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Modo: Corpus Pro

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES SUSCRITOS ENTRE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO Y UNA PERSONA FÍSICA. SON DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 27/2025. · Registro digital (IUS): 34082
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-19
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.58.

AMPARO DIRECTO 27/2025. 27 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN SE SEPARÓ DE LOS PÁRRAFOS 72 Y 87 DE LA SENTENCIA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN SE SEPARÓ DE LOS PÁRRAFOS 93 A 96 DE LA SENTENCIA, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: HUGO AGUILAR ORTIZ. SECRETARIADO: ALEJANDRA LOYA GUERRERO E ISRAEL RIVAS ACUÑA.

SÍNTESIS CIUDADANA

Una persona demandó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) el cumplimiento de dos contratos de suministro de aguas residuales mediante los cuales el organismo le entregaría al particular agua residual para que la tratara y utilizara en actividades agrícolas.

El juicio inició como ordinario mercantil; sin embargo, se determinó que el juez mercantil no era competente para conocer del asunto por razón de la materia porque los contratos de suministro no eran de naturaleza comercial sino administrativa, ya que versaban sobre el manejo y disposición de aguas residuales, función pública asignada exclusivamente a los municipios por la Constitución Federal y las leyes; por lo que, se dejó insubsistente todo lo actuado y se dejaron a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía correspondiente.

En desacuerdo con esta decisión, el actor promovió juicio de amparo directo, el cual fue resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su facultad de atracción.

En esta sentencia, este Alto Tribunal confirmó que los contratos tienen naturaleza administrativa ya que el SIMAS actuó como organismo público descentralizado encargado del servicio municipal de tratamiento y disposición de aguas residuales aunado a que el suministro de agua residual forma parte de una actividad de utilidad pública ya que tiene por objeto retirar agua contaminada de zonas urbanas y conducirla a zonas agrícolas para que sea tratada y utilizada bajo parámetros ambientales y sanitarios, eligiendo volúmenes, destinos y obligaciones que sólo pueden imponerse bajo un régimen de derecho público.

ÍNDICE

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintisiete de enero de dos mil veintiséis emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo 27/2025 y su amparo adhesivo, ambos promovidos contra la resolución que puso fin al juicio del quince de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el toca civil Número de expediente de la apelación.

El problema jurídico que debe resolver este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la acción de cumplimiento forzoso del contrato de suministro del servicio de aguas residuales para uso agrícola celebrado entre un particular y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, debe ejercerse en la vía mercantil o en la vía administrativa.

I. Antecedentes

Juicio ordinario mercantil 94/2021, del índice del Juez Segundo Interino de Primera Instancia en materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila.

1. Demanda de origen. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, Suministrado (suministrado), por derecho propio, demandó del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila (suministrador), el cumplimiento forzoso de dos contratos de prestación del servicio de suministro de aguas residuales tratadas números contrato 1 y contrato 2 de fechas dieciséis de enero y uno de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, entre otras prestaciones.

2. Esos contratos tuvieron por objeto que el suministrador entregara al suministrado de manera anual, un volumen de cantidad 1 y de cantidad 2 metros cúbicos de aguas residuales tratadas, equivalentes a cantidad 1 y cantidad 2 litros por segundo, a un precio de $cantidad de centavos en número (cantidad de centavos) por metro cubico.

3. El agua sería proporcionada a partir de las aguas residuales captadas en diversos cárcamos de la ciudad de Torreón, Coahuila, y conducida hasta el punto final de la tubería de desfogue señalado en los contratos, siempre que el volumen estuviera disponible conforme a la operación de los cárcamos y colectores.

4. Por su parte, el suministrado se obligó a instalar el equipo necesario como tuberías y sistema de bombeo para recibir el suministro contratado.

5. Contestación a la demanda. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Coahuila, a través de su apoderado jurídico, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en la que opuso como excepción que no ha dado el suministro de agua residual en razón de que el suministrado no obtuvo el permiso de la Comisión Nacional del Agua, ni demostró haber dado cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas para el tratamiento del agua residual.

