I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA ESTÁ SUPEDITADA A QUE HAGA VALER VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. II. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL QUE DIO ORIGEN A LA NORMA IMPUGNADA NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, Y SEGURIDAD JURÍDICA, DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA (DECRETO NÚMERO 153 POR EL QUE SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 94, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). IV. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. ALCANCES Y DIMENSIONES EN EL MARCO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. V. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL ESTADO MEXICANO PUEDE EXCEPCIONALMENTE INCURRIR EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS REGRESIVAS, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN COMO FINALIDAD ESENCIAL INCREMENTAR EL GRADO DE TUTELA DE UN DERECHO HUMANO Y GENERAR UN EQUILIBRIO RAZONABLE ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN JUEGO, SIN AFECTAR DE MANERA DESMEDIDA LA EFICACIA DE ALGUNO DE ELLOS. VI. PENA INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL. VII. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, LA GRAVEDAD DE LA PENA DEBE SER PROPORCIONAL A LA DEL HECHO ANTIJURÍDICO Y A LA DEL GRADO DE AFECTACIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, DE MANERA QUE LAS PENAS MÁS GRAVES DEBEN DIRIGIRSE A LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES. VIII. PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO Y LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. IX. REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. PENA DE PRISIÓN MÁXIMA. EL INCREMENTO HASTA EN CINCUENTA AÑOS DE LA PENA DE PRISIÓN PARA LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y QUE PODRÁ CONTEMPLARSE COMO MÁXIMA PARA DELITOS CALIFICADOS COMO GRAVES POR LA LEY APLICABLE Y, TAMBIÉN, EN EL CASO DE CONCURSOS, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD (DECRETO NÚMERO 153 POR EL QUE SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 94, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). XI. PENA DE PRISIÓN MÁXIMA. AL NO PREVER UN TIPO PENAL SINO EL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAZO MÁXIMO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, NO PUEDE ANALIZARSE SI ÉSTE RESULTA EXCESIVO O DESPROPORCIONADO, INCLUSO CARENTE DE RAZONABILIDAD, YA QUE PARA ELLO ES NECESARIO EXAMINAR LAS LEYES QUE PREVÉN LOS TIPOS PENALES EN LOS QUE SE PUDIERA HABER CONSIDERADO COMO PLAZO MÁXIMO DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EL CONTENIDO EN LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL (ARTÍCULO 94, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XII. PENA DE PRISIÓN MÁXIMA. SU INCREMENTO HASTA EN CINCUENTA AÑOS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULO 94, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 103/2016. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 24 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, a través de su presidente Víctor Manuel Serrato Lozano, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del decreto 153 por el cual se reformó el párrafo segundo del artículo 94 de la Constitución Política de esa entidad federativa –porción normativa que se refiere a la pena máxima privativa de la libertad en la comisión de delitos del fuero común– publicado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado.
2. El promovente señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, el promovente controvierte la reforma citada en el párrafo que antecede (pues de cuarenta años de prisión incrementó a cincuenta años la pena privativa máxima de la libertad, por la comisión de delitos del fuero común en la entidad). Al respecto, manifiesta los siguientes argumentos:
• Alega que existieron violaciones al procedimiento de reforma constitucional, ya que no se respetó lo establecido en la Carta Fundamental Estatal. Señala que las autoridades legislativas inobservaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como de proporcionalidad y razonabilidad.
• Dijo que fue incorrecto que la Comisión de Puntos Constitucionales, en el mismo acto, haya retomado y dictaminado la procedencia de una iniciativa del gobernador del Estado, que previamente fue eliminada. Agrega que dicha comisión no tenía facultades para presentar iniciativas.
• Refiere que la reforma constitucional no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para ser aprobada, ya que hubo abstenciones y votos en contra. Añade que hubo dispensa de lecturas y que la discusión fue muy rápida, es decir, que fue sumario sin justificación.
