I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA DE CARÁCTER ESTATAL VULNERA DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 18 Y 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EN SU EVALUACIÓN DEBE VERIFICARSE EL RESPETO AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD Y QUE EL PROCEDIMIENTO DELIBERATIVO CULMINE CON LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE VOTACIÓN ESTABLECIDAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE TANTO LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA COMO LAS VOTACIONES DEBEN SER PÚBLICAS. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN CASOS DE NOTORIA URGENCIA. VII. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. FASES QUE LO COMPONEN. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL QUE DIO ORIGEN A LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO DEL ESTADO CUMPLIÓ CON LAS FORMALIDADES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA, EN TANTO QUE LA FORMULÓ UN DIPUTADO DEL CONGRESO LOCAL, LA DIRIGIÓ AL PRESIDENTE DEL ÓRGANO LEGISLATIVO, CITÓ LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE CONSIDERÓ APLICABLES, FORMULÓ LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS E INCLUYÓ LA PROPUESTA DEL ARTICULADO RESPECTIVO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 36 DE LA CONSTITUCIÓN Y 235 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO, AMBAS DE ESE ESTADO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 197, QUE CONTIENE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO ORIGEN A LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO DEL ESTADO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL HECHO DE QUE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN DEL CONGRESO LOCAL RINDIERAN SU DICTAMEN MÁS DE DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE LES FUE TURNADA LA INICIATIVA, SE ENCUENTRA JUSTIFICADO POR UNA CAUSA DE FUERZA MAYOR GENERADA POR LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), ADEMÁS DE QUE NO IMPACTÓ EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DIPUTADAS EN SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 197, QUE CONTIENE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN DEL CONGRESO LOCAL EN LA QUE SE SEÑALÓ QUE ACUDIÓ LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS DIPUTADAS QUE LA INTEGRAN AUNQUE SÓLO FIRMARON SEIS EL DOCUMENTO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO QUE NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE, EN TANTO QUE SÍ SE CUMPLIÓ CON EL QUÓRUM LEGAL EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 197, QUE CONTIENE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL HECHO DE QUE EL CONGRESO LOCAL NO HAYA EXHIBIDO CONSTANCIA DE QUE EL DICTAMEN DE LA LEY IMPUGNADA SE REPARTIÓ CON OPORTUNIDAD A LAS PERSONAS DIPUTADAS, NI QUE FORMÓ PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN LA QUE SE APROBÓ, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO SIN POTENCIAL INVALIDANTE, TODA VEZ QUE DURANTE SU DISCUSIÓN NO SE ARGUMENTÓ SU DESCONOCIMIENTO NI SE PRESENTÓ MOCIÓN AL RESPECTO, LO QUE INDICA QUE TUVIERON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA PONDERAR SU CONTENIDO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 197, QUE CONTIENE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2022. 29 DE FEBRERO DE 2024. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo y de algunos preceptos en específico, contenida en el Decreto 197, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el treinta de agosto de dos mil veintidós.
En los términos de los conceptos de invalidez expuestos, este Tribunal Pleno debe resolver si la emisión de la Ley impugnada: a) respetó el procedimiento legislativo; b) vulneró el derecho a la consulta previa de las mujeres; c) invadió la competencia federal en materia procesal penal; d) transgredió el principio de taxatividad; e) invadió la competencia de la autoridad judicial federal al facultar a la Fiscalía Especializada para solicitar información a empresas telefónicas o de comunicación; o f) incurrió en una omisión legislativa por no contemplar el transfeminicidio.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 129/2022 promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de su Presidente, en contra de la totalidad del decreto y de diversos preceptos de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, contenida en el Decreto 197, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa, el treinta de agosto de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación de la ley impugnada. El treinta de agosto de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el Decreto número 197, por el cual se expidió la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio de esa entidad federativa.
