PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. NO SON APLICABLES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN DE PERMISOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.
AMPARO EN REVISIÓN 151/2025. 11 DE FEBRERO DE 2026. PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDUARDO MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al once de febrero de dos mil veintiséis emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 151/2025 promovido en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 874/2022, el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
ANTECEDENTES
1. Permisos otorgados por la Secretaría de Energía, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a **********, parte quejosa, con una vigencia del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho al veintitrés de octubre de dos mil treinta y ocho:
a) Permiso No. **********, para la importación de aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre superior a 15 ppm(1) pero inferior o igual a 500 ppm.
b) Permiso No. **********, para la importación de definitivos de las mercancías aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm.
c) Permiso No. **********, para la importación de definitivos de las mercancías turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas.
d) Permiso No. **********, para la importación definitiva de gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95.
e) Permiso No. **********, para la importación de definitivos de gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92.
2. Caducidad del permiso número **********. La Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, mediante oficio no. ********** de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, inició procedimiento de caducidad del permiso expedido a favor de **********, dado que la quejosa no había ejercido los derechos conferidos en dicho permiso, por un periodo consecutivo de trescientos sesenta y cinco días.
3. Con fundamento en los artículos 54, fracción III,(2) y 55, fracción I, inciso b,(3) de la Ley de Hidrocarburos, la autoridad mencionada, mediante oficio no. ********** del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, determinó la caducidad del permiso referido, por no haberse ejercido los derechos conferidos por más de trescientos sesenta y cinco días.
4. Revocación de los permisos con números **********, **********, ********** y **********, otorgados en favor de la hoy quejosa **********, por parte de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
a) Inicio del procedimiento de revocación ********** del permiso número **********. Por oficio no. ********** de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad inició el procedimiento de revocación, dado que la hoy quejosa, presuntamente, realizó una logística distinta a la comprometida en el permiso otorgado, así como que tuvo una suspensión de la actividad permisionada por más de treinta días naturales, en contravención a los artículos 56, fracciones I y VIII, (4) de la Ley de Hidrocarburos y 18, fracción V, del Acuerdo por el que se Establece la Clasificación y Codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya Importación y Exportación está Sujeta a Permiso Previo por Parte de la Secretaría de Energía.(5)
b) Resolución del procedimiento administrativo ********** que revocó el permiso **********. La autoridad identificó que la permisionaria **********, había internado en el país el petrolífero autorizado a través de una logística no autorizada, así como que dejó de cumplir con la actividad autorizada por ciento veintiséis días, es decir, por un periodo mayor a treinta días naturales, con lo que incumplió con la normativa señalada en el párrafo anterior. En consecuencia, la autoridad determinó la revocación del permiso.
c) Inicio del procedimiento administrativo ********** para revocar el permiso número **********. Por oficio No. ********** de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad inició el procedimiento de revocación, dado que la hoy quejosa, presuntamente, realizó una logística distinta a la establecida en el permiso otorgado, con lo que incumplía el artículo 56, fracciones I y VIII, de la Ley de Hidrocarburos y en el numeral 18, fracción V, del Acuerdo por el que se Establece la Clasificación y Codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya Importación y Exportación está Sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía.
d) Resolución del procedimiento **********, que revocó el permiso **********. Por oficio No. ********** notificó a la hoy quejosa la revocación del permiso señalado, ya que identificó que internó al país el petrolífero a través de una logística no autorizada, lo que demostró que incumplió la normativa señalada en el párrafo anterior. En consecuencia, la autoridad determinó la revocación del permiso.
e) Inicio del procedimiento administrativo **********, para revocar el permiso número **********. Por oficio número **********, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad notificó a la hoy quejosa que iniciaba la investigación para verificar si la hoy quejosa había contravenido lo dispuesto en las fracciones I y XIII de la Ley de Hidrocarburos, así como en las fracciones II y V del numeral 18 del Acuerdo por el que se Establece la Clasificación y Codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya Importación y Exportación está Sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía.
f) Resolución del procedimiento administrativo **********, en la que se revocó el permiso **********. Por oficio número ********** de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad le notificó a la hoy quejosa que identificó que realizó el transporte de petrolíferos a través de un buque tanque sin contar con autorización de transporte y sin acreditar las normas de seguridad técnica, así como que incumplió las condiciones iniciales del permiso previo de importación, en virtud de que no transportó el petrolífero mediante el ducto autorizado ni lo almacenó en la planta autorizada para tal fin, por lo que transgredió la normativa señalada en el párrafo anterior. En consecuencia, la autoridad determinó la revocación del permiso.
