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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. POR REGLA GENERAL LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN SOBRE SU ADMISIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SEGURO. EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN Y PUEDE CUANTIFICARSE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CUANDO NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIJARLA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 732/2025. · Registro digital (IUS): 34310
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 732/2025. 18 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN SE SEPARÓ DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. PONENTE: MINISTRO HUGO AGUILAR ORTIZ. SECRETARIA: ALEJANDRA LOYA GUERRERO.

SÍNTESIS CIUDADANA

En este asunto, una persona moral demandó de la aseguradora el cumplimiento del contrato de seguro por la pérdida de dinero, derivado de un siniestro cubierto por la póliza de seguro, así como el pago de una indemnización por el monto de la pérdida.

En la sentencia definitiva se condenó a la aseguradora al cumplimiento del contrato de seguro y, en consecuencia, se determinó que el asegurado tenía derecho a recibir la indemnización por la actualización del siniestro, cuyo monto se cuantificaría en la etapa de ejecución de sentencia.

En el amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que, al haberse reclamado el pago de una cantidad líquida, la persona asegurada se encontraba obligada a probar el monto exacto de la indemnización, pues a su parecer, se trató de un elemento de la acción, por lo que, no era válido diferir su cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia.

La sentencia hace una interpretación de los artículos 1061, 1194, 1328, 1329 y 1330 del Código de Comercio, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, así como al derecho a la protección de las personas consumidoras, para concluir que la cantidad líquida reclamada no constituye un elemento de la acción de cumplimiento del contrato de seguro. En consecuencia, se establece que, cuando existan elementos suficientes, el órgano jurisdiccional debe cuantificar la indemnización en la sentencia definitiva y, cuando ello no sea posible, se puede diferir su cuantificación a la etapa de ejecución de sentencia.

ÍNDICE

Ver índice

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 732/2025, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de once de diciembre de dos mil veinticuatro por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 809/2023.

I. Antecedentes y trámite

1. Contrato de seguro de daños de dinero y/o valores. La asegurada (en adelante la asegurada) es una empresa que se dedica a la custodia, traslado y resguardo de dinero y valores que contrató un seguro de daños de dinero y/o valores con un número de póliza, con la aseguradora (en adelante la aseguradora) con una vigencia del veinte de junio de dos mil quince al treinta de junio de dos mil dieciséis.

2. En la cláusula primera(1) de dicho contrato se estableció que la cobertura amparaba los bienes asegurados que por cualquier causa sean perdidos, o dañados, destruidos o entregados equivocadamente, como sea y cual sea su causa, mientras que dicha propiedad estuviera (o supuestamente debiera estar) en cualquier ubicación declarada por el asegurado, incluidas las pérdidas causadas por deshonestidad e infidelidad cometida por cualquier empleado del asegurado, según la cláusula de infidelidad.(2)

3. Siniestro. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, una institución bancaria (la institución bancaria “A”) notificó a la asegurada la pérdida de la cantidad de una cantidad de dinero en pesos (una cantidad de dinero en pesos y centavos en moneda nacional), en concepto de importes no depositados en la institución financiera otra institución bancaria (la institución bancaria “B”). El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la asegurada recibió una notificación complementaria del cliente, en la que informó que después de varias reconciliaciones entre la institución bancaria “A” y la institución bancaria “B”, se determinó que la pérdida que ocurrió desde enero de dos mil catorce a diciembre de dos mil quince fue por una cantidad de dinero menor (una cantidad de dinero en pesos y centavos en moneda nacional).

4. Reclamación. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis se notificó el siniestro a la aseguradora, quien asignó como ajustador a una persona, y se le asignó el número de siniestro correspondiente. Sin embargo, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete fue rechazada por la aseguradora.

5. Juicio ordinario mercantil. Por escrito presentado el ocho de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la asegurada demandó en la vía ordinaria mercantil de la aseguradora el cumplimiento forzoso del contrato de seguro y, como consecuencia, el pago de las pérdidas amparadas por la póliza de seguro por la suma de una cantidad de dinero en pesos (una cantidad de dinero en pesos y centavos en moneda nacional), el pago de los gastos realizados por la investigación del siniestro, la indemnización por mora prevista en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, los daños y perjuicios y, los gastos y costas.

6. Correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, la admitió a trámite en el juicio ordinario mercantil con el expediente de origen.

7. El seis de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se absolvió a la aseguradora de las prestaciones reclamadas. El juez de primera instancia consideró que se actualizó la causa de exclusión para el pago del seguro estipulada en la cláusula de descubrimiento de infidelidad y desaparición misteriosa, dado que el descubrimiento de la pérdida ocurrió después de los treinta días de la ocurrencia del primer evento.

8. Recurso de apelación. En desacuerdo con la sentencia de primera instancia, tanto la actora como la demandada interpusieron sendos recursos de apelación, de los que correspondió conocer al entonces Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito), junto con sus apelaciones preventivas. Asimismo, la aseguradora interpuso apelación adhesiva, las que se registraron en los tocas 269/2020 (ahora 80/2022) y su acumulada 276/2020 (ahora 692/2022).

9. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el entonces Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito dictó sentencia en la que confirmó la sentencia de primera instancia.

10. Juicio de amparo directo 317/2021 (primer amparo). Inconforme con la sentencia de segunda instancia, la actora asegurada promovió juicio de amparo directo y, la demandada aseguradora promovió amparo adhesivo, de los que conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el expediente 317/2021. En sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal resolvió por unanimidad de votos, por un lado, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra en la que reitere todo lo que no fue materia de la concesión y, partiendo de la base de que el siniestro reclamado por la actora a la institución de seguros demandada sí encuentra cobertura al amparo de la póliza de seguro base de la acción, resolviera la contienda judicial sometida a su conocimiento. Por otro lado, negó en el amparo adhesivo.

11. Sentencia dictada en cumplimiento. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y de Telecomunicaciones del Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Unitario de las mismas materias y circuito), emitió sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que revocó la sentencia de primer grado y condenó a la aseguradora al pago de la indemnización que corresponda en favor de la accionante, por el acontecimiento del riesgo asegurado, consistente en la pérdida o desaparición misteriosa del dinero en efectivo (interés asegurado) causado por la deshonestidad cometida por cualquier empleado del asegurado en el transporte de valores; así como al pago de los accesorios, consistentes en: gastos realizados en la investigación del siniestro, bajo el sublímite (3) de las especificaciones para gastos de investigación, correspondientes al 10% de la pérdida siniestrada e indemnización en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; todo lo cual, debía cuantificarse en ejecución de sentencia.

12. Lo anterior, al considerar que los elementos aportados a juicio tuvieron por objeto demostrar que aconteció el riesgo asegurado y que el reclamo del siniestro fue oportuno y procedente. Sin embargo, no contaba con elementos de convicción suficientes e idóneos para determinar el monto total del dinero sujeto a indemnización, los deducibles aplicables, así como el tipo de cambio que corresponderá para determinar el monto perdido o desaparecido en pesos mexicanos y su equivalente en USCy (abreviatura para United States Currency, que significa dólares, moneda en curso legal de los Estados Unidos de Norte América).

13. Juicio de amparo directo 809/2023, relacionado con el diverso D.C. 808/2023 (segundo amparo). Inconformes con la sentencia dictada en el juicio de amparo, tanto la parte actora como la demandada promovieron juicio de amparo directo, respectivamente. El amparo directo promovido por la asegurada, se radicó en el expediente 808/2023 y, el promovido por la aseguradora, se radicó en el expediente 809/2023, ambos del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

14. En sus conceptos de violación la aseguradora, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a. Fue incorrecto que el Tribunal Colegiado de Apelación haya considerado que la póliza de seguro cubría el siniestro reclamado, puesto que la pericial contable que se desahogó en el juicio no era idónea para demostrarlo.

