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AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEGISLACIÓN QUE LOS RIGE, BASTA CON QUE LA PARTE QUE LA OPONE HAGA VALER QUE SU PAGO ES PROCEDENTE POR EL AÑO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 716/2024. · Registro digital (IUS): 33953
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.1198.

AMPARO DIRECTO 716/2024. 2 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS PATRICIA DEL ARENAL URUETA Y DIEGO ALBERTO GATICA NORIEGA, Y DE ANA LILIA GAZANINI GARCÍA, SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA. PONENTE: ANA LILIA GAZANINI GARCÍA. SECRETARIA: DIANA MARISSA CASTILLO CORTÉS.

Ciudad de México. Acuerdo del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre de dos mil veinticinco.

V I S T O S, para resolver el juicio de amparo directo DT. 716/2024; y,

R E S U L T A N D O

[1] PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, **** ********** ******** *****(1) y ****** ***** ****** ******(1) por conducto de su apoderado legal, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y el acto que se precisan a continuación:

“III. AUTORIDAD RESPONSABLE: CUARTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE...

IV. ACTO RECLAMADO: El Laudo [...] con fecha 24 de mayo de 2024...”.

[2] SEGUNDO. Informe justificado. Mediante oficio recibido el uno de julio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Magistrado Presidente de la Sala responsable rindió informe justificado y remitió el expediente laboral 4270/2021, original, copia simple y certificación secretarial de la demanda de amparo; así como copia certificada del emplazamiento al tercero interesado.

[3] TERCERO. Trámite. Correspondió conocer del asunto a este Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual, por acuerdo de Presidencia de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, formó expediente registrándolo con el número DT. 716/2024, admitió a trámite la demanda, se tuvo como tercero interesado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dio la intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

[4] CUARTO. Amparo adhesivo. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil veinticuatro, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su apoderada, promovió amparo adhesivo, el cual fue admitido mediante auto de presidencia de quince de agosto de dos mil veinticuatro.

[5] QUINTO. Turno. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinticuatro, se determinó turnar los presentes autos a la Secretaria en Funciones de Magistrada Ana Lilia Gazanini García, titular de la ponencia “A”, para elaborar el proyecto de resolución respectivo.

[6] Por dictamen formulado por la ponente el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, se dio cuenta a la Presidencia de este órgano colegiado que no se contaba con la totalidad de las constancias, por lo que por su conducto se requirió a la sala responsable, quien remitió el cuaderno de pruebas el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco y hasta el quince de mayo de dos mil veinticinco, la totalidad de las pruebas. Por lo que, el veinte mayo de dos mil veinticinco, se ordenó devolver los autos a la titular de la ponencia “A”.

[7] SEXTO. Nueva integración. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, se dio cuenta con oficio SEADS/2104/2025, de cuatro de junio de dos mil veinticinco, en el que Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal comunicó que el Consejo de la Judicatura Federal acordó la reincorporación de la Magistrada Patricia del Arenal Urueta, a la plaza de la cual es titular en este órgano colegiado, con efectos a partir del dos de agosto de dos mil veinticinco.

[8] Asimismo, mediante acuerdo de Presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo constar que este órgano colegiado quedó integrado de la manera siguiente: Magistrada Presidenta Patricia del Arenal Urueta, Magistrado Diego Alberto Gatica Noriega y Secretaria en Funciones de Magistrada Ana Lilia Gazanini García.

[9] SÉPTIMO. Lista y sesión. El asunto se listó el veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, y en esa fecha se circuló el proyecto de resolución para sesión ordinaria del dos de octubre siguiente.

C O N S I D E R A N D O

[10] PRIMERO. Competencia. Este Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones V, inciso d) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y, 35, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como en lo dispuesto por el Acuerdo General número 3/2013 (reformado por diverso Acuerdo 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad que radica en el Primer Circuito, donde ejerce jurisdicción este Tribunal.

[11] SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Magistrado Presidente de la Sala responsable al rendir informe justificado reconoció la existencia del laudo reclamado, lo que se corrobora con las constancias originales del juicio laboral 4270/2021; las que revisten valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de este último ordenamiento.

[12] TERCERO. Legitimación. El juicio de amparo fue promovido por parte legítima, de conformidad con los artículos 5º, fracción I, 6º y 10, de la Ley de Amparo, toda vez que lo hizo valer la parte quejosa, **** ********** ********(1) y **** ********** ********(1), por conducto de su apoderado legal **** ********** ********(1), personalidad que acredita con las cartas poder de veintiuno de junio de dos mil veintiuno.(2)

[13] De igual forma, el amparo adhesivo fue promovido por parte legítima, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo hizo valer **** ********** ********(1), como apoderada del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se acreditó con la copia certificada del oficio de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que obran a fojas 166 del expediente laboral de origen.