6. Sentencia de primera instancia. El ocho de junio de dos mil veintidós, el juez natural dictó sentencia definitiva en la que condenó al Sistema Municipal de Aguas al cumplimiento forzoso de los contratos, así como al pago de $cantidad de dinero en número (cantidad de dinero en pesos y centavos moneda nacional), por concepto de daños y perjuicios, en los términos siguientes:

“PRIMERO.- Procedió la Vía Ordinaria Mercantil intentada y tramitada.

SEGUNDO.- La parte actora SUMINISTRADO, justificó los elementos constitutivos de su acción de cumplimiento forzoso del convenio de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete (sic); y la parte demandada la dependencia denominada SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA, aunque compareció a juicio, no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia:

TERCERO.- Se condena a la parte demandada la dependencia denominada SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA, al cumplimiento forzoso de los contratos de prestación del servicio de suministro de aguas residuales números contrato 1 y contrato 2 de fechas dieciséis de enero de dos mil diecisiete y uno de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, celebrado en esta ciudad, de conformidad en las cláusulas pactadas en el mismo.

CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor del actor la cantidad de $cantidad de dinero en número son (sic) (cantidad de dinero en pesos y centavos M.N.), del cultivo de maíz corresponde (sic) a los ciclos agrícolas de PRIMAVERA 2020, VERANO 2019 y 2020, y de cultivo de trigo de INVIERNO 2019 y 2020, por concepto de daños y perjuicios, conforme al considerando séptimo de la presente resolución. (...).”.

7. Recurso de apelación 144/2022, del índice de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza (acto reclamado). Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandada Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por mayoría de tres votos, en la que consideró que el juez en materia mercantil carecía de competencia legal para conocer del asunto por razón de la vía ya que a su consideración el reclamo debía realizarse en la vía administrativa y, en consecuencia dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la forma y vía que estimara procedente, por las siguientes consideraciones fundamentales:

• El Tribunal de Alzada analizó de oficio la procedencia de la vía y concluyó que la vía ordinaria mercantil intentada es improcedente, al tratarse de un presupuesto procesal de orden público e indisponible.

• A partir de las prestaciones reclamadas y del contenido de los contratos contrato 1 y contrato 2, consideró que el acuerdo de voluntades tiene por objeto el suministro de aguas residuales para uso agrícola por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila (SIMAS), organismo público descentralizado operador del servicio de agua municipal.

• Con apoyo en los artículos 115, fracción III de la Constitución Federal, 158-U Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2 y 21, fracciones II y XII de Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y numeral 3 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y 2º de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, determinó que se trata de un servicio público a cargo del municipio como lo es el suministro de aguas residuales, en términos del artículo segundo del decreto de creación 296 de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres y, que la relación jurídica se ubica en un plano de supra a subordinación, por lo que los contratos base de la acción son de naturaleza administrativa y no civil o mercantil.

• Ordenó declarar la improcedencia de la vía mercantil, dejar insubsistente todo lo actuado incluida la sentencia definitiva de primera instancia de ocho de junio de dos mil veintidós, dejando a salvo los derechos de la actora para que, si a su derecho conviene, los haga valer en la vía y forma correspondientes.

• Por lo anterior, estimó innecesario el estudio del resto de los agravios del recurrente y determinó no hacer condena especial en costas en segunda instancia.

8. Amparo directo (expediente 367/2023). En desacuerdo con la resolución que puso fin al juicio, el actor, promovió juicio de amparo directo en el que hizo valer dos conceptos de violación:

• Primero. Violación a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales por indebida fundamentación y motivación. El quejoso sostiene que la Sala responsable determinó indebidamente que el juicio ordinario mercantil era improcedente por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa.

• Argumenta que la fundamentación de la Sala responsable fue indebida dado que los preceptos invocados se refieren a que procederá la vía administrativa cuando se trate de controversias originadas por licitaciones públicas, interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, ya sea centralizada, paraestatal y paramunicipal, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales, siendo que el incumplimiento demandado no encuadraba en ninguno de esos supuestos.

