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Modo: Corpus Pro

CONDENA EN COSTAS A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. PROCEDE CUANDO APORTEN COMO PRUEBAS DOCUMENTOS ALTERADOS PARA INTENTAR EVADIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7638/2023. · Registro digital (IUS): 33435
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.133.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7638/2023. 28 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIADOO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ Y HELENA CATALINA RODRÍGUEZ RUAN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Un hombre adquirió una casa mediante un crédito hipotecario. Con el objetivo de asegurar el pago del crédito en el caso de que falleciera, el acreditado contrató un seguro de vida en el que su esposa compareció como coacreditada. Poco tiempo después, el acreditado perdió la vida.

Posteriormente, la esposa demandó a la aseguradora en la vía oral mercantil por el cumplimiento del contrato de seguro y el pago del saldo insoluto del crédito.

El juez emitió una sentencia en la que condenó a la aseguradora a pagar el saldo pendiente del crédito, pero la absolvió del pago de costas.

En desacuerdo, la actora promovió un amparo directo en el que, en lo que aquí interesa, argumentó que sí procedía el pago de costas a su favor conforme al artículo 1084 del Código de Comercio. No obstante, el Tribunal Colegiado le negó la protección constitucional.

Inconforme, la quejosa interpuso el presente recurso de revisión.

ÍNDICE

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve el amparo directo en revisión 7638/2023, interpuesto por la señora Persona Quejosa en contra de la sentencia emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo directo Número de expediente de Amparo Directo.

En este asunto, la Primera Sala debe resolver si el recurso es procedente y, de serlo, determinar si fue correcta la ponderación realizada por el Tribunal Colegiado del conocimiento al concluir que no procedía la condena en costas de la parte demanda en el juicio de origen.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Compraventa. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el señor Persona compradora celebró un contrato de compraventa con la empresa Empresa vendedora, respecto del inmueble ubicado en Ubicación del inmueble.

2. Crédito e hipoteca. Para adquirir el inmueble, en la misma fecha mencionada, el señor Persona compradora celebró un contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria con Institución Bancaria, por un monto de Monto del contrato de apertura de crédito, a pagarse en un plazo de doscientos cuarenta y un meses, y con una tasa de interés ordinaria fija del 9% (nueve por ciento) anual.

3. Seguro de vida. En el propio contrato de crédito se estableció que el señor Persona compradora adquiriría un seguro de vida. Por ende, el señor Persona compradora –en calidad de asegurado– junto a su esposa, la señora Persona quejosa –a quien se le identificó como coacreditada– adquirieron una póliza con Institución aseguradora, que estaría vigente del veintiséis de noviembre de dos mil veinte al mismo día, pero de dos mil veintiuno, con cobertura de fallecimiento y con límite de responsabilidad del "saldo insoluto y no vencido al momento del siniestro".

4. Fallecimiento. El veinte de enero de dos mil veintiuno, el señor Persona compradora falleció. La señora Persona quejosa afirmó que su esposo perdió la vida por un "choque séptico pulmonar", debido a la adquisición de una enfermedad respiratoria aguda, probablemente derivada de una infección por el SARS-COV-2. Además, la señora Persona quejosa señaló que, debido a un error que posteriormente fue corregido, en el acta de defunción se anotó inicialmente como una causa adicional el vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

5. Reclamación. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, la señora Persona quejosa presentó una reclamación de pago a Institución aseguradora, sin embargo, no fue notificada de alguna respuesta dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 48 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro,(1) por lo que, desde su perspectiva, la aseguradora renunció a su derecho a rescindir el contrato y quedó obligada al pago.

6. Demanda (juicio oral mercantil Número de expediente mercantil). El catorce de junio de dos mil veintidós, la señora Persona quejosa demandó a Institución aseguradora en la vía oral mercantil, la declaratoria de que ésta renunció a su derecho a rescindir el contrato de seguro al no dar respuesta a la reclamación dentro de los treinta días posteriores al ocho de febrero de dos mil veintiuno, así como el pago de las siguientes prestaciones destacadas:

a) Saldo insoluto del crédito hipotecario.

b) Indemnización por mora, en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.(2)

c) Intereses.

d) Daños y perjuicios.

e) Costas del juicio.

