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INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2019. · Registro digital (IUS): 30053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 127.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO, FERNANDO SOSA PASTRANA Y MONSERRAT CID CABELLO.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Resolución

Correspondiente a la contradicción de tesis 28/2019, suscitada entre los criterios sustentados por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. La problemática jurídica que debe resolverse es la siguiente:

¿Se debe considerar una videograbación como prueba documental para efectos del incidente de suspensión?

I. Antecedentes

1. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión 113/2016 el doce de mayo de dos mil dieciséis, interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********.

2. Al respecto, el órgano colegiado indicó que las videograbaciones deben equipararse a la prueba documental, pues atendiendo a la naturaleza sumaria del incidente de suspensión solamente se permite ofrecer pruebas documentales, de inspección judicial y, en casos excepcionales, la prueba testimonial, con la finalidad de que se desahoguen sin mayor requerimiento y así evitar entorpecer u obstaculizar el proceso.

3. El Tribunal Colegiado concluyó que se deben aceptar los avances científicos y tecnológicos, reconociendo que hoy en día se pueden documentar hechos y obtener datos por otros medios diversos del papel. Aunado a que las videograbaciones se desahogan por sí mismas sin implicar un mayor requisito que obstaculice la celeridad del incidente.

4. A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió el recurso de revisión 341/2018, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto **********, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

5. El órgano colegiado consideró que las videograbaciones no pueden ser admitidas como prueba en un incidente de suspensión, al no poder compararse con la prueba documental y en atención a que el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que únicamente se pueden aceptar las pruebas documentales, las de inspección judicial y testimonial, en ciertos casos excepcionales. Asimismo, precisó que los medios electrónicos únicamente se pueden equiparar a una prueba documental cuando contengan la imagen de un documento.

6. El presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios arriba mencionados, mediante oficio presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

7. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 28/2019, mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diecinueve.(1)

8. En dicho acuerdo se requirió al Octavo Tribunal para que remitiera versión digitalizada de la ejecutoria en la que sostuvo el criterio cuya contradicción fue denunciada, así como que informara si su criterio se mantenía vigente o, de ser el caso, indicara la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, finalmente, se turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

9. El presidente de este Alto Tribunal tuvo por cumplido el citado requerimiento, por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; en el cual tuvo al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informando que el criterio denunciado continuaba vigente. De ahí que declaró integrado el expediente y ordenó su envío al Ministro ponente, para la elaboración del proyecto de resolución.(2)

II. Competencia

10. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia común, suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito.

III. Legitimación

11. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Por tanto, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. Existencia de la contradicción

12. Este Tribunal Pleno ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

13. El criterio de referencia se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

14. Conforme a dicha jurisprudencia, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales respectivos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

15. Asimismo, este Tribunal Pleno sostiene que el establecimiento de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de contradicción de tesis, debe superar las discrepancias existentes, no sólo entre criterios expresos sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirán resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales.

16. Tal y como se desprende de la jurisprudencia P./J. 93/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(4)

17. Así, para considerar existente una contradicción de tesis deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. En el caso, se actualizan todos los requisitos de referencia, tal y como enseguida se demostrará.

19. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

20. En efecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión 113/2016 el doce de mayo de dos mil dieciséis, interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********.

21. En su resolución, el Tribunal Colegiado calificó como fundado el argumento relativo a que indebidamente no fueron admitidos como pruebas en el incidente de suspensión, los videos contenidos en medios electrónicos (DVD y USB).

22. En este sentido, resolvió que de la interpretación sistemática de los artículos 15, 138 y 143 de la Ley de Amparo vigente, se puede concluir que el incidente de suspensión tiene una naturaleza sumaria y no permite el desahogo de pruebas que pudieran entorpecer u obstaculizar la resolución sobre la medida cautelar de que se trata, porque requiere de un trámite especial para su desahogo.

23. Precisó los aspectos importantes para resolver sobre la determinación de desechar los videos ofrecidos por la quejosa como pruebas en el incidente de suspensión, a saber: 1) el procedimiento del incidente de suspensión es muy breve, puesto que debe ser resuelto por el órgano jurisdiccional con un trámite sencillo, sujeto a plazo mínimo, al establecerse que una vez promovida la suspensión, debe celebrarse la audiencia incidental dentro del plazo de cinco días; 2) las únicas pruebas que pueden ser admitidas son la documental, la de inspección judicial y, en algunos casos excepcionales, la testimonial; y, 3) la resolución incidental debe dictarse en la misma audiencia de desahogo de pruebas.

