SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA REPONER LA AUDIENCIA INICIAL, SUS EFECTOS SE LIMITAN A PARALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 113/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. DISIDENTE: ANTONIO SALAZAR LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 113/2025, suscitada entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al resolver el recurso de queja **********/2025, y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver la revisión incidental (suspensión) **********/2023, del que derivó la tesis aislada XIII.2o.P.T.5 P (11a.), con registro digital 2026958, publicada el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA LA NULIDAD DEL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA AUDIENCIA INICIAL, EN LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO, SUS EFECTOS SE RIGEN POR EL SUPUESTO EXCEPCIONAL ESTABLECIDO EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO."
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción correspondiente, a fin de que el Pleno Regional determine cuál criterio debe prevalecer.
2. En ese contexto, mediante oficio 445/2025, la Magistrada en funciones de Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, denunció la posible contradicción de criterios existente entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional(3) y el emitido por el diverso Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.(4)
3. Por tanto, se tuvo por formalmente actualizada la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.
II. TRÁMITE ANTE ESTE PLENO REGIONAL
4. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción de criterios, para lo cual debe recabar los informes de los tribunales involucrados y notificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de verificar la existencia o no de jurisprudencia obligatoria sobre la materia.
5. En cumplimiento de lo anterior, el veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional radicó la denuncia y requirió a los órganos contendientes remitieran las determinaciones respectivas, pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico, informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados y precisaran si las sentencias respectivas habían causado ejecutoria o estado.
6. Asimismo, ordenó notificar al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la admisión del asunto. Con ello, se tuvieron por cumplidas las diligencias iniciales previstas para la admisión de la contradicción de criterios.
7. Para delimitar el objeto del debate, en el referido proveído, este Pleno Regional estableció como tema preliminar de la presente contradicción de criterios, el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEJA O NO IRREPARABLEMENTE CONSUMADO EL DAÑO O PERJUICIO QUE SE PUDIERA OCASIONAR A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO LA MEDIDA CAUTELAR SE CONCEDIÓ PARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA AUDIENCIA INICIAL EN EL PROCESO ACUSATORIO Y ORAL."
8. La tramitación de la contradicción de criterios exige que se alleguen los elementos documentales necesarios para la debida integración del expediente y su turno a la ponencia correspondiente. En ese sentido, mediante acuerdos de Presidencia de este Pleno Regional, de cinco y ocho de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los oficios signados, respectivamente, por la Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, a través de los cuales informaron, en lo que interesa, que el recurso de queja **********/2025 y la revisión incidental (suspensión) **********/2023 se encuentran vigentes, así como que se habilitó la visualización de los expedientes electrónicos correspondientes.
9. Por otra parte, en proveído de Presidencia de quince de diciembre de dos mil veinticinco, este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/692/12/2025, de once del mismo mes y año, a través del cual, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal, en los últimos seis meses, alguna contradicción de criterios, relacionada con el tema a dilucidar en la presente Contradicción de Criterios. Por tanto, se confirmó el turno electrónico definitivo a cargo de la magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.
10. En consecuencia, el expediente quedó debidamente integrado y en estado de resolución por parte de este Pleno Regional.
11. El día veintitrés de enero de dos mil veintiséis se listó para sesión de cuatro de febrero siguiente, en la que fue retirado.
12. El día diez de febrero de dos mil veintiséis, se listó nuevamente, para sesión del dieciocho siguiente.
III. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
14. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
15. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(5) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
IV. LEGITIMACIÓN
16. La denuncia de contradicción de criterios debe provenir de una parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)
17. En el caso, la denuncia fue formulada por la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; en consecuencia, se cumple con el requisito de legitimación procesal para la procedencia de la contradicción de criterios planteada.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, al resolver el recurso de queja **********/2025.
18. Antecedentes. Una persona imputada promovió demanda de amparo contra la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, en el toca de apelación **********/2025, sustanciado con motivo de la apelación interpuesta por la víctima contra la resolución de no vinculación a proceso emitida en continuación de audiencia inicial, de catorce de abril de dos mil veinticinco, en la causa penal **********/2024, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, Morelos y en contra del cumplimiento que se pretendiera dar a dicha orden de reposición del procedimiento, por parte del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, a cargo de la causa penal en comento.
19. Por auto de diez de noviembre de dos mil veinticinco, el Magistrado Instructor de la Ponencia C del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, ordenó registrar la demanda bajo el número de expediente **********/2025, tramitar por separado el incidente de suspensión respectivo y concedió la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que el Juez de Control, sin paralizar el procedimiento, continuara el desarrollo de la audiencia inicial hasta la conclusión de la etapa intermedia y, en consecuencia, no se prosiguiera con la fase siguiente hasta en tanto fuera notificada la resolución que recayera a la suspensión definitiva.