b. Reclamó la decisión del Tribunal de dejar el cálculo del quantum de la indemnización para la etapa de ejecución de sentencia, ya que la asegurada demandó prestaciones en cantidades líquidas, cuantificadas y determinadas, además de que rindió diversas pruebas para demostrarlas. Por lo tanto, el monto de la indemnización es un elemento de la acción que debió probarse en el juicio y no en la etapa de ejecución de sentencia. De igual manera, el Tribunal omitió pronunciarse sobre las excepciones que buscaban desvirtuar la prestación indemnizatoria que solicitó la actora.

c. Finalmente, señaló que la indemnización por mora a la que se le condenó debe contarse desde la emisión de la sentencia en la que se le condene al pago de las prestaciones reclamadas.

15. Sentencia de amparo directo recurrida. El once de diciembre de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió la sentencia en la que le concedió el amparo a la aseguradora, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que reiterara lo que no fue motivo de la concesión y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo con libertad de jurisdicción resolviera si la actora acreditó o no el elemento constitutivo de su acción consistente en la cantidad líquida cuyo pago reclamó, lo que sustentó en las siguientes consideraciones:

a. En primer lugar, declaró inoperantes los argumentos relativos a que la póliza de seguro no cubre el siniestro reclamado, en razón de que eso ya había sido motivo de pronunciamiento en el amparo directo anterior, en el que se determinó que el siniestro reclamado por la actora a la institución de seguros demandada sí encuentra cobertura al amparo de la póliza de seguro base de la acción.

b. En segundo lugar, determinó que los argumentos relativos a que el Tribunal de Apelación no debió dejar el cálculo de la indemnización para la etapa de ejecución de sentencia son fundados, en términos de los artículos 1061, 1194, 1328 a 1330 del Código de Comercio,(3) los cuales establecen que el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones. Asimismo, disponen que cuando la condena involucre cuestiones accesorias al objeto principal del negocio, como frutos, intereses, daños o perjuicios, se debe fijar el monto de estos en cantidad líquida o, en su defecto, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación respectiva.

c. En este caso, la asegurada demandó el pago de la indemnización por siniestro que ocurrió, correspondiente a la cantidad líquida de $103’077,840.00 (ciento tres millones setenta y siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). Por lo tanto, el quantum de la indemnización por pago del seguro formó parte de la litis y el Tribunal de Apelación tenía el imperativo legal de resolver si quedó acreditado o no dicho monto, ya que éste es uno de los elementos de la acción que se ejerció.(4) Así, cuando se reclama el pago de una cantidad de dinero por el incumplimiento de una obligación (en este caso, se solicitó una indemnización por el incumplimiento de un contrato de seguro), la actora debe probar dos puntos: 1) el derecho al pago de la prestación que reclama y 2) que posee la prerrogativa de recibir el monto exacto de dinero que reclama. Por esta razón, el quantum que se reclama se convierte en un elemento constitutivo de la acción.

d. Si la actora demandó el pago de un monto líquido, y este elemento no se acredita en el juicio, entonces la persona juzgadora no puede dictar una condena genérica y dejar el cálculo de dicho monto en la etapa de ejecución (como ocurrió en este caso), pues eso implicaría otorgar, indebidamente, una segunda oportunidad a la actora que no quiso (o no pudo) soportar la carga probatoria que le correspondía.

e. Por lo tanto, el Tribunal de Apelación debió determinar en forma expresa si se probó el quantum de la indemnización que solicitó la asegurada, examinando adecuadamente las pruebas que se allegaron a juicio para tales efectos. En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito le concedió el amparo a la aseguradora para que el Tribunal de Apelación emita una nueva sentencia en la que determine si la asegurada acreditó o no el elemento constitutivo de su acción consistente en la cantidad líquida cuyo pago reclamó.

f. Finalmente, no se pronunció sobre la condena a intereses moratorios.

16. Recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, la tercera interesada asegurada interpuso el presente de recurso de revisión para alegar lo siguiente:

a. La recurrente hace valer como problema constitucional que el artículo 1330, en relación con los diversos 1061,1194, 1328 y1329 del Código de Comercio, citados por el Tribunal Colegiado de Circuito como primer acto de aplicación, violan los artículos 1, 14, 16, 17 y 28 constitucionales, en relación con los principios de seguridad jurídica, igualdad, acceso a la justicia y perspectiva de protección del asegurado, en tanto que imponen un requisito contrario a una tutela judicial efectiva y a la perspectiva de protección a los usuarios de seguros; al exigir que se acredite la cantidad líquida como elemento de la acción cuando se demanda el cumplimiento de un contrato de seguro.

b. De igual modo, sostiene que dichos preceptos son contrarios al artículo 28 constitucional, relativo a los derechos de los usuarios de seguros como consumidores, en tanto que limitan su acceso a la justicia, al obligarse a acreditar el pago de una cantidad líquida para la procedencia de la acción de cumplimiento del seguro, lo que resulta en un requisito desproporcional.

c. Sostiene que en atención de la carga dinámica de la prueba, en estos casos los artículos impugnados deben interpretarse en el sentido de que la aseguradora tiene la carga de prueba y no el asegurado cuando actúa como actor, como lo dispone el artículo 1330 del Código de Comercio, pues de lo contrario, la aseguradora queda liberada de la obligación de pago por el simple hecho de negar la cantidad reclamada, cuando existe una relación asimétrica entre aseguradora como contratante fuerte y el asegurado como contratante débil y consumidor.

17. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión con el expediente 732/2025 y turnó el expediente al entonces Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la extinta Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución.

18. Recurso de revisión adhesiva. La quejosa aseguradora interpuso recurso de revisión adhesiva. Alegó que los agravios de la asegurada no controvierten un tema de constitucionalidad y no revisten las características de relevancia y trascendencia para la procedencia del amparo directo en revisión.

19. Pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación. El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió una intervención ministerial en la que manifestó que el presente recurso debe desecharse.

20. Recurso de reclamación. En contra del auto admisorio del recurso de revisión, Persona “A”, autorizado de la aseguradora, interpuso recurso de reclamación. La extinta Primera Sala resolvió el recurso con el expediente 110/2025,(5) lo declaró infundado y confirmó el auto que admitió el amparo directo en revisión 732/2025.

21. Avocamiento. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la extinta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto.

22. Returno. El dos de septiembre de dos mil veinticinco se returnó el presente asunto al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz para actuar como ponente del asunto.

II. Competencia

23. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo en revisión en términos de lo previsto por el artículo 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículo 81, fracción II de la Ley de Amparo; así como el Punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General número 2/2025 (12ª) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo.

III. Oportunidad

24. Los recursos de revisión principal y adhesivos son oportunos.

25. La sentencia recurrida fue notificada a las partes por medio de lista el día diez de enero de dos mil veinticinco, por lo que surtió efectos al día hábil siguiente, el trece de enero de dos mil veinticinco. Derivado de lo anterior, el plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 86 de la Ley de amparo para interponer del recurso de revisión transcurrió del catorce al veintisiete de enero del dos mil veinticinco.(6) El recurso de revisión principal se interpuso el veintisiete de enero de dos mil veinticinco. Por lo tanto, es oportuno

26. Por su parte, el acuerdo por el que se admitió a trámite el recurso de revisión principal fue notificado por lista de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, por lo que surtió efectos al día hábil siguiente, el veintiséis de febrero de dos mil veinticinco. El plazo de cinco días establecido en el artículo 82 de la Ley de Amparo para la revisión adhesiva transcurrió del veintisiete de febrero al cinco de marzo de dos mil veinticinco.(7) Como el recurso de revisión adhesiva se interpuso el cuatro de marzo de dos mil veinticinco, se concluye que es oportuno.

IV. Legitimación

27. La asegurada, tiene legitimación para presentar el recurso de revisión principal por medio de su autorizado, Persona “B”, así como la aseguradora tiene legitimación para interponer el recurso de revisión adhesiva por medio de su autorizado Persona “A”, pues en el juicio de amparo directo de origen se les reconoció el carácter de quejosa y tercera interesada, respectivamente.

