Corpus
Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL AUTO QUE OMITA O NIEGUE HACER EFECTIVO UN APERCIBIMIENTO DE MULTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

Tipo de asunto: QUEJA 434/2025. · Registro digital (IUS): 34354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

QUEJA 434/2025. 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. QUEJOSO Y RECURRENTE: **********1. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS GELACIO VILLALOBOS OVALLE, JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE Y MARÍA DE JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ. PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: DANTE LEV GONZÁLEZ HERRERA.

Zacatecas, Zacatecas. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

V I S T O, para resolver el recurso de queja administrativo 434/2025; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Recurso de queja. ******* ** **** ******2, por conducto de su autorizado **** ******* *** *****3, compareció mediante escrito presentado de manera electrónica el tres de junio de dos mil veinticinco, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, a interponer recurso de queja en contra del auto emitido el veintisiete de mayo de la referida anualidad, por el órgano antes mencionado, dentro del juicio de amparo indirecto *********4.

SEGUNDO. Admisión. En auto de dos de julio de dos mil veinticinco, el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, admitió el recurso de queja hecho valer por el recurrente, al que le asignó el número de expediente 434/2025.

TERCERO. Turno. En acuerdo de treinta de julio de dos mil veinticinco se turnó el asunto a la ponencia a cargo del magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO. Integración. En acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo saber a las partes que este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actualmente está integrado por los magistrados de carrera judicial, Gelacio Villalobos Ovalle (presidente y a cargo de la ponencia II) y Juan Gabriel Sánchez Iriarte (integrante y a cargo de la ponencia III), así como por la magistrada María de Jesús García González (integrante y a cargo de la ponencia I); y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, fracción III y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2021, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo en cita que adicionó al primigenio en sus fracciones XXXIII y XXXIV, ambos en relación con el Acuerdo General número 20/2019 que determina el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior, en virtud de que se recurre un auto dictado por el secretario en funciones de Juez Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Cabe destacar que el quince de septiembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, a partir del cual se estableció que la administración de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación estará a cargo del Órgano de Administración Judicial; así, la creación de este último órgano, implica la transferencia de la administración del sistema judicial del extinto Consejo de la Judicatura Federal a ese nuevo Órgano de Administración Judicial.

Por ende, los Acuerdos Generales emitidos por el extinto Consejo de la Judicatura Federal, y que sirven de sustento para la presente resolución, se entienden vigentes hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial emita su propia normativa; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones Relativas a Garantizar la Continuidad en el cumplimiento de las Obligaciones Contraídas por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado del Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Reforma del Poder Judicial(1) y el diverso Décimo Noveno(2) Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

SEGUNDO. Temporalidad. El recurso de queja administrativo se interpuso oportunamente, pues ello aconteció electrónicamente el tres de junio de dos mil veinticinco; lo que implica que se efectuó dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, según se demuestra en los siguientes calendarios:

Ver calendarios

TERCERO. Legitimación. El presente recurso lo hizo valer persona legitimada.

Es así, toda vez que lo promueve ******* ** **** ******5, quien tiene la calidad de quejoso en el juicio de amparo de origen.

Nombrado recurrente que acude a esta instancia por conducto de su autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, **** ******* *** *****6; personalidad que le fue reconocida en el juicio biinstancial de origen en acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

CUARTO. Improcedencia. El presente recurso es improcedente.

En principio se destaca, para ilustración, los antecedentes que derivan del expediente electrónico del juicio de amparo *********7, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, resguardado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que constituye un hecho notorio para este tribunal.(9)

1. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veinticuatro, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, ******* ** **** ******8, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades siguientes:

4) ACTOS RECLAMADOS- - - 4.1) De la Junta Directiva, Director General, Secretario de Finanzas, Director de Prestaciones Económicas y Director de Administración y Finanzas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, reclamo lo siguiente:- - - -A) La omisión de efectuar el pago de aguinaldo derivada de mi pensión, correspondiente a la anualidad dos mil veintiuno, anualidad dos mil veintidós y aguinaldo de la anualidad dos mil veintitrés. - - - B) La aplicación del artículo 26, párrafo segundo, y el Décimo Cuarto Transitorio, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Decreto número 329, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince, que consiste en la retención del 6% del monto mensual de mi pensión, por concepto de "cuota al ISSSTEZAC, que ha sido descontada desde el momento en que fue autorizada la referida pensión.- - - C) La omisión de efectuar el pago retroactivo, de todas las diferencias que generaron por aplicar de manera ilegal, el 6% por concepto de "cuota al ISSSTEZAC, desde la fecha en que fue autorizada mi pensión.- - - -4.2) De la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, reclamo los siguientes actos:- - - A) La inconstitucionalidad del artículo 26, párrafo segundo, y el Décimo Cuarto Transitorio, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Decreto número 329, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince.- - - B) La expedición del artículo 26, párrafo segundo, y Décimo Cuarto Transitorio, último párrafo, de la Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Decreto número 329, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince.- - - 4.3) Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, reclamo los siguientes actos:- - - A) La inconstitucionalidad del artículo 26, párrafo segundo, y el Décimo Cuarto Transitorio, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Decreto número 329, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince.- - - B) La promulgación del artículo 26, párrafo segundo, y el Décimo Cuarto Transitorio, último párrafo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Zacatecas, Decreto número 329, publicado Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince.

