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VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CONTENIDAS EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL SIN AUTENTICAR. CONDICIÓN PARA SU EFICACIA PROBATORIA AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CONTENIDAS EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL SIN AUTENTICAR. NO TIENEN LA NATURALEZA DE PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA. VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CONTENIDAS EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL SIN AUTENTICAR. NO TIENEN LA NATURALEZA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CONTENIDAS EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL SIN AUTENTICAR. SU NATURALEZA JURÍDICA Y VALOR PROBATORIO.

Tipo de asunto: QUEJA 186/2025. · Registro digital (IUS): 33756
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-11-21
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.271.

QUEJA 186/2025. 10 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y JULIO CÉSAR ECHEVERRÍA MORALES Y DE LA MAGISTRADA OLGA VARGAS GUTIÉRREZ. PONENTE: OLGA VARGAS GUTIÉRREZ. SECRETARIO: ESEQUIEL RICO AGUIRRE.

1. Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, correspondiente a la sesión de diez de octubre de dos mil veinticinco.

2. Vistos para resolver los autos del recurso de queja, cuyos datos de identificación aparecen al rubro; y,

R E S U L T A N D O

3. PRIMERO. Antecedentes del juicio de amparo indirecto. Por escrito depositado el doce de septiembre de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y turnado el diecisiete siguiente, al Juzgado Decimotercero de Distrito, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades responsables Jueza de Control Comisionada al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 11, ambos con sede en esta ciudad, a quienes reclamó la negativa de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco y su ejecución.”(1)

4. La parte quejosa expresó los antecedentes del acto reclamado y los conceptos de violación que estimó pertinentes; asimismo, señaló que se violaron sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado.

5. Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno le correspondió conocer el asunto, registró la demanda de amparo bajo el número 1719/2025 y previno al promovente para que en el término de cinco días precisara cuál era el acto que deseaba controvertir, si el dictado el diecisiete de junio del año en curso por la Jueza Hilda Elizabeth Plascencia Carrasco o si el diverso de veintisiete de agosto de la propia anualidad, expedido por el Juez Eucario Adame Pérez; en la inteligencia que también debía de indicar la autoridad a quien atribuía dicho acto.

6. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil veinticinco, se tuvo por subsanada la prevención impuesta en autos, en el sentido de que el acto reclamado es la resolución de veintisiete de agosto del aludido año dictada por el Juez Eucario Adame Pérez y, en consecuencia, se admitió a trámite la demanda; además, ordenó la apertura del cuaderno incidental y, por acuerdo de esa fecha resolvió por una parte, negar la suspensión provisional solicitada y por otra, conceder dicha medida cautelar.(2)

7. SEGUNDO. Interposición y trámite del recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, el autorizado de la parte quejosa, interpuso el recurso de queja ante el juzgado de origen, cuya titular, ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad. Por razón de turno, se recibió el siete de octubre de dos mil veinticinco en este órgano jurisdiccional.(3)

8. Por auto de esa misma fecha, la presidencia de este Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, registró el expediente bajo el número 186/2025; dio trámite al recurso de queja interpuesto y se turnó a la Magistrada Olga Vargas Gutiérrez, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

9. En sesión de ocho de octubre de dos mil veinticinco, este órgano colegiado resolvió devolver el recurso de queja al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para efectos de que integrara debidamente dicho recurso con las constancias faltantes (el informe correspondiente y el archivo digital omitido), y una vez hecho lo anterior, devolverlo a este mismo Tribunal Colegiado.

10. Mediante oficio 36432/2025 recibido en este órgano colegiado el nueve de octubre de dos mil veinticinco, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitió un disco compacto, por lo que, por auto de presidencia de la misma data, se reingresó el asunto y se turnaron los autos a la Magistrado Olga Vargas Gutiérrez para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

11. PRIMERO. Competencia. Este Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, se avoca al conocimiento del presente recurso de queja, atento a lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; 35, fracción III y 36, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere, entre otros aspectos, a la jurisdicción territorial de los tribunales de Circuito; lo anterior, por impugnarse un auto dictado por un Juzgado de Distrito, con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional, en el que se resolvió por una parte, negar la suspensión provisional solicitada y por otra, conceder dicha medida cautelar.

12. Igualmente deviene aplicable el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020, en congruencia con el artículo 1, párrafo tercero, del diverso 16/2009, ambos conforme a la última reforma, contenida en el Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y modifica diversas disposiciones relativas al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, emitidos por el extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, que permiten sesionar asuntos a distancia, vía remota, por videoconferencia en tiempo real.