V. Estudio de procedencia del recurso principal

28. El presente amparo directo en revisión es procedente, sin que resulte necesario realizar un nuevo análisis sobre la existencia de un planteamiento de constitucionalidad o sobre el interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, pues ello ya fue materia de pronunciamiento por la extinta Primera Sala al resolver el recurso de reclamación 110/2025,(8) interpuesto en contra del acuerdo de Presidencia de once de febrero de dos mil veinticinco, mediante el cual se admitió a trámite el amparo directo en revisión 732/2025.

29. En dicho recurso de reclamación se determinó que:

a. En la sentencia recurrida subsiste un planteamiento de constitucionalidad, vinculado con la interpretación de los artículos 1061, 1194, 1328, 1329 y 1330 del Código de Comercio(9) a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, específicamente en lo relativo a determinar si cuando una persona demanda el pago de una cantidad líquida derivada de una póliza de seguro, debe acreditar el quantum al ser un elemento constitutivo de la acción o si se debe cuantificar hasta la etapa de ejecución de sentencia.

b. Que dicho planteamiento reviste un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos, dado que no existe precedente en el que el Alto Tribunal haya interpretado el contenido de los artículos 1194, 1328, 1329 y 1330 del Código de Comercio, a la luz del artículo 17 constitucional, respecto al momento procesal oportuno en el que se debe cuantificar la cantidad líquida al amparo de una póliza de seguro.

30. Por lo tanto, lo resuelto en dicho recurso de reclamación constituye cosa juzgada para este asunto, lo que encuentra sustento en la tesis aislada 1a. CL/2011, de rubro: “RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA DECISIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD REALIZADA POR UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESULTA OBLIGATORIA EN EL SENTIDO DE CONSTITUIR COSA JUZGADA”.(10)

31. Criterio aislado que este Pleno acompaña, debido a que, si bien el acuerdo de Presidencia mediante el cual se admite un amparo directo en revisión no causa estado para el Pleno de esta Suprema Corte, lo cierto es que una vez que dicho acuerdo es impugnado, la resolución jurisdiccional que recae al recurso de reclamación promovido en su contra sí produce efectos definitivos respecto de su procedencia.

32. De conformidad con el artículo 104 de la Ley de Amparo,(11) el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos, el acuerdo por el que se admite a trámite un amparo directo en revisión.

33. Dicho medio de impugnación constituye el mecanismo procesal diseñado por las personas legisladoras para someter a control jurisdiccional la legalidad de la admisión del recurso, particularmente en lo relativo a la existencia de un planteamiento de constitucionalidad y a la actualización del interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

34. El propio precepto dispone, además, que en contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de impugnación alguno, lo que revela la intención legislativa de dotar de definitividad a las determinaciones relacionadas con la procedencia del recurso.

35. En ese contexto, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un recurso de reclamación y determina que el amparo directo en revisión satisface los requisitos previstos en el artículo 107, fracción IX, constitucional(12) y en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(13) dicha determinación deja de ser un acto provisional y se convierte en una decisión jurisdiccional definitiva para el caso concreto, en el ámbito específico de la procedencia del recurso principal.

36. El Pleno arriba a esta conclusión por tres razones principales:

37. En primer lugar, porque a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de procesos constitucionales en los que existe una etapa de instrucción o probatoria, en el amparo directo en revisión, por regla general, el análisis de procedencia se realiza exclusivamente a partir de las constancias que obran en autos, las cuales son idénticas tanto al momento de dictarse el acuerdo de admisión como al resolverse el recurso de reclamación y, en su caso, al efectuarse el estudio de fondo.

38. Ello obedece a que el amparo directo en revisión carece de etapa probatoria, de modo que el examen sobre la existencia del planteamiento de constitucionalidad y del interés excepcional exige, en todos los casos, el análisis de los mismos elementos: la demanda de amparo directo, la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito y los agravios que se hacen valer en el recurso de revisión.