2. Presentación de la demanda. El siete de septiembre de dos mil veintidós, Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad ante la oficina local de Correos de México, en la que planteó la invalidez de la totalidad del Decreto por el que se expidió la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio, así como de algunos de sus preceptos en lo particular. Este escrito fue recibido el doce de septiembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Artículos constitucionales violados. La Comisión Estatal accionante consideró vulnerados los artículos 1o., 4o., 14, 16, 21, 28, 73, fracción XXI, inciso c), 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo planteó ocho conceptos de invalidez:
a) Primero. Omisión de efectuar una consulta pública a las mujeres. La ley impugnada vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que el Congreso del Estado de Michoacán no garantizó el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe de las mujeres, pues no fueron escuchadas ni participaron en el proceso legislativo de forma directa e inmediata, aun cuando son las destinatarias de dicha normatividad al crear un nuevo estatus en su esfera jurídica.
b) Este derecho deriva de una interpretación histórico-evolutiva, auténtica y teleológica de los artículos 4.2, 8, inciso a), y 9, inciso a),(1) del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso de la Organización Internacional del Trabajo y del preámbulo y de los diversos 11.2, inciso c) y 14.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.(2)
c) De estos ordenamientos se desprende que los Estados parte tuvieron la convicción de que las mujeres fueran escuchadas en todo acto que pudiera afectarlas, es decir, se contempló un derecho de participación amplio, ya que se trata de un sector marginado históricamente que se erige como un grupo vulnerable, por lo que requiere de una protección reforzada a través de una política de compensación de todos los órganos del Estado.
d) Segundo. Incompetencia del Congreso del Estado de Michoacán para legislar en materia procesal penal. La expedición de normas procesales penales es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política del país,(3) por lo que se considera que los artículos 5, fracciones III, IV, V y VI, 12 y del 14 al 21 de Ley impugnada son inválidos, ya que inciden en esta materia.
e) Estos numerales contemplan diversas actuaciones relacionadas con la investigación del delito, que transgreden la competencia exclusiva del Congreso federal, tales como: diligencias preparatorias, asesoría personal e impugnativa, vistas, actos inherentes a la investigación del delito, solicitudes de información y dictado de medidas restitutorias.
f) El artículo 7 de la ley impugnada es inconstitucional, ya que faculta a los Ayuntamientos –entes político-administrativos– a ejercer una función de carácter penal que la Constitución Política del país no permite ejercer a ningún funcionario municipal, consistente en recibir y canalizar cualquier denuncia de un posible feminicidio o tentativa de feminicidio hacia la Fiscalía Especializada a través de las agencias del Ministerio Público.
g) Esta disposición también vulnera los principios de seguridad y certeza jurídica de las personas ofendidas, denunciantes o querellantes, ya que les condiciona a acudir a una autoridad administrativa que carece de competencia, cuando a quien le corresponde conocer del acto delictivo es a la Fiscalía General de Michoacán.
h) El Congreso local erróneamente dotó al Ayuntamiento de la facultad de mando respecto a las facultades de investigación de la policía municipal, cuando su conducción y dirección están supeditadas exclusivamente a lo que ordene el Ministerio Público, como lo establece el artículo 21 constitucional.(4)
i) Tercero. Incompetencia del Congreso de Michoacán en materia de criterios de oportunidad. El artículo 12, fracción III, de la ley impugnada contempla que la Fiscalía Especializada no podrá aplicar un criterio de oportunidad en ningún momento del proceso penal por el delito de feminicidio consumado o en grado de tentativa. Esta previsión invade la competencia del Congreso Federal, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal vedan la posibilidad de que las entidades federativas legislen en esta materia.
j) Cuarto. Omisión de regular el transfeminicidio. El Congreso local omitió incluir la figura del feminicidio cometido en contra de personas transgénero y transexuales, pues la ley impugnada únicamente contempla el feminicidio cometido contra las mujeres cisgénero, lo que vulnera los principios de igualdad y no discriminación e inobserva que este grupo pertenece a un sector de alta vulnerabilidad que requiere de protección reforzada y merece estar contemplado en la legislación.
k) Quinto. Vulneración al principio de taxatividad. El artículo 29 de la ley impugnada vulnera el principio de taxatividad, porque no se establecen parámetros claros para la conformación del Observatorio, ya que omite señalar quién lo presidirá y cuáles son sus funciones; identificar a quienes lo integrarán y cuál será su duración en el cargo; precisar la forma de designación de sus integrantes y puntualizar los elementos mínimos para su creación, operación y desarrollo de actividades.