7. Admisión. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Juez Quinto de lo Civil del Proceso Oral de la Ciudad de México admitió la demanda. Además, ordenó que se emplazara a la demandada y que se convocara a Institución bancaria –acreditante– como tercera llamada a juicio.

8. Contestación. El cinco de julio de dos mil veintidós, Institución aseguradora contestó la demanda y rechazó las pretensiones de la actora. Entre otras cosas, argumentó que el asegurado y su esposa omitieron declarar que aquél vivía con VIH desde octubre de dos mil dieciséis, de lo que la aseguradora afirmó que se enteró hasta que la señora Persona quejosa presentó su reclamación de pago.

9. Al respecto, la aseguradora detalló que, antes de la contratación del seguro, el ocho de septiembre de dos mil veinte, el fallecido –como asegurado titular– y su esposa –como coacreditada– llenaron y firmaron un formato denominado "solicitud vida segura hipotecario", y en el rubro relativo a si el asegurado "padecía sida o seropositivo al VIH o enfermedades de la sangre", indicaron que "no".

10. Por otra parte, la aseguradora indicó que no renunció a su facultad de rescindir el contrato en el plazo legal de treinta días, pues debía considerarse nulo e inexistente por la falsedad de declaraciones del asegurado y su esposa, lo cual, no se convalida por el solo transcurso del tiempo.

11. Reconvención. En el mismo escrito de contestación de la demanda, la aseguradora reconvino a la señora Persona quejosa, entre otras prestaciones, la nulidad absoluta del contrato de seguro de vida, al haberse sustentado en declaraciones falsas. Ello, porque tanto el asegurado como su esposa tenían conocimiento de que el primero vivía con VIH y omitieron declararlo cuando se les preguntó al respecto.

12. En auto de once de julio de dos mil veintidós, el juez tuvo por contestada de manera oportuna la demanda y admitió la reconvención.

13. Contestación a la reconvención. El diez de agosto de dos mil veintidós, la señora Persona quejosa contestó la demanda reconvencional promovida en su contra. En lo relevante, rechazó las pretensiones de la aseguradora, pues negó que el asegurado y ella hayan llenado y firmado el formato de ocho de septiembre de dos mil veinte en el que supuestamente negaron que aquél vivía con VIH. Afirmó que nunca los cuestionaron sobre tal circunstancia, y que el anexo en el que aparece la pregunta sobre esa infección no lo llenó ella, sino que la propia aseguradora lo confeccionó a su conveniencia mediante "computadora".

14. Incidente de falsedad de documentos. La señora Persona quejosa hizo valer un incidente de falsedad respecto de la "solicitud vida segura hipotecario" de ocho de septiembre de dos mil veinte, señalando que las firmas que obran en las fojas 5 y 7 de dicho documento no fueron puestas por ella ni por el asegurado por su puño y letra.

15. La señora Persona quejosa designó como perito a Perito de la quejosa, mientras que la aseguradora nombró a Perito de la aseguradora como su perito. Al haber sido sustancialmente contradictorios los dictámenes periciales de las partes, el juez designó a Perita tercera en discordia como perita tercera en discordia en materia de grafoscopía para estudiar las firmas cuestionadas de la señora Persona quejosa y el señor Persona compradora.

