EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, CUANDO SU FUNDAMENTACIÓN ES INSUFICIENTE DERIVADA DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO QUE REGULA EL RECURSO EN SU CONTRA EN SEDE ADMINISTRATIVA.
AMPARO DIRECTO 438/2024. 8 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JULIO CÉSAR ECHEVERRÍA MORALES Y OLGA VARGAS GUTIÉRREZ. PONENTE: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: ALICIA CECILIA LIZÁRRAGA OCHOA.
Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, correspondiente a la sesión de ocho de octubre de dos mil veinticinco.
VISTO, para resolver, el juicio de amparo directo administrativo 438/2024, promovido por el quejoso **********, contra la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el expediente**********; acto que estima violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Resolución impugnada en el juicio de nulidad. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno(1) ante el Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, **********, por su propio derecho, demandó a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, a la Secretaría de Economía, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Gobernador y Secretaría de Hacienda, todos pertenecientes al Gobierno de esta Entidad Federativa, las siguientes prestaciones:
“A).- Se decrete la nulidad parcial lisa y llana del acto administrativo de fecha 5 de marzo de 2003, ya que el mismo fue emitido por el ISSSTESON habiendo apreciado en forma equivocada el sueldo básico integrado real percibido por el suscrito durante sus últimos tres años de labores en el servicio público. En virtud de lo anterior, ese H. Tribunal deberá declarar, en plenitud de jurisdicción, la existencia de un derecho subjetivo consistente en gozar de una pensión por vejez cuyo cálculo considere la totalidad de las cantidades que de manera permanente devengó el actor por concepto de sueldo integrado por los servicios prestados de DIRECTOR GENERAL, ADSCRITO A LA SECRETARÍA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE SONORA, durante sus últimos tres años de labores, condenando a la institución demandada a la restitución del derecho subjetivo violentado en los términos que establezca la sentencia respectiva. En ese sentido, solicito se condene al ISSSTESON a realizar la rectificación parcial de mi pensión y a reconocer que el sueldo regulador correcto que debe tomarse como base para el otorgamiento de ésta, salvo imprecisiones aritméticas, es la cantidad de $**********(son: **********PESOS**********M.N.), no la que se indica en el dictamen que se impugna.
B).- Se decrete la nulidad lisa y llana del acto administrativo recurrido toda vez que el ISSSTESON, equívocamente, asignó como pensión por vejez un porcentaje del sueldo regulador menor al que corresponde al actor por el tiempo de servicios prestados al Gobierno del Estado de Sonora y diversos Organismos Públicos Incorporados. En virtud de lo anterior, ese H. Tribunal deberá declarar, en plenitud de jurisdicción, la existencia de un derecho subjetivo consistente en que el suscrito debe gozar de una pensión por vejez acorde a su tiempo efectivo de servicios, condenando a la institución demandada a la restitución del derecho subjetivo violentado en los términos que se establezcan en la sentencia respectiva. En ese sentido, solicito se condene al ISSSTESON a realizar la rectificación parcial de mi pensión y a reconocer que el suscrito presté mis servicios en la Administración Pública durante 21 años, 05 meses y 24 días, no únicamente por el período que dicho demandado reconoció para efecto de asignar el porcentaje a que hace referencia el artículo 69 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
C).- El pago retroactivo de las diferencias resultantes por concepto de pensiones caídas, aguinaldos y demás prestaciones generadas a favor del suscrito que resulten de la nulidad y rectificaciones parciales que se decreten de acuerdo a lo expuesto en los incisos A) y B) anteriores, desde el día 05 de marzo de 2003, día posterior al pago de mi último sueldo.
D).- El pago de las cuotas y aportaciones que la demandada haya omitido retener y enterar al ISSSTESON con motivo de la totalidad del sueldo integrado real percibido por el suscrito durante mis últimos tres años de servicios, como DIRECTOR GENERAL, ADSCRITO A LA SECRETARÍA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD EN HERMOSILLO, SONORA, mismo que incluía la cantidad de $**********(son: **********pesos**********M.N.), suma adicional que constituía parte integral de mi salario mensual y que recibía de manera permanente los días 20 de cada mes por concepto ‘compensación correspondiente a Director General’, durante los últimos tres años de labores; y que la demandada de manera ilegal y arbitraria dejó de considerar para efecto de integrar mi pensión correspondiente, a pesar de que dicha compensación me era cubierta, insisto, de manera ordinaria y permanente.
