente y válido, debido a que fue creado en el ámbito de competencia y que de ninguna manera contravienen los preceptos constitucionales ni los numerales de los instrumentos jurídicos internacionales aludidos por el accionante, sino que, por el contrario, se adecuan perfectamente a los mismos.

Respecto de los conceptos de invalidez hechos valer por la Comisión accionante, el Poder Legislativo, en sus correlativos, manifiesta lo siguiente:

Primero. El artículo 123 de la Constitución Federal, en su apartado B, inciso XIV, establece que: "la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."

Por otro lado, el Decreto 631 del Congreso del Estado de Michoacán que reforma diversos artículos, ordena en su artículo cuarto transitorio que, a partir de la entrada en vigor del decreto que contenga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los recursos humanos, presupuestales, financieros, materiales y de operatividad de la Procuraduría General de Justicia, pasarán a formar parte de la Fiscalía General del Estado; así como, que los recursos humanos de la Procuraduría seguirán como se encuentran actualmente. Además, el cargo de procurador aún se encuentra vigente, pues no ha sido nombrado el fiscal general del Estado, cuya designación se encuentra actualmente en proceso.

Así, el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, establece que el Ministerio Público estará a cargo de una Fiscalía General del Estado, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión, en los términos que determine la ley, por tanto, no le asiste la razón a la promovente, pues el fiscal no está a cargo del Ejecutivo, sino que es un órgano autónomo.

Esta reforma, al ser de tipo laboral, se ajustó a lo contenido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, así como al artículo 102, inciso A, de la Constitución del Estado de Michoacán, además se encuentra sustentada en la exposición de motivos de las iniciativas que fueron presentadas por los legisladores michoacanos, de las cuales se desprenden las consideraciones jurídicas, sociales y legales que ponderaron y analizaron para que la reforma fuese justificada y congruente.

Segundo. Conforme a la normativa prevista en la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán, el Registro Civil depende del titular del Poder Ejecutivo, ejerciendo sus atribuciones a través de la Secretaría de Gobierno, a la cual le corresponde dirigir y vigilar las funciones del Registro Civil; por otro lado, le corresponde al gobernador nombrar al oficial del Registro Civil.

De igual manera, al publicarse la nueva Ley Orgánica del Registro Civil del Estado el veintitrés de abril de dos mil cuatro, se realizó el cambio de denominación de Juez del Registro Civil a oficial del Registro Civil, toda vez que como tal no tiene funciones jurisdiccionales y sí administrativas, por lo cual es congruente el nuevo término empleado en la ley impugnada. Además, el artículo 130 del Pacto Federal, establece en su penúltimo párrafo, que los actos del estado civil son de competencia exclusiva de las autoridades administrativas, por lo cual, la reforma impugnada es acorde a la Constitución Federal.

Tercero. En lo relativo a los asesores y secretarios particulares y auxiliares, corresponden a una redacción ya existente, pues en la reforma publicada por el Decreto Número 561 que hoy se impugna sólo se agregaron palabras, pero en cuanto a los cargos desarrollados en el concepto de invalidez ya se encontraban contenidas, por lo que carece de análisis lo argumentado por la Comisión Estatal.

Cuarto. El texto que señala el accionante ya existía previo a la reforma que se impugna, además de que ya existen criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, que explican que es constitucional que los policías preventivos y de tránsito sean considerados trabajadores de confianza.(5)

Quinto. Menciona que al accionante no le asiste la razón, pues al momento en que a los trabajadores se les otorga su base, disfrutan de todos los beneficios inherentes a ella, entre los cuales se encuentra la estabilidad en el empleo, seguridad social, derecho a cotizar en pensiones civiles, derecho a sindicalizarse, entre otras.

Por otro lado, tampoco le asiste la razón en cuanto a la discrecionalidad del patrón para analizar las conductas del trabajador, pues lo que busca es que el Estado tenga la seguridad de que el trabajador contratado desempeñe su labor de forma eficiente y con toda responsabilidad, por lo que la ley le otorga la facultad de mover al trabajador que tenga notas desfavorables, las cuales no constituyen una total discrecionalidad del patrón para analizar las conductas del trabajador.