• Sostiene que la participación de un ente público no determina por sí misma la naturaleza administrativa de la relación jurídica pues el Estado puede intervenir en acuerdos de orden privado en planos de supra a subordinación, subordinación o coordinación.

• En el caso concreto, afirma que la tercera interesada no actuó en un plano de supra a subordinación, ya que de ninguna declaración o cláusula se desprende que los contratos hayan sido celebrados en ejercicio de potestades públicas ni con fundamento en el artículo 21, fracciones II y XII, de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila. Por el contrario, las partes contrataron en un plano de igualdad lo que revela una relación mercantil y no administrativa.

• Agrega que los contratos base de la acción no persiguen una finalidad pública, sino una operación comercial privada consistente en el suministro retribuido de aguas residuales para uso agrícola, sin vinculación con la satisfacción de necesidades colectivas ni con el cumplimiento de atribuciones estatales.

• Sostiene que en los contratos no existe régimen exorbitante, pues ninguna cláusula prevé facultades unilaterales, modificaciones, rescisión administrativa o intervención de órganos públicos, elementos indispensables para considerar un contrato como administrativo.

• Afirma que la Sala responsable realizó una interpretación errónea del artículo 115 constitucional y del artículo 158-U de la Constitución local, los cuales a su juicio no resultan aplicables, ya que se refieren a la organización y distribución de competencias municipales, mas no a la naturaleza de contratos celebrados en igualdad de condiciones.

• En consecuencia, señala que la sentencia reclamada carece de debida fundamentación y motivación, vulnerando las garantías de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, al reclasificar indebidamente la naturaleza del contrato y desplazar la jurisdicción mercantil.

• En apoyo a sus argumentos, cita la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) de rubro: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]” y la jurisprudencia P./J. 92/2001, de título y subtitulo: “AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR”.

• Segundo. Violación al principio de debido proceso y a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. El quejoso se duele de que la Sala responsable haya declarado insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen sin ordenar la remisión del expediente al órgano competente.

• Argumenta que, aun suponiendo sin conceder que la vía ordinaria mercantil fuera improcedente, la autoridad responsable debió señalar de manera expresa cuál tribunal era competente para conocer del asunto y ordenar la remisión material de las actuaciones en términos del artículo 1127 del Código de Comercio, lo que no ocurrió en la sentencia reclamada.

• Señala que la Sala únicamente dejó “a salvo los derechos” del quejoso para promover en la vía y forma procedentes, pero omitió identificar la acción y autoridad correspondiente, lo que coloca al promovente en un estado de incertidumbre procesal contrario al artículo 17 constitucional.

• Sostiene que dicha omisión implica, en los hechos, un desechamiento indirecto de la demanda, al quedar sin valor todo lo actuado, incluida la presentación de la demanda y las pruebas desahogadas sin que exista orden de remisión ni continuidad procesal, lo cual vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales.

9. Trámite. En un primer momento, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila, quien la admitió en auto de cuatro de mayo de dos mil dos mil veintitrés. La parte demandada promovió juicio de amparo adhesivo, el que se admitió el quince siguiente.

10. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la persona que solicitó ser tercero interesado, por propio derecho, solicitó se le reconociera el carácter de tercero interesado y se repusiera el procedimiento para que se le permitiera presentar amparo adhesivo.(1) Petición que se acordó por auto de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, en el sentido de que, al dictar la sentencia, se pronunciaría al respecto.(2) Proveído que se impugnó por dicha persona, a través del recurso de reclamación, que se declaró infundado.(3) Aspecto que será objeto de pronunciamiento en la parte final de esta sentencia.

11. En sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado determinó dejar en lista el asunto para dar vista a la parte quejosa adherente con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 182, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que la adherente carecía de legitimación para promover amparo adhesivo toda vez que reclamó la falta de condena en costas a su contraparte, lo que no era impugnable a través del amparo adhesivo.

12. Solicitudes de ejercicio de facultad de atracción presentadas por parte no legitimada. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila (tercero interesado), presentó solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, las cuales se registraron en los expedientes 1154/2024 y 215/2025. La primera fue desechada por acuerdo plenario de tres de julio de dos mil veinticuatro de la extinta Primera Sala al no contar el promovente con legitimación, y la segunda, por acuerdo de la entonces Presidencia de este Alto Tribunal de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.