• Aduce que la reforma a la pena privativa de la libertad máxima, transgrede los principios de progresividad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica.
• Manifiesta que aumentar la pena de mérito de cuarenta a cincuenta años vulnera el principio de progresividad, ya que disminuye un derecho del imputado o sentenciado. Agrega que es una medida regresiva, lo cual torna la sanción excesiva, pues sobrepasa los límites constitucionalmente establecidos.
• Refiere que de la Comisión contra la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes, se desprende que las penas de prisión no deben ser aumentadas cuando previamente fueron establecidos límites máximos. Además que es una pena inusitada y trascendental, cruel, denigrante o infamante, por tanto, adversa a los fines de la Carta Magna Federal en lograr la reinserción social.
• Estima que la sanción privativa de la libertad sólo afecta al delincuente, pues su finalidad es reinsertarlo en su entorno social y que no realice nuevas conductas antisociales, por lo que no se podría argumentar que beneficia a las víctimas.
• Esgrime que aumentar la pena de prisión de cuarenta a cincuenta años, transgrede el principio de reinserción social, así como el nuevo sistema de justicia penal, porque atento a la teleología de este sistema oral, acusatorio y adversarial la pena de prisión sólo debe imponerse en casos excepcionales.
• Sostiene que las penas no deben ser aumentadas de una forma indiscriminada, cuando previamente ya se había otorgado un límite máximo. Apoya su consideración en el Caso Fermín Ramírez contra Guatemala, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
4. TERCERO.—Registro y turno. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 103/2016 y, por razón de turno, tocó fungir como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
5. CUARTO.—Admisión. Por auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán, para que rindieran sus respectivos informes.
6. QUINTO.—Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
• Estima que no existieron violaciones al procedimiento de reforma constitucional, ya que se respetaron los requisitos establecidos en la ley. Agrega que, contrario a lo señalado por la promovente, no tuvo participación en la iniciativa de reforma de ley.
• Dice que no existe violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y razonabilidad.
• Considera que la reforma no fue derivada de un simple capricho, sino de un reclamo de la sociedad michoacana para prevenir la comisión de delitos, desanimando así a los posibles delincuentes. Añade que la adecuación de las normas respecto de los niveles delincuenciales y crecimiento de los delitos no es una regresión ni un atentado a la progresividad de los derechos humanos.
• Señala que la reforma constitucional no nulifica un derecho humano, puesto que al realizar una individualización de la pena del imputado, el Juez valorara las condiciones de cada caso.
• Sostiene que el Estado de Michoacán, ha venido presentando un aumento en el índice delictivo, lo cual genera un impacto en la ejecución de delitos considerados como graves; razón por la cual es necesario aumentar la penalidad del artículo 94 de la Constitución Política de esa entidad federativa.
• Refiere que con la reforma no se transgrede el principio de reinserción social y que tampoco existe oposición al nuevo sistema de justicia penal, puesto que las normas penales persiguen un fin único el cual es la protección de los bienes jurídicos frente a lesiones o puestas en peligro, a través de la amenaza penal. Agrega que la penalidad de los delitos no afecta de manera directa a las personas con el sólo hecho de establecerlas en la norma, sino que es necesario que concurran ciertos supuestos para que se actualice la imposición de la sanción.
7. SEXTO.—Informe de la autoridad legislativa. El Poder Legislativo del Estado de Michoacán, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
• Dice que, no existieron violaciones durante el proceso de reforma constitucional, ya que se acató lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución Local (remitió diversas constancias para demostrar su afirmación). Agrega que la iniciativa de reforma fue formulada y presentada por el gobernador del Estado.
• Sostiene que carece de sustento jurídico lo afirmado por el promovente, en el sentido de que no se obtuvo la mayoría absoluta para aprobar la reforma, pues de la sesión ordinaria de mérito (veinticinco de mayo de dos mil dieciséis), se advierte lo contrario. Agrega que la mayoría absoluta corresponde a la mitad más uno de los integrantes de la Legislatura.