l) Esta falta de previsión se equipara a una omisión legislativa relativa de ejercicio obligatorio, pues se emitió una ley de manera incompleta y deficiente que impuso una obligación de hacer a sus destinatarios, sin contar con lineamientos mínimos esenciales para satisfacer esa exigencia, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.
m) La norma no indica la forma y los términos en que se conformará el Observatorio, es decir, si se integrará a través de una convocatoria pública, si existen órganos permanentes o será bajo designación, selección o insaculación directa por parte de la propia Comisión de los Derechos Humanos, por lo que tal amplitud genera una facultad discrecional ilimitada y un extenso margen de apreciación de quienes lo conformarán.
n) El precepto impugnado contempla que la Comisión accionante integrará el Observatorio, sin embargo, el artículo 102, apartado B, constitucional(5) establece que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos carecen de atribuciones para conformar y presidir Observatorios, y sólo pueden conocer de quejas, formular recomendaciones públicas no vinculantes, informes generales y especiales.
o) Sexto. Incompetencia de la Fiscalía Especializada para solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación. El artículo 17, fracción VI, de ley impugnada es inconstitucional, porque faculta a la Fiscalía Especializada para solicitar información directamente a las empresas telefónicas y de comunicación. Sin embargo, la autorización para obtener información o intervenir en las comunicaciones privadas siempre debe provenir de la autoridad jurisdiccional federal y no de una autoridad diversa.
p) Séptimo. Ausencia de políticas públicas en materia de prevención. El capítulo VII de la ley impugnada (artículos 25 a 32) vulnera el artículo 28 constitucional, que establece que la obligación de formular políticas públicas recae prioritariamente en el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal, ya que faculta a la Fiscalía Especializada como el ente generador y ejecutor de las políticas públicas en materia de prevención y erradicación del feminicidio, sustituyendo inconstitucionalmente al titular del Poder Ejecutivo local en sus atribuciones.
q) Octavo. Violación al procedimiento legislativo. El Congreso del Estado de Michoacán incurrió en diversas violaciones al procedimiento legislativo, pues no siguió los parámetros constitucionales y reglamentarios contenidos en los artículos 37 a 42 de la Constitución Política de la entidad y 234 a 277 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán.
5. Registro y turno. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 129/2022 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. Admisión. El diecinueve de octubre de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, requirió a los titulares de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno (por haber refrendado el decreto impugnado), todos del Estado de Michoacán, para que rindieran los informes correspondientes. Por otra parte, respecto del Director del Periódico Oficial de esa entidad federativa, determinó que no procedía tenerlo como autoridad emisora de la norma impugnada, al tratarse de una autoridad subordinada, en términos de la jurisprudencia de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."(6)
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Diputada Julieta García Zepeda, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, rindió su informe en los siguientes términos:
a) Primero. Ninguno de los tratados internacionales que cita la Comisión accionante contempla la obligación de realizar una consulta previa a las mujeres en materia de prevención y erradicación del feminicidio, por lo que la ley impugnada carece de un vicio de esa naturaleza.
b) La falta de consulta no vulnera la intervención ni la participación de las mujeres en el proceso legislativo, ya que ellas son representadas democráticamente por las legisladoras electas por la ciudadanía michoacana. Sobre todo, tomando en cuenta que las diputadas estuvieron involucradas directamente en la emisión de la ley impugnada, al formar parte de su discusión y aprobación.
c) Segundo. Los artículos 5, fracciones III, IV, V y VI, 7, 12 y 14 a 21 de la ley impugnada no invaden la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal, pues sólo establecen la creación de una Fiscalía Especializada –dependiente de la Fiscalía General– para investigar y erradicar el feminicidio, de manera armónica con la legislación nacional.
