SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE DERIVADO DE UNA ORDEN DE CATEO. LA FALTA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y DEL INVENTARIO DE LOS BIENES ASEGURADOS NO IMPIDE, POR SÍ SOLA, SU OTORGAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 74/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. DISIDENTE: MAGISTRADA ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 74/2026, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 299/2026 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver los diversos recursos de queja 230/2026 y 231/2026.
2. La problemática jurídica que inicialmente se estableció consistió en determinar si procede conceder la suspensión provisional, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado consistente en el aseguramiento y clausura de un inmueble derivado de una orden de cateo, respecto de la cual no se cuenta con el acta circunstanciada, ni el inventario de los bienes resguardados.
3. Lo anterior, sin perjuicio de que al momento de resolver la presente contradicción este Pleno Regional determine uno distinto al que preliminarmente se plasma.
I. ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios
4. Mediante escrito signado ********** y **********, autorizados del quejoso ********** en el amparo indirecto 1053/2026 del sumario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, del que derivó el recurso de queja 299/2026 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, formularon denuncia de contradicción de criterios, entre lo sustentado por el citado órgano jurisdiccional y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en los recursos de queja 230/2026 y 231/2026, respectivamente.
II. TRÁMITE
5. En acuerdo de Presidencia de catorce de agosto de dos mil veintiséis, este Pleno Regional radicó el asunto con el número de contradicción de criterios 74/2026 y admitió a trámite la denuncia; asimismo, se solicitó a los tribunales contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos de sus respectivos índices continuaban vigentes, si existía alguna condición que afectara su firmeza o, en su caso, las consideraciones para tenerlos por superados o abandonados, así como la fecha en que ello hubiera acontecido. En el mismo proveído se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro, en el entendido de que, una vez integrado el expediente electrónico, se realizaría el turno definitivo.
6. Además, se comunicó la radicación del asunto a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le solicitó que informara si existía alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia del presente asunto.
7. Por autos de diecinueve, veintiuno y veinticinco de agosto, todos de dos mil veintiséis, se tuvo a los órganos contendientes informando que sus criterios continuaban vigentes.
8. Mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintiséis, se recibió el oficio signado por la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del que versa el presente asunto.
9. En ese mismo proveído se confirmó el turno a la ponencia del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN AMICUS CURIAE
10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023.
13. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la parte quejosa, por conducto de sus autorizados en el amparo indirecto 1053/2026, del que derivó el recurso de queja 299/2026 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en el dictado de uno de los fallos contendientes.
VI. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Para establecer la materia de estudio y poder determinar si existe o no la contradicción de criterios que se denunció, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes que dieron origen a las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, y así analizar los argumentos en que descansaron sus respectivas posturas.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 299/2026.
• Antecedentes procesales
16. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas autorizó, dentro del cuaderno preliminar 43/2026, una orden de cateo respecto de diversos inmuebles, entre ellos el local comercial que ocupa **********, con el objeto de localizar mercancía presuntamente relacionada con el delito previsto en los artículos 402, fracción II, y 403 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
17. En dicha resolución se precisó que la diligencia debía limitarse a la búsqueda de determinados artículos, respetando los bienes ajenos al objeto de investigación, y que, en caso de aseguramiento, debía levantarse el inventario correspondiente y asentarse detalladamente en el acta circunstanciada.
18. Al concluir la diligencia no se le entregó al quejoso copia del acta circunstanciada ni del inventario de los bienes asegurados, por lo que desconocía el alcance del aseguramiento y si la actuación se ajustó a los términos de la autorización judicial.
19. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la autoridad y actos siguientes:
“III. Autoridades Responsables.
Primera. Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula ********** de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como ordenadora y ejecutora.
Segunda. Elementos de la Policía Federal Ministerial que materialmente ejecutaron el aseguramiento, como ejecutores.
Tercera. Instituto de Administración de Bienes y Activos, en caso de tener bajo su administración el inmueble.
IV. Acto Reclamado.
“Primero. El aseguramiento del local comercial identificado con los números 15 y 16 del Centro Comercial “Plaza Campestre”, ubicado en **********, donde opero el establecimiento comercial “**********”, decretado el veintiuno de julio de dos mil veintiséis con motivo de la ejecución de la orden de cateo 42/2026, según consta en el sello de aseguramiento con folio ********** dentro del expediente **********.