2. Previa admisión de la demanda y una vez substanciado el juicio relativo, se desahogó audiencia constitucional que culminó con la sentencia, emitida el veintinueve de abril de dos mil veinticinco, en el sentido siguiente:

“PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******* ** **** ******9, en contra de los actos reclamados a la Legislatura y al Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas; conforme a los argumentos y motivos aducidos en el considerando cuarto, tercera parte, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******* ** **** ******10 contra los actos reclamados a la Junta Directiva, Director General, Director de Administración y Finanzas y Dirección de Prestaciones Económicas, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su carácter de Consejero de la Junta Directiva del Instituto referido; de acuerdo con los fundamentos y motivos explicados en el considerando quinto y para los efectos detallados en el correlativo sexto de la presente sentencia.”

Para lo que se precisó, como efectos de la mencionada concesión, lo siguiente:

“...que las autoridades responsables (1) Junta Directiva, (2) Director General, (3) Director de Administración y Finanzas y (4) Dirección de Prestaciones Económicas, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como (5) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su carácter de Consejero de la Junta Directiva del Instituto referido –en el ámbito de sus facultades–: - - - Por lo que ve a los descuentos de la “cuota ISSSTEZAC”: - - - • Se abstengan de realizar el descuento previsto en el artículo 26, párrafo segundo, y décimo cuarto transitorio, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, sobre la pensión del quejoso ******* ** **** ******11, a partir del uno de julio de dos mil veinticuatro y en lo subsecuente; por lo que deberán gestionar que no sea descontado de su pensión el porcentaje regulado en dicho precepto y sean devueltas las cantidades que se hubiera aportado desde el periodo indicado. - - - Con relación a la falta de pago de aguinaldo correspondiente a los años dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés: - - - • Realicen las gestiones y trámites correspondientes para que inmediatamente se regularice el pago del aguinaldo correspondiente a los años dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés con relación al quejoso ******* ** **** ******12. - - - • En la inteligencia de que ello no coarta la facultad con la que cuenta el órgano correspondiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas para, en su caso, suspender, modificar o anular dicha prestación, en términos de las disposiciones relativas.”

3. En veintidós de mayo de dos mil veinticinco se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables, Junta Directiva, Director General, Director de Administración y Finanzas y Dirección de Prestaciones Económicas, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que acataran en sus términos el fallo protector, bajo apercibimiento que, de no hacerlo en el plazo para ello concedido, sin causa justificada, se les sancionaría con multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución.

4. El veintiséis de mayo de dos mil veinticinco el autorizado del promovente del amparo presentó escrito, en el que solicitó al juez de distrito se hicieran efectivos los apercibimientos decretados a las autoridades responsables, asimismo que se individualizara a los integrantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, asimismo se requiriera a su superior jerárquico.

5. El veintisiete de mayo de dos mil veinticinco se emitió acuerdo en el que no se acordó de conformidad a la solicitud de la parte quejosa, por estar transcurriendo el término otorgado a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo(10) –auto recurrido-.

Como se adelantó, este cuerpo colegiado estima que el presente recurso de queja es improcedente y, por ende, debe desecharse, en tanto que el proveído reclamado de tres de junio de dos mil veinticinco no se subsume en la hipótesis de procedencia establecida en el inciso e) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo.

En efecto, es menester traer a colación el contenido de dicho numeral, por ser el fundamento del recurrente para su interposición, el cual dispone:

“Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

(...)

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;

(...).”

De la lectura de la porción normativa transcrita se desprende que para la procedencia del recurso de queja, es necesario que la resolución impugnada:

1. Se haya dictado durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión.

2. Que no admita expresamente el recurso de revisión.

3. Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.

4. O bien, que se trate de una resolución que tenga las características mencionadas en los puntos 2 y 3 que anteceden, pero que se haya emitido después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.

Ahora, como quedó evidenciado, en el proveído recurrido de veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, el secretario en funciones de juez de distrito resolvió que no había lugar a lo solicitado por la parte quejosa, pues aún se encontraba transcurriendo el plazo otorgado mediante proveído de veintidós de mayo del año en curso, para que las autoridades responsables cumplieran con la ejecutoria de amparo

En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa ocurrió a interponer recurso de queja, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, señalando como agravios, en concreto, que se ha omitido aplicar multa a las autoridades responsables, como medida de apremio.

