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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SON IMPUGNABLES EN LA VÍA MERCANTIL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 450/2025. · Registro digital (IUS): 33943
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-10
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.661.

AMPARO DIRECTO 450/2025. 9 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ, MARÍN ACEVEDO PEÑA Y MAGNOLIA GARCÍA MATUS. PONENTE: JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: MAURICIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

Coatzacoalcos, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, correspondiente a la sesión de nueve de octubre de dos mil veinticinco.

V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo directo ********; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En escrito presentado el seis de junio de dos mil veinticinco en la oficialía de partes del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz con residencia en esta ciudad (foja 04 del juicio de amparo directo), ******* ****** ***** promovió juicio de amparo directo contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, dictado por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el juicio oral mercantil ********* de su índice.

SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. En oficio *********, recibido el doce de junio de dos mil veinticinco, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad; el juez responsable rindió informe justificado, remitió escrito de la demanda de amparo y puso a disposición de este órgano jurisdiccional la versión electrónica del juicio oral mercantil ********* de su índice (foja 2 del juicio de amparo directo).

Por razón de turno, correspondió conocer del presente asunto a este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en auto de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, admitió a trámite el asunto bajo el expediente número ******** (fojas 9 a 11 del juicio de amparo directo).

En proveído de veintisiete de junio de dos mil veinticinco, se turnó el asunto al Magistrado José Luis Gómez Martínez, a fin de que elabore el proyecto de sentencia (foja 16 del juicio de amparo directo).

Después de diversos cambios de integración del Pleno de este Tribunal, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se ordenó hacer del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de septiembre del presente año, este Tribunal Colegiado quedó actualmente integrado por los Magistrado José Luis Gómez Martínez (Presidente), Marín Acevedo Peña y la Magistrada Magnolia García Matus (foja 20 del toca); y.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, es competente para resolver el presente juicio de amparo directo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 35, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; así como el diverso Acuerdo General 45/2018 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo entre otras cuestiones, al inicio de funciones de este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; en virtud de que se trata de un auto dictado por un Juzgado de Distrito que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado se acredita con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y la versión electrónica del juicio oral mercantil ********* de su índice.

TERCERO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. El juicio de amparo directo se promovió oportunamente, esto es, dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo.

La resolución que constituye el acto reclamado fue notificada por lista de acuerdos a la entonces actora ******* ****** *****, ahora quejosa, el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (visible en el expediente electrónico del juicio oral mercantil), dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el veintitrés del citado mes y año, de conformidad con el artículo 1075, párrafo segundo,(1) del Código de Comercio.

Por tanto, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo directo transcurrió del veintiséis de mayo al trece de junio de dos mil veinticinco, descontándose para el cómputo respectivo el treinta y uno de mayo, uno, siete y ocho de junio de dos mil veinticinco, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 1064 del Código de Comercio, así como de la certificación secretarial que obra en foja 8 reverso del expediente de amparo directo.

De ahí que, si la demanda de amparo se presentó por vía electrónica el seis de junio de dos mil veinticinco, su presentación resulta oportuna, esto es, dentro del plazo comprendido del veintiséis de mayo al trece de junio de dos mil veinticinco.

CUARTO. TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE LA SENTENCIA RECLAMADA Y DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En el caso resulta innecesario realizar la transcripción tanto de la sentencia reclamada como de los conceptos de violación, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual no prevé que ello sea un requisito para resolver el asunto, máxime que forman parte integrante de las actuaciones y expediente materia de resolución; por lo que su reproducción e inserción resulta una duplicidad de contenido de las actuaciones materia de estudio y resolución.

Lo anterior, es congruente con lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164618, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”, que no existe obligación de transcribir los conceptos de violación y el laudo reclamado para cumplir con los requisitos de exhaustividad y congruencia en el dictado de la sentencia, en razón de que esos principios se satisfacen al analizar y dar respuesta a los conceptos de violación planteados.