• Refiere lo establecido en la exposición de motivos, para evidenciar la razonabilidad de la reforma a la pena máxima de prisión.
• Señala que, en la especie, la progresividad se ubica en la justificación del incremento motivado por la gravedad de la inseguridad e intranquilidad que la ciudadanía vive en el Estado de Michoacán. Agrega que la reforma favorece a la sociedad, dado que aquella requiere tranquilidad.
• Dice que la Constitución Federal no establece limitantes para legislar sobre penas máximas privativas de la libertad, sino que por el contrario faculta y motiva la regulación misma.
• Estima que la reforma constitucional no transgrede el principio de reinserción social ni al nuevo sistema de justicia penal.
8. SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre una porción normativa de un dispositivo de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.
11. En efecto, el decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Michoacán de Ocampo, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el lunes veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción, transcurrió del martes veinticinco de octubre al miércoles veintitrés de noviembre del propio año.
12. En consecuencia, según consta en el sello asentado al reverso de la foja veintitrés del expediente, si la demanda se presentó el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correos de México en Morelia, Michoacán (lugar de residencia del promovente), en términos de lo dispuesto en el artículo 8o. de la ley de la materia que rige a este asunto, debe concluirse que su presentación fue oportuna.
13. TERCERO.—Legitimación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad.
14. En el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas están legitimados para promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por las Legislaturas Locales.
15. Asimismo, en términos del artículo 59, en relación con el numeral 11, primer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen estén facultados para representarlos.
16. Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Víctor Manuel Serrato Lozano, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, calidad que acredita con el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil quince firmado por el presidente de la mesa directiva, primera secretaria, segundo secretario y tercera secretaria, todos de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo, por el que se comunica su designación como presidente de la mencionada comisión, en el periodo comprendido entre el nueve de diciembre de dos mil quince y el ocho de diciembre de dos mil diecinueve.
17. Por tanto, el promovente cuenta con legitimación para hacer valer la presente acción de inconstitucionalidad, en la que formula diversos conceptos de invalidez relacionados con la vulneración de diversos derechos, como es la violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresión.
18. CUARTO.—Procedencia. Es procedente la acción de inconstitucionalidad.
19. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no hacen valer causas de improcedencia, ni este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualice alguna. Por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por la promovente.
20. QUINTO.—Análisis de fondo. En la especie, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que demandó la invalidez del decreto 153, publicado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado, por el cual se reformó el artículo 94 de la Constitución Política de la referida entidad, en la porción normativa que se refiere a la pena máxima privativa de la libertad en la comisión de delitos del fuero común.
21. Dicho decreto estatuye lo siguiente:
"Artículo único. Se reforma el artículo 94 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:"
"Artículo 94. ...
"Las penas privativas de la libertad no podrán en ningún caso exceder de cincuenta años. Esta sanción podrá contemplarse como máxima para delitos calificados como graves por la ley y, también, en el caso de los concursos. ..."
Artículos transitorios
"Primero. Remítase la minuta con proyecto de decreto a los Ayuntamientos del Estado, para que en el término de un mes después de recibida, envíen al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo el resultado de su votación, en los términos de la fracción IV del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
"Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
"El titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe."
22. Al respecto, el promovente hizo valer diversos motivos de invalidez para combatir la referida reforma, los cuales serán contestados a continuación:
A. Vicios atribuidos al proceso legislativo
23. I) Dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales no tenía facultades para emitir la iniciativa de reforma constitucional, pues la iniciativa fue presentada por el gobernador del Estado, pero fue eliminada y después fue retomada por la citada comisión la que en el mismo acto dictaminó su procedencia; II) Adujo que la reforma constitucional no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para ser aprobada, porque debió ser aprobada por todos los legisladores presentes, sin embargo, en el caso existieron abstenciones y votos en contra; y, III) Sostuvo que en el caso sin justificación hubo dispensa de lecturas y su discusión fue sumaria, sin haber razón para realizar lecturas en periodos legislativos separados.