[14] CUARTO. Oportunidad. El laudo reclamado se notificó a la quejosa el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro; tal diligencia surtió efectos en el acto, conforme lo establece el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.

[15] En ese sentido, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veintinueve de mayo al dieciocho de junio de dos mil veinticuatro; sin considerar los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de junio, por ser sábados y domingos.

[16] Por lo tanto, es oportuna la presentación de la demanda, en virtud de que se efectuó ante la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro; lo que se aprecia en los calendarios siguientes:

Ver calendario 1

ortunidad de la presentación de la demanda adhesiva. La demanda de amparo adhesiva fue presentada en el decimotercer día del plazo previsto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto admisorio de la demanda de amparo, de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, fue notificado a la tercera interesada el cinco siguiente, surtió efectos el ocho del mes y año en cita, por lo que el plazo corrió del nueve de julio al quince de agosto de dos mil veinticuatro, sin considerar los días trece y catorce de julio, tres, cuatro, diez y once de agosto, ambos de dos mil veinticuatro, por ser sábados y domingos, así como del quince al treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, por ser el primer periodo vacacional de esta Potestad Federal de conformidad con el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la demanda fue presentada el trece de agosto de dos mil veinticuatro; por lo que resulta oportuna. Para mayor ilustración, obsérvese el siguiente calendario:

Ver calendario 2

[18] QUINTO. Antecedentes. Previamente a analizar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, para una mejor comprensión del asunto, es necesario narrar brevemente los antecedentes de la sentencia reclamada, que se advierten del procedimiento laboral.

I. Demanda laboral. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno **** ********** ********(1) y **** ********** ********(1), por conducto de su apoderado legal, demandaron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las siguientes prestaciones:

“A) LA REINSTALACIÓN DE LOS ACTORES EN FORMA INMEDIATA.

B) COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.

C) EL OTORGAMIENTO DE LA PLAZA DE BASE QUE LE CORRESPONDE A LOS ACTORES EN EL PUESTO DE **** ********** ********(3) Y/O **** ********** ********,(3) QUE OSTENTABAN LOS ACTORES.

D) EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC) DEL AÑO 2021.

E) LOS DOS PERIODOS VACACIONALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

F) EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS PRIMAS VACACIONALES.

G) EL PAGO DE AGUINALDO QUE LE CORRESPONDE A LOS ACTORES.

H) EL PAGO DELOS VALES DE FIN DE AÑO.

I) EL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES QUE SEÑALAN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO VIGENTES, QUE OTORGA LA DEMANDA A TODOS LOS TRABAJADORES DE BASE.

J) EL PAGO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO Y HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2021 A FAVOR DE LOS ACTORES.

K) EL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS COTIZACIONES DE LOS ACTORES ANTE EL ISSSTE Y QUE TIENE OBLIGACIÓN DE CUBRIR AL DEMANDADO.

L) EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ESTE H. TRIBUNAL QUE LOS ACTORES SON TRABAJADORES DE BASE EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

M) PARA EL INDEBIDO CASO QUE NO SEA REINSTALADO COMO TRABAJADOR DE BASE, SE LE PAGUEN LOS SALARIOS CAÍDOS.

N) O EN SU CASO LA INDEMNIZACIÓN POR EL IMPORTE DE TRES MESES DE SALARIO POR CADA AÑO LABORADO”.

Por escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora presentó promoción a efecto de ampliar los hechos y las prestaciones reclamadas, a las que agregó:

“O) EL PAGO DE HORAS EXTRAS GENERADAS DESDE EL 31 DE MAYO DE 2020 HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2021”.

II. Radicación y admisión. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje radicó la demanda con el número 4270/2021 y la admitió a trámite.(4)

III. Contestación de demanda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su apoderada, contestó la demanda y opuso excepciones y defensas,(5) negó acción y derecho, destacando que los actores desempeñaron funciones de confianza, en específico las relativas a dirección, representación, inspección, fiscalización, vigilancia, verificación y auditoria; por lo que carecen de estabilidad en el empleo.

IV. Laudo reclamado. Seguido el procedimiento, el veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro se dictó el laudo que por esta vía se reclama, bajo los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO.- Los actores no acreditaron la procedencia de su acción y el titular demandado justificó sus excepciones y defensas que hizo valer, en consecuencia.