g) Inicio del procedimiento administrativo **********, para revocar el permiso número **********. Por oficio número ********** de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad encargada notificó a la hoy quejosa, el inicio del procedimiento de revocación del permiso señalado, por el presunto incumplimiento de las fracciones I y XIII de la Ley de Hidrocarburos, así como en las fracciones II y V del numeral 18 del Acuerdo por el que se Establece la Clasificación y Codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya Importación y Exportación está Sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía.
h) Resolución del procedimiento administrativo **********, que revocó el permiso **********. Por oficio número ********** de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad notificó la revocación del permiso señalado, ya que quedó acreditado que realizó el transporte de petrolíferos a través de un buque tanque sin contar con autorización y sin haber acreditado que cumplió con las normas de seguridad técnica; además de que incumplió con las condiciones señaladas en el permiso previo de importación, en virtud de que no transportó el petrolífero mediante el ducto autorizado ni almacenó en la planta autorizada para tal fin, por lo que transgredió la normativa mencionada en el párrafo anterior. En consecuencia, la autoridad determinó la revocación del permiso.
5. Demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado por **********, el catorce de enero de dos mil veintidós en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido en la misma fecha en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las resoluciones de caducidad y revocación de permisos antes mencionadas.
6. Los actos reclamados consistieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Hidrocarburos;(6) la emisión del Acuerdo(7) aplicable, así como el inició y la resolución de los procedimientos administrativos(8) de caducidad y de revocación de los títulos de los permisos otorgados a la quejosa.
7. En su demanda, la moral quejosa planteó trece conceptos de violación; de los cuales, entre ellos, hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 55 y 56 de la Ley de Hidrocarburos,(9) en los que sustancialmente hizo valer:
"TERCERO. Violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en su vertiente de debida fundamentación y motivación, en relación con los principios de congruencia y exhaustividad, al no valorar la totalidad de las pruebas y argumentos que le fueron presentados durante el procedimiento de caducidad de permiso. (...)
Ahora bien, para el caso de considerar que la autoridad responsable no estaba obligada a considerar los argumentos que fueron presentados respecto a la actualización de una causa justificada para suspender los efectos de la caducidad, al actualizarse un caso fortuito o de fuerza mayor, se establece que el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos resulta inconstitucional, al no prever como caso de excepción para su actualización, situaciones de índole general, intempestiva e irresistibles para los permisionarios, ni un procedimiento para informar o notificar de lo anterior a las autoridades responsables.
En efecto, de una lectura que se realice al artículo mencionado, se podrá advertir que no contempla supuestos que permitan a los permisionarios informar a las autoridades la necesidad de suspender el plazo establecido para tener por actualizada la caducidad, lo que implica un estado de indefensión, pues como se ha referido a lo largo del presente concepto, la caducidad es un medio extintivo de relaciones jurídicas, el cual en procedimientos que involucran concesiones, permisos o autorizaciones, debe desprenderse del carácter automático y permitir excepciones atendiendo a la posibilidad real de ejercer o no los derechos, así como al grado de afectación que se ocasiona al orden e interés público. (...)"
"OCTAVO. Violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores y al principio de separación de funciones e imparcialidad.
Como se desprende de las diversas resoluciones reclamadas en la presente demanda de amparo, específicamente los oficios marcados con los números **********, **********, ********** y **********, la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, fundó y motivó la revocación de los permisos en la supuesta actualización de diversas causales contenidas en el artículo 56, de la Ley de Hidrocarburos, mismo cuya inconstitucionalidad se reclama al violar los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al tenor de las siguientes consideraciones:
De la lectura de dicho artículo, se desprende que el legislador autorizó de manera expresa a dos autoridades a revocar los permisos otorgados al amparo de la Ley de Hidrocarburos, siendo éstas, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Añadiendo a dicha autorización, que ello sería en "términos de las competencias de cada una de ellas", para continuar con el listado de trece causales de revocación, sin que dicho precepto estableciera que causales corresponden a cada una de las autoridades, de manera que al interpretar de manera literal dicho precepto, se entiende que el legislador autorizó tanto la CRE como a la SENER, para iniciar un procedimiento de revocación de permiso y una eventual revocación con base en cualquiera de las trece causales. (...)