20. Inconforme con dicha resolución suspensional, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, ahora contendiente, quien declaró infundado el recurso de queja, en términos de las consideraciones que, en lo que interesa, son las siguientes:
A) El Tribunal Colegiado sostuvo que, en materia de suspensión en el juicio de amparo, existe una regla general y una excepción. La regla general consiste en que la suspensión debe concederse de manera que no impida la continuidad del procedimiento que dio origen al acto reclamado, hasta que se dicte resolución firme en éste; mientras que la excepción a dicha regla se actualiza cuando, con la continuación del procedimiento, el daño o perjuicio que pudiera ocasionarse al quejoso quede irreparablemente consumado, aun tratándose de actos de orden público.
B) Señaló que, en el caso, los actos materia de la suspensión provisional consistieron en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, dictada en el toca penal **********/2025, mediante la cual el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito revocó el auto de no vinculación a proceso y ordenó la reposición de la audiencia inicial, así como su ejecución, con el objeto de garantizar a las víctimas del hecho delictivo investigado el ejercicio de los derechos que les asisten dentro del debate procesal.
C) Determinó que, por su parte, el quejoso solicitó la medida cautelar respecto de los efectos de dicha determinación, esto es, para que no se llevara a cabo la reposición de la audiencia inicial, lo cual se traduce en la paralización de su desarrollo.
D) Estableció que, contrariamente a lo esgrimido por el recurrente, no se advierte una razón objetiva que justifique que la continuación de la audiencia inicial pueda ocasionar que el daño o perjuicio que pudiera causarse al quejoso quede irreparablemente consumado, a fin de conceder la medida cautelar para el efecto de paralizar dicha audiencia.
E) Estimó correcto que la autoridad recurrida otorgara la medida cautelar solicitada en los términos en que lo hizo, toda vez que no procede paralizar los efectos y consecuencias de la resolución reclamada.
F) Ello, en virtud de que la resolución de segunda instancia ordenó la reposición de la audiencia inicial, lo que, a juicio de dicho tribunal, implicó que subsistiera la facultad del Ministerio Público para continuar con la acción penal persecutoria, de manera que, mientras no desista de dicha acción, el Juez de Control tiene la obligación de dirigir la continuación de la audiencia inicial.
G) Concluyó que resultaba improcedente conceder la suspensión para que se paralizara el procedimiento, bajo la premisa de que no queda consumado irreparablemente el acto reclamado, porque de concederse de esa forma, se vulnerarían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, toda vez que la facultad del Ministerio Público de investigar los delitos, prevista en el artículo 21 constitucional, no puede paralizarse.
H) Estableció que tampoco le asistía razón al recurrente en cuanto a que se actualizara la excepción prevista en la última parte del artículo 150 de la Ley de Amparo, pues la reposición ordenada únicamente se limita a la continuación de la audiencia inicial hasta, en su caso, la etapa intermedia, en la cual puede ejercer su derecho de defensa.
I) Reiteró que no era procedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se diera cumplimiento a la resolución reclamada, en la cual se ordenó la reposición de la audiencia inicial, pues de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público al paralizar el procedimiento penal en su primera etapa; además, sostuvo que su continuación no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que éstos pueden repararse ante el Juez de Control.
J) Concluyó que, por esas razones, no compartía el criterio sostenido en la tesis aislada XIII.2o.P.T.5 P (11a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA LA NULIDAD DEL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA AUDIENCIA INICIAL, SUS EFECTOS SE RIGEN POR EL SUPUESTO EXCEPCIONAL ESTABLECIDO EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO."
Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver la revisión incidental (suspensión) **********/2023.
21. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, una persona imputada promovió juicio de amparo, entre otros actos, contra la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal **********/2022, mediante la cual se revocó el auto de no vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil veintidós y se ordenó la reposición de la audiencia inicial, resolución emitida por la Jueza Titular en Funciones de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como contra su posible ejecución a cargo del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca.
22. De la demanda referida correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien, en cumplimiento de lo ordenado en el cuaderno principal, tramitó en un solo cuaderno el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********/2022 y concedió la suspensión provisional para el efecto de que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, continuara el procedimiento penal seguido en contra del quejoso, dentro de la causa penal **********/2021, pero lo suspendiera respecto de éste una vez concluida la etapa intermedia y antes del dictado del auto de apertura a juicio oral, hasta en tanto fuera notificado de la resolución correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.(8)
23. Seguido el trámite correspondiente, el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca concedió la suspensión definitiva solicitada.