16. La perita concluyó que no era posible determinar la calidad de las líneas, la presión muscular y la velocidad de los trazos, porque el documento era una copia y no el original. Por lo cual, concluyó:

Que si bien las firmas y demás elementos escritúrales a nombre de los señores Persona compradora y Persona quejosa proporcionadas como indubitables son abundantes y de buena calidad [...], es necesario destacar que no es posible llevar a cabo el cotejo respectivo con relación a las firmas que se cuestionan a nombre de las mismas personas, ya que del minucioso análisis al que fueron sometidas las firmas que se cuestionan asentadas a fojas 5/7 y 7/7 de la Solicitud Vida Segura Hipotecario de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte [...], ha permitido establecer que éstas firmas son producto de una impresión por fotocopia con un probable origen de tipo digitalizado o de digitalización, generadas por un medio electrónico (impresión por matriz impresora por Escáner), lo anterior debido a que no se tuvo acceso en ningún momento al original del citado documento.

17. Sentencia. Seguido el juicio por todas sus etapas, el doce de junio de dos mil veintitrés, el juez emitió una sentencia en la que declaró fundada la acción principal e infundada la reconvencional. Por lo tanto, en lo relevante, condenó a la aseguradora a pagar el saldo insoluto del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria al veintiuno de enero de dos mil veintiuno, hasta por la cantidad de Monto del contrato de apertura de crédito, pero la absolvió de las costas del juicio. Lo fundado de la acción se basó, en esencia, en las siguientes consideraciones:

• Es improcedente el incidente de impugnación de falsedad de documentos porque no se pudo arribar a una identificación escritural de las firmas dubitadas al ser producto de una impresión, con un probable origen de tipo digitalizado y generadas por un medio electrónico.

• Sin embargo, el formato de ocho de septiembre de dos mil veinte, que supuestamente contiene la inexacta declaración del señor Persona compradora y la señora Persona quejosa sobre que no vivía con VIH carece de valor probatorio. Esto, pues a simple vista se advierte que el documento fue elaborado en dos momentos distintos y con diversos formatos.

• El cuestionario sobre ese virus aparece impreso mediante un equipo de cómputo en una página sin anotaciones manuscritas, mientras que el llenado a mano por parte del asegurado y su esposa aparece en una página distinta. De tal manera, ese documento no tiene el alcance de demostrar que se les cuestionó sobre el indicado padecimiento, por lo que la aseguradora no acreditó que la parte actora hubiera incurrido en una omisión o inexacta declaración.

• Además, de las confesionales que obran en autos se desprende que ambas partes coinciden en que dicho formato fue llenado a mano por el asegurado y por la actora. De ahí que resulta inconcuso que el contenido de la primera hoja, al no haber sido elaborado a mano, no se completó por la actora ni por el asegurado.

• Máxime que de la pericial en medicina legal rendida por Perita en medicina se desprende que el señor Persona compradora fue diagnosticado con un caso sospechoso de COVID, por lo que fue erróneo que en su causa de defunción se indicara vivir con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Su evolución clínica da cuenta que las condiciones del paciente eran estables y en ningún momento se documentó que progresara a un estado inicial ni avanzado de SIDA.

• De cualquier manera, la aseguradora se abstuvo de notificar el aviso de rescisión a la señora Persona quejosa dentro del plazo de treinta días naturales que establece el artículo 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Por lo tanto, se entiende que renunció tácitamente al derecho a rescindir por omisiones o inexactas declaraciones, y está obligada a cumplir con el pago respectivo.

• Al no encontrarse el asunto dentro de alguno de los supuestos previstos del artículo 1084 del Código de Comercio, no es procedente hacer una especial condena en costas en esta instancia.

18. Amparo directo Número de expediente de amparo directo. El tres de julio de dos mil veintitrés, la señora Persona quejosa presentó una demanda de amparo en la que, en lo que aquí interesa, argumentó que el juez debió condenar a Institución aseguradora al pago de costas, en términos del artículo 1084, fracciones II y V, del Código de Comercio,(3) porque durante el juicio procedió con temeridad y mala fe, presentó documentos falsos e intentó excepciones y defensas improcedentes:

• La excepción de nulidad absoluta por inexactas declaraciones es improcedente porque no rescindió el contrato dentro del término de 30 días naturales.