24. El artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, vigente a la fecha de inicio del proceso legislativo que atañe a este asunto, establece los requisitos que deben de concurrir para adicionarla o reformarla, en los siguientes términos:
"Título décimo
"De las reformas a la constitución
"Artículo 164. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada en cualquier tiempo, concurriendo los requisitos siguientes:
"I. Que la proposición de adiciones o reformas, se haga por escrito y por quienes con arreglo a ella tienen derecho a iniciar leyes;
"II. Que sea examinada por la comisión respectiva del Congreso, la cual emitirá dictamen sobre si ha lugar a admitirla a discusión;
"III. Que el dictamen de adiciones o reformas se someta a discusión y se apruebe con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso;
"IV. Que una vez aprobado en los términos de la fracción anterior, se someta a discusión y aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos Municipales del Estado;
"Si transcurre un mes después de recibido el decreto por los Ayuntamientos, sin que remitan al Congreso el resultado de su votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma; y,
"V. Las adiciones o reformas constitucionales que fueren aprobadas, se publicarán dentro de los siguientes diez días hábiles y no podrá el gobernador hacer observaciones acerca de ellas."
25. De lo anterior se tiene que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, podrá ser reformada en cualquier tiempo si se satisfacen todos los requisitos ahí previstos, esto es, que la propuesta de adiciones o reformas, se haga por escrito y por quienes con arreglo a la Constitución del Estado tienen derecho a iniciar leyes; que sea examinada por la comisión respectiva del Congreso del Estado, la que emitirá el dictamen sobre si ha lugar a admitirla a discusión; que el dictamen sea sometido a discusión y se apruebe con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso; que una vez aprobado, se someta a discusión y aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos Municipales del Estado, para lo cual si transcurre un mes después de recibido el decreto por los Ayuntamientos, sin que remitan al Congreso el resultado de su votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma; y que las adiciones o reformas constitucionales aprobadas, se publicarán dentro de los siguientes diez días hábiles y el gobernador no podrá hacer observaciones acerca de ellas.
26. En el caso lo que aconteció fue que por escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el Congreso del Estado de Michoacán,(1) se presentó la "iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo", que por escrito sometió a consideración Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán.
27. Después, el siete de octubre de dos mil quince, la iniciativa se remitió para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Asimismo, en dicha fecha, la iniciativa fue remitida a la Dirección de Asistencia a Comisiones y Asuntos Contenciosos, para que se declarara si había lugar a la discusión de la iniciativa.(2)
28. Posteriormente, el diecisiete de noviembre de dos quince, se llevó a cabo la reunión de trabajo de la referida comisión, en la cual se aprobó dar trámite al dictamen de la iniciativa, para realizar las observaciones correspondientes.(3)
29. Luego, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, se acordó incluir en la próxima orden del día, el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Mismo que fue visto en sesiones ordinarias de ocho de diciembre de dos mil quince, once y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con las discusiones correspondientes a través de la participación de diversos diputados locales. En esta última fecha fue aprobada la reforma constitucional de mérito por veinticuatro votos a favor y doce en contra, con dos abstenciones.(4)
30. En razón de lo anterior, se elaboró el decreto respectivo y lo remitió a los Ayuntamientos Municipales del Estado, para su discusión y aprobación, siendo así que el veinticinco de julio de dos mil dieciséis, se efectuó la declaratoria correspondiente al decreto, en el sentido de que la última notificación, se realizó el veintidós de junio de dos mil dieciséis.