Tal como se adelantó en el apartado anterior del presente concepto, resulta inconstitucional que el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos, no solo haya facultado a dos autoridades a revocar un permiso en materia de hidrocarburos con base en las mismas causales, además, que haya sido omiso en establecer, en todo caso, qué autoridad habrá de asumir la función de acusadora, investigadora y resolutora.
Dicha omisión, hizo procedente la diversa inconstitucionalidad que ahora se reclama respecto del artículo 19 del Acuerdo de clasificación y codificación, que establece que será una misma autoridad –en este caso, la SENER, por conducto de la Subsecretaría de Hidrocarburos– la que inicie, tramite y resuelva un procedimiento sancionatorio (con el detalle, además, de que en ejecución de los mismos la autoridad responsable impone al probable infractor la carga de “desvirtuar” el ilícito que se le imputa).
Por otro lado, también resulta inconstitucional que el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos no sólo haya facultado a dos autoridades a revocar un permiso en materia de hidrocarburos con base en las mismas causales, sino que, además, éste fue omiso en establecer, en todo caso, qué autoridad habrá de asumir la función de acusadora, investigadora y resolutora. Dicha omisión, hizo procedente la inconstitucionalidad del artículo 19 del Acuerdo de Clasificación y Codificación reclamado, que establece que será una misma autoridad, en este caso, la Secretaría de Energía, por conducto de la Subsecretaría de Hidrocarburos, la que inicie, tramite y resuelva un procedimiento sancionatorio.
(...) el artículo 19, del Acuerdo de clasificación y codificación, es inconstitucional en tanto que vulnera lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución General, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir que la Secretaría de Energía, por conducto de la Subsecretaría de Hidrocarburos, asuma una doble función como autoridad acusadora y resolutora."
8. Admisión. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República admitió a trámite la demanda.
9. Returno del asunto. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República tuvo por recibido el expediente 16/2022, en cumplimiento al Punto de Acuerdo 109/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, ordenó registrar el asunto con el número 874/2022 y continuar con su trámite.
10. Sentencia de amparo. El veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, la Jueza de Distrito dictó sentencia en el sentido de:
Primero: Sobreseer respecto de los actos que se tribuyen al Presidente de la República y a los Titulares de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía, consistentes en la orden de publicación y publicación de la Ley de Hidrocarburos y del "Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Secretaría de Energía"; puesto que, la parte quejosa no impugna dichos actos por vicios propios, ni hace valer conceptos de violación con los cuales, lo controvierta de manera directa.
Segundo: Negar a ********** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por los actos reclamado en contra de los artículos 55 y 56 de la Ley de Hidrocarburos, 18, fracciones II y V, y 19 del "Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Secretaría de Energía", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil catorce. En virtud de que estos no transgreden el principio constitucional de legalidad en la vertiente de taxatividad, ya que la conducta especificada, su consecuencia jurídica y la atribución de las autoridades competentes se delimita de forma clara en la ley. De la misma forma, los conceptos de violación referidos en contra los artículos impugnados en el Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Secretaría de Energía, fueron considerados inoperantes.
Asimismo, se negó la protección de la justicia de la Unión en contra el oficio número ********** de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento de caducidad correspondiente al permiso previo de importación de petrolífero número **********, por considerar inoperantes los argumentos esgrimidos en contra del procedimiento de caducidad.
Tercero: La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra la Secretaría de Energía, por considerar que el derecho fundamental de la parte quejosa para acceder a una debida defensa en términos del artículo 16 constitucional se vio mermado o disminuido, al haberse errado el fundamento legal en los inicios de procedimiento **********, **********, ********** y **********, ordenando:
1) Dejar insubsistentes las resoluciones contenidas en los oficios **********, **********, ********** y ********** de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; así como, todo lo actuado con posterioridad al acuerdo de inicio relativo, dentro de los procedimientos de revocación número **********, **********, ********** y **********;
2) Ordenar la reposición de los referidos procedimientos, dando oportunidad a **********, para imponerse de las conductas que se le atribuyen y del fundamento correcto de las causas de revocación conforme a las cuales, se determinó el inicio de dichos procedimientos, para que esté en posibilidad de hacer manifestaciones y ofrecer pruebas.
