Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES SIN MEDIDOR. LOS ARTÍCULOS 277-A, PÁRRAFO QUINTO, Y 277-B, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD LEGISLATIVA Y EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 233/2025. · Registro digital (IUS): 34244
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-11
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.5.

AMPARO EN REVISIÓN 233/2025. 15 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, QUIEN SE SEPARÓ DE LA METODOLOGÍA Y FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIADO: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y BERENICE GARCÍA HUANTE.

Ver resumen de la sentencia

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve el amparo en revisión 233/2025, interpuesto por empresa “A” (en lo sucesivo la empresa “A”) y se confirma la sentencia dictada en el juicio de amparo 387/2014 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante la que se negó el amparo respecto de los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, adicionados mediante el decreto publicado el once de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.

El problema jurídico que corresponde resolver consiste en determinar si el derecho por uso y aprovechamiento de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, calculado a partir del promedio de descargas previas ante la inexistencia o descompostura del medidor como lo regulan los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, de la Ley Federal de Derechos vigente a partir de dos mil catorce, respeta los principios de razonabilidad legislativa y equidad tributaria.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Derecho por descargas de aguas residuales. La Ley Federal de Derechos regula una contribución a cargo de las personas físicas o morales que realicen descargas de aguas residuales en bienes de la nación.(1)

2. Reforma a la Ley Federal de Derechos. El once de diciembre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia fiscal, en lo que interesa, se añadieron los diversos 277-A y 277-B de la Ley Federal de Derechos que regulan el derecho por descargas de aguas residuales.

3. Con la reforma se implementó un derecho que grava el volumen de descarga de agua y el nivel de contaminación, y se estableció un mecanismo de control para la medición de los volúmenes descargados.

4. Actividades de la empresa “A” y el pago de derechos por descargas de aguas residuales. La empresa “A” realiza actividades relacionadas con la industria del acero y efectúa descargas de aguas residuales, por lo que el veintinueve de mayo de dos mil catorce realizó el pago de derechos correspondiente.

5. Demanda de amparo. Con motivo del pago, que consideró el primer acto de aplicación de los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, la empresa promovió una demanda de amparo en la que reclamó tales normas. En sus conceptos de violación planteó los argumentos siguientes:

• Razonabilidad legislativa. Los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, son contrarios al principio de razonabilidad legislativa por carecer de idoneidad y necesidad. El legislador expuso que con la normativa anterior a la reforma no se alcanzaban los objetivos de reducción de la contaminación de los cuerpos de agua porque los contribuyentes auto declaraban el volumen descargado, lo que llevaba a una falta de control.

• Si el objetivo era mayor control, se pudieron implementar, otros mecanismos como colocar medidores que registraran la descarga, mayor fiscalización por parte de las autoridades y obligar a los destinatarios a cumplir otras medidas de control expedidas mediante reglas de carácter general.

• La situación observada por el legislador no es proporcional a la medida adoptada en la norma reclamada. La modificación a la estructura del derecho fue sustancial porque a partir de la reforma, la contribución se calcula de una forma distinta, pues cambió la forma en que se determina la base de la contribución, se introdujeron procedimientos de exención y acreditamiento que no guardan relación con la finalidad de la norma y se implementó un medidor para registrar el volumen de descarga.

• Proporcionalidad tributaria. La forma de cálculo de los derechos al carecer de medidor o su descompostura por causas no imputables al contribuyente, es contraria al principio de proporcionalidad porque la base es un promedio que no guarda relación entre el grado de aprovechamiento o uso del bien público y el beneficio obtenido, ni se valora el menoscabo del bien público. El tipo de actividad y los contaminantes debieron considerarse en la fórmula de pago aún en el caso de imposibilidad para realizar la medición del volumen.

• Equidad tributaria. La norma trastoca el principio de equidad tributaria porque no contempla en el grado de uso, explotación o aprovechamiento del bien público y se considera existente un beneficio uniforme sin tomar en cuenta la actividad del contribuyente o la calidad del contaminante.

• La inequidad es manifiesta cuando hay imposibilidad de calcular el volumen, pues a pesar de no poder demostrar ese elemento sí podrían acreditar la actividad y el tipo de contaminante. Los contribuyentes que tributen conforme a las fracciones I y III del artículo 277-B pueden acceder a la mecánica del acreditamiento prevista en el artículo 278, pero los que tributen conforme a la fracción II del artículo 278-B no pueden acceder a esa mecánica.