24. En ese contexto, señaló que atendiendo al avance actual de los conocimientos científicos y tecnológicos, los datos, imágenes, palabras o signos, ya no solamente pueden constar en un documento o papel, porque ahora es fácil hacer grabaciones desde aparatos móviles como teléfonos celulares o smartphone, iPad, computadoras portátiles, cámaras de video, etcétera; por lo que un video contenido en un medio electrónico, por su contenido y facilidad en acudir a sus datos, fotos o imágenes, se equipara en su desahogo a un instrumento o documento.

25. Así, señaló que cuando un video se puede reproducir, tiene la particularidad de que ilustra sobre todos los hechos captados en ellos a través de imagen con o sin sonido; esto es, resulta un medio o cosa que puede ser llevado a la presencia del Juez para que conozca por imágenes y sonidos, si los contiene, para formarle convicción de determinados hechos que acaecieron. Es un medio magnético o electrónico que para su reproducción requiere de un equipo en el que pueda ser reproducida la imagen y, en su caso, el sonido, contenidos en él.

26. Sostuvo que al igual que la prueba documental, una vez recibido y reproducido, de manera instantánea queda desahogada por su naturaleza, en virtud de que no se requiere de una diligencia especial para ello; lo cual implica que su admisión no retrasaría la resolución del respectivo incidente de suspensión. En cambio, el video como prueba real que puede ser llevada a la presencia del Juez y agregarse al expediente y reproducirse en el momento de la audiencia ante la presencia de las partes y del Juez, podría ser útil para constituir un indicio que pudiera servir para esclarecer los hechos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva del acto reclamado.

27. Citó la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."(5)

28. Por ello, concluyó que fue incorrecto que en la audiencia incidental no se admitieran como pruebas los videos contenidos en medios electrónicos (DVD y USB), por el hecho de no haberse apreciado como documentales o inspección judicial, pues lo cierto es que participan de la naturaleza de las pruebas susceptibles de ser admitidas en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto, al equipararse a un documento que puede esclarecer los hechos discutidos y discutibles, cuya demostración resulta necesaria para resolver sobre la petición de suspensión definitiva.

29. Sin embargo, señaló que no era el caso de reponer el procedimiento para que se tuvieran por admitidos como pruebas los videos, pues por su naturaleza no se requiere de diligencia especial para su desahogo a condición de que el equipo instalado pudiera servir para la reproducción de esos instrumentos, lo que implicaba que podían ser valorados en esa instancia para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.

30. Precisó que el desahogo de ese tipo de prueba en la audiencia incidental, que regula el artículo 144 de la Ley de Amparo, respeta el principio de contradicción de la prueba, conforme al cual la parte contra quien se propone una prueba, debe gozar de oportunidad procesal para discutirla, incluyendo su derecho de probar en contra. De manera que si el medio electrónico que contiene el video se presenta y desahoga en la audiencia ante la presencia judicial y de las partes si asisten, su contenido será de su conocimiento y podrán objetarla y alegar al respecto.

31. A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió el recurso de revisión 341/2018, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto **********, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

32. En la resolución, el tribunal calificó de infundado el agravio hecho valer por la parte recurrente, con respecto a la omisión de la reseña y valoración de las videograbaciones contenidas en la unidad USB. Al efecto, señaló que si bien es cierto que no se precisó que se llevó a cabo algún procedimiento para su desahogo, ello no le causaba agravio, pues de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, excepcionalmente, será admisible la testimonial; por ello, consideró que no resultan aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de pruebas en el cuaderno principal, por lo que en el caso, no debía ordenarse el desahogo de dichas videograbaciones de forma especial, ya que las videograbaciones no podían ser consideradas al resolver sobre la suspensión definitiva, por tratarse de pruebas que no son admisibles en el incidente de suspensión.

33. El órgano colegiado señaló que del artículo mencionado se sigue que la naturaleza del incidente de suspensión no permite el desahogo de pruebas que puedan entorpecer u obstaculizar la resolución correspondiente, por el hecho de que requieran un trámite especial para ello, por lo que sólo son admisibles las pruebas documentales y de inspección judicial y, en los casos a que se refiere el artículo 15 de la ley referida, la prueba testimonial.