Segundo. La clausura, colocación de sellos y desposesión materiales derivadas.
Tercero. El aseguramiento de la mercancía existente en el local, cuya naturaleza, cantidad y marcas desconozco por no haberme sido entregada el acta circunstanciada ni el inventario.
Cuarto. La omisión de entregarme copia del acta circunstanciada del cateo y del inventario de lo asegurado.
Quinto. La ejecución continuada de las medidas anteriores”.
20. Asimismo, el quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados, en los términos siguientes:
“VIII. SUSPENSIÓN
Con fundamento en los artículos 125, 126, 128, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, solicito la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva, para el efecto de que se me designe depositario del local arrendado y de los bienes no relacionados con el hecho investigado, cesando la clausura y permitiéndose la reanudación de la actividad comercial lícita, y subsistiendo el aseguramiento en cuanto a la disponibilidad jurídica del bien para los fines de la investigación. Los artículos relacionados con las marcas señaladas en la orden permanecerán a disposición de la responsable, bajo cadena de custodia, sin objeción de mi parte.
La apariencia del buen derecho deriva del contraste entre el título invocado y lo ejecutado: la resolución 42/2026 ordenó de manera expresa que los bienes no relacionados con la probable actividad ilícita permanecieran intactos, y la responsable aseguró el local completo y la totalidad del acervo sin expresar razonamiento alguno sobre la calidad que atribuía al inmueble. La constatación no exige juicio anticipado sobre el fondo.
No se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. La protección a la propiedad industrial no se debilita en un ápice: los artículos relacionados con las marcas permanecen asegurados y esta parte no solicita su devolución. El interés social se satisface con la persecución del hecho, no con la clausura indefinida de un establecimiento por una medida cuya extensión ninguna autoridad judicial ha examinado. Lo que se pide es la reanudación de una actividad comercial lícita.
El peligro en la demora no es hipotético ni queda librado a mi apreciación: consta en el contrato de arrendamiento que acompaño. Su cláusula Décima Octava establece que ante cualquier acto de privación, despojo o perturbación que afecte el uso o goce del local, continúa la obligación de pagar puntualmente la renta pactada, de modo que la contraprestación se devenga íntegra sobre un local del que estoy desposeído. Su cláusula Décima Novena inciso c) hace causal de rescisión que el local sea objeto de perturbación o de cualquier acto de terceros que afecte su uso, goce o posesión, de modo que la propia clausura habilita a la arrendadora para dar por rescindido el contrato; y su cláusula Vigésima Primera fija una pena convencional equivalente al cien por ciento de la renta en vigor. Si la arrendadora ejerce esa facultad durante la tramitación del juicio, se extinguirá el derecho que sostiene mi interés jurídico y la eventual sentencia protectora quedaría sin materia sobre la que recaer, pues para entonces el local habría sido entregado a un tercero. A ello se suma la pérdida de la fuente de trabajo del empleado inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la afectación patrimonial de la obligada solidaria que compareció como fiadora en el contrato, ajena por completo a los hechos investigados.
Solicito que la suspensión se conceda sin garantía, por no seguirse con ella afectación a la investigación ni a terceros; y para el caso de que su Señoría la estimara necesaria, se fije en el monto que se considere prudente.
Esto sin perjuicio de que su Señoría adopte la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias del presente asunto; para que seleccione el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido.
El criterio que rige la procedencia de la suspensión frente al aseguramiento de inmuebles, y que fija con precisión sus efectos, es la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe. Se hace notar que fue emitida en la Novena Época conforme al artículo 124 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido corresponde en lo sustancial al artículo 128 de la ley vigente, y que la ponderación de apariencia del buen derecho y peligro en la demora que anticipa se encuentra hoy positivizada en el artículo 138 del propio ordenamiento; se invoca en la inteligencia de que no consta a esta parte que haya sido interrumpida o superada:
Registro digital: 189853. Instancia: Pleno. Novena Época. Materia: Penal. Tesis: P./J. 30/2001. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 218. Tipo: Jurisprudencia.
SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY. (se transcribe)
La ratio del criterio es directamente aplicable. Mi acto reclamado es el aseguramiento de un inmueble, y aunque la ejecución se realizó en un solo momento, sus efectos se prolongan en el tiempo por la clausura que subsiste, lo que satisface el presupuesto de procedencia. La medida suspensional que solicito coincide exactamente con la que el criterio autoriza: levantar los sellos y otorgarme la posesión, de modo que pueda disfrutar del local sin disponer de él, permaneciendo asegurado a disposición de la autoridad que conoce de la investigación. No pido, por tanto, efecto restitutorio alguno: el aseguramiento subsiste en su función cautelar y solo cesa la privación de la posesión que resiento. Y como el inmueble, por su naturaleza, no es de fácil ocultación, la suspensión no lesiona el orden público, quedando a la prudente apreciación de su Señoría la fijación de garantía si estimara que existe tercero a quien pudiera perjudicar. A lo anterior se añade una consideración que opera con independencia del fondo. Aun suponiendo, sin conceder, que el aseguramiento se hubiera decretado válidamente, la responsable no justifica en modo alguno que el bien deba permanecer asegurado. El aseguramiento es una medida cautelar de carácter provisional cuya subsistencia se legitima únicamente mientras persiste la necesidad de preservar el objeto para los fines de la investigación; cesada esa necesidad, la medida carece de razón que la sostenga. En el caso, los artículos presuntamente relacionados con las marcas —lo único que podía servir a la investigación— ya fueron retirados por la responsable y obran en su poder. El inmueble, por su naturaleza, no es de fácil ocultación ni susceptible de alteración relevante para el esclarecimiento del hecho, y la mercancía de licitud no cuestionada nada aporta a la indagatoria. La responsable no ha expresado, ni en el sello de aseguramiento ni en actuación posterior conocida por esta parte, razón alguna por la que la clausura del local y la retención de los bienes lícitos deban continuar. La suspensión no exige, para este efecto, prejuzgar sobre la validez originaria de la medida: basta constatar que su permanencia carece de justificación actual, lo que inclina la ponderación en favor de restituir la posesión mientras se resuelve el fondo.
No obsta a la concesión de la suspensión la eventual existencia de la solicitud de devolución prevista en el artículo 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues esa vía no me es materialmente accesible: la responsable no me ha dado acceso a la carpeta de investigación ni me ha entregado el acta circunstanciada del cateo, de modo que carezco de los elementos indispensables para formularla. No puede negarse la medida cautelar con el argumento de que existe un medio ordinario, cuando la propia autoridad responsable, con su omisión, impide acudir a él.”
21. Demanda de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, que determinó negar la medida cautelar, al estimar que, aun cuando la parte quejosa solicitó expresamente, no se satisfacía el requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
22. Asimismo, consideró que los actos reclamados derivaban del aseguramiento del local comercial, de la mercancía existente en su interior, de la clausura, colocación de sellos y desposesión material decretados con motivo de la ejecución de una orden de cateo, por lo que acceder a la medida cautelar para levantar el aseguramiento, restituir la posesión del inmueble y permitir la reanudación de las actividades comerciales implicaría obstaculizar una técnica de investigación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisó que dicho ordenamiento contemplaba y regulaba como técnicas de investigación, entre otras, la cadena de custodia y el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito.
23. Asimismo, enumeraba y distinguía los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control y aquéllos que no lo necesitan, entre los primeros se encontraba la orden de cateo.
24. Además, el numeral 229 de la codificación en cita, disponía que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existieran huellas o pudieran tener relación con este, siempre que guardaran relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serían resguardados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteraran, destruyeran o desaparecieran.
25. El Juez de Distrito indicó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, reconoció la validez del artículo 128 de la Ley de Amparo, concretamente respecto de la porción normativa que establece que no será objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Precisó que dicha previsión constituía la regla general para analizar la suspensión respecto de los actos impugnados en el juicio de amparo, pero enfatizó que podían existir excepciones a esa regla, cuya actualización correspondía determinar al juzgador de amparo en cada caso concreto, atendiendo a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de establecer si determinada técnica de investigación o medida cautelar podía ser suspendida.