6. Juicio de amparo. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán que lo tramitó con el número de expediente 387/2014. El juicio culminó con la sentencia en la que se negó el amparo solicitado.

7. Recurso de revisión. La empresa interpuso un recurso de revisión en el que planteó como agravios lo siguiente.

Primero. En la sentencia se omitió resolver la violación al principio de razonabilidad. En la demanda de amparo no se argumentó que la medida prevista en los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, de la Ley Federal de Derechos fuera constitucionalmente inválida ni que tuviera que ver con el medio ambiente; lo que se pretendió demostrar es que contraviene el principio de razonabilidad por inobservar los subprincipios de idoneidad y necesidad.

• Si el principal motivo de la reforma era evitar la falta de control que genera la autodeclaración del volumen de descarga de aguas residuales, no es razonable ni proporcional que se modificara estructuralmente el citado derecho; en todo caso, se pudieron implementar diversos mecanismos de control.(2)

• En la sentencia se omitió señalar las razones por las que existe una relación directa entre la finalidad buscada por el legislador y la medida adoptada. Se limitó a señalar que los artículos reclamados se sustentan en bases objetivas que justifican lo novedoso del tratamiento tributario, porque tienden a incentivar el cumplimiento de las normas para reducir la contaminación.

• Las consideraciones del juez confirman que la finalidad buscada por el legislador no guarda relación con la medida legislativa adoptada, pues incrementar la carga tributaria de los contribuyentes no genera, necesariamente, la reducción de los niveles de contaminantes.

• Aun cuando es válido que una medida legislativa persiga fines extrafiscales como reducir la contaminación, no puede ser sustento para omitir vincular el fin pretendido con la medida adoptada. La finalidad extrafiscal de una contribución no justifica que violente derechos fundamentales no tributarios, como los de legalidad en materia legislativa o razonabilidad.

Segundo. Contrario a lo resuelto, la norma viola el principio de proporcionalidad tributaria. Es inexacto que se considere como determinación presuntiva la forma de calcular el pago ante la imposibilidad de medir el volumen, es un promedio autodeterminado y no una presunción derivada de una actuación de autoridad. Referirse a una determinación presuntiva implica una variación de la litis. Al margen de que se pague a partir de un promedio, debió reconocerse el tipo de actividad y la naturaleza de la descarga vertida.

Tercero. Contrario a lo resuelto, la norma viola el principio de equidad tributaria. En la sentencia se perdió de vista que los contribuyentes que tributen conforme a las fracciones I y III del artículo 277-B pueden acceder a la mecánica del acreditamiento prevista en el artículo 278, pero los que tributen conforme a la fracción II del artículo 278-B no pueden acceder a esa mecánica.

8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito admitió el recurso de revisión como 140/2015.

9. La Presidencia de la República formuló revisión adhesiva en la que alegó la inoperancia de los agravios de la empresa, argumentó que la norma respeta la razonabilidad legislativa, así como los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

10. Determinación del Tribunal Colegiado. El quince de mayo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó la sentencia en el recurso de revisión en la que declaró inoperantes los agravios en los que se alegó que el artículo 277-B viola la razonabilidad legislativa y que los artículos 277-A y 277-B transgreden la proporcionalidad tributaria.

11. Sin embargo, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que examinara si el artículo 277-A, quinto párrafo, viola la razonabilidad legislativa y si los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, trastocan la equidad tributaria.

12. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo del tres de junio de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de este alto tribunal admitió a trámite este asunto bajo el expediente 233/2025. El doce de agosto se acordó la recepción de la intervención ministerial en la que se argumentó que debía confirmarse la sentencia recurrida.

13. Turno. En el acuerdo del dos de septiembre de dos mil veinticinco se turnó el asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para la formulación del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

14. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo y 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

III. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

15. Es inconducente mayor pronunciamiento en torno a la oportunidad del recurso de revisión principal y su adhesión, de la legitimación y representación de las partes recurrentes, así como de la procedencia de los recursos porque son aspectos examinados y resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, sin que se aprecien razones para variar su determinación al respecto.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

16. No se advierte una causa de improcedencia distinta a las examinadas en la instancia previa, ni se aprecia un matiz distinto o por motivo diverso, por lo que corresponde emprender el estudio de fondo del asunto.