13. Solicitud de ejercicio de facultad de atracción por parte legitimada. Mediante oficio presentado el nueve de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó el ejercicio de la facultad de atracción. Por auto de esa misma fecha, dictado por la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, se ordenó registrar y admitir el expediente 282/2025. Posteriormente, en sesión privada de veintitrés de abril de dos mil veinticinco, la extinta Primera Sala resolvió ejercer dicha facultad.(4)

14. Avocamiento y turno. Por acuerdo de Presidencia de dos de septiembre de dos mil veinticinco, esta Suprema Corte se avocó al conocimiento del asunto y, se turnó al Ministro Hugo Aguilar Ortiz para la elaboración del proyecto de resolución.

15. Publicación del proyecto. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.(5)

16. Alegatos del Ministerio Público. Mediante escrito presentado electrónicamente ante este Alto Tribunal, la agente del Ministerio Público adscrita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación formuló una intervención ministerial para solicitar que se niegue el amparo al quejoso.

II. Competencia

17. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este juicio de amparo directo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, inciso c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, párrafo último, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 16, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. Oportunidad

18. Demanda de amparo principal. La resolución que puso fin al juicio reclamada se notificó a la quejosa el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Tal notificación surtió efectos el veintiocho posterior, por lo que el plazo de plazo de quince días para promover la demanda previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo(6) transcurrió del veintinueve de marzo al veinticinco de abril de dos mil veintitrés, sin tomar en cuenta lo días inhábiles el veinticinco y veintiséis de marzo, del primero al nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de abril de dos mil veintitrés.(7) De manera que, al haberse promovido el veinticuatro de abril de ese mismo año, su presentación fue oportuna.

19. Demanda de amparo adhesiva. La demanda de amparo adhesiva también se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, ya que el auto de admisión del amparo principal, dictado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, fue notificado a la parte tercera interesada el lunes ocho de mayo siguiente, surtiendo efectos el nueve posterior. En consecuencia, el plazo legal transcurrió del diez al treinta de mayo de dos mil veintitrés, sin tomar en cuenta los días inhábiles trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintitrés,(8) de modo que al haberse presentado la demanda el quince de mayo de ese mismo año, su promoción fue oportuna. IV. Legitimación

20. El juicio de amparo se promovió por parte legítima, ya que fue presentado por la parte actora en el juicio de origen a quien le resultó adversa la resolución que puso fin al juicio, mientras que el amparo adhesivo fue promovido por la parte demandada, quien cuenta con interés en la subsistencia del acto reclamado.

V. Existencia del acto reclamado

21. El acto reclamado es cierto, en atención a que así lo reconoció la autoridad responsable al rendir su informe justificado, circunstancia que se corrobora con las constancias que integran el toca número de expediente de la apelación, del índice de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, donde obra la resolución que puso fin a juicio de quince de marzo de dos mil veintitrés.(9)

VI. Procedencia del Juicio de Amparo Directo

22. La tercera interesada hizo valer a título de causa de improcedencia, que el juicio de amparo directo resultaba improcedente dado que en su opinión el asunto debió tramitarse en la vía indirecta conforme al artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, como ocurrió en este caso, en el que se decidió que el juez mercantil carecía de competencia legal para conocer del asunto.

23. Aunque ese planteamiento no constituye estrictamente una causal de improcedencia, resulta pertinente precisar por qué el juicio de amparo directo sí es procedente, pues el acto reclamado consiste en una resolución que puso fin al juicio.

24. El artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: - - - (...) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (...)”

25. Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo dispone:

“Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: - - - I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - - - Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. - - - Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (...)”

26. De los artículos transcritos se advierte, que el juicio de amparo directo en materia civil procede en dos casos, a saber:

a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo dictados en juicios civiles del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo o en juicios del orden común, que deciden el juicio en lo principal; y

b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido.

