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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO DE AVOCAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CONTRA UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE IMPONE COMO POSIBLE UNA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL CARGO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 107, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 95/2025. · Registro digital (IUS): 34101
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.642.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 95/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE MARZO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 95/2025, suscitada entre los sustentados por el Tercer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si, el auto inicial en amparo es la actuación oportuna para analizar la procedencia del juicio constitucional, al señalar como acto reclamado el auto de avocamiento en un procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en contra de un elemento de seguridad pública. (Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco).

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 19321/2025, recibido el veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, en la oficialía de partes de este Pleno Regional, la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió el escrito signado por **********, recurrente en el recurso de queja 212/2025 de su índice, a través del cual denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 275/2024 y por el órgano colegiado oficiante en el expediente citado en primer término.

4. Trámite de la denuncia ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de once de noviembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este órgano colegiado ordenó el registro del escrito en cita con el expediente 95/2025, asimismo, solicitó a los Tribunales contendientes, informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.

5. Por auto de dieciocho de noviembre posterior, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, desahogando el requerimiento formulado, en el que sostuvo la vigencia de su criterio plasmado en el recurso de queja. 275/2024, y ordenó la vinculación del asunto correspondiente.

6. En proveído de veintiuno de noviembre ulterior, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informando la vigencia de su criterio plasmado en el recurso de queja 212/2025, así como que puso a disposición la versión electrónica del expediente relacionado con este asunto.

7. Por auto de quince de diciembre siguiente, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/634/12/2025, de tres de diciembre de dos mil veinticinco, por el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

8. Finalmente, por auto de seis de febrero de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico del asunto a la ponencia de la magistrada Mariana Flores Vega, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente. El asunto fue listado para verse en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, sin embargo, en dicha sesión se determinó aplazar el asunto para mayor estudio, por lo que fue listado nuevamente el diecisiete de marzo del presente año.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés], así como de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente; en virtud de que la contradicción se suscitó entre el Tercer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito; de ahí que se comprenden en la materia y territorio asignados a este Pleno.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el recurrente en la queja 212/2025 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, criterio contendiente en la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

12. Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el recurso de queja 275/2024.

Demanda de amparo indirecto.

13. Una persona física por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridad que enseguida se enuncian:

“III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como Autoridades Responsables a,

a) Al **********.

b) Al Licenciado **********.

ACTOS RECLAMADOS:

a) Del ********** reclamo la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo número ********** instaurado en mi contra.

b) Del ********** reclamo la inconstitucionalidad del Acuerdo de Avocamiento de fecha 16 dieciséis de abril de 2024 dos mil veinticuatro, dictado en autos del procedimiento administrativo número ********** instaurado en mi contra.

c) Del ********** reclamo la omisión de estudiar y resolver el tema de la caducidad de la instancia prevista en el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al caso en estudio, esto al emitir su acuerdo de avocamiento en autos del procedimiento administrativo número ********** instruido en mi contra.

d) Del ********** reclamo la omisión de estudiar el tema de la gravedad de la conducta sancionable, esto al emitir su acuerdo de avocamiento en autos del procedimiento administrativo número ********** instruido en mi contra.

e) Del licenciado ********** reclamo la inconstitucionalidad del Emplazamiento que se practicó el pasado 03 tres de julio de 2024 dos mil veinticuatro, en autos del procedimiento administrativo ********** a través del cual se me notificó del contenido, alcances y consecuencias legales del procedimiento de responsabilidad administrativa instrumentado en mi contra.

f) De todas y cada una de las autoridades responsables reclamo la prescripción de la conducta sancionable, de la sanción administrativa, de las facultades para encausarme y así como para sancionarme en autos del procedimiento administrativo número **********, ello al tenor de lo estatuido por el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

g) De todas y cada una de las autoridades responsables reclamo la caducidad de la instancia que se actualizó en autos del procedimiento administrativo número ********** en términos de lo previsto por el numeral 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al caso en estudio.

(...)”

14. Trámite de la demanda y desechamiento. Por cuestión de turno, conoció de dicho asunto el entonces Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que por auto de quince de julio de dos mil veinticuatro, la registró con el consecutivo ********** (ahora ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco) no obstante, la desechó de plano al tener por actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

15. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del que por razón de turno, conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la registró con el consecutivo 275/2024 y en sesión de seis de febrero de dos mil veinticinco, en la parte que interesa, resolvió lo siguiente:

“(...)

QUINTO. Estudio de los agravios. El recurrente aduce lo siguiente:

1.1. Que señaló diversos actos reclamados, pero la Juez de Distrito no fijó adecuadamente la litis constitucional; al no haber analizado a conciencia su demanda y determinar que no se actualizaba ninguna excepción al principio de definitividad, según se desprende de los criterios que citó, de los cuales precisa que si procede el juicio de amparo contra el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa ello ante la posibilidad de llegar a ser separado de su cargo y existe la prohibición de su reinstalación; asimismo, afirma que la única legislación a nivel estatal que prevé algún medio ordinario de defensa es la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, como es el juicio de nulidad; sin embargo, aún con sus últimas reformas aún prevé mayores requisitos para el otorgamiento de la medida provisional; de ahí que se actualice la excepción al principio de definitividad.