13. SEGUNDO. Oportunidad. El recurso se interpuso dentro del plazo de dos días previsto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, pues el auto impugnado se notificó(4) a la parte quejosa por lista el dos de octubre de dos mil veinticinco, notificación que surtió sus efectos al día siguiente, siendo este el tres de octubre de la propia anualidad, por lo que el plazo para su interposición es del seis al siete de octubre del año que transcurre. Luego, si el medio de impugnación se interpuso el seis de octubre de dos mil veinticinco, es claro que su promoción es oportuna.

14. TERCERO. Legitimación y procedencia. El recurso de queja se interpuso por **********, por conducto de su autorizado **********,(5) de conformidad con los artículos 5°, fracción I y 98, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de persona quejosa en el juicio de amparo e impugna el acuerdo en el que se pronunció sobre la suspensión de provisional solicitada de los actos reclamados, quien considera que le resulta desfavorable a sus intereses.

15. Asimismo, dicho medio de impugnación es procedente en términos de los artículos 97, fracción I, inciso b), 99 y 100, de la Ley de Amparo, porque se interpuso contra el auto que concedió la suspensión provisional.

16. CUARTO. Estudio. Los agravios expresados por la persona quejosa ahora recurrente resultan inoperantes.

17. A efecto de sustentar la calificación que antecede, es necesario precisar que de las constancias que integran el expediente electrónico del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1719/2025, de donde surge la emisión del auto aquí recurrido, se desprende lo siguiente:

18. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veinticinco, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto siguientes:

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:

COMO ORDENADORA:

1.- La Jueza de Control comisionada al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora con residencia en Hermosillo, HILDA ELIZABETH PLASCENCIA CARRAZCO, quien actuó en la Causa Penal 360/2024, ubicada en el Dr. Paliza entre Galeana y Londres, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.

COMO EJECUTORA:

1.- El Director del Centro Federal De Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, quien se encuentra ejecutando la medida cautelar impuesta al suscrito, lugar donde me encuentro privado de mi libertad.

Las autoridades responsables tienen domicilio público y conocido de conformidad con la parte final del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo.

IV.- ACTOS RECLAMADOS

DE LA ORDENADORA:

Se reclama la NEGACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA de fecha 27 de agosto de 2025 del presente por el Juez de Control comisionada al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora con residencia en Hermosillo, quien actuó en la Causa Penal 360/2024 donde en audiencia resolvió la negación de modificación de medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, resolviendo que subsistía la prisión preventiva justificada que se impuso en control del suscrito quejoso.

DE LA EJECUTORA:

El internamiento con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de mi persona emitida por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo”.

19. El uno de octubre siguiente, la Jueza Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo principal 1719/2025, abrió el incidente de suspensión ante la petición de la persona quejosa de que se le concediera la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la negación de modificación de la medida cautelar impuesta, a efecto de que mientras se resuelva el juicio de amparo se le concediera la libertad y se le impusiera una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

20. En el propio proveído, la Jueza de Distrito estimó, que el quejoso exhibió disco versátil digital (DVD) en el que se encuentra, entre otras, el audio y video de la audiencia de veintisiete de agosto del año en curso, desahogada en la causa penal ********** que constituye el acto reclamado y que, de la revisión somera realizada a dicha audiencia, se advertía que contiene una motivación expresa, clara y suficiente, porque basada en los datos de prueba allegados a la causa penal y valorados conforme a los principios que rigen la prisión preventiva justificada, concluyó que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y su negativa de modificarla o revocarla cumple con los requisitos de finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

21. Asimismo dijo, que el análisis de la apariencia del buen derecho planteado por el quejoso no alcanzaba a neutralizar la motivación ni los elementos de riesgo procesal valorados por la autoridad responsable, por lo que, hasta este momento, estimó justificada la medida cautelar de prisión preventiva dictada dentro de la causa penal **********, instruida en contra de **********, por su posible participación en hechos que la ley señala como constitutivos de delito.

22. Por lo que, concluyó que era improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada en los términos y para los efectos que había sido promovida.

23. Por otra parte, la Jueza de Amparo, concedió la suspensión para efecto de que la persona quejosa quedara a disposición de ese órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en el que se encuentra recluido, solo en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponde conocer del procedimiento penal para su continuación.