V. ESTUDIO DE FONDO

17. El problema jurídico que corresponde resolver consiste en determinar si el derecho por uso y aprovechamiento de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, calculado a partir del promedio de descargas previas ante la inexistencia o descompostura del medidor como lo regulan los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, de la Ley Federal de Derechos vigente a partir de dos mil catorce, respeta los principios de razonabilidad legislativa y equidad tributaria.

18. Para resolver esa problemática jurídica se desarrollan dos temas. A. Razonabilidad legislativa, y B. Equidad tributaria. En ambos ejes se establece: a. Planteamiento del caso, b. Parámetro de regularidad y c. Análisis del caso concreto.

19. Una vez anunciada la estructura del proyecto corresponde el desarrollo del primer tema relativo a la razonabilidad legislativa.

A. Razonabilidad legislativa

20. El artículo 277-A, quinto párrafo, de la Ley Federal de Derechos adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece respeta el principio de razonabilidad legislativa al establecer que, en caso de imposibilidad para contabilizar el volumen de descarga de aguas residuales por falta o descompostura del medidor, se utilizará un promedio de los últimos cuatro trimestres de descargas.

a. Planteamiento del caso

21. En el primer concepto de violación la empresa quejosa argumentó que los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, son contrarios al principio de razonabilidad legislativa por carecer de idoneidad y necesidad. El legislador expuso que con la normativa anterior a la reforma no se alcanzaban los objetivos de reducción de la contaminación de los cuerpos de agua porque los contribuyentes auto declaraban el volumen descargado, lo que llevaba a una falta de control.

22. La empresa alegó que, si el objetivo era mayor control, pudieron implementarse otros mecanismos.(3) La problemática advertida por el legislador para reformar la norma no es proporcional a la medida adoptada. La modificación a la estructura del derecho fue sustancial porque a partir de la reforma, la contribución se calcula de una forma distinta. Cambió la forma en que se determina la base de la contribución, se introdujeron procedimientos de exención y acreditamiento que no guardan relación con la finalidad de la norma y se implementó un medidor para registrar el volumen de descarga.

23. En la sentencia del Juez de Distrito se estableció que en materia tributaria se aplica un escrutinio laxo sobre la motivación legislativa. La finalidad de la reforma está relacionada con garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, el saneamiento del agua y la existencia de agua en calidad y cantidad suficiente para su uso, explotación y aprovechamiento.

24. Asimismo, el Juez sostuvo que la norma es constitucionalmente válida y suficientemente razonable porque pretende incentivar el cumplimiento para reducir los niveles de contaminación en los cuerpos de agua. Basta que la finalidad sea constitucionalmente aceptable, sin que se requiera mayor justificación legislativa.

25. En el recurso de revisión la empresa argumenta que en la sentencia se omitió resolver la violación al principio de razonabilidad. En la demanda de amparo no se argumentó que la medida prevista en los artículos 277-A, quinto párrafo y 277-B, fracción II, de la Ley Federal de Derechos fuera constitucionalmente inválida ni que tuviera que ver con el medio ambiente, sino que se pretendió demostrar que contraviene el principio de razonabilidad legislativa por inobservar los subprincipios de idoneidad y necesidad.

26. La empresa insistió que si el principal motivo de la reforma era evitar la falta de control que genera la autodeclaración del volumen de descarga de aguas residuales no es razonable ni proporcional que se modificara estructuralmente el citado derecho; en todo caso, se pudieron implementar diversos mecanismos de control.(4)

27. La empresa argumentó que en la sentencia se omitió señalar las razones por las que existe una relación directa entre la finalidad buscada por el legislador y la medida adoptada.

28. La empresa se limitó a señalar que los artículos reclamados se sustentan en bases objetivas que justifican lo novedoso del tratamiento tributario, porque tienden a incentivar el cumplimiento de las normas para reducir la contaminación.

29. La empresa sostuvo que las consideraciones del juez confirman que la finalidad buscada por el legislador no guarda relación con la medida legislativa adoptada, pues incrementar la carga tributaria de los contribuyentes no genera, necesariamente, la reducción de los niveles de contaminantes.

30. Finalmente alegó que aun cuando es válido que una medida legislativa persiga fines extrafiscales como reducir la contaminación, no puede ser sustento para omitir vincular el fin pretendido con la medida adoptada. La finalidad extrafiscal de una contribución no justifica que violente derechos fundamentales no tributarios, como los de legalidad en materia legislativa o razonabilidad.