31. Y, que sobre el resultado de su votación sólo informaron los Municipios de Ario de Rosales, Chavinda, Ecuandureo, Lagunillas, La Piedad, Morelia, Numaran, Parácuaro, Senguio, Tangancicuaro, Zitácuaro en el sentido de aprobar la minuta del decreto y el Municipio de Charo en contra de aprobar la minuta; sin embargo en relación con el resto de los Ayuntamientos y al Consejo Mayor Ciudadano de Cherán, transcurrió el mes señalado sin haber remitido el resultado de la votación, entendiéndose que aceptaron la reforma constitucional.(5)
32. De la referida declaratoria se dio lectura en la sesión ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, de la Legislatura del Estado de Michoacán; en consecuencia, se giró el oficio correspondiente al gobernador del Estado, para el trámite respectivo, quien emitió el decreto de promulgación, publicado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.(6)
33. Precisado lo que antecede, se tiene que resultan infundados los argumentos de invalidez aducidos por el accionante.
34. Pues contrario a lo afirmado, la iniciativa de reforma constitucional sí fue hecha por parte facultada para ello, ya que la efectuó el gobernador del Estado de Michoacán, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 164 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, de los cuales es posible advertir que el gobernador del Estado cuenta con facultades para presentar iniciativas de reforma constitucional, lo que se corrobora con la siguiente transcripción:
"Artículo 36. El derecho de iniciar leyes corresponde:
"I. Al gobernador del Estado; ..."
"Artículo 164. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada en cualquier tiempo, concurriendo los requisitos siguientes:
"I. Que la proposición de adiciones o reformas, se haga por escrito y por quienes con arreglo a ella tienen derecho a iniciar leyes; ..."
35. En consecuencia, no asiste la razón al accionante cuando sostiene que la iniciativa de reforma constitucional fue realizada por quien no contaba con facultades para ello o bien que el gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo no presentó la iniciativa, y menos que haya sido eliminada.(7)
36. Por otra parte, el artículo 246 de la Ley Orgánica y Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, en su texto vigente a la fecha del proceso legislativo, prevé sustancialmente que los dictámenes relativos a reformas constitucionales e iniciativas de ley, deberán recibir siempre dos lecturas en sesiones distintas; realizada la primera lectura, el dictamen regresará a la comisión respectiva, quien puede profundizar en el estudio de la iniciativa, modificando el dictamen; finalmente, la segunda lectura se realizará en la sesión en que se vaya a debatir y votar, y sólo puede dispensarse este requisito cuando se califique la urgencia notoria conforme a las condiciones ahí establecidas.
37. Lo anterior, se corrobora de la siguiente transcripción:
"Artículo 246. Los dictámenes relativos a reformas constitucionales e iniciativas de ley, deben recibir siempre dos lecturas en sesiones distintas. La segunda de ellas, se hará en la sesión en que se vaya a debatir y votar. Solo puede dispensarse este requisito cuando se califique de urgencia notoria por acuerdo expreso de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno y se hayan distribuido o publicado en la Gaceta Parlamentaria.
"Las condiciones para que se califique la urgencia notoria son:
"I. La existencia de riesgo de que por el simple transcurso del tiempo fenezcan derechos u obligaciones;
"II. Que los hechos sobre los que se resuelvan generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto, de que se trate, pues de no hacerlo traería consecuencias negativas para la sociedad; y,
"III. Que no se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.
"Una vez que se ha verificado la primera lectura, el dictamen regresa a la comisión respectiva, la cual puede profundizar en el estudio de la iniciativa en cuestión, modificando el dictamen."
38. En el caso se tiene que en sesión ordinaria de once de mayo de dos mil dieciséis, se realizó la primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, ordenándose la devolución a la Comisión Dictaminadora nuevamente para su estudio, dictamen y su posterior presentación para segunda lectura; y en sesión ordinaria de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto, en la cual se discutió y aprobó por la mayoría absoluta de los diputados integrantes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
39. Esto es, el dictamen de reformas recibió dos lecturas en sesiones distintas tomando en cuenta que se trataba de un dictamen relativo a una reforma constitucional, siendo discutido con la intervención de diversos legisladores en la sesión de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sometió a votación y fue aprobado por mayoría de veinticuatro votos a favor, doce en contra y dos abstenciones.(8)
40. De donde también se tiene que en el proceso legislativo no existió la dispensa de lectura o discusión de la reforma constitucional, de ahí que no había necesidad de justificarla.