24. En contra de esa resolución, en síntesis, el recurrente sostiene en su único agravio, que el auto recurrido contraviene lo dispuesto en los artículos 1º constitucional y 217 de la Ley de Amparo, en concordancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos y 27 de la Convención de Viena, al no dar cumplimiento a la jurisprudencia de registro 2030174,(6) pues la Jueza de Distrito determinó no conceder los efectos restitutorios solicitado y analizó una jurisprudencia distinta a la solicitada.

25. Agrega que de conformidad con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS)”, se debe distinguir entre la naturaleza positiva y negativa del acto y que una omisión puede generar una prohibición; lo que, afirma, sucede en el caso, porque la omisión reclamada se traduce en la negación de modificación de la prisión preventiva justificada por no haber variado de manera objetiva las condiciones que originaron la imposición de la medida cautelar, pero sin establecer por qué debía subsistir, cuál era la necesidad, idoneidad y proporcionalidad y por qué otras medidas cautelares podrían cumplir con sus finalidades.

26. Reproduce la inconforme, las consideraciones que sustentan la decisión de la Jueza de Distrito de conceder la suspensión provisional, pero no con efectos restitutorios; lo que reitera, contraviene el artículo 1º constitucional, ya que se violan los derechos humanos del quejoso al no atender la jurisprudencia obligatoria con registro 2030174 y en su lugar, examina diversa jurisprudencia, la cual, señala la recurrente, fue superada por la que solicitó el quejoso se aplicara a su favor.

27. Refiere que la Jueza de Distrito al resolver, tampoco observó las tesis con registros 2021988(7) y 2027131.(8)

28. Indica la inconforme, que la juzgadora de amparo estableció, que la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco donde se determinó la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada no constituye un acto de inconstitucionalidad ni inconvencionalidad, lo cual, afirma, no es así, porque no se tomaron en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana donde se establecieron los parámetros sobre si debería subsistir la prisión preventiva de acuerdo al test de proporcionalidad que debía practicarse.

29. Alude que la Jueza de Distrito solo resolvió que no habían variado de manera total las condiciones que inicialmente motivaron su imposición por la falta de arraigo y prevaleciendo el riesgo a la víctima, el cual, en el caso, no existe dicho riesgo considerando apreciaciones subjetivas de conformidad con la tesis con número de registro 2023411.(9)

30. Manifiesta que el Pleno del Máximo Tribunal determinó en jurisprudencia P./J.19/2020 (10ª.), que la finalidad de la suspensión no es únicamente la de una medida conservativa, sino que también puede tener los efectos de una "tutela anticipada", es decir, efectos restitutorios, mientras sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, y que en el caso concreto, la Jueza de Distrito no concede los efectos restitutorios cuando sí es procedente e invoca en apoyo, la jurisprudencia 22/2023(10) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

31. Refiere que el auto recurrido es contrario al principio de congruencia externa que prohíbe al juzgador distorsionar o alterar lo pedido o alegado en la defensa, toda vez que la Jueza de Distrito distorsiona los efectos solicitados por el quejoso para la suspensión provisional, pues determinó categóricamente que no procede conceder los efectos restitutorios contra la omisión reclamada.

32. Señala que la Jueza de Distrito estableció que lo determinado era congruente con lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la queja 282/2023, derivada de un juicio de amparo de ese juzgado, cuyo reclamo, fue la medida cautelar de prisión preventiva justificada e invoca la inconforme, la diversa resolución dictada en el recurso de queja 64/2025 emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Primer Circuito, donde se entró al estudio de la jurisprudencia 2030174 donde se conceden los efectos restitutorios a favor del quejoso, por lo que solicita, bajo el principio de congruencia, que este último criterio sea considerado y que este tribunal revoque el auto recurrido, y en su lugar emita otro, en el que conceda al quejoso los efectos restitutorios solicitados.

33. Como se adelantó, los agravios son inoperantes.

34. Ello es así, ya que el recurrente sostiene en sus agravios, que la medida cautelar debía concederse con efectos restitutorios, pues el Juez de Control al haber negado la modificación de la prisión preventiva justificada “bajo los argumentos que se esgrimieron en audiencia de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco”, eran suficientes para determinar que la medida cautelar más lesiva no debía subsistir, pues los riesgos procesales se habían nulificado y que aunque así no lo fuera refiere que existen otras medidas cautelares que sí los podrán neutralizar.