34. Precisó que aun y cuando es verdad que, atendiendo el avance actual de los conocimientos científicos y tecnológicos, es posible que los datos e imágenes puedan contenerse en aparatos electrónicos, como la unidad USB que ofreció el quejoso como prueba; únicamente en el caso que contengan la reproducción de un documento, puede equiparárseles a pruebas documentales, habida cuenta que, conforme lo previsto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, pero para valorar la fuerza probatoria de la indicada información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

35. Además, se prevé que cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

36. Luego, si en la especie, como precisa el quejoso en sus agravios, la unidad USB que exhibió contiene diversas videograbaciones de las que se desprende la "declaración" de su superior jerárquico, con las que, a su parecer, se acredita la baja en sus labores, es inconcuso que tales videograbaciones no constituían un elemento de prueba que pudiera ser analizado en el incidente de suspensión, dada la limitación probatoria prevista para este procedimiento, y que tiene razón de ser en la celeridad con la que se tiene que tramitar y resolver la medida cautelar.

37. Así, si bien el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé como elemento de prueba las fotografías, escritos o notas taquigráficas y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, entre los que se encuentran las videograbaciones, no puede soslayarse que en el incidente de suspensión sólo son admisibles las pruebas documental, de inspección judicial y, excepcionalmente, la testimonial; por lo que los videos, como los que ofreció el quejoso en su unidad USB, no son susceptibles de valorarse como prueba en el incidente de origen.

38. Segundo requisito: punto jurídico a dilucidar y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existe un punto jurídico a dilucidar con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

39. En efecto, mientras que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que las videograbaciones se equiparan a la prueba documental y, por consiguiente, son admisibles como prueba en un incidente de suspensión; el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito considera que las videograbaciones no son equiparables a la prueba documental y, por tanto, no se pueden admitir como prueba en un incidente de suspensión.

40. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Derivado de lo anterior, este Tribunal Pleno observa que los criterios de los tribunales contendientes dan lugar a la formulación de una genuina pregunta. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera:

• ¿Se debe considerar una videograbación como prueba documental para efectos del incidente de suspensión?

V. Criterio que debe prevalecer

41. Como respuesta al cuestionamiento anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al tenor de las consideraciones que se desarrollan en el presente apartado.

42. El artículo 107, fracciones X y XI,(6) de la Constitución Federal, establece la procedencia de la suspensión y, en particular, la competencia del órgano jurisdiccional de amparo para decidir sobre dicho aspecto en materia de amparo indirecto.

43. En la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, el artículo 131(7) establecía que en la audiencia las partes podían ofrecer las pruebas documental o de inspección ocular que estimaran pertinentes, las que se recibirían desde luego. Además, en el caso de actos que implicaran peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encontrara imposibilitado para promover el amparo, podría también ofrecerse la prueba testimonial.

44. El siete de enero de mil novecientos ochenta se adicionó un último párrafo al artículo 131,(8) para establecer que en el incidente de suspensión no eran aplicables las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional y que en el caso de la prueba testimonial, no podía exigirse al quejoso la proposición de la prueba.

45. El primer párrafo del referido artículo 131(9) se reformó el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro; sin embargo, se conservó lo relativo a las pruebas que pueden ofrecer las partes.

46. Ahora bien, en la exposición de motivos de la Ley de Amparo de dos de abril de dos mil trece, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado, el legislador destacó la finalidad protectora de la medida cautelar en los siguientes términos:

"Suspensión del acto reclamado.

"En el caso de la suspensión del acto reclamado, se establece un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural.

"...

"Asimismo, se faculta al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva."

47. Así, en la sección tercera "Suspensión del acto reclamado" del capítulo I "El amparo indirecto", se establecen las condiciones a que está sujeta la suspensión. En particular, en la primera parte "reglas generales", el artículo 143(10) de la referida ley establece que el órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

48. Además, en dicho precepto se conservó lo relativo al tipo de pruebas que pueden ofrecerse en el incidente de suspensión, la documental y la inspección judicial, ya que la prueba testimonial sólo será admisible tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

49. Finalmente, el artículo establece que no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal.

50. Por otra parte, el artículo 144 de la referida ley regula la audiencia incidental, en la cual se da cuenta con los informes previos; se reciben las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se reciben sus alegatos y se resuelve sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta.

51. Del contenido de dichos artículos se deduce que en la suspensión se pueden ofrecer en la audiencia incidental las siguientes pruebas:

a) Documental

b) Inspección judicial

c) Testimonial, tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

52. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si las videograbaciones contenidas en medios electrónicos son pruebas que se pueden ofrecer en el incidente de suspensión, conviene tomar en cuenta que las nuevas tecnologías de la información suponen un importante cambio en el sector judicial, pues acotan el tiempo y el espacio, lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento. Así, la judicatura no puede desconocer la nueva realidad tecnológica y, por el contrario, debe hacer uso responsable de las nuevas tecnologías de la información para obtener certeza sobre hechos relevantes.