Máxime que los artículos 116 y 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco no contempla recurso ordinario alguno en contra de los actos dictados y ejecutados dentro de un procedimiento de responsabilidad.

Tales argumentos resultan fundados pero a la postre inoperantes, por las razones siguientes:

En principio, se observa que es fundado el agravio en estudio porque de la lectura del auto recurrido se observa su incongruencia al variarse la litis constitucional, dado que a un juicio testamentario y a un recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuando el quejoso en su demanda de amparo reclama actos suscitados dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa **********, expediente que se originó con motivo del desempeño de su labor como ********** adscrito a la **********. De ahí que le asiste la razón a la recurrente porque la Jueza de Distrito se pronunció por actos que no fueron reclamados.

Sin embargo, tal agravio resulta inoperante para revocar el desechamiento y declarar procedente el juicio de amparo, por las razones siguientes:

Lo anterior, porque este Tribunal Colegiado de oficio advierte la existencia de una causa de improcedencia diversa a la invocada por la Jueza de Distrito, con apoyo en el numeral 62 de la Ley de Amparo.

El artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación al numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu, artículos que establecen lo siguiente:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

...

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

...”

“Artículo 107. El amparo indirecto procede:

...

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...”

Como se observa de los numerales recién transcritos, la hipótesis ahí contenida señala que el juicio de amparo será improcedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a menos que se reclame la resolución definitiva, caso en el cual podrá hacer valer las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; teniéndose como excepción que se pueden reclamar actos dentro de dicho procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos.

En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó al ********** el acuerdo de ********** instruido en su contra, entre otros, por el que se inició al atribuírsele: "********** conducta que la autoridad responsable señaló como sancionable conforme al artículo 107, fracción II, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, es decir, suspensión temporal, como se observa del propio auto de ********** que anexó el quejoso a su demanda.

Al respecto, debe decirse que el procedimiento de responsabilidad administrativa, tiene la naturaleza de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuyos actos deben impugnarse en el juicio de amparo conforme a las reglas que fija el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en el sentido de que solo es procedente la acción contra actos intraprocesales que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos del quejoso.

Esto, porque, contrario a lo que afirma el recurrente, el citado ********** es distinto a los ********** que se siguen a los ********** que incumplen con los requisitos de ingreso o permanencia en el servicio; principalmente porque a diferencia de estos últimos, aquellos procedimientos están dirigidos a establecer si el **********, durante su actuación, incurrió en alguna conducta irregular y constitutiva de responsabilidad administrativa.

Así es, el ********** dentro del cual se reclama el auto de inicio, en el caso no es susceptible de concluir con una determinación que decrete la remoción del cargo que desempeña el quejoso, debido a que la autoridad responsable inició el procedimiento en razón a una posible conducta omisiva en que incurrió el **********, que pudiera generarle como sanción la suspensión temporal del cargo (más no la separación o remoción del cargo).

Máxime que en auto de ********** del ********** recurrido tampoco se decretó medida cautelar en contra del hoy quejoso que le creara alguna ejecución de imposible reparación.

Por tanto, los actos reclamados sólo tienen como efecto sujetar al **********, presuntamente ********** que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar en el más grave de los casos en una suspensión temporal, por lo que los vicios de que pudiere adolecer el ********** pudiera resultarle una resolución desfavorable, que podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo por el cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto.

Es oportuno señalar que el Alto Tribunal ha definido que, en ese supuesto, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte en la resolución con la que culmine el procedimiento seguido en forma de juicio, es decir, resolución definitiva, y al impugnarse ésta se estaría en actitud de reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento.

De lo contrario, si se estimará procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia procesal, cuando debería promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie.

De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que la parte quejosa debe esperar hasta que se dicte la última resolución en el ********** para controvertir los actos reclamados, momento en el cual podrá hacer valer todas las violaciones que aduce fueron cometidas en el **********.

Sin soslayar, que el quejoso no cuenta con la calidad de tercero extraño (equiparado) a juicio como pretende, debido a que de su propio escrito de demanda se evidencia que sí fue conocedor del juicio administrativo instaurado en su contra para imponerse del mismo; dado que bajo protesta de decir verdad señaló, que el tres de julio de dos mil veinticuatro fue citado ante la autoridad responsable para emplazarle de los autos del **********, donde le fueron entregadas copias simples del mismo; y que él mismo ya compareció por escrito a dar contestación al citado procedimiento, rendir su informe de hechos, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas, designar abogados patronos e incluso solicitar copias certificadas de lo actuado; por tanto, no se constituye la figura de tercero extraño a juicio.

En consecuencia, se estima que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, ambos de la señalada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. (...)”

16. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 212/2025.

17. Los antecedentes que se advierten de la ejecutoria pronunciada consisten en lo siguiente:

Demanda de amparo indirecto.

18. Una persona física por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra de las autoridades y por los actos siguientes: “[...]