39. En consecuencia, una vez que estos aspectos han sido valorados jurisdiccionalmente al resolver el recurso de reclamación, no subsiste razón procesal para someterlos a un nuevo escrutinio, sin que ello implique desconocer la posibilidad de que, con posterioridad, puedan actualizarse causas diversas de improcedencia o sobreseimiento, como el desistimiento del recurso por las partes, las cuales son ajenas y conceptualmente distintas al examen relativo a la existencia de un problema de constitucionalidad o a la actualización de un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

40. Esto implica que, al resolverse el recurso de reclamación, se adelanta necesariamente el estudio de procedencia del amparo directo en revisión, respecto de si subsiste un problema constitucional y un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Máxime si se considera que la resolución que recaiga al recurso de reclamación no es susceptible de ulterior impugnación, por lo que adquiere firmeza y debe ser respetada en las etapas posteriores del procedimiento.

41. En segundo lugar, porque apegarse al sentido de la resolución del recurso de reclamación que confirma el acuerdo admisorio del amparo directo en revisión brinda mayor seguridad jurídica a las partes. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la admisión de un amparo directo en revisión, al estimar que en el asunto subsiste un planteamiento de constitucionalidad de interés excepcional, este Alto Tribunal emite un pronunciamiento definitivo en el sentido de que el recurso cumple con los requisitos de procedencia.

42. En ese contexto, al tratarse de una decisión colegiada adoptada por el órgano máximo de control constitucional, las personas interesadas adquieren una expectativa legítima de que el asunto será estudiado en el fondo. Esta interpretación, además, garantiza la congruencia interna de las decisiones de la Suprema Corte, al asegurar que lo resuelto en materia de procedencia en los recursos de reclamación sea consistente con el desarrollo posterior del amparo directo en revisión del que derivan.

43. En tercer lugar, porque la interpretación expuesta beneficia en mayor medida a las personas justiciables, al privilegiar el acceso a la jurisdicción constitucional y la resolución de fondo de los asuntos. Este entendimiento es acorde con el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto, favorece una tutela judicial efectiva y permite que la Suprema Corte se pronuncie sobre el problema constitucional planteado, una vez que su procedencia ya ha sido determinada.

44. Este criterio es aplicable incluso cuando esa resolución fue emitida por alguna de las extintas Salas pues tal y como lo ha reconocido la nueva integración de este Alto Tribunal,(14) las Salas no eran jerárquicamente inferiores al Pleno, sino que eran órganos funcionales de la Suprema Corte que se constituyeron como una medida administrativa para optimizar la resolución de los asuntos. De esta forma, todas las resoluciones emitidas por cualquiera de las Salas o del Pleno son terminales, pues la Corte es un órgano constitucionalmente único e indivisible.

45. Lo anterior, sin perjuicio de que, de manera excepcional, este Pleno pueda advertir al resolver el amparo directo en revisión que no se actualiza el interés excepcional, por algún supuesto no analizado en el recurso de reclamación, como podría ocurrir si con posterioridad se emite un criterio obligatorio de esta Suprema Corte que incida de forma directa en la materia del planteamiento constitucional, de modo que pierda ese interés excepcional. O bien, si se analiza desde una perspectiva distinta de la examinada en dicho medio de impugnación, siempre que ello sea ajeno a lo que ya adquirió cosa juzgada.

46. Por estas razones, esta Suprema Corte concluye que, conforme a lo que se resolvió en el recurso de reclamación 110/2025, el presente amparo directo en revisión es procedente.

VI. Estudio de fondo

47. La cuestión constitucional que debe resolver esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si conforme al derecho a una tutela judicial efectiva, el asegurado que actúa como parte actora en un juicio mercantil debe acreditar, como elemento de la acción, la cantidad líquida que demandó por concepto de suerte principal cuando ejerce la acción de cumplimiento del contrato de seguro, o si dicha prestación puede cuantificarse e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34310-1a87ea21/amparo-directo-en-revision-por-regla-general-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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