E).- El pago de los perjuicios que se han generado ante la incorrecta determinación del monto real de mi Pensión por Vejez por parte el ISSSTESON, ya que al no haber estado percibiendo el suscrito las diferencias aplicables, ha sido privado de obtener rendimientos lícitos mediante la inversión de dichas cantidades en los instrumentos financieros ofrecidos por las instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano. Por la naturaleza indeterminada de dicha prestación, la misma deberá ser cuantificada en la vía incidental.”
Mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora registró el asunto bajo el número de expediente ********** y lo turnó a la ponencia respectiva.
En auto de veinticuatro de abril posterior, el magistrado instructor adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, admitió la demanda en la vía y forma propuestas, tuvo por ofrecidas las pruebas y ordenó emplazar a las partes demandadas.
En proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Subprocurador de Asuntos Jurídicos adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, dando contestación a la demanda; por otra parte, toda vez que el Gobierno del Estado de Sonora, había comparecido por conducto de un apoderado legal, el cual carecía de legitimación para contestar la demanda de trato, no se tuvo por contestada; sin embargo, el tribunal administrativo destacó que al advertirse que aun no se había emplazado a Gobierno del Estado de Sonora, ordenó su debido emplazamiento, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa.
Asimismo, se tuvo al apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora presentando contestación a la demanda; sin embargo, al no encontrarse legitimado para tal efecto, se le tuvo por no contestada; además determinó que advirtiendo que a dicho Instituto le había transcurrido el plazo para dar contestación, sin que lo hubiera hecho, hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de que se tenían por presumiblemente ciertos los hechos que se le imputaban, con fundamento en los numerales 55 y 56 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
Luego, previo emplazamiento, mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por reconocida al Secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora su personalidad, y por contestada la demanda, respecto de las autoridades Gobierno, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, todos del Estado de Sonora, así como por ofrecidas las pruebas, entre otras determinaciones.
Seguida la secuela procesal, el veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro se dictó sentencia, en la que la Sala determinó ser competente para conocer de la demanda, declaró improcedente el juicio de nulidad de la resolución contenida en el dictamen de cinco de marzo de dos mil tres, emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; confirmó su validez; decretó el sobreseimiento en el juicio interpuesto por **********, en contra de las autoridades demandadas y declaró improcedentes las prestaciones reclamadas por el actor. Este es el acto reclamado.
SEGUNDO. Promoción y trámite inicial de la Demanda de amparo. En contra de la anterior determinación, la parte actora **********, promovió demanda de amparo directo, el cinco de julio de dos mil veinticuatro, ante el Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Dicha autoridad la tuvo por interpuesta, y la remitió con los autos relativos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de la cual por razón de turno correspondió conocer a este Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, y el dos de agosto de dos mil veinticuatro se recibió en este órgano colegiado.
Por auto de presidencia de ocho de los mismos mes y año, se registró la demanda con el número estadístico 438/2024 y se admitió a trámite; asimismo, se tuvo como parte tercera interesada al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Secretaría de Economía, Secretaría de Finanzas, Tesorería General, Gobernador del Estado de Sonora y Secretaría de Hacienda del Gobierno, todos del Estado de Sonora. Por último, también en dicho acuerdo se concedió a las partes el plazo que establece el artículo 181 de la Ley de Amparo para que presentaran sus alegatos.
Finalmente, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco se ordenó turnar el presente asunto al magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracciones V, de la Constitución General de la República, 34 y 170 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo entre otros aspecto, a la jurisdicción territorial de los tribunales de Circuitos Judiciales; lo anterior, toda vez que se trata de un juicio promovido contra una sentencia dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial de este órgano colegiado.
Igualmente deviene aplicable el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020, en congruencia con el artículo 1, párrafo tercero, del diverso 16/2009, ambos conforme a la última reforma, contenida en el Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y modifica diversas disposiciones relativas al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, que permiten sesionar asuntos a distancia, vía remota, por videoconferencia en tiempo real.