35. Sin embargo, el disco versátil digital (DVD) en el que se contiene la audiencia de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco a que hace referencia el recurrente, no constituyen una documental pública —cuya eficacia demostrativa es plena—, y además, la naturaleza jurídica que en realidad corresponde a dicho disco no genera la certeza jurídica, en cuanto a su contenido, necesaria para llevar a cabo el ejercicio de ponderación de la apariencia del buen derecho que el quejoso demanda, como se evidenciará.

36. Por tanto, incluso si asistiera la razón al inconforme en cuanto a lo afirmado de que la audiencia contenida en dicho disco versátil sí contienen la información requerida para determinar que la medida cautelar más lesiva no debía subsistir, y que este órgano jurisdiccional colegiado debiera reasumir jurisdicción y llevar a cabo el análisis de la prueba electrónica aportada con la demanda de amparo, aun así el resultado del auto no variaría, ante la insuficiencia demostrativa de dicho disco versátil digital, en cuanto a la fidelidad de su contenido, que es en lo que se basaría la decisión judicial, lo que trataremos de justificar enseguida.

37. Hasta hace algunos años, el concepto de documento parecía no requerir mayor definición, pues era inmediatamente entendido como escritura —documento escrito—; no obstante, el acelerado avance científico-tecnológico ha generado una gran diversificación en los medios y modos de almacenar información (los cuales se han adoptado y popularizado en las sociedades modernas), evolución que ha derivado en que la equivalencia entre escritura y documento no pudiera mantenerse por más tiempo.

38. Evidencia de lo anterior, es que para la implementación del nuevo procedimiento penal de corte acusatorio y oral, producto de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, los ordenamientos adjetivos surgidos a raíz de esta han establecido que el registro de las audiencias orales no sea por escrito, sino que debe efectuarse a través de audio y video (imágenes y sonidos), lo que implica que la información captada por esos medios deba ser almacenada a través del soporte material correspondiente, para así formar parte de las constancias que integran el procedimiento.

39. En aras de consolidar los beneficios jurídicos y sociales que la adopción de los principios de la oralidad y de la publicidad traen aparejados en el marco de un proceso penal de corte acusatorio, podemos encontrar las siguientes estrategias: 1) La asistencia de las propias partes, o bien, de cualquier interesado a las audiencias orales públicas; 2) La difusión de su contenido relevante a través de un intermediario (como podrían ser los medios de comunicación); y, 3) La videograbación de las audiencias y su posterior almacenamiento en un “expediente electrónico”. 40. Así, la fijación del contenido de las audiencias desahogadas a la luz del nuevo sistema acusatorio y oral dentro de un formato de audio y video digital (DVD) o incluso memorias de almacenamiento USB, se erige como una estrategia indispensable que permite generar en la conciencia del colectivo social una imagen de publicidad, transparencia y legalidad, en torno al desempeño de los funcionarios encargados de la delicada y sensible función del juzgamiento.

41. Actualmente existen nuevos mecanismos para el intercambio de información a través de las tecnologías de la información y la comunicación que han generado la necesidad de “complementar” inicialmente y, posteriormente, “sustituir” definitivamente el soporte material del papel, con otros medios como el digital. Así, el concepto tradicional del documento fijo en papel ha sido superado por el “documento electrónico” y al aplicar la ciencia informática al derecho procesal, necesariamente nos lleva a la creación de una nueva y moderna categoría denominada “expediente electrónico”.

42. Ahora, en los procesos penales de corte acusatorio existe una clara preeminencia del principio de oralidad, en observancia del cual se llevan a cabo las audiencias públicas. El registro electrónico de dicha actividad jurisdiccional, esto es, la videograbación de las audiencias orales que conforman dicho proceso penal, garantiza la efectiva aplicación de la justicia a través de la tecnología; lo que, naturalmente, desemboca en la generación de confianza y legitimación para con dicho sistema de enjuiciamiento respecto de las partes y la sociedad.

43. Por el contrario, cuando el quejoso presenta por sí mismo, ya sea un disco versátil digital (DVD), un dispositivo portátil o externo USB (siglas en inglés de “Universal Serial Bus”) una liga o vínculo (“link”) o cualquier medio de almacenamiento o transmisión de datos o información, que carece de autenticación, genera en el ánimo del juzgador duda en cuanto a la fidelidad de su contenido, ya que esta tecnología es fácilmente manipulable y alterable, aun con mayor facilidad y apariencia de autenticidad —a juicio de este tribunal— que las copias fotostáticas simples, sobre las que ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

44. Surge entonces una disyuntiva altamente trascendente para este órgano jurisdiccional, que encierra una fuerte y seria preocupación ante diversos intereses en juego, todos altamente relevantes y valiosos: por un lado, la adecuada defensa, la posibilidad probatoria del quejoso (su derecho fundamental al debido proceso y a allegar elementos de convicción) para obtener la salvaguarda de su libertad y la aspiración legítima al otorgamiento de la medida suspensional de amparo con un efecto verdaderamente útil en función de aquel derecho; y por el otro, la certeza y seguridad jurídica, de cara a la sociedad y particularmente, a los derechos de las víctimas u ofendidos, su derecho a la verdad, a la seguridad y a la aplicación de las medidas de protección que la legislación establece en su favor para garantizar su vida e integridad física y emocional.