53. Este Tribunal Constitucional ha reconocido el uso de las tecnologías de la información en la impartición de justicia.(11)

54. Al respecto, la Primera Sala ha señalado la importancia de incorporar los avances tecnológicos para una mejor impartición de justicia, pues actualmente existen nuevos mecanismos para el intercambio de información a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.(12) Así, se ha considerado que los avances tecnológicos han impactado en el derecho de una manera trascendente y generan repercusiones en el ámbito de los derechos de las personas, que implican nuevas responsabilidades para los juzgadores, entre otras, el admitir y valorar medios de prueba que no son los tradicionales y que se derivan de las nuevas herramientas tecnológicas.(13)

55. De igual forma, la Segunda Sala ha señalado que se debe reconocer la validez del uso de las tecnologías de la información por los tribunales, así como las posibilidades y beneficios tanto positivos como negativos de éstas y su reciente amplitud y fácil acceso.(14)

56. Tomando en cuenta lo anterior, a pesar de que las videograbaciones no son pruebas que de forma expresa se regulen en el capítulo de suspensión en la Ley de Amparo, lo cierto es que para analizar si son susceptibles de ofrecerse como medios probatorios se requiere analizar su naturaleza.

57. La prueba electrónica se puede definir como aquella información contenida en un dispositivo electrónico por medio del cual se adquiere el conocimiento de un hecho controvertido, bien por el convencimiento psicológico, o bien al fijar este hecho como cierto atendiendo a una norma legal.(15)

58. Ahora bien, para analizar la naturaleza jurídica de la prueba electrónica, la doctrina ha desarrollado tres teorías: la autónoma, la analógica y la de la equivalencia funcional.(16)

• La teoría autónoma señala que la prueba electrónica es independiente de los medios de prueba tradicionales y, en específico, de la prueba documental. Ello, por las diferencias que existen con el documento tradicional por la reproducción de lo grabado o de los datos contenidos en el dispositivo informático que serán examinados por el juzgador.

• La teoría analógica señala que la prueba documental y la prueba electrónica son equiparables. Ello, porque los nuevos medios han superado el concepto estricto de documento, entendido escrito y en soporte de papel, para tomar en cuenta la idea de representación en cualquier tipo de soporte.

• La teoría de la equivalencia funcional señala que el documento en soporte electrónico y el documento en papel despliegan una identidad de efectos jurídicos. Sin embargo, para ello se requiere que el documento electrónico cumpla con diversos requisitos, tales como que sea legible en sistemas de software y hardware, sea conservable y recuperable, pueda traducirse a lenguaje convencional, pueda identificarse a los sujetos participantes, que su autoría pueda atribuirse a una persona determinada, sea auténtico y fiable.

59. Las teorías referidas son de gran utilidad para aproximarse a la naturaleza de las videograbaciones, específicamente, para determinar si pueden ofrecerse como medios probatorios en el incidente de suspensión.

60. En este sentido, la forma en que procesalmente conceptualicemos a una videograbación dependerá, en buena medida, de la definición que asumamos de una documental. Así, la concepción estricta identifica el documento con la incorporación de un pensamiento por signos escritos, ya sean usuales o convencionales, independientemente de la materia o soporte en que estén extendidos. La concepción intermedia de documento lo identifica como objeto material representativo de un hecho de interés para el proceso, ya sea por la escritura o por otros medios representativos como la fotografía. La concepción amplia considera documento cualquier objeto que pueda ser llevado físicamente a la presencia del Juez.(17)

61. El Tribunal Supremo español ha sostenido que "[e]l soporte papel ha sido superado por las nuevas tecnologías de la documentación e información. Cualquier sistema que permita incorporar ideas, declaraciones, informes o datos susceptibles de ser reproducidos en su momento, suple con ventajas al tradicional documento escrito, siempre que existan instrumentos técnicos que permitan acreditar la fiabilidad y seguridad de los impresos en soporte magnético. Se trata de una realidad social que el derecho no puede desconocer."(18)

62. No debe pasar inadvertida la problemática que se ha planteado en torno a considerar documento aquello que no son escritos, por la fidelidad y la perdurabilidad. El primer requisito consiste en la identidad entre lo representado y lo realizado, y el segundo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30053-4610315b/incidente-de-suspension-las-videograbaciones-contenidas-en-medios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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