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia impugnada fue notificada a la parte quejosa el tres de julio de dos mil veinticuatro, como se advierte del expediente de origen(2) y surtió efectos al día hábil siguiente, en términos de los artículos 40, fracción I, y 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por lo que dicho plazo transcurrió del cinco de julio al ocho de agosto del mismo año, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno de julio, tres y cuatro de agosto, por corresponder a sábados y domingos; así como del veintidós de julio al dos de agosto de dos mil veinticuatro, por corresponder al período vacaciones de la responsable, correspondiente al primer semestre del año dos mil veinticuatro, según aviso publicado en la página oficial de internet del Tribunal de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el cinco de julio de dos mil veinticuatro, se hizo dentro del plazo legal.
TERCERO. Innecesaria transcripción de la resolución impugnada y de los conceptos de violación. Resulta innecesario transcribir tanto la resolución recurrida, como los conceptos de violación hechos valer en su contra, cuenta habida que ni en el artículo 74, ni en algún otro precepto de la Ley de Amparo, se prevé como obligación dicha reproducción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados del escrito de demanda, se les estudia y se les da respuesta, como se hará más adelante y, para dejar constancia en autos de la resolución recurrida, deberá agregarse al expediente electrónico copia digitalizada fehaciente de la misma.
Para facilitar su ubicación y dar mayor orden a esta resolución, a partir del siguiente párrafo se enumerarán consecutivamente los que contienen sus consideraciones.
1. CUARTO. Se descarta causa de improcedencia. Este tribunal estima que se está ante un supuesto de excepción al principio de definitividad dado que, en el caso, se actualiza la figura de fundamentación legal insuficiente, que prevé el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
2. Al respecto, en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente —de corte más garantista que la ley abrogada— se incorporaron en el último párrafo dos excepciones al principio de definitividad; esto es, una figura novedosa de excepción, resultante de un “fundamento legal insuficiente” o del hecho de que la procedencia del medio ordinario de defensa exija una “interpretación adicional”.(3)
3. Dicha porción normativa establece lo siguiente:
“Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;”
4. Esta regla sin duda introduce en el juicio de amparo un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del justiciable a agotar los recursos a su alcance, inclusive, aquellos cuya procedencia sea dudosa, incorporando así la doctrina del recurso de dudosa procedencia para efectos de garantizar el acceso al amparo, pero dejando libre la opción de acudir desde luego a este juicio, de actualizarse aquel supuesto.
5. La procedencia del recurso es dudosa cuando no es constatable prima facie, sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar mediante ejercicios hermenéuticos discutibles o complicados.
6. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese sentido, ha señalado que el objetivo de la excepción al principio de definitividad que se comenta es “permitir que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance para combatir el acto que estima violatorio de su esfera de derechos”.(4) Por tanto, con su incorporación en la vigente Ley de Amparo, el legislador propicia el acceso al juicio constitucional, potenciando la posibilidad del recurso judicial representado por el juicio de amparo, como extrema ratio.
7. Ello es así, porque el principio de definitividad establece la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, que para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes, como una carga procesal de necesaria observancia para asegurar la procedencia del juicio de amparo.
8. Sin embargo, cuando la ley ordinaria no es clara, categórica o contundente en cuanto a la procedencia de un medio de impugnación, incluso el principio de iura novit curia resulta discutible y genera criterios diversos y yuxtapuestos en los órganos jurisdiccionales de instancia y de amparo, bajo dos problemas jurídicos, ya de interpretación, para desentrañar el sentido de la norma y detectar la previsión del recurso en la propia prescripción legal (“interpretación adicional”), ya de integración normativa, ante una laguna por la falta de precisión de un medio de impugnación que debe entenderse contemplado en ella (“fundamento legal insuficiente”).
9. En ambos casos se exige una labor interpretativa —ya de la norma, ya del sistema o sistemas jurídicos— que el legislador no quiso arrojar ineluctablemente al gobernado, sancionando el error de interpretación o integración en que pudiera incurrir, con la improcedencia del juicio de amparo, excluyendo por tanto supuestos de improcedencia que por sí mismos se sujeten a variables dependientes de interpretaciones complejas sobre las que no exista consenso, que tornarían al amparo en un recurso de difícil acceso.
10. Por ello, tradujo la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en una norma de excepción, pues sin ella, en supuestos fácticamente iguales, algunos gobernados tendrían acceso al juicio constitucional y otros no, dependiendo del órgano de control constitucional que conociera del asunto, lo que daría lugar a un trato desigual que pretendió minimizarse a través de la disposición legal mencionada, que sirve para evitar que los medios ordinarios de defensa de difícil intelección conviertan al sistema integral de impugnación en una "trampa procesal".