SEGUNDO.- Se absuelve a la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, de reinstalar a los CC. **** ********** **** ********(1) y **** **** ********** ********(1), en los puestos de **** ********** ********(3) Y ********(3), respectivamente, así como del pago de salarios caídos, del otorgamiento de la plaza de base, del pago correspondiente al fondo de ahorro capitalizable (FONAC) del pago de los vales de despensa de fin de año, del pago de vacaciones y prima vacacional del año dos mil uno, del pago de aguinaldo 2021, del pago de todas y cada una de las prestaciones que señalan las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, del pago de los salarios devengados, del pago de todas y cada una de las cotizaciones de los actores ante el ISSSTE, del reconocimiento de la calidad de trabajador de base en términos del artículo 6° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del pago de la indemnización por el importe de tres meses de salario y del pago de horas extras.- Lo anterior en virtud de lo expuesto y fundado en el considerando que antecede...”.(6)

[19] SEXTO. Estudio del amparo principal. La quejosa aduce en sus conceptos de violación que la responsable no analizó ni resolvió la litis en el expediente laboral a verdad sabida y buena fe guardada, dado que la demandada omitió acreditar las funciones de confianza que estima realizaron a su servicio los quejosos, contrario a ello, afirma que se corroboró debidamente las diversas de base, a pesar de que la patronal tiene la carga probatoria, pues se pretendió acreditar las funciones únicamente con documentales elaboradas unilateralmente por la tercera interesada que no otorgan credibilidad alguna.

[20] Añade, que la autoridad responsable omitió analizar la coacción, acoso, presión, hostigamiento, al restringir los derechos irrenunciables a la estabilidad en el empleo de los quejosos, sin apegarse a aplicar supletoriamente lo ordenado por el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo; aunado a que existe un interés en proteger a la patronal hacendaria “por ser su patrona y de ella provenir su salario”, por lo que refiere, debe quedar bien, de ahí que la justifique y dicte un laudo incongruente, justificando las funciones supuestas de confianza solamente con oficios, documentales etc., los que son elaborados unilateralmente para perjudicar a los quejosos.

[21] Refiere, que la responsable debía analizar las pruebas y acreditar las funciones de confianza en forma real, pues dejó en total estado de indefensión a los quejosos, al pretender justificar únicamente con documentales que no acreditan fidedignamente las supuestas funciones de confianza, lo que la llevó a emitir un laudo incongruente.

[22] Agrega, que no se concedió valor probatorio a las testimoniales ofrecida por los quejosos a cargo de **** ********** **** *******(1), ********** *********(1) y **** ********** **** *******(1) a pesar de ser contestes, idóneos y fidedignos, a los que se les tiene que otorgar el valor correspondiente que la autoridad responsable omite aplicar tomando en consideración que dos testigos tienen demanda en contra de la tercera interesada, sin que ello represente un interés de perjudicar a ésta, por el contrario es precisar lo sucedido o acontecido en determinado momento en que ellos fueron testigos del despido injustificado.

[23] Adiciona, que al recibir su salario la responsable por parte de la tercera interesada, existe una parcialidad absoluta a su favor, por laborar ambos para el Gobierno Federal y no existir una autonomía jurídica para juzgar en los términos que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo expresó en la demanda laboral por costumbre dolosa y de mala fe se contrata a los trabajadores en puestos de confianza con funciones de base, y se ofrecen documentales, que no acreditan las supuestas funciones de confianza que dice realizaron los quejosos a su servicio, todo lo anterior queda debidamente probado con la tesis jurisprudencial, cuyo rubro es: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUEL”.

[24] Reitera, que con ninguna prueba se acreditan las funciones de confianza, equiparando el razonamiento de la responsable a un testigo de oídas, al repetir sin razonamiento lógico jurídico lo que se manifiesta en la contestación de demanda.

[25] Con lo que lesiona los derechos humanos de los quejosos al no demostrar las supuestas funciones de confianza alegadas y haberlos despedido incumpliendo a lo establecido en los artículos 46, 46 Bis y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, equiparando lo anterior a un despido injustificado.

[26] De igual modo, se duele de la omisión de analizar el acoso, hostigamiento, discriminación y acoso laboral, sufrido por los quejosos, precisado en el escrito inicial de demanda, así como la causa del despido injustificado como refieren los hechos de la demanda incluyendo las denuncias correspondientes ante el Órgano Interno de Control, al estar prohibido por el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, no hacer nada en perjuicio irreparable, a pesar de las denuncias y quejas precisadas en el capítulo de pruebas que omite tomar en consideración y analizar la autoridad responsable, a pesar de tener la carga probatoria y no haberlo probado en la secuela procesal y en el momento oportuno para ello.

[27] También refiere, la Autoridad Responsable absolvió de forma incongruente, del pago del fondo de ahorro capitalizable, los periodos vacacionales, el aguinaldo, la prima vacacional, las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, los salarios devengados, así como el pago del tiempo extra demandado, al haber acreditado el horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes de cada semana y salir hasta las 18:30 horas de lunes a viernes, como consta en la inspección ofrecida en el apartado 12 del capítulo de pruebas, en donde consta que los quejosos ingresaban a las 08:00 de la mañana y salían a las 18:30 horas de lunes a viernes, quedando debidamente acreditado con la inspección que se laboró tiempo extra sin el pago correspondiente.