QUINTO. ANTECEDENTES DEL ASUNTO. En lo que interesa, son:

1. En escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco,(2) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, ******* ****** *****, por propio derecho, aquí quejosa, promovió juicio oral mercantil contra ******** ******* ** ************, de quien demandó las prestaciones siguientes:

a. La nulidad absoluta de la verificación al sistema de medición y la instalación eléctrica, realizada en el domicilio de la actora por parte de las demandadas.

b. La nulidad de ajuste de facturación *********, de treinta de abril de dos mil veinticinco, derivado de la revisión al sistema de medición e instalación eléctrica identificado como número de servicio RPU ************ realizada en el inmueble ubicado en calle ****** *******, número ***, colonia ***** ** ***, en esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en el que se encontraron diversas irregularidades determinando que existía un adeudo de consumo de energía eléctrica no facturada en el periodo comprendido del veintinueve de julio de dos mil veintidós al veintiséis de abril de dos mil veinticinco, por la cantidad de ****** ******** *** *********** ******* * ***** pesos ($**********), con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

c. En consecuencia de lo anterior, la nulidad del adeudo por el monto de ****** ******** *** *********** ******* * ***** pesos ($**********), por concepto de consumo de energía eléctrica no facturado con Impuesto al Valor Agregado (IVA); así como que se eliminen de los archivos documentales e informáticos de las demandadas dicho cargo.

d. Se ordene la reinstalación del servicio de energía eléctrica en el domicilio de la actora.

2. En auto de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal, a quien correspondió conocer del asunto, radicó la demanda bajo el expediente número ********* y la desechó al estimar que la vía oral mercantil era improcedente, en virtud de que, a partir de la reforma constitucional de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro a los artículos 25, 27 y 28 y el decreto de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se estableció que la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica correspondía exclusivamente a la Nación, sin que pudieran otorgarse concesiones, bajo el régimen de un servicio público, por lo cual ******** ******* ** ************ dejó de ser una empresa productiva del Estado para ser una empresa pública del Estado, por lo que en todo caso, tiene la naturaleza de autoridad y por tales motivos, el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica es de naturaleza administrativa, que no tiene como finalidad una especulación comercial, característica que es necesaria para que rija el derecho mercantil como un acto de comercio.

En consecuencia, el juzgador arribó a la conclusión de que la naturaleza de la acción reclamada no era mercantil, sino administrativa, por lo que era improcedente la vía oral mercantil intentada para el reclamo de las prestaciones señaladas en el escrito de demanda y por ello desechó la demanda.

Resolución que constituye el acto aquí reclamado.

SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación resultan fundados atendiendo a la causa de pedir.

Al respecto, la parte quejosa sostiene que la resolución combatida, viola en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en los artículos 1337, 1339, 1390 Bis y 1047 del Código de Comercio, toda vez que reclama un acto de comercio derivado de un contrato de suministro de energía eléctrica en relación con los artículos 107, 110, 111, 112, 113 y 114 y demás relativos del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y en efecto, el asunto sometido a la decisión de la autoridad judicial responsable es de naturaleza mercantil.

Al respecto, se precisa que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, establecían lo siguiente:

“Artículo 25.

...El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar...”

“Artículo 27.

...En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica...”.

“Artículo 28.

...No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado...”.

De estas disposiciones constitucionales se advierte que el Sistema Eléctrico Nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, constituía un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva a través de un organismo y empresas de acuerdo con las leyes.

Por su parte, el artículo tercero transitorio del decreto relativo dispuso lo siguiente:

“Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto.”

En ese contexto constitucional, aunado a la vigencia y el análisis de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo los criterios contenidos en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), así como las jurisprudencias 2a./J. 156/2017 (10a.) y 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubros siguientes:

1. “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].”(3)

2. “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.”(4)

3. “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA”.(5)

De lo antes expuesto se aprecia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si los actos que realizaba Comisión Federal de Electricidad derivaban del contrato del suministro de energía eléctrica, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público, entonces la vía idónea para impugnarlos era la mercantil, en atención a la naturaleza del acto, no así, de la entidad pública; aunado a que, en caso de dichos actos, no tenía el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

Posteriormente, el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que fueron reformados los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en el sentido siguiente:

“Artículo 25.

...El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas públicas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, y determinará las demás actividades que podrán realizar...”.

“Artículo 27.

...En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos y litio no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en los términos del artículo 28 de esta Constitución, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos...”.

“Artículo 28.

...No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia...”.

De tales disposiciones se advierte que ahora se utiliza la denominación empresa pública del Estado, la cual será la competente para la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, con el objetivo de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer de electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía.

Lo anterior, sin posibilidad de otorgar concesiones, pero con la alternativa de que los particulares participen en las demás actividades de la industria eléctrica, sin prevalencia sobre la empresa pública de la materia.