3) Hecho lo anterior e integrado en sus términos los expedientes administrativos, con libertad de decisión, resuelva lo que en derecho corresponda sobre los permisos previos de importación de petrolíferos número **********, **********, ********** y **********.
11. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, el apoderado de **********, interpuso recurso de revisión el trece de junio de dos mil veinticuatro, en contra de la referida sentencia de amparo.
12. Agravios. En su escrito, el recurrente expuso cuatro agravios, de los cuales, únicamente dos(10) –cuyo contenido se analizará en el apartado de fondo– se vinculan con la litis a resolver por parte de este Pleno, en los que hacen valer:
PRIMERO. La sentencia recurrida es ilegal en tanto el Juez de Distrito fue omiso en estudiar adecuadamente los argumentos relacionados con la necesidad de considerar que existen casos fortuitos o de fuerza mayor que permiten evitar que se produzca la caducidad de un permiso.
El Juez de Distrito dejó de considerar que el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos deviene inconstitucional en tanto que no prevé como caso de excepción para su actualización, situaciones de índole general, intempestiva e irresistibles para los permisionarios, ni un procedimiento para informar o notificar de lo anterior a las autoridades responsables. (...)
CUARTO: La sentencia recurrida vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, pues el Juez de Distrito omitió analizar por completo el concepto de violación noveno planteado por la quejosa relativo a la autonomía que debe de existir entre la autoridad que realiza la investigación y la que resuelve la misma, a efecto de respetar los principios de imparcialidad y presunción de inocencia.
El Juez de Distrito omitió analizar lo señalado por la quejosa respecto a que el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 19 del Acuerdo recurrido resultaban inconstitucionales, pues no establecían con claridad bajo que supuestos la autoridad habría de tener el carácter de acusadora, investigadora, y resolutora en un procedimiento de revocación de permiso.
El Juez de Distrito omitió pronunciarse respecto del argumento de la quejosa, y enfocó el desarrollo de sus consideraciones únicamente en que la norma resultaba constitucional, pues el legislador autorizó tanto a la Comisión Reguladora de Energía como a la Secretaría de Energía para iniciar un procedimiento de revocación de permiso y decretar una eventual revocación con base en cualquiera de esas causales, atendiendo al ámbito de competencia. Esto es, el Juez de Distrito contestó al concepto de violación de la quejosa de manera simplista y sin analizar todas las cuestiones que fueron planteadas, pues precisamente la falta de claridad sobre el ámbito de competencia de cada autoridad es lo que vuelve a la norma inconstitucional.
En su demanda de amparo, la quejosa señaló que, para el caso sin conceder de que la intención del legislador hubiera sido que efectivamente ambas autoridades conocieran del procedimiento de revocación de permiso, al amparo de cualquiera de las trece causales enunciadas en el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos, era evidente la incertidumbre y confusión que generaba el texto del artículo reclamado, puesto que un acto tan grave para la esfera jurídica de los permisionarios como lo es la revocación de su permiso no puede estar sujeta a ese amplísimo margen de discrecionalidad de que se desprende de la interpretación que las autoridades –Comisión Reguladora de Energía y Secretaría de Energía– le pueden dar a dicho artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos. (...)
13. Recurso de revisión de la autoridad responsable. Por su parte, la directora de lo Contencioso adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía interpuso, de igual forma, tramitó recurso de revisión en contra la sentencia dictada en el juicio de origen, en el que combate aspectos de legalidad resueltos por el juzgado de distrito respecto de los cuales concedió el amparo, en términos del artículo 87 de la ley de amparo.
14. En su recurso, sólo hizo valer agravios vinculados con cuestiones de legalidad relacionadas con la falta de motivación sobre la conducta imputada a la parte quejosa, consistente en:
Primero: la sentencia viola los principios de congruencia y exhaustividad, al no tomar en cuenta las consideraciones y probanzas relacionadas con la substanciación de los procedimientos administrativos de revocación.
La Juez de Distrito al analizar la litis y emitir sentencia ignoró los argumentos realizados por esa autoridad en su informe justificado, específicamente por lo que corresponde al principio de tipicidad, la garantía de debida fundamentación y motivación y el derecho a la defensa que rige todo procedimiento administrativo sancionador, consideraciones que no fueron atendidas por la Juzgadora pues, de haberlo valorado debidamente, habría advertido que no se producía la violación alegada por la quejosa.