45. En diversos casos, la brevedad de los plazos juega un papel preponderante y se tiene noticia de que el tiempo que algunos centros de justicia demoran en la entrega de registros autorizados o autentificados de audio y video de las audiencias, ha obligado a los justiciables a solicitar su envío por correo electrónico, que luego descargan en dispositivos portátiles de almacenamiento para los fines jurídicos requeridos, uno de ellos, para exhibir como prueba en el juicio de amparo el resultado de las audiencias.

46. Sin embargo, es indiscutible que las videograbaciones o registros de audio y video son fácilmente editables, de modo que casi cualquier persona, ante la infinita posibilidad de emplear programas informáticos de libre adquisición, puede a discreción suprimir, modificar o alterar parte del contenido del registro original, con todas las graves consecuencias que ello pudiera llevar consigo, cuando no hay tiempo ni oportunidad de verificar la fiabilidad del registro exhibido ni abrir contradictorio para dar intervención al respecto a las restantes partes procesales, tratándose de la suspensión provisional o de la queja que ahora nos ocupa.

47. Algunos tribunales colegiados han optado por rechazar en absoluto la posibilidad de tomar válidamente en cuenta unidades de almacenamiento o medios digitales de información o transmisión de datos mediante tecnologías de la información carentes de autenticación. Otros órganos jurisdiccionales simplemente no han reparado en la diferencia entre un dispositivo autenticado y uno carente de autorización por el fedatario competente, por lo que han estimado procedente dar entera fe y crédito al contenido de tales herramientas tecnológicas. Este tribunal, en resoluciones previas, ha reparado en la necesidad de fundar y motivar el otorgamiento de valor probatorio a cada elemento de convicción aportado, con base en las normas aplicables.

48. Por ejemplo, en una de las queja más recientes en que se hizo uso de un dispositivo de almacenamiento aportado como prueba por el quejoso con su demanda de amparo —recurso de queja urgente 65/2025—, este tribunal valoró un dispositivo —se insiste, exhibido por la parte quejosa—, consistente en un disco versátil digital (DVD) y la versión escrita, certificados por el Centro de Justicia emisor, en los siguientes términos:

“52. Las documentales públicas exhibidas por el quejoso se tienen por desahogadas dada su propia naturaleza, y se valoran con eficacia demostrativa plena, en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, considerando además lo establecido en las jurisprudencias 1a./J. 26/2019 (10a.)(11) y 1a./J. 43/2013 (10a.),(12) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros “VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO.” y “VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.”, respectivamente.”

49. En el presente caso no concurren las mismas circunstancias dado que, como se anticipó, el disco versátil digital exhibido por la persona quejosa con la demanda de amparo carece de autentificación o certificación por parte de autoridad, pues no contiene leyenda o sello alguno, ni dato que pudiera identificar dicho dispositivo como que hubiera sido emitido por alguna autoridad, por lo que una vez reproducido, se advierte que contienen, entre otras carpetas, el desarrollo de las audiencias cuyos datos convergen con los expresados en la demanda y que pueden llevar a presumir que, efectivamente, se trata de las audiencias referidas por el quejoso, aunque no puede afirmarse lo mismo respecto de su integridad, continuidad y ausencia de alteraciones, modificaciones o supresiones. Lo que sí puede afirmarse es que no se trata de una documental pública.

50. Debe destacarse que el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del acceso a las carpetas digitales y la utilización de medios electrónicos, dispone lo siguiente:

“Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales.

Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el Órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia.

El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes”.

“Artículo 51. Utilización de medios electrónicos.

Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento.

La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto”.

“Artículo 61. Registro de las audiencias.

Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el Órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación”.

“Artículo 71. Copia auténtica.

Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto.

Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33756-0018bfb2/videograbaciones-de-las-audiencias-desahogadas-en-el-proceso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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