24. Inconforme con dicha interlocutoria, el autorizado legal del quejoso, mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, interpuso incidente de revisión, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, bajo el número de expediente **********/2023. No obstante, el dos de febrero de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional determinó abstenerse de conocer del asunto por razón de turno, al advertir, al ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del entonces Consejo de la Judicatura Federal, la existencia de un antecedente que lo vinculaba con el recurso de queja **********/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ahora contendiente, motivo por el cual remitió los autos correspondientes.
25. Recibidos los autos, el referido Tribunal Colegiado aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del medio de impugnación, resolviéndolo en el sentido de modificar la interlocutoria revisada y conceder la suspensión definitiva al quejoso, para el efecto de paralizar el procedimiento hasta que se resolviera el juicio de amparo indirecto en lo principal, conforme a las consideraciones en la revisión incidental (suspensión) **********/2023 que a continuación se exponen:
A) En términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(9) el Tribunal Colegiado, en suplencia de la deficiencia de la queja, modificó la interlocutoria recurrida.
B) Al respecto, precisó que fue incorrecto que el Juez de Distrito concediera al quejoso la suspensión definitiva y estableciera sus efectos con base en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.(10)
C) A su consideración, existe una regla general prevista en el numeral en comento, consistente en que, cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 constitucionales, la autoridad judicial que conozca del proceso penal deberá suspender el procedimiento, en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente de resolver.
D) Enfatizó que la excepción a dicha regla general se encuentra prevista en la parte final del artículo 150 de la Ley de Amparo, en la cual se dispone que, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; salvo que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. E) Determinó que, al ser el acto reclamado la resolución dictada por el Tribunal de Alzada que revocó el auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso y ordenó la reposición de la audiencia inicial, por no haberse respetado los derechos adjetivos de las víctimas directas, ello impide ubicar el caso en la regla general, pues, de ser así, el quejoso tendría que acudir nuevamente a la audiencia inicial, en la cual se resolvería su situación jurídica mediante el dictado de un auto de vinculación o no a proceso, con lo que se consumaría de manera irreparable la resolución reclamada.
F) Aseveró que, por ese motivo, el Juez de Distrito, con apoyo en lo dispuesto en la parte final del artículo 150 de la Ley de Amparo, debió conceder la suspensión definitiva para el efecto de paralizar el procedimiento penal acusatorio hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo indirecto en lo principal. En apoyo de su determinación, invocó la tesis aislada I.1o.P.62 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL."
G) Determinó procedente modificar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva al quejoso, para el efecto de que las autoridades responsables paralizaran el procedimiento hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo indirecto en lo principal.
H) De las consideraciones reseñadas derivó la tesis aislada XIII.2o.P.T.5 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Tomo V, de agosto de dos mil veintitrés, consultable en la página 4537, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA LA NULIDAD DEL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA AUDIENCIA INICIAL, SUS EFECTOS SE RIGEN POR EL SUPUESTO EXCEPCIONAL ESTABLECIDO EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO".
VI. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
26. El análisis de la existencia de una contradicción de criterios debe abordarse a partir de la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país y, en el caso concreto, en la Región Centro-Sur, pues su finalidad es otorgar seguridad jurídica tanto a los órganos jurisdiccionales como a los justiciables, en la medida en que se busca preservar la unidad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
27. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios -antes denominada de "tesis"-, basta identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que les dieron origen.
28. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.
De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia. Esto determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho.
De ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituya un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.
Por ello, este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes", se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en diferencias fácticas que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada.
Lo anterior es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento de dicho requisito se disminuye el número de contradicciones que se resuelven, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe su análisis buscando diferencias de detalle que impidan su resolución."(11)
29. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, para resolver una cuestión litigiosa, se hayan visto en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial mediante un ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.
b) Que en dichos ejercicios interpretativos exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una institución jurídica determinada o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que la situación descrita permita formular una pregunta genuina acerca de si una determinada forma de abordar la cuestión jurídica resulta preferente frente a otra u otras que, al igual que aquélla, sean legalmente posibles.
30. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) realizan ejercicios interpretativos; (II) respecto de los mismos problemas jurídicos arriban a soluciones contrarias; y (III) dicha disputa interpretativa es susceptible de resolverse mediante la formulación de preguntas genuinas y específicas.
31. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta con que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
32. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES",(12) así como la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(13)
33. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se satisfacen los requisitos necesarios para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
I. Realización de un ejercicio interpretativo
34. Los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, consistente en el recurso de queja 494/2025, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, y en la revisión incidental (suspensión) **********/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, analizaron un mismo supuesto fáctico, consistente en cuando en un amparo indirecto, se señalan como actos reclamados la revocación del auto de no vinculación a proceso y la orden de rep
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33965-2bffa1f5/suspension-en-amparo-indirecto-cuando-se-impugna-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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