27. En el caso, el acto reclamado encuadra en el segundo supuesto, pues es la resolución que puso fin a juicio. Se trata de la sentencia mediante la cual la sala responsable declaró la improcedencia de la vía al considerar que el juez carecía de competencia legal para conocer del asunto y que correspondía conocer del asunto al Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. En consecuencia, determinó que el asunto debía tramitarse en la vía administrativa. Además, consideró que al tratarse de procedimientos regulados por distintos ordenamientos, resultaba inviable continuar con el proceso.

28. En consecuencia, dejó insubsistente todo lo actuado y dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara procedente.

29. En ese tenor, el acto reclamado encuadra en los supuestos previstos por la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una resolución dictada por autoridad judicial que puso fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, razón por la cual el amparo directo resulta procedente.

30. Robustece lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 41/2018 (10a.), de la extinta Segunda Sala con registro 2016973, de rubro: “AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES.”.

31. Finalmente, la tercera interesada hace valer como causa de improcedencia, que el juicio de origen debía tramitarse en el fuero federal y no en el local. Sin embargo, dicha manifestación no constituye una causa de improcedencia, sino un alegato relativo a la competencia relacionado con el fondo del asunto; por lo que, no constituye parte de la litis.(10)

VII. Estudio de fondo

VII.I. Vía para demandar el cumplimiento de los contratos de suministro de aguas residuales suscritos entre el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y un particular.

32. De acuerdo con el primer concepto de violación, uno de los aspectos de la litis en el presente asunto consiste en determinar cuál es la vía idónea para demandar el cumplimiento de los contratos de suministro de aguas residuales para uso agrícola suscritos entre una persona física y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila.

33. Para resolver ese problema jurídico, resulta indispensable definir la naturaleza de los contratos de origen, pues sólo a partir de esa calificación puede determinarse si su cumplimiento debe exigirse en la vía administrativa, como lo consideró la Sala Regional responsable, o en la mercantil, como lo sostiene la parte quejosa.

34. En ese contexto, el contrato de suministro puede definirse como aquel mediante el cual una parte (suministrador), se obliga a proveer a la otra (suministrado), bienes o servicios de forma periódica o continuada, a cambio de un precio en dinero, determinado o determinable.(11)

35. Este tipo de contrato adquiere naturaleza comercial cuando se celebra entre particulares, o cuando participa un ente público pero situado en un plano de coordinación, sin ejercer potestades administrativas ni desarrollar atribuciones propias de un servicio público.

36. En este sentido, el artículo 75, fracción V, del Código de Comercio,(12) reputa actos de comercio las empresas de abastecimientos y suministros, lo que ha llevado a esta Suprema Corte a considerar, en ciertos supuestos, que las controversias derivadas de contratos de suministro se ventilen en la vía ordinaria mercantil pese a que en ellos actúe como suministrador un ente público del Estado.

37. Por ejemplo, la extinta Segunda Sala al resolver los amparos directos en revisión 1842/2012,(13) 4729/2014,(14) 2452/2012,(15) 3628/2012,(16) 3635/2012(17) y 1204/2013,(18) determinó que de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio,(19) en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben resolverse en la vía mercantil.

38. De dichos asuntos resultó la tesis 2a. CIX/2013 (10a.), con registro 2005149, de rubro: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ESTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL”.

39. Criterio que fue reiterado al resolver la contradicción de tesis 250/2017,(20) de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de rubro: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL” y registro digital 2015944.

40. Sin embargo, cuando la autoridad actúa en ejercicio de potestades administrativas o despliega facultades que generen una relación de supra a subordinación frente a los particulares se estará ante un contrato de naturaleza administrativa dado que en esos supuestos, la voluntad del ente estatal no se expresa como la de un particular que contrata en un plano de igualdad, sino como la de una autoridad que ejerce atribuciones conferidas por la ley para la prestación, regulación o gestión de un servicio público que no tiene cualquier otro individuo.

41. Esto es, lo que determina la naturaleza del contrato administrativo no es la mera intervención del organismo público del Estado, sino su finali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34082-5cde721d/contratos-de-suministro-de-aguas-residuales-suscritos-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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