Así, atendiendo a la naturaleza del auto impugnado y de acuerdo con lo manifestado en los agravios por la parte recurrente, se tiene que sus argumentos versan sobre la omisión de la Juzgadora Federal de no imponer multa a las autoridades contumaces.

Con base en esas consideraciones, este órgano colegiado considera que no se actualiza el perjuicio trascendental y grave que exige el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, puesto que la omisión de imponer multa por regla general no constituye un acto trascendental ni grave que pueda causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva —al caso, mediante una actuación posterior—.

Así es, en principio debe tenerse en cuenta que los jueces de amparo son los rectores del procedimiento en aquellos juicios que son de su conocimiento y, precisamente, con tal carácter y con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, tienen la facultad de señalar cuándo se actualiza el incumplimiento de su respectiva sentencia de amparo, ya sea porque la autoridad o autoridades responsables, o bien, las no responsables pero vinculadas a su acatamiento, omitan por completo cumplirla o porque incurran en retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales.

De igual manera, debe considerarse que los apercibimientos y requerimientos realizados a las autoridades responsables o vinculadas al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, llevan como única finalidad lograr que el gobernado obtenga para sí los beneficios que le otorga un fallo protector, y no sancionar a las autoridades responsables o vinculadas al cumplimiento.

Por tanto, si bien el artículo 258 de la Ley de Amparo dispone como una facultad de los Jueces de Distrito, imponer multa a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a la ejecutoria, de conformidad con los artículos 192 y 193 de dicha ley, lo cierto es que la labor jurisdiccional conlleva el ejercicio de la sana crítica y de la ponderación objetiva, a fin de evitar que la aplicación del derecho resulte irracional por no atender al caso concreto.

Luego, a través del recurso de queja no se puede obligar al juzgador, como rector del procedimiento de ejecución de la sentencia amparadora, a imponer dicha multa; máxime que su negativa (u omisión) a hacerlo tampoco cumple con el requisito de irreparabilidad que exige la procedencia de la queja, ya que cuando lo estime procedente, puede aplicarla o, de ser el caso, el perjuicio causado puede ser reparado con la resolución que emita al respecto el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia que, en su caso, se tramite ante el incumplimiento de la sentencia amparadora.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis aislada VII.2o.T.4 K (11a.)(11) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de epígrafe y contenido siguientes:

“RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO DE HACER EFECTIVO UN APERCIBIMIENTO DE MULTA EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

Hechos: En la etapa de cumplimiento de una sentencia de amparo, ante la petición de la parte quejosa, un juzgador federal negó hacer efectivo un apercibimiento de multa previamente decretado. Inconforme con dicha determinación, la parte solicitante de la medida interpuso recurso de queja, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la negativa del Juez de Distrito de hacer efectivo el apercibimiento de una multa ante el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, no es un acto que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable posteriormente y, en consecuencia, es improcedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo interpuesto en su contra.

Justificación: Los Jueces de amparo son los rectores del procedimiento en aquellos juicios que son de su conocimiento y, precisamente, con tal carácter y con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, tienen la facultad de señalar cuándo se actualiza el incumplimiento de su respectiva sentencia de amparo, ya sea porque la autoridad o autoridades responsables, o bien, las no responsables pero vinculadas a su acatamiento, omitan por completo cumplirla o porque incurran en un retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. De igual manera, debe considerarse que los apercibimientos y requerimientos realizados a las autoridades responsables o vinculadas al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, llevan como única finalidad lograr que el particular obtenga para sí los beneficios que le otorga un fallo protector, y no sancionar a las autoridades responsables o vinculadas al cumplimiento. Por tanto, si bien el artículo 258 de la Ley de Amparo dispone como una facultad de los Jueces de Distrito, imponer multa a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a la ejecutoria, de conformidad con los artículos 192 y 193 de dicha ley, lo cierto es que la labor jurisdiccional conlleva el ejercicio de la sana crítica y de la ponderación objetiva, a fin de evitar que la aplicación del derecho resulte irracional por no atender al caso concreto. Luego, a través del recurso de queja no se puede obligar al juzgador, como rector del procedimiento de ejecución de la sentencia amparadora, a imponer dicha multa; máxime que su negativa a hacerlo tampoco cumple con el requisito de irreparabilidad que exige la procedencia de la queja, ya que cuando lo estime procedente, puede aplicarla o, de ser el caso, el perjuicio causado puede ser reparado con la resolución que emita al respecto el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia que, en su caso, se tramite ante el incumplimiento de la sentencia amparadora. Entonces, al no participar el acuerdo recurrido del mencionado atributo de irreparabilidad, el recurso de queja interpuesto en su contra es improcedente y debe desecharse.”