• Confesó que el ocho de febrero de dos mil veintiuno recibió la reclamación de pago, pero le notificó la recisión del contrato hasta el veinte de mayo siguiente.

• Sostuvo hechos falsos al afirmar que se omitió manifestar que el asegurado vivía con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y exhibió documentos falsos (el cuestionario de ocho de septiembre de dos mil veinte).

• Tuvo que erogar gastos para que se designara a un perito tercero en discordia, quien, a decir de la inconforme, determinó la falsedad de dicho documento.

19. Sentencia recurrida. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien la admitió y, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emitió una sentencia en la que le negó la protección constitucional a la señora Persona quejosa, conforme a las consideraciones fundamentales siguientes:

• Declarar improcedente una excepción o defensa no conlleva necesariamente a condenar por costas, en términos del artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio.

• Esto, por dos razones: la primera, porque tal hipótesis normativa sólo opera cuando las excepciones o defensas no se formulan "conforme a derecho" o se incumplen sus presupuestos de admisibilidad; y la segunda, porque tal fracción, al igual que las que le preceden, tienden a poner de manifiesto la temeridad o mala fe del litigante que, al hacer valer sus excepciones o defensas, "discute lo indiscutible", aduce "una cuestión inviable, que el sentido común hubiera indicado que en modo alguno habría podido prosperar", teniendo el demandado conocimiento de esa situación.

• Esta postura es acorde con el artículo 17 constitucional, el cual no condiciona el acceso a la justicia al hecho de que quien acuda ante la autoridad jurisdiccional obtenga una resolución favorable.

• De considerarse que el simple vencimiento trae como consecuencia necesaria la condena al pago de las costas, podría causarse una inhibición en el ejercicio del derecho.

• Por ello, se requiere una ponderación de valores en lo atinente a las costas, pues por una parte no deben crearse circunstancias que desalienten a los gobernados a utilizar el servicio de impartición de justicia, pero potra parte debe sancionarse a quien hace mal uso de este servicio.

• Sobre esa base, no resulta ilegal la decisión del juez en cuanto a absolver del pago de costas a la aseguradora, pues implícitamente consideró que no hubo actuación que evidenciara dolo, temeridad o mala fe de su parte; que hubiera presentado instrumentos o testigos falsos; o bien, que las excepciones y defensas que formuló fueran por sí mismas improcedentes, siendo aplicables al caso, las jurisprudencias 9/2013 y 10/2013, de la Primera Sala.(4)

20. Recurso de revisión 7638/2023. El catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la señora Persona Quejosa –por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Apoderado de la quejosa– interpuso el presente recurso de revisión, en el que expresó los siguientes agravios:

• Primero. El Tribunal Colegiado realizó una incorrecta ponderación de valores del artículo 1084 del Código de Comercio.

• El órgano de amparo consideró que de una ponderación de valores era procedente "salvar a la aseguradora", por lo que procedía absolverla del pago de gastos y costas para no generar un temor y desaliento en la población.

• Tales consideraciones son inexactas y subjetivas, porque la comunidad de personas a la que se refiere el órgano de amparo ni siquiera tiene conocimiento de la existencia del juicio.

• Si el derecho de legalidad de la quejosa entró en coalición con el de oportunidad de defensa de la aseguradora, la ponderación debió partir de razonamientos objetivos y fuentes de derecho preexistentes. Aunado a que debió tomarse en cuenta que la demandada se condujo con temeridad por exhibir una póliza alterada, además de que su excepción de rescisión del contrato por falsas declaraciones resultó improcedente.

• Segundo. El Tribunal Colegiado no verificó si se actualizó la hipótesis del artículo 1084, fracción II, del Código de Comercio.

• La aseguradora exhibió una póliza alterada en su contestación y no la correcta, lo que evidenció su temeridad en la contienda y consecuente configuración de la fracción mencionada.