31. En el estudio del recurso de revisión el Tribunal Colegiado de Circuito, estableció que el artículo 277-B de la Ley Federal de Derechos respeta la razonabilidad legislativa. En otro aspecto, el órgano jurisdiccional reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver si el artículo 277-A, quinto párrafo, de la ley en análisis respeta la razonabilidad legislativa.

32. Una vez expuesto el planteamiento de la empresa “A”, lo resuelto por el Juez de Distrito, los agravios planteados en el recurso de revisión, y la delimitación de estudio reservado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que corresponde es señalar el marco de regularidad al que debe someterse la solución del caso.

b. Parámetro de regularidad

33. Como se desprende del apartado anterior, el recurso de revisión de la empresa “A” se construye en dos vertientes.

34. La primera, relativa a la congruencia y exhaustividad de la sentencia del Juez de Distrito.

35. La segunda, controvertir que el artículo 277-A, quinto párrafo, de la Ley Federal de Derechos, adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, transgrede el principio de razonabilidad legislativa al establecer que, en caso de imposibilidad para contabilizar el volumen de descarga de aguas residuales por falta o descompostura del medidor, se utilizará un promedio de los últimos cuatro trimestres de volumen.

36. Respecto a la primera vertiente, relativa a la congruencia y exhaustividad de la sentencia, el parámetro de análisis se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política del país que reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

37. Ese mandato de justicia completa se cumple mediante la observancia de los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las sentencias.

38. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes se desprenden de los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo.(5)

39. El artículo 74 de la Ley de Amparo señala requisitos formales de la sentencia. El artículo 75 de ese ordenamiento establece como regla general que el acto reclamado debe apreciarse como se probó ante la autoridad responsable. El artículo 76 de la misma ley dispone el mandato de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

40. Ese conjunto de reglas construye los principios de congruencia y exhaustividad que deben observarse en las sentencias de amparo.

41. El principio de congruencia debe observarse en sus dimensiones interna como externa. La congruencia interna implica que las consideraciones y fundamentos no contengan afirmaciones contradictorias. La congruencia externa impide la inserción de aspectos no debatidos, a menos que se trate de las situaciones excepcionales que reconoce la propia Ley de Amparo, por ejemplo, en su artículo 75, relativas a la recepción de pruebas no desahogadas ante la autoridad responsable o la realización de diligencias para precisar determinados derechos, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.(6)

42. El principio de exhaustividad implica el deber del órgano jurisdiccional de resolver la totalidad de cuestiones hechas valer por las partes, sin embargo, esa obligación no puede llevarse al extremo de exigir una respuesta en la forma pretendida por la persona quejosa, ni tampoco construir sentencias sobre una metodología específica.

43. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo.

44. Para tal efecto, la persona juzgadora debe cumplir determinados requisitos como apreciar las pruebas conducentes y resolver sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

45. La observancia de esos requisitos obliga a la persona juzgadora a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de las personas quejosas, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.

46. La solución del conflicto, sobre formalismos procedimentales como lo ordena el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del país, cuyo mandato replica el artículo 76 de la Ley de Amparo en torno a la obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada, no lleva consigo el lineamiento de adoptar alguna herramienta en específico.

47. En cuanto al fondo, la empresa “A” alegó transgresión al principio de razonabilidad y propuso un examen o test de proporcionalidad para analizar el artículo 277-A, quinto párrafo, de la Ley Federal de Derechos, adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, que dispone la forma de cálculo de la base para pagar la contribución ante la imposibilidad de calcular el volumen de aguas descargadas por inexistencia o falla del medidor, no atribuible al contribuyente. De manera específica, la empresa alegó que la norma no supera los aspectos de idoneidad y necesidad.

48. El examen o test de proporcionalidad es una de las herramientas útiles para dirimir la violación a derechos. Los tribunales no están obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso, máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera jurisprudencial, para emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando se alegue violación a un derecho humano.

49. Debido a que no existe mandato para aplicar determinada herramienta para la solución del asunto, lo cierto es que debe resolverse la cuestión efectivamente planteada, que en el caso, es la razonabilidad de la mecánica de cálculo de la base para el pago del derecho por descargas de aguas residuales.

50. Por ende, la segunda vertiente de los agravios de la empresa quejosa, relacionados con el fondo del asunto, encuentra su parámetro de regularidad en la observancia del derecho a la seguridad jurídica y la razonabilidad de la medida legislativa.