Y es que, se insiste en que la omisión de imponer multa por regla general no constituye un acto trascendental ni grave, cuyo posible perjuicio sea imposible de reparar a través de una resolución posterior, ya sea por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, pues el sistema de ejecución de sentencias previsto en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo tiene como propósito fundamental impedir la dilación en el cumplimiento del fallo constitucional, y si bien la legislación prevé sanciones a imponer a la autoridad con el fin de que se logre el eficaz acatamiento de aquél; lo cierto es que el objetivo de esta etapa procesal no es el enjuiciamiento, en sí mismo, de las autoridades contumaces.(12)

Se expone tal aserto, pues en caso de subsistir la contumacia de las autoridades responsables, si el juez de Distrito considera agotado el procedimiento de cumplimiento y ordena la apertura del incidente de inejecución de sentencia, remitiendo al efecto los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito; tanto el órgano colegiado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinarán la regularidad de la fase de cumplimiento, con el propósito de ordenar su reposición —en caso de existir algún vicio trascendente— o, en su defecto, reiterar la determinación de que existe incumplimiento injustificado del fallo y, en consecuencia, aplicar las sanciones previstas en la ley de la materia; ante lo cual se ordenará la devolución de los autos al órgano jurisdiccional de amparo, a efecto de que continúe el trámite de cumplimiento.

Incluso, una vez tramitado el incidente de inejecución de sentencia debe analizarse si este pervive y, en su caso, si el cumplimiento extemporáneo del fallo constitucional es justificado, pues en caso contrario podrían subsistir las sanciones que se hubieren impuesto a las autoridades responsables o, en su caso, hacerle efectiva alguna de las previstas al respecto en la ley de la materia.

En esa tesitura, si el incidente de inejecución de sentencia tiene por objeto verificar el procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, la circunstancia de que el Juez de Distrito no imponga multa, no causa perjuicio trascendental ni grave a la parte quejosa, que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que con posterioridad el juzgador estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la autoridad responsable.

Además, no debe perderse de vista que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 211 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo se traduce en un tema de orden público y seguimiento oficioso; razón por la cual el Juez de Distrito, en su carácter de rector de tal medio de control constitucional, debe dictar las órdenes y medidas de apremio necesarias para lograr aquél; como en su caso imponer multa a las autoridades responsables ante su contumacia, sin necesidad de solicitud de la parte quejosa.

Por tal motivo, la omisión de imponer multas no reporta a la parte quejosa un perjuicio que, por su naturaleza trascendental y grave, sea irreparable por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que subsistiendo la contumacia de la autoridad responsable, el juez de Distrito ordene la apertura de la referida incidencia y se analice la regularidad del procedimiento de cumplimiento, si existe el incumplimiento planteado y, en su caso, las sanciones a imponer a la autoridad por su actitud negligente.

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente sobre la improcedencia del recurso de queja respecto del auto que niega la apertura del incidente de inejecución de sentencia, dado que no es un acto que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar un perjuicio a alguna de las partes no reparable mediante una actuación posterior, debido a que el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea el de enjuiciar a las autoridades responsables.

Por tanto, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, el auto en el cual el juzgador niega su apertura no causa perjuicio trascendental ni grave a la persona quejosa, que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que con posterioridad el juzgador de amparo estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la autoridad responsable.

Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 151/2017,(13) de rubro y contenido:

“RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Por su parte, el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea enjuiciar a las autoridades responsables. Entonces, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, el auto en el que el Juez de Distrito niega su apertura no causa perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que con posterioridad el juzgador estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la autoridad responsable, por lo que es improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de dicho auto.”

Máxime que, si bien conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo el órgano judicial tiene la facultad de abrir el incidente de inejecución de sentencia, tal circunstancia no impide que la parte quejosa lo inste para que analice si las autoridades responsables han sido omisas en acatar el fallo protector para, en su caso, abrir el incidente.

Apoya lo expuesto la tesis jurisprudencial 2a./J. 22/2025 (11a.),(14) de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA PARTE QUEJOSA PUEDE PROMOVERLO ANTE LA ACTITUD CONTUMAZ DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE”.

Así las cosas, es evidente que, si el Alto Tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que es improcedente el recurso de queja contra el auto que niega la apertura del incidente de inejecución de sentencia, con mayoría de razón se sostiene que dicho medio de impugnación es improcedente contra la omisión del Juzgador de Amparo de no imponer multa a las autoridades cont

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34354-5deb8604/recurso-de-queja-es-improcedente-el-previsto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.