Así, el mencionado Decreto dispuso en su artículo tercero transitorio lo siguiente:

“Tercero.- Se derogan los artículos Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que se opongan a las disposiciones materia del presente Decreto.”

A partir de este nuevo contexto constitucional, se aprecia que Comisión Federal de Electricidad ha dejado de ser una empresa productiva del Estado para convertirse en una empresa pública del Estado y bajo esa nueva configuración ha dejado de perseguir el mandato de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, para ahora proveer al país de electricidad al menor precio posible evitando el lucro.

Ahora, el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, que en sus artículos 2, párrafo primero y 6 disponen lo siguiente:

“Artículo 2.- La empresa pública del Estado denominada Comisión Federal de Electricidad, es una entidad de la Administración Pública Federal sectorizada a la Secretaría de Energía, con independencia técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica, régimen especial y patrimonio propio...”.

“Artículo 6.- La Comisión Federal de Electricidad como entidad, forma parte de la administración pública paraestatal y se sujeta a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos.

El derecho civil y mercantil, es aplicable de manera supletoria, según la naturaleza del acto.

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan, se deben aplicar siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.

En caso de duda, se debe favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización del objeto y esencia de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa pública del Estado con régimen especial.

La interpretación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Energía”.

En ese contexto normativo, puede dilucidarse que Comisión Federal de Electricidad ha regresado a formar parte del régimen de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, encontrándose ahora sectorizada a la Secretaría de Energía, continuando operando bajo principios de derecho privado y no público.

Además, en virtud del mencionado Decreto, también se expidió la Ley del Sector Eléctrico, que en su artículo 5°, párrafos segundo y tercero, prevé lo siguiente:

“Artículo 5.- El Gobierno Federal, las Generadoras, la Empresa Pública del Estado, las Comercializadoras, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, deben ejecutar los actos que resulten necesarios para mantener la integridad, la Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, Accesibilidad, Sostenibilidad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

En lo no previsto por esta Ley, son aplicables el derecho público o mercantil, según la naturaleza del acto.

Los actos mercantiles, como lo son las transacciones de energía eléctrica y Productos Asociados, así como las relativas al Suministro Eléctrico, se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal.”

Así, dichas disposiciones conlleva a determinar que en la actualidad, los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica son de naturaleza comercial y, por tanto, se continúan rigiendo por las disposiciones del Código de Comercio y, de manera supletoria, por el Código Civil Federal.

En el caso, en la demanda de origen la ahora quejosa reclamó en la vía oral mercantil diversas prestaciones derivadas de un contrato de suministro de energía eléctrica, las cuales demandó en virtud de un supuesto ajuste de facturación de treinta de abril de dos mil veinticinco, que tenía como origen una revisión a su sistema de medición e instalación eléctrica en el domicilio del demandante.

No obstante, en el acto reclamado el juez responsable desechó la demanda al considerar que derivado de la reforma constitucional de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, Comisión Federal de Electricidad dejó de ser una empresa productiva del Estado para convertirse en un organismo descentralizado, y, por ende, que actuaba investida de potestad que caracteriza los actos de autoridad, así como que el contrato de suministro de energía eléctrica no tenía como finalidad una especulación comercial, sino satisfacer una necesidad del pueblo al menor costo; por tales motivos, determinó que la naturaleza de la acción reclamada no era mercantil, sino administrativa, por lo que era improcedente el juicio de referencia para el reclamo de las prestaciones en comento.

Determinación que este tribunal colegiado estima jurídicamente incorrecta.

Ello, porque con la reforma constitucional de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, y con la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad ha quedado definida como empresa pública del Estado, en la prestación del servicio público de energía eléctrica; no obstante, contrario a lo que afirma el juez responsable, continúa operando bajo los principios de derecho privado y, por lo tanto, por disposición expresa de ley, los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica son de naturaleza mercantil y se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y, de manera supletoria, por el Código civil Federal.

Así, resulta jurídicamente incorrecto que el juez responsable concluyera que el asunto de origen es de naturaleza administrativa y, por ende, no debió desechar la demanda, sino admitirla; de ahí lo fundado de los conceptos de violación.

En tales consideraciones, ante lo fundado de los argumentos de la quejosa, lo procedente es conce

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33943-3922bde0/comision-federal-de-electricidad-cfe-los-actos-derivados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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