• Además, el órgano de amparo recurrió a ejemplos de aplicación de la fracción V de ese numeral, aun cuando ello no fue solicitado ni cuestionado. Dicha fracción tampoco tiene un efecto expansivo a la hipótesis de la fracción IV del señalado ordenamiento, de modo que el Tribunal Colegiado sentenció a partir de comparaciones.

• Tercero. El Tribunal Colegiado se apartó de la jurisprudencia 43/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(5)

• El órgano de amparo invocó la jurisprudencia 9/2013 de la Primera Sala, de rubro: COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.(6)

• Sin embargo, no justificó por qué ese criterio debe prevalecer a lo establecido en la diversa jurisprudencia 43/2007, en la cual se indica que basta con la sola improcedencia para condenar al pago de costas.

• Con ello omitió cumplir con la carga argumentativa de justificar por qué era oportuno desatender la jurisprudencia en mención, a pesar de que la improcedencia de las excepciones de la aseguradora surgió porque no justificó la nulidad del contrato ni las falsas declaraciones que atribuyó al asegurado y a su esposa, al no exhibir "prueba alguna para justificar los actos supuestamente simulados".

21. Admisión. El cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Hernández admitió el recurso y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

22. Avocamiento. El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro Presidente de la Primera Sala Jorge Mario Pardo Rebolledo emitió el auto de avocamiento del presente asunto y ordenó el envío del expediente a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

23. Recepción de expediente en ponencia. El cinco de marzo de dos mil veinticuatro la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del presente amparo directo en revisión 7638/2023. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

24. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo;(8) 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el siete de junio de dos mil veintiuno,(9) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.(10) Esto, al tratarse de un amparo directo en revisión, que deriva de un asunto en materia mercantil, correspondiente a la especialidad de esta Primera Sala. Además, se considera innecesaria la intervención del Pleno. II. OPORTUNIDAD

25. La señora Persona quejosa interpuso el recurso de revisión de manera oportuna debido a que la sentencia impugnada de cuatro de octubre de dos mil veintitrés se le notificó por lista el dieciséis de ese mismo mes y año. Así, con fundamento en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo,(11) la notificación surtió efectos el día treinta siguiente, ya que el Consejo de la Judicatura Federal autorizó la declaratoria de días inhábiles del dieciséis al veintinueve de octubre –derivado del "paro nacional" efectuado por personal del Poder Judicial de la Federación– mediante las circulares 28/2023(12) y 29/2023,(13) subsistiendo la validez de la notificación practicada, conforme a lo dispuesto en la circular citada en primer término.(14)

26. Por lo tanto, el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo(15) transcurrió del treinta y uno de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, sin contar del primero al tres de noviembre, por haber sido inhábiles conforme a la circular 12/2023 del Consejo de la Judicatura Federal, así como el cuatro, cinco, once y doce de ese mismo mes, porque fueron sábados y domingos, en términos del artículo 19 de legislación citada.(16)

27. En tales condiciones, si la señora Persona quejosa interpuso el recurso de revisión el catorce de noviembre de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, es claro que lo hizo de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

28. La señora Persona quejosa está legitimada para interponer el presente recurso de revisión, pues es la parte quejosa en el juicio de amparo directo Número de expediente de Amparo Directo, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

29. Por su parte, el señor Apoderado de la quejosa tiene personería para firmar el escrito de revisión a nombre de la señora Persona quejosa, pues el juez responsable lo reconoció como su apoderado general para pleitos y cobranzas, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, al exhibir la copia certificada de la escritura pública Número de escritura pública, de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, pasada ante el Notario Público 110 del Estado de México.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

30. Este recurso de revisión es procedente, pues se satisfacen los requisitos normativos expresamente señalados para ello, como se explica a continuación.

31. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando:

a) En la sentencia recurrida se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y

b) El asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

32. Bajo ese entendimiento de la procedencia del recurso de revisión, resultan inoperantes los argumentos de: 1) la aplicación de la jurisprudencia de esta Primera Sala; y 2) la verificación de la hipótesis de la fracción II del artículo 1084 del Código de Comercio.