[28] Finalmente, argumenta que de estimarse que son trabajadores de confianza, le corresponde a los quejosos el pago correspondiente a los 3 meses de indemnización, más 20 días por cada año de prestación de servicios, así como el pago de los salarios caídos.

[29] En inicio, devienen infundados los conceptos de violación en los que la parte quejosa aduce que se demostraron las funciones de base que realizaron, analizados en su conjunto dada su estrecha vinculación, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.

[30] Ello, en razón de que esta Potestad Federal, considera correcto que la responsable estableciera la calidad de confianza en las actividades realizadas en los puestos ostentados por los actores, a saber, **** ********** **** *******(1) como **** **** *******(3) y **** ********** **** *******(1) como *******(3), así como la improcedencia de la acción de reinstalación y las inherentes a ésta, como se verá a continuación.

[31] Para arribar a lo anterior, debe destacarse que el artículo 123, apartado B, fracciones XI (sic) -en realidad es la IX- y XIV-, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en términos que fije la ley; que ésta determinará cuáles son los cargos de confianza, en cuyo caso disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

[...]

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

[...]

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

[...]

XI (SIC) (05-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

[...]

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

[...]”.

[32] Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el criterio aislado P. XLVII/2005, que de una interpretación sistemática de ambas porciones normativas, se deduce que sólo los trabajadores de base de los Poderes de la Unión gozan de estabilidad en el empleo, por lo que no pueden ser suspendidos o cesados sino por causa debidamente comprobada y justificada, lo que les permite permanecer en él, incluso contra la voluntad del patrón, mientras no exista causa que justifique su despido.

[33] Por lo tanto, los trabajadores al servicio del Estado de confianza únicamente disfrutan de las medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de la seguridad social, sin tener derecho a la estabilidad o inamovilidad en el empleo, por lo que no les asiste el derecho a demandar una indemnización en caso de separación injustificada, o en su caso, la reinstalación. Dicho criterio es de rubro y texto siguientes:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. AL NO GOZAR DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CARECEN DEL DERECHO A DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación del primer párrafo de la referida fracción IX, en el sentido de que los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, en relación con la fracción XIV del propio precepto y apartado, se advierte que sólo los trabajadores de base de los Poderes de la Unión gozan de estabilidad en el empleo, por lo que no pueden ser suspendidos o cesados, sino por causa debidamente comprobada y justificada, lo que les permite permanecer en él, incluso contra la voluntad del patrón, mientras no exista causa que justifique su despido. En ese tenor, si los trabajadores al servicio del Estado que desempeñen cargos de confianza únicamente disfrutan de las medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de la seguridad social, sin tener derecho a la estabilidad o inamovilidad en el empleo, se concluye que no les asiste el consagrado en el segundo párrafo de la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para demandar una indemnización en caso de separación injustificada, dado que, salvo disposición en contrario de la respectiva ley reglamentaria en la que se incrementen los mínimos constitucionales, por regla general su separación no será injustificada”.(7)

[34] Esa determinación fue robustecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 204/2007(8) y 2a./J. 205/2007, las cuales establecen, respectivamente, lo siguiente:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros”.(9)

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al legislador la facultad de determinar en la ley los términos y condiciones en que procede la suspensión o cese de los efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, por lo que al armonizar el contenido de esa fracción con el de la diversa XIV, se advierte que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones de seguridad social que se extiende, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de derechos colectivos, que son incompatibles con el tipo de cargo y naturaleza de la función que desempeñan. Y si bien en ninguna de las fracciones que integran el citado apartado B se establece expresamente que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad en el empleo, ésta se infiere de lo dispuesto en la referida fracción XIV, al precisar cuáles son los derechos que pueden disfrutar, y como entre éstos no se incluyó el de la estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los de base. Ello es así, porque la exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente en la norma constitucional, pues basta atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de confianza para determinar que, por exclusión, no pueden gozar de los otorgados a los de base. Por tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al precisar los derechos que tiene el trabajador de base y excluir de ellos a los de confianza, no contraría el apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental”.(10)

[35] Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en la tesis jurisprudencial 2a./J. 21/2014 (10a.) que la falta de estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos, puesto que sus derechos no se ven limitados ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base debido a que el Constituyente Permanente no lo estimó así al no haberlo señalado expresamente en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional.

[36] Por lo tanto, debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación en el sistema jurídico administrativo de nuestro país debido a que los trabajadores de confianza realizan un papel transcendente en la función pública del Estado.

[37] El criterio jurisprudencial referido es de contenido siguiente:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que enc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33953-7ab1b103/aguinaldo-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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