26. A partir de lo anterior, concluyó que el artículo 128 de la Ley de Amparo debía interpretarse en relación con los diversos 129 y 166 del propio ordenamiento, de manera que la prohibición de suspender la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial constituía una regla general que admitía excepciones, cuya actualización debía determinarse atendiendo a las circunstancias particulares del caso.
27. Contra tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja.
• Recurso de queja 299/2026.
28. De dicho asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que, en sentencia correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de cinco de agosto de dos mil veintiséis, resolvió el fondo del asunto, declarando infundado el medio de impugnación, bajo las consideraciones siguientes.
29. El tribunal colegiado consideró, en primer lugar, que los agravios hechos valer por la parte quejosa resultaban infundados, pues el Juez de Distrito al negar la suspensión provisional, lo hizo exclusivamente con el dicho bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa y con las pruebas aportadas con la demanda de amparo, ya que en esa etapa procesal no se contaba con mayores datos; es decir, las responsables aún no rendían sus informes previos ni justificados.
30. Además, la suspensión provisional constituía una medida cautelar de naturaleza urgente, cuyo objeto era preservar la materia del juicio mientras se celebraba la audiencia incidental, razón por la cual el juzgador debía resolver con los elementos que obraban en autos al momento de emitir su determinación, sin que la Ley de Amparo le impusiera la obligación de recabar oficiosamente pruebas o constancias adicionales para integrar el expediente y pronunciarse sobre la procedencia de la medida cautelar.
31. Por otra parte, el Tribunal Colegiado de Circuito hizo referencia a la acción de inconstitucionalidad 62/2016 y señaló que, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil veinticuatro, había sido derogada la disposición del artículo 129 de la Ley de Amparo que permitía excepcionalmente conceder la suspensión aun en los supuestos previstos en ese numeral.
32. Precisó que, al haberse promovido el juicio de amparo el veinticuatro de julio de dos mil veintiséis, dicha disposición ya no le resultaba aplicable al quejoso, es decir, el párrafo derogado del referido numeral 129, lo cual, a consideración del tribunal colegiado, tampoco tendría el alcance de inobservar el resto de los razonamientos contenidos en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, referentes a estudiar caso por caso la suspensión de técnicas o medidas de investigación cautelares.
33. Señaló que el acto reclamado no se limitaba al aseguramiento de bienes muebles, sino que comprendía también el aseguramiento del local comercial, la clausura, la colocación de sellos y la desposesión material del inmueble donde el promovente desarrollaba su actividad comercial.
34. Puntualizó que el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 16/1999, sustancialmente sostuvo que, en relación con el aseguramiento de objetos posiblemente relacionados con un hecho delictivo, en principio, se había sostenido que la suspensión del aseguramiento de bienes objeto del delito era improcedente, porque ello dificultaría la comprobación del ilícito, base de todo proceso penal.
35. Empero, especificó que cuando el aseguramiento recaía en bienes inmuebles que por su naturaleza no eran de fácil ocultación, sí procedía la medida suspensional, siempre que no se afectara el interés social ni el orden público.
36. En ese tenor, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal explicó que la concesión de la suspensión no tenía efectos restitutorios porque el inmueble continuaría asegurado, consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 30/2001, con registro digital 189853, de rubro: “SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY.”
37. Que en el caso concreto, la medida cautelar solicitada no recaía exclusivamente sobre el inmueble, sino que comprendía también la reapertura del establecimiento comercial y la restitución provisional respecto de los bienes que el promovente consideró ajenos al hecho investigado, permaneciendo asegurados únicamente aquellos relacionados con las marcas objeto de la investigación.
38. Sin embargo, al momento de resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito únicamente contaba con los elementos aportados con la demanda de amparo, sin que obrara en autos el acta circunstanciada del cateo ni el inventario de los bienes resguardados, documentos indispensables para identificar objetivamente cuáles bienes fueron asegurados, cuáles guardaban relación con la investigación y cuáles podían considerarse ajenos a ella.