41. Por lo demás, la reforma constitucional sí contó con la mayoría absoluta necesaria para ser aprobada, aun cuando existieron abstenciones y votos en contra, ya que, en términos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el dictamen de reformas establece que debe ser aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, esto es no exige que sean aprobadas por unanimidad que es la totalidad de los legisladores presentes.
42. Esto, porque si conforme al artículo 20, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,(9) el Congreso del Estado, se integra por cuarenta diputados, y en el caso, en la sesión en que se aprobó la reforma aquí impugnada estuvieron presentes treinta y ocho diputados,(10) de los cuales se obtuvo una votación de veinticuatro a favor, doce en contra y dos abstenciones; entonces se concluye que la reforma constitucional fue aprobada por mayoría absoluta de los diputados integrantes del Pleno del Congreso Local.
43. No pasa inadvertido el planteamiento de la accionante en el sentido de que la iniciativa, se presentó en dos mil quince y se dio lectura en periodos legislativos distintos. Pues esas circunstancias no lo tornan ilegal, conforme a las normas que rigen al procedimiento legislativo.
44. Atento a los artículos 20, primer párrafo y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,(11) así como a los artículo 2 y 214, párrafo primero, de la Ley Orgánica y Procedimientos del Congreso de esa entidad federativa,(12) el Congreso del Estado, se integra con representantes del pueblo, electos en su totalidad cada tres años, funcionará por Legislaturas denominadas con el número nominal que le corresponda, cuyo periodo constitucional es de tres años, y estos se dividen por años legislativos, el año legislativo inicia el quince de septiembre y concluye el catorce de septiembre del año siguiente, el Congreso sesionará en Pleno durante el año legislativo que comprende dos periodos ordinarios de sesiones, el primero del quince de septiembre al treinta y uno de diciembre, y el segundo del uno de febrero al quince de julio.
45. En el caso en análisis, con relación a la reforma controvertida, en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo de la Septuagésima Tercera Legislatura del Estado, se llevó a cabo lo siguiente: El veintitrés de septiembre de dos mil quince, se presentó la iniciativa de reforma al artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, hecha valer por el gobernador del Estado; en sesión ordinaria de ocho de octubre de dos mil quince, se dio lectura a la iniciativa y se ordenó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que declarara si había lugar a admitir a discusión la iniciativa presentada; y en sesión ordinaria de ocho de diciembre del mismo año, se llevó a cabo la lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el cual se declara que ha lugar a admitir a discusión la iniciativa con proyecto de decreto.
46. Luego, en el segundo periodo ordinario de sesiones de esa Septuagésima Tercera Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de once de mayo de dos mil dieciséis, se realizó la primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, ordenándose la devolución a la Comisión Dictaminadora nuevamente para su estudio, dictamen y su posterior presentación para segunda lectura; y en sesión ordinaria de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto, en la cual se discutió y aprobó por la mayoría absoluta de los diputados integrantes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
47. De lo anterior, se tiene que el turno a la comisión correspondiente para establecer si se admitía a discusión y la determinación de que se admitiera para tales efectos, se llevaron a cabo en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo de la Septuagésima Tercera Legislatura del Estado; y diversos actos como son la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto, así como la segunda lectura al dictamen, su discusión y aprobación, tuvieron verificativo en el segundo periodo ordinario de sesiones durante el ejercicio de la misma Legislatura.
48. Así, tales circunstancias no actualizan irregularidad alguna en el proceso legislativo, porque ni del texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, ni de la Ley Orgánica y Procedimientos del Congreso de esa entidad federativa, se observa que el proceso legislativo de una iniciativa de decreto de reforma –incluida al texto de la Constitución Local
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29273-9e1e4bfe/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOV (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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