11. Lo anterior conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues señala que cuando un gobernado requiera interpretación adicional de una norma, o el fundamento legal sea insuficiente, para determinar que un recurso o medio de defensa ordinario es procedente contra un acto que considera afecta su esfera jurídica de derechos, podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo.
12. Ahora bien, este tribunal en distintos asuntos que dieron origen a la jurisprudencia V.4o.P.A. J/2 A (11a.),(5) de rubro: “EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTÓ ANTES DEL 26 DE ENERO DE 2024.” se estableció que respecto a la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, se había hecho un análisis en donde se determinó que se había realizado una interpretación adicional, que el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte había llevado a cabo una interpretación conforme, de donde derivó la jurisprudencia PR.A.CN. J/48 A (11a.).(6)
13. Sin embargo, con posterioridad a la emisión de esa jurisprudencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el Amparo Directo en Revisión 3709/2023,(7) —estudio de constitucionalidad respecto de los artículos 99 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora(8) — donde la Sala realizó también una interpretación frente a dos posibles soluciones, una, la que acogió el referido Pleno Regional; sin embargo, la Sala la descartó y estableció que no podía optar por esa solución, por las siguientes razones:
“[...]
40. Optar por la segunda solución requeriría una interpretación de las normas que dista mucho de ser una interpretación conforme de las mismas, pues resulta necesario adicionar contenidos y entender los términos de las normas de manera muy diferente a lo que su construcción gramatical indica: habría que suponer que ‘resolver’ y ‘dictar’ significan ‘ser ponente’, y desnaturalizar la revisión, por cuanto sería una especie de reconsideración (por el mismo órgano); además de que resultaría un tipo de recurso diferente del que tendrían las otras determinaciones de trámite que también son revisables (contenidas en las fracciones I, II, III y VI del mismo artículo 99) pero que son dictadas de manera unitaria por el Magistrado instructor.
[...]
53. Esta segunda opción implicaría la validez de las normas impugnadas y, en ese sentido, retendría la posibilidad de impugnación y la intención legislativa de ampliar el recurso de revisión a supuestos que normalmente no están contemplados -pues ordinariamente se trata de impugnar decisiones de mero trámite-. Sin embargo, como ya también se adelantó, esta interpretación rebasa los límites de ejercicio de la interpretación conforme puesto que requiere adicionar significados y entender tramos normativos de manera contraria a lo previsto en las normas impugnadas.
54. Más aun, esta interpretación provoca un estado de incertidumbre puesto que dependerá de la forma, unitaria o colegiada, en cómo se dicte la resolución a combatir, del trámite y resolución que se le dará al recurso.
55. Por estas razones, esta Sala es de la opinión de que la inconstitucionalidad de las fracciones IV y V del artículo 99 impugnado es la que mejor garantiza los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia; pues, como ya se dijo, un recurso que es, en la práctica, ilusorio, no puede ser considerado un recurso efectivo.
[...]”
14. Así, la Sala se decantó por la solución interpretativa en la que el recurso de revisión está dirigido únicamente a los desechamientos o decisiones de trámite del Magistrado instructor y no a los sobreseimientos, ni a las sentencias de fondo emitidas por el Pleno del Tribunal, declarando por unanimidad de cuatro votos la inconstitucionalidad de las fracciones IV y V, del artículo 99, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.
15. Lo anterior —dijo la Sala—, porque es la solución que en mayor medida garantiza los derechos de acceso a la justicia y seguridad jurídica de las personas, por cuanto elimina la posibilidad de aplicaciones arbitrarias de dichos numerales, que ponen a disposición de la autoridad resolutora el uso de mecanismos impugnativos que deben ser claros y de fácil acceso para las personas; además, porque en la práctica, es un recurso ilusorio, por lo que no podía considerarse como un recurso efectivo. Ello, con el claro propósito establecido en el párrafo 71 de la ejecutoria de trato,(9) de que las personas estuvieran en condiciones de acudir desde luego al juicio de amparo.