d) El artículo 7 de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán no concede a los Ayuntamientos una función de carácter penal, pues sólo contempla la obligación que tiene de denunciar inmediatamente los hechos constitutivos de un delito al Ministerio Público, proporcionando todos los datos que correspondan y poniendo a su disposición a las personas detenidas, lo cual es acorde a lo establecido en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(7)
e) Tercero. El artículo 12, fracción III, de la legislación impugnada no invade la competencia federal, ya que no define ni crea criterios de oportunidad, sino que se limita a establecer los casos en los cuales la autoridad competente, es decir, la Fiscalía Especializada para Investigar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Michoacán, podrá abstenerse de ejercer la acción penal por la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos regulados por las normas federales en la materia.
f) Cuarto. No existe la omisión legislativa de incluir en la ley impugnada el feminicidio contra mujeres transgénero, pues dicha norma debe interpretarse ampliamente y con perspectiva de género, a fin de eliminar las causas de opresión y jerarquización, la desigualdad y la injusticia por razones de género. Además, no existe desprotección hacia este grupo, pues el artículo 121 del Código Penal del Estado contempla el homicidio en razón de la identidad de género.(8)
g) Quinto. La Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán no vulnera el principio de taxatividad, porque establece claramente su objetivo, sus principios, efectos y derechos, así como el delito de feminicidio, en qué consiste la conducta ilícita, las hipótesis para el medio comisivo y la finalidad de su actuar.
h) El artículo 29 y el artículo sexto transitorio de la ley impugnada establecen claramente las acciones de organización y las funciones de las diversas autoridades que conformarán el "Observatorio" como ente de participación en la materia. Conforme a estos preceptos, las autoridades ahí contempladas supervisarán y vigilarán el actuar de la Fiscalía Especializada, monitorearán las denuncias presentadas y podrán proponer acciones y políticas de prevención dentro de la procuración e impartición de justicia, sin que la ley les otorgue facultades discrecionales ilimitadas.
i) Sexto. El artículo 17, fracción VI, de la ley impugnada no es inconstitucional, porque la norma no permite la intervención de la comunicación privada, por el contrario, únicamente faculta a la Fiscalía Especializada para solicitar información a las empresas telefónicas o de comunicación, como pueden ser registros con información sobre llamadas telefónicas en determinadas fechas a ciertas personas y en un horario específico.(9)
j) Séptimo. El capítulo VII de la ley impugnada denominado "Políticas públicas en materia de prevención y obligaciones" no vulnera el artículo 28 constitucional, ya que no pretende que la Fiscalía Especializada genere políticas públicas en sustitución del titular del Ejecutivo Estatal, sino que organice y ejecute la norma, de acuerdo con los criterios nacionales e internacionales en materia de violencia de género y el feminicidio.
k) Octavo. El procedimiento legislativo carece de vicios, ya que fue respetuoso de los artículos 36 al 42 y 44 de la Constitución local y de lo que establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, tal como se desprende del expediente legislativo anexo al informe del Congreso.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. El primero de diciembre de dos mil veintidós, Manuel Alexandro Cortes Ramírez, Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, en su carácter de representante del Poder Ejecutivo y del Secretario de Gobierno de esa entidad federativa, presentó dos escritos en los que rindió los informes respectivos de manera prácticamente idéntica, en los siguientes términos:
a) Primero. El Poder Ejecutivo local y el Secretario de Gobierno no estaban obligados a efectuar una consulta pública a las mujeres michoacanas, porque únicamente participaron en la promulgación de la norma. Además, carece de relevancia llevar a cabo una consulta de ese tipo para legislar sobre un tema que pretende proteger a las mujeres de un problema que les aqueja.
b) Segundo. El Congreso local sí tiene competencia para legislar en materia de feminicidio, ya que no es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Y, suponiendo que el accionante tuviera razón, la acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea para reclamar la invalidez de la ley impugnada.
c) Tercero. El hecho de que la ley impugnada no contemple el delito de transfeminicidio no actualiza una omisión legislativa, porque en la prevención y erradicación de los feminicidios deben tomarse en cuenta diversos aspectos y no únicamente el hecho de que se trate de un homicidio en agravio de personas del sexo femenino, cualquiera que sea su condición, ya sean cisgénero o transgénero, pues la norma no hace ningún tipo de clasificación.