Segundo. (...) A su parecer, el estudio que debió realizar la Juez de Distrito al momento de dictar sentencia, no debió limitarse única y exclusivamente a verificar si se citó correctamente la fracción XII o XIII, o si la quejosa realizó un argumento adicional, respecto de la fracción XII del artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos; sino que, debió realizar un estudio constitucional respecto de los actos reclamados, para determinar si se trataba de un error mecanográfico y si el mismo violó los derechos fundamentales de la quejosa, en la medida en que no se le haya permitido tener una debida defensa respecto de las conductas imputadas
15. Admisión. Correspondió conocer de los recursos de revisión al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el cual, mediante acuerdo de su presidencia de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro los radicó y admitió a trámite con el expediente R.A. 279/2024.
16. Returno. Mediante acuerdo plenario del doce de agosto de dos mil veinticuatro dictado por el Segundo Tribunal de la subespecialidad en el toca referido, este Tribunal determinó carecer de competencia y, por razón de turno, ordenó remitir dicho asunto y sus anexos al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Mediante auto de su presidencia de veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, dicho Tribunal radicó el asunto bajo el expediente R.A. 320/2024 y se avocó a su conocimiento.
17. Determinación del Tribunal Colegiado de Circuito. El trece de marzo de dos mil veinticinco, el referido Tribunal Colegiado de Circuito dictó resolución en la que:
Primero. Desechó el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República y por el Titular de la Secretaría de Energía, al considerar que carecían de legitimación para intentar dicho medio de impugnación;
Segundo. Quedó reservado el estudio de los argumentos de legalidad que se hacen valer, hasta en tanto se determine la constitucionalidad de los actos reclamados;
Tercero. Se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de revisión, en lo relacionado con la constitucionalidad de los artículos 55 y 56 de la Ley de Hidrocarburos, y
Cuarto. Remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el examen del tema de constitucionalidad.
18. Admisión y trámite del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de Presidencia de diez de abril de dos mil veinticinco, esta Suprema Corte asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión; lo admitió a trámite con el número de expediente 151/2025; lo turnó para su estudio al entonces Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
19. Acuerdo de avocamiento. El catorce de mayo de dos mil veinticinco, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del entonces Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
20. Acuerdo de reasignación. Mediante acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Hugo Aguilar Ortiz, determinó turnar el presente asunto a la Ministra María Estela Ríos González, a efecto de que actúe como ponente.
I. COMPETENCIA
21. Este Pleno es competente para conocer de los recursos de revisión con fundamento en los artículos 94, tercer párrafo(11) y 107 fracción VIII, inciso a)(12) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo;(13) 2,(14) 16 fracción III(15) y 20, fracción II,(16) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; acuerdo SEGUNDO, fracción VIII, inciso a, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.),(17) publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
22. Es innecesario realizar el cómputo relativo a la oportunidad de los recursos, así como un estudio respecto de la legitimación, en virtud de que el Tribunal Colegiado ya se pronunció al respecto; y, determinó que tanto el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, como por la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía se interpusieron de manera oportuna y por parte legitimada.(18)
III. PROCEDENCIA
23. De un análisis de los autos, se advierte que las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto han sido debidamente estudiadas por los órganos de amparo que precedieron en el estudio del asunto, sin que quede pendiente el estudio de alguna.
24. Asimismo, este Pleno no advierte, de oficio, alguna otra causal de improcedencia pendiente de análisis.
25. El recurso de revisión tramitado por la parte quejosa es procedente, toda vez que se trata de un medio de impugnación interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, pronunciada por un Juez de Distrito, en el que parece subsistir un problema de constitucionalidad respecto de normas de carácter federal.
26. Asimismo, el recurso de revisión tramitado por la Directora de lo Contencioso adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía resulta procedente, en virtud de que fue tramitado en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, sobre los actos reclamados directamente a la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, reservándose jurisdicción para el Tribunal Colegiado por reclamar cuestiones de legalidad, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, que a la letra refiere:
Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.
IV. PRECISIÓN DE LA LITIS
27. El problema jurídico que este Pleno debe resolver radica en determinar si los artículos 55, fracción I, inciso b, y 56 de la Ley de Hidrocarburos son constitucionales y, por consecuencia, si también lo es la aplicación de los artículos 18 y 19 del Acuerdo por el que se Establece la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34302-5876c553/principios-del-derecho-penal-no-son-aplicables-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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