39. Por ende, el órgano jurisdiccional no se encontraba en posibilidad de individualizar provisionalmente los bienes respecto de los cuales podía levantarse el aseguramiento o autorizarse la reapertura del establecimiento sin comprometer la finalidad de la técnica de investigación prevista en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, además de satisfacerse los demás requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, era indispensable que existieran elementos objetivos que permitieran delimitar provisionalmente el alcance del aseguramiento, circunstancia que, como quedó precisado, no acontecía al momento de emitirse el auto recurrido.
40. Ahora bien, respecto de la mercancía asegurada, subsistían las razones por las cuales la suspensión resultaba improcedente, pues tratándose de bienes muebles que eventualmente pudieran constituir instrumentos, objetos o productos del delito, o guardar relación con los hechos investigados, su restitución provisional sí podría comprometer la preservación de los elementos materiales de prueba, dificultar su identificación o propiciar su alteración, ocultamiento o desaparición, con la consecuente afectación al interés social y al orden público.
41. Para sustentar lo anterior, citó la tesis emitida por la entonces Primera Sala del Máximo Tribunal del país, con registro digital 303763, de rubro: “ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.”
42. Finalmente, el tribunal colegiado reiteró que, si bien el acto reclamado comprendía el aseguramiento de un inmueble y la jurisprudencia P./J. 30/2001 admitía, bajo determinadas condiciones, el levantamiento de sellos y la restitución provisional de su posesión, en el caso la medida solicitada también requería distinguir entre los bienes muebles vinculados con la investigación penal y aquellos ajenos a ésta. Sin embargo, al no ser posible realizar esa individualización con las constancias disponibles al momento de resolver sobre la suspensión provisional, consideró que no existían elementos suficientes para delimitar los efectos del aseguramiento sin comprometer la preservación de los bienes relacionados con la investigación.
• Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja 230/2026 y 231/2026.
• Antecedentes procesales –recurso de queja 230/2026-
43. **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra la autoridad y acto siguiente:
“[...] III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
Primera. Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula VI-4 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como ordenadora y ejecutora.
Segunda. Elementos de la Policía Federal Ministerial que materialmente ejecutaron el aseguramiento, como ejecutores.
Tercera. Instituto de Administración de Bienes y Activos, en caso de tener bajo su administración el inmueble.
IV. ACTO RECLAMADO.
Primero. El aseguramiento del local comercial identificado con los números **********, ********** y ********** de la Plaza Comercial “Paseo Aventa”, ubicado en **********, Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde opero el establecimiento comercial “**********”, decretado el veintiuno de julio de dos mil veintiséis con motivo de la ejecución de la orden de cateo 42/2026, según consta en el sello de aseguramiento con folio ********** de la Fiscalía General de la República.
Segundo. La clausura, colocación de sellos y desposesión materiales derivadas.
Tercero. El aseguramiento de la mercancía existente en el local, cuya naturaleza, cantidad y marcas desconozco por no haberme sido entregada el acta circunstanciada ni el inventario.
Cuarto. La omisión de entregarme copia del acta circunstanciada del cateo y del inventario de lo asegurado.
Quinto. La ejecución continuada de las medidas anteriores. [...]”.
• Antecedentes procesales –recurso de queja 231/2026-
44. **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra la autoridad y acto siguiente:
“[...] III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
Primera. Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula VI-4 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que solicitó, supervisó y decretó el aseguramiento con folio ********** dentro de la carpeta de investigación con terminación **********, como autoridad ordenadora.
Segunda. Los elementos de la Policía Federal Ministerial que materialmente ejecutaron el aseguramiento y colocaron los sellos, como autoridades ejecutoras.
Tercera. El Instituto de Administración de Bienes y Activos, en caso de tener bajo su administración el inmueble y los bienes asegurados.
IV. ACTO RECLAMADO.
Primero. El aseguramiento del local comercial que detento -identificado como el domicilio número 15 de la orden de cateo 42/2026: construcción de material pintada en color blanco, con lona superior blanca y cortina metálica enrollada, ubicada sobre la **********, entre los locales Bissú y Janitzio, de esta Ciudad Victoria-, decretado el veintiuno de julio de dos mil veintiséis con motivo de la ejecución de la orden de c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34385-0c9556c7/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-contra-el-aseguramiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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