d) Cuarto. La ley impugnada no regula ni tipifica el delito de feminicidio, por lo que, al no estar frente a una ley penal, no existe una vulneración al principio de taxatividad, ya que la normatividad tiene por objeto prevenirlo y erradicarlo, a través de la propuesta, regulación, coordinación y distribución de facultades a distintas instancias de gobierno para que, con base en sus competencias, actúen conforme al objetivo de la ley.
e) Quinto. La Fiscalía Especializada es el órgano competente para investigar y perseguir el delito de feminicidio, por lo que está legalmente facultada para solicitar información a las empresas telefónicas y de telecomunicaciones, a fin de estar en posibilidad de ejercer la acción penal ante los tribunales por estos hechos ilícitos.
f) Sexto. No existe la omisión de emitir políticas públicas en materia de prevención del feminicidio porque precisamente la ley impugnada tiene por objeto establecer políticas públicas en ese ámbito, dentro del capítulo VII denominado "Políticas Públicas en Materia de Prevención y Obligaciones", que va de los artículos 25 a 33.
g) Séptimo. El Poder Ejecutivo local y el Secretario de Gobierno no tuvieron intervención en el procedimiento legislativo, pues únicamente participaron en la promulgación de la ley impugnada, por lo que no existe la vulneración que la Comisión accionante les atribuye.
9. Admisión de informes y requerimiento. El trece de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora emitió un auto en el que determinó que no era admisible el informe del Congreso del Estado de Michoacán, ya que se presentó en copia simple y sin firma autógrafa. En vista de lo anterior, lo requirió para que en el plazo de tres días remitiera el informe original, apercibido que, de no hacerlo, el asunto se resolvería con las constancias y elementos que obraran en autos. Por otra parte, tuvo al Gobernador y al Secretario de Gobierno de esa entidad federativa rindiendo los informes solicitados. 10. Pedimento. El Fiscal General de la República no presentó pedimento en el presente asunto.
11. Cierre de instrucción. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la Ministra instructora emitió un acuerdo en el que tuvo por formulados los alegatos por parte del Gobernador y del Secretario de Gobierno de Michoacán. Por otra parte, hizo efectivo el apercibimiento contra el Congreso de esa entidad federativa por omitir enviar el informe original solicitado e indicó que el asunto se resolvería con base en las constancias y elementos que están en el expediente. Finalmente, declaró el cierre de la instrucción para elaborar el proyecto de resolución del asunto.
12. Incidente. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la Diputada Julieta García Zepeda, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán interpuso un incidente de nulidad de notificaciones en relación con el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós en el que se le requirió por la exhibición del informe original y contra la notificación del auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés en el que se informó que había fenecido el plazo para que exhibiera tal documento.
13. Resolución. Una vez admitido, dentro del cuaderno incidental, en interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora declaró infundado el incidente.
14. Amicus curiae. En escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, Ignaela Tzintzún Alberto, en calidad de Presidenta de la "Asociación Pro Defensa de los Derechos Humanos de Michoacán" presentó un amicus curiae para reforzar los conceptos de invalidez de la Comisión accionante y desvirtuar la ley impugnada.
15. En síntesis, argumentó que dicha legislación omitió adoptar la normativa y los precedentes interamericanos en la materia; no estableció la obligación de remover todos los obstáculos que impidan una debida investigación de los hechos, la cual debe realizarse con perspectiva de género y por personas con perfiles idóneos; no contempló el deber de publicar las estadísticas en materia de feminicidio ni la regulación de la asistencia y reparación a las víctimas. En auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora tuvo por formuladas tales manifestaciones en calidad de amicus curiae.
16. Solicitud de ampliación de la demanda. El seis de junio de dos mil veintitrés, el Presidente de la Comisión accionante presentó un escrito en el que solicitó la ampliación de su escrito de demanda para formular un nuevo concepto de invalidez, en el que planteó que la ley impugnada es inválida, ya que el Congreso local omitió de manera absoluta y en ejercicio obligatorio crear un órgano independiente y autónomo de peritos para auxiliar en la investigación de los hechos vinculados con feminicidios.