51. Como se compendia en la jurisprudencia de rubro: “SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE”,(7) tal principio de seguridad jurídica, consagrado en la Constitución Política del país, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.

52. En ese sentido, el contenido esencial de principio de seguridad jurídica radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.

53. Sin embargo, la seguridad jurídica no puede entenderse en el sentido de que la ley debe pormenorizar cada una de las relaciones que surgen durante un proceso, sino que el legislador establece elementos mínimos que sirvan para hacer efectivos los derechos de las personas y, a su vez, se eviten arbitrariedades.

54. Por tanto, no es necesario que la ley detalle minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

55. En tal sentido, la inconstitucionalidad de una norma no puede depender de la supuesta imprecisión o inexactitud en que el legislador incurra al momento de configurarla, pues la exigencia de establecer cada uno de los supuestos y definiciones en el ordenamiento haría imposible la función legislativa, en tanto la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable e impráctica.

56. Por ende, en caso de vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción entre los términos, frases, vocablos o locuciones que se establecen en una disposición legal, corresponde entonces a su intérprete establecer el sentido y alcance de ésta, la cual puede armonizarse a través del análisis sistemático del precepto en función con otras normas del propio ordenamiento o de otros ordenamientos que se relacionen y la ley expresamente así lo permita.

57. En materia tributaria, la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, porque el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo. Para no vulnerar su libertad política, en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida.

58. La elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables.

59. Al examinarse la modulación de los elementos de la contribución, como es la forma de establecer la base para el cálculo del derecho a pagar en el caso de imposibilidad de cuantificar el volumen de aguas residuales de descarga, cuando se alega que la medida legislativa no es idónea ni necesaria, y por ende carece de razonabilidad, es prudente enfatizar el análisis de esa cualidad de la decisión legislativa, esto es, emprender el examen de razonabilidad.

60. El examen de razonabilidad es susceptible de aplicarse en el análisis de la constitucionalidad de una medida normativa referente a modular aspectos sustantivos y adjetivos o formales del sistema tributario como lo relativo a la forma de establecer la base para calcular el monto de derechos a cubrir por descargas de aguas residuales, toda vez que se trata de un ejercicio de ponderación entre las finalidades que persigue el sistema tributario a través de las normas que lo delimitan, por una parte, y los derechos de los causantes, por la otra.

61. Tal examen de razonabilidad consta de tres pasos a seguir:

I. Determinar si la finalidad es legítima, objetiva y constitucionalmente correcta. Los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar relación con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad.

II. Examinar la razonabilidad de la medida, esto es, que exista una relación de índole instrumental entre los medios utilizados y el fin pretendido. Una medida es idónea si contribuye a alcanzar su finalidad.

III. Valorar que se cumpla con una relación proporcional entre los medios y los fines, con objeto de determinar si en aras de un propósito constitucionalmente válido no se afectan de manera innecesaria o excesiva otros bienes o derechos, verificando, en su caso, si pudiera existir alguna vía menos gravosa para el derecho.

62. El primer paso trata de la ubicación del fin buscado y, posteriormente, de su confrontación con el texto constitucional, para establecer su corrección. El segundo paso requiere de un examen racional, a fin de dilucidar si la medida se encuentra encaminada, desde un punto de vista instrumental, a la consecución del objetivo. Una vez superado lo anterior, se procede al tercer paso, referido a la proporcionalidad de la medida elegida, debiendo considerar que su comprensión y aplicación satisfactoria dependen del análisis de su contenido.

63. Esto es, con motivo del principio de separación de poderes el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, por lo que la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo cuando se examina la modulación impuesta para aspectos sustantivos del sistema tributario como lo relativo a la forma de establecer la base para el cálculo de los derechos a cubrir con motivo de las descargas de aguas residuales.

64. La intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, así como corroborar que el medio elegido tenga correspondencia con el fin perseguido sin que afecte desproporcionadamente el derecho a contribuir acorde con los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de entre los que se encuentra el principio de seguridad jurídica.

65. Una vez que se retomó el planteamiento de la empresa “A” y se indicaron los parámetros de regularidad aplicables, lo que corresponde es la resolución del caso concreto.

c) Análisis del caso concreto

66. Como se ha desarrollado, los agravios de la empresa quejosa se desarrollan en dos vertientes. La primera, relativa a la congruencia y exhaustividad de la sentencia del Tribunal Colegiado del conocimien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34244-c58f72a7/derechos-por-descargas-de-aguas-residuales-sin-medidor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.