Sexto. Tampoco le asiste la razón al accionante, ya que el texto tildado de inconstitucional es anterior a la reforma, además de que, conforme al artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley puede establecer en qué casos los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones, cargos o comisiones de gobierno.

Además, la porción normativa impugnada es el mismo precepto que se establece en el artículo 9 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con lo cual se demuestra que el artículo en comento es totalmente constitucional.

Séptimo. No le asiste la razón al accionante, toda vez que señala que: "el artículo indicado menciona que los menores de edad de quince años podrán trabajar y percibir sus emolumentos", mientras que el artículo cuya invalidez se reclama establece que: "los mayores de quince años tendrán capacidad legal para prestar libremente sus servicios, percibir el sueldo correspondiente y ejercitar las acciones derivadas de la presente ley", por lo que, la modificación es constitucional en términos del artículo 123, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, pues en ese sentido, los mayores de quince años pueden aspirar a un empleo, ya sea para pagar sus estudios, sus propios gastos, por gusto o por ayudar a su hogar.

Al efecto, cita diversos criterios «1a. CDXXXIII/2014 (10a.) y P./J. 19/2018 (10a.)», de rubros: "DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO LABORAL. SU PROHIBICIÓN NO SE CONTRAPONE A LA EXCLUSIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(6) y "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER ACTO. POR REGLA GENERAL, LA ENTENDIDA CON UN MENOR DE EDAD AUN CUANDO SEA EMPLEADO DEL BUSCADO, NO PUEDE SURTIR PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y, POR ENDE, ES ILEGAL."(7)

Octavo. Menciona que el artículo del que se pretende declarar la invalidez, se relaciona con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, reformado el treinta de noviembre de dos mil doce, la cual también prevé máximos respecto de los salarios caídos, por lo cual se adecua perfectamente a la legislación federal y constitucional.

Noveno. De la reforma de la porción del artículo impugnado y su comparación con el texto anterior se aprecia que sólo se hizo la precisión de las palabras "hasta" y "del Estado", y en un sentido estricto su redacción original se conservó. El texto actual es del tenor siguiente:

"Artículo 92. El presidente del tribunal durará en su cargo hasta 3 años y disfrutará de los emolumentos que fije el Presupuesto de Egresos del Estado ..."

Por otro lado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se encuentra considerado en las erogaciones previstas para las dependencias de la administración pública centralizada, de conformidad con los artículos 1, 14, 15, 16 ,18, 22 y 25 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que resulta infundado lo alegado por el accionante, en cuanto a que se deja al arbitrio de otros poderes el salario del presidente del tribunal, toda vez que la creación y sustento presupuestal del tribunal ya pertenece a la administración centralizada.

Décimo. También resulta infundado lo argumentado por el accionante, toda vez que, por certeza y profesionalismo, resulta básico precisar factores dentro del servicio público, como acreditar que se cuenta con la experiencia en la materia correspondiente, siendo la edad un requisito dentro de la designación.

La voluntad del legislador michoacano, al establecer diferentes requisitos que se deben cumplir para tener el cargo de presidente del tribunal, atienden a regular el profesionalismo de forma clara, pues el puesto se trata de un funcionario público de alto nivel y se debe demostrar que el candidato es el que tenga mayor capacidad para ocupar el puesto.

Por último y de manera analógica, el artículo 121 de la Ley Federal (sic) de los Trabajadores del Estado, también señala el requisito de edad mínima para ostentar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo cual se demuestra que dicho requisito es constitucional.

Décimo primero. Aduce que el desechamiento de la demanda por considerarse frívola y/o improcedente es totalmente legal, pues por frívola se debe entender aquella que no está soportada y/o sustentada por hechos o leyes, presumiéndose en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30047-44649e90/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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