17. Desechamiento. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora desechó la ampliación de la demanda por ser extemporánea, aunado a que el accionante pretendió expresar nuevos motivos por los que considera que la ley impugnada es inconstitucional, aun cuando la ampliación procede únicamente cuando se conoce un hecho nuevo con motivo de la contestación o por un hecho superviniente acontecido con posterioridad.
I. COMPETENCIA
18. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país(10) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023 de este Alto Tribunal,(12) por tratarse de una acción de inconstitucionalidad en la que es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
19. De la lectura integral del escrito de demanda presentado por la Comisión accionante se advierte que sus conceptos de invalidez están dirigidos a combatir la totalidad de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, contenida en el Decreto 197, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa, el treinta de agosto de dos mil veintidós ya que, a su juicio, el procedimiento legislativo se encuentra viciado y no se realizó una consulta previa a las mujeres michoacanas antes de la emisión de la ley.
20. Además, de forma específica, la Comisión accionante impugna los artículos 5, fracciones III, IV, V y VI, 7, 12, 14, 15, 16, 17, fracción VI, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo.
III. OPORTUNIDAD
21. El primer párrafo del artículo 60 de la Ley Reglamentaria establece que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general impugnada sea publicada en el medio oficial correspondiente.(13)
22. En este caso, el Decreto 197 por el que se expidió la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo fue publicado el martes treinta de agosto de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles treinta y uno de agosto al jueves veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.
23. Así, este Tribunal Pleno concluye que la demanda se presentó de manera oportuna, ya que la Comisión accionante depositó su escrito en la oficina de correos de su localidad el siete de septiembre de dos mil veintidós.
IV. LEGITIMACIÓN
24. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo está legitimada para impugnar la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, porque es un organismo de protección de los derechos humanos local y combate una ley expedida por la legislatura de su estado que considera violatoria de derechos humanos.
25. En el caso, el Presidente de la Comisión accionante impugnó el Decreto 197 por el que se expidió la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que consideró que su emisión: a) vulneró el procedimiento legislativo; b) transgredió el derecho a la consulta previa de las mujeres; c) invadió la competencia federal en materia procesal penal; d) vulneró el principio de taxatividad; e) invadió la competencia de la autoridad judicial federal al facultar a la Fiscalía especializada para solicitar información a empresas telefónicas o de comunicación, y f) incurrió en una omisión legislativa por no contemplar el transfeminicidio.
26. Por otro lado, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(14) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello. Por su parte, los artículos 18 y 27, fracción I,(15) de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo señala que le corresponde a quien la preside la representación legal.
27. En el presente caso, la demanda fue presentada por Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno expedido por el Congreso de Michoacán de Ocampo, suscrito por el Presidente, primer, segundo y tercer secretarios de la Septuagésima Quinta Legislatura de dicho órgano legislativo.
28. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
29. Ninguna de las partes planteó alguna causa de improcedencia ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio su actualización.
VI. ESTUDIO DE FONDO
30. La mayoría de los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán son infundados, con excepción de aquél que se refiere a la incompetencia del Congreso local para legislar en materia procesal penal, el cual es parcialmente fundado.
31. En su demanda, la Comisión accionante impugna la totalidad la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, contenida en el Decreto 197, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el treinta de agosto de dos mil veintidós, ya que, a su juicio, existieron diversos vicios en el procedimiento legislativo que llevan a su invalidación, aunado a que debió realizarse una consulta previa, libre e informada a las mujeres de la entidad federativa por ser las destinatarias directas de la normatividad.
32. Adicionalmente impugna algunos artículos en lo particular, al considerar que con ellos el Congreso local invadió la competencia federal en materia procesal penal; vulneró el principio de taxatividad; invadió la competencia de la autoridad judicial federal al facultar a la Fiscalía especializada para solicitar información a empresas telefónicas o de comunicación; e incurrió en una omisión legislativa por no contemplar el transfeminicidio.
33. En consecuencia, por cuestión de método, en esta ejecutoria se estudian los conceptos de invalidez en un orden distinto al propuesto. Primero los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33734-7ee4953b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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