16. Por lo tanto, el fundamento que hace viable el recurso ordinario es insuficiente por la declaratoria de inconstitucionalidad de carácter vinculante, en términos de lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, que si bien fue derogado,(10) sin embargo, esto obedece a que desaparecieron las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no la jurisprudencia que emitieron, la cual sigue rigiéndose por el mismo criterio de imperatividad.
17. Este Tribunal Colegiado no pierde de vista la limitación legalmente existente —derivada del principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo— cuando se trata de la declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales en una resolución de amparo directo, ni parte de la figura de la suplencia de la queja, cuyo presupuesto es la procedencia del juicio de amparo. Tampoco se ignora la directriz que subyace en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 212/2021, en cuanto que la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal no actualiza por sí sola una excepción al principio de definitividad.
18. Sin embargo, en el presente caso no se trata de la excepción al principio de definitividad en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, desde la perspectiva del reclamo de violaciones directas a la Constitución o de que el acto reclamado carezca absolutamente de fundamentación, sino que este tribunal estima que la hipótesis que se actualiza en la especie es por virtud de que el recurso procedente adolece de una fundamentación insuficiente, lo que da pie a la excepción contemplada en el último párrafo de la fracción XVIII del precitado numeral.
19. Al respecto, al resolver la contradicción de criterios 83/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo siguiente:
“... por suficiente regulación, debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los gobernados de los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho; es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido; permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación.”
20. La Sala precisó que las excepciones a la obligación de agotar el principio de definitividad contempladas en el último párrafo de la fracción últimamente referida, denotan respeto a los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, pues fijan las bases para que el quejoso sólo esté obligado a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa a través del cual tiene la posibilidad de recurrir el acto que le está causando agravio, no adolezca de "fundamento legal insuficiente" y tampoco haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo.
21. Así, cuando la otrora Primera Sala del Alto Tribunal resolvió el referido amparo directo en revisión 3709/2023, en la sesión correspondiente al tres de julio de dos mil veinticuatro, al analizar los artículos 99 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, destacó que para garantizar el derecho de acceso a la justicia, el recurso debe ser efectivo, lo que incluye la posibilidad de que sea, de hecho, un medio que pueda remediar las situaciones reclamadas a través del mismo;(11) así como que la condición más importante para ello, es que el recurso pueda ser resuelto por el órgano que lo conoce y no que encuentre irremediablemente una causal de improcedencia —como estimó acontecía en el caso concreto, al estar siempre latente la posibilidad de que el órgano que resolverá el recurso lo deseche por haber dictado él mismo la resolución combatida—, por lo que se decantó por la inconstitucionalidad de las fracciones IV y V del artículo 99, al estimar que “un recurso que es, en la práctica, ilusorio, no puede ser considerado un recurso efectivo.”
22. Al respecto destacó la doctrina establecida por la propia Sala, al catalogar como inefectivos, aquellos recursos que resultan ilusorios, citando al respecto la tesis aislada 1ª. CCLXXVII/2012 (10a.)(12) de rubro y texto siguientes:
“DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO PUEDEN CONSIDERARSE EFECTIVOS LOS RECURSOS QUE, POR LAS CONDICIONES GENERALES DEL PAÍS O POR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE UN CASO CONCRETO, RESULTEN ILUSORIOS.- El citado derecho humano está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los instrumentos internacionales en la materia. Ahora bien, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a tales derechos constituye una transgresión al derecho humano a un recurso judicial efectivo. En este sentido, para que exista dicho recurso, no basta con que lo prevea la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que realmente sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. De manera que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso concreto, resulten ilusorios, esto es, cuando su inutilidad se ha demostrado en la práctica, ya sea porque el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan, se deniega la justicia, se retarda injustificadamente la decisión o se impida al presunto lesionado acceder al recurso judicial.”
23. Ahora, si bien es cierto que este Tribunal ya había establecido —como quedó acotado en la jurisprudencia V.4o.P.A. J/2 A (11a.), ya referida— que a partir de la publicación de la diversa jurisprudencia PR.A.CN. J/48 A (11a.) del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, desapareció el estado de incertidumbre existente en cuanto a la interpretación de las normas que establecen el recurso de revisión en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, no menos cierto es que en resolución posterior, la Primera Sala del más Alto Tribunal del país estableció en criterio jurisprudencial que “el recurso de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34083-4df9eb40/excepcion-al-principio-de-definitividad-en-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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