III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como Autoridades Responsables a:

a) Al **********.

b) Al (sic) **********

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Se me tenga señalando al efecto los siguientes:

ACTOS RECLAMADOS:

a) De ambas autoridades **********señaladas como responsables reclamo la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo número **********instruido en mi contra.

b) Del ********** reclamo inconstitucionalidad del segundo Acuerdo de Avocamiento de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro, dictado en autos del procedimiento administrativo número ********** instaurado en mi contra

c) Del ********** reclamo inconstitucionalidad del Oficio número ********** de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro, a través del cual se me emplazó por segunda ocasión a los autos del procedimiento administrativo número ********** instaurado en mi contra.

d) Del ********** les reclamo la prescripción que se actualizó en autos del procedimiento administrativo número **********, ello al tenor de lo estatuido por el numeral 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

e) ********** reclamo como acto futuro e inminente la resolución definitiva que en su oportunidad se emita en autos del procedimiento administrativo número el ********** instaurado en mi contra, ello en virtud de que en términos de lo previsto por la Ley del Sistema de Segundad Pública para el Estado de Jalisco, todo procedimiento administrativo debe dictaminar con el dictado de una resolución definitiva a través de la cual se resuelva la situación jurídica del ahí encausado, de ahí que dicho acto se constituye como acto futuro pero inminente para los efectos del presente juicio de garantías. En tanto que en términos de lo dispuesto por la legislación estatal aplicable, la autoridad competente para resolver este tipo de procedimientos administrativos es precisamente la **********. Además de que, debo decir que este acto no lo reclamo por vicios propios sino que su inconstitucionalidad la hago descansar en la inconstitucionalidad del resto de los actos aquí reclamados.

(...)”

19. Declaratoria de incompetencia. La demanda y sus anexos, fueron turnados al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, que por auto de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, lo registró con el consecutivo ********** y determinó declinar su competencia legal para conocer del asunto a su homólogo Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por conocimiento previo.

20. Radicación y desechamiento. El veintiuno de enero siguiente, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, tuvo por recibida la demanda de amparo, la radicó con el consecutivo ********** y desechó de plano al tener por actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo.

21. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, el que por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo radicó con el expediente 212/2025 y lo admitió a trámite; seguidas las etapas procedimentales, en sesión de doce de junio de dos mil veinticinco, declaró fundado el recurso de queja y revocó el auto recurrido, bajo las consideraciones siguientes:

“(...)

SEXTO. Estudio del asunto. Los agravios resultan substancialmente fundados para revocar el auto recurrido que desechó la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones.

...

Consideraciones de este Tribunal Colegiado

Como se anticipó, los sintetizados agravios, suplidos en su deficiencia, son substancialmente fundados para revocar, en lo impugnado, el auto recurrido, que desechó la demanda de amparo.

Así es, el artículo 113 de la Ley de Amparo que, entre otros, sustentó el sentido del auto impugnado, dispone:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Siendo importante destacar, que existe un motivo manifiesto, cuando se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara, la actualización de una causa que hace improcedente el juicio de amparo y, es indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, que conduce a la improcedencia del juicio, puesto que, no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y lo evidente que es.

Por ello, se considera que la facultad del juzgador para decidir desechar una demanda de amparo opera como una excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo como medio de control constitucional, pues se condiciona, a que sea únicamente cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo indica la parte quejosa recurrente.

Tal cuestión, encuentra sustento en el hecho de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede limitarse el acceso a dicho medio de control constitucional.

Ahora, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

Además, se tiene la certeza de que se actualiza en forma fehaciente la causal de improcedencia, cuando aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

En cuanto al particular resulta ilustrativo el criterio contenido en la tesis aislada 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por la recurrente en sus agravios, de rubro y texto siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, ? TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.” (se transcribe).

Criterio anterior que resulta aplicable en la especie, pues como lo afirma la parte recurrente, el motivo de improcedencia sustentado por la a quo, no resulta manifiesto e indudable.

Lo anterior, pues debe partirse de que el derecho de acceso efectivo a la justicia se encuentra previsto en los términos que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo conducente, establece:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...].

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

[...]." (Énfasis añadido).

La tutela jurisdiccional consiste, básicamente, en el derecho que los gobernados tienen para solicitar a determinados órganos legalmente competentes, ejerzan la función jurisdiccional.

La función jurisdiccional es una potestad atribuida a determinados órganos, para dirimir cuestiones contenciosas entre diversos gobernados, pero al mismo tiempo, es un deber que se les impone, pues los mismos no pueden negarse a administrar justicia, ni a utilizar los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional.

En ese orden de ideas, de manera ilustrativa, debe observarse la interpretación hecha del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; esto es, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que en ello se entienda, que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino sólo analizar legalmente sus peticiones.

Por lo que la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo estado democrático y de derecho.

De lo anterior puede concluirse válidamente, que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, deben tratar de suprimir en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia.

Apoya a lo anterior la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que la actual integración de este Tribunal Colegiado comparte de rubro y texto:

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (se transcribe).

De

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34101-a076223d/improcedencia-del-amparo-indirecto-no-se-actualiza-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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