33. En primer lugar, constituye un planteamiento de legalidad el reproche de la recurrente respecto a que el Tribunal Colegiado acudió a la jurisprudencia 9/2013 de la Primera Sala sin explicar por qué debían prevalecer sobre la jurisprudencia 43/2007, que sí le favorece.

34. Dicho agravio tiene como propósito demostrar que el órgano de amparo no justificó por qué utilizó la jurisprudencia 9/2013 y no la jurisprudencia 43/2007, lo cual no puede ser abordado en esta instancia, toda vez que se refiere a la apreciación y aplicación de un criterio jurisprudencial en el caso en concreto. Máxime que de lo que se duele la recurrente, no es de la inobservancia de la jurisprudencia de esta Primera Sala, sino de la falta de motivación para la aplicación de los criterios utilizados en la sentencia recurrida, lo cual constituye una cuestión de legalidad.(17)

35. En segundo término, también es inoperante el agravio relacionado con que el Tribunal Colegiado incurrió en una falta de congruencia y exhaustividad porque no se pronunció sobre la actualización de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 1084 del Código de Comercio. Además, la quejosa sostiene que el órgano de amparo expuso ejemplos en los que aplica la fracción V del precepto citado que no fueron solicitados ni cuestionados, y aludió a un efecto expansivo sobre la hipótesis de la fracción IV.

36. La supuesta falta de congruencia y exhaustividad por parte del Tribunal Colegiado sobre el estudio de las hipótesis de procedencia del pago de costas es un estudio de mera legalidad, al no implicar un análisis de razonabilidad constitucional. Por ende, el estudio de estos agravios es ajeno a la materia del presente recurso de revisión al no justificar su procedencia.

37. En consecuencia, la ausencia de un tema constitucional por lo que hace a estos dos agravios en comento justifica que esta Primera Sala no proceda a su estudio.

38. Ahora, el argumento relativo a que el Tribunal Colegiado realizó una incorrecta ponderación de valores del artículo 1084 del Código de Comercio sí implica un planteamiento de constitucionalidad para la procedencia del amparo directo en revisión.

39. Este alto tribunal ha reconocido que existe una cuestión de constitucionalidad, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, cuando en el escrito de agravios se plantearon argumentos contra la indebida ponderación para resolver un supuesto conflicto entre dos derechos o bienes constitucionales, realizada por la autoridad responsable o el Tribunal Colegiado de conocimiento.(18)

40. Es decir, cuando la sentencia recurrida se sustentó en una ponderación entre derechos y valores en aparente conflicto, concluyéndose que en el caso debe prevalecer uno de ellos, expresa o implícitamente el órgano de amparo se basó en la interpretación directa de la normativa constitucional. Lo anterior es suficiente para satisfacer el requisito de procedencia de este recurso relativo a que subsista una cuestión propiamente constitucional, con independencia de que efectivamente se materialice dicho conflicto o que para resolver el problema jurídico planteado sea innecesario atender a la interpretación de los preceptos constitucionales respectivos.

41. Ello, pues el hecho de acudir a la interpretación de normas generales ordinarias para el análisis del supuesto conflicto entre derechos no debe considerarse como una condición que desnaturaliza el problema constitucional y lo convierte en una mera cuestión de legalidad. Además, la constatación de que el conflicto no existe, y que, por ende, sea necesario revocar las consideraciones que sustentan el análisis respectivo, es una conclusión propia del estudio de fondo del asunto.

42. En atención a lo anterior, esta Primera Sala considera que en el caso subsiste un planteamiento constitucional sobre la aparente ponderación realizada por el Tribunal Colegiado al interpretar el artículo 1084 del Código de Comercio y concluir que no se acreditaba algún supuesto para condenar en costas a la aseguradora.

43. En la demanda de amparo, la señora Persona quejosa indicó que el juez omitió condenar a la aseguradora al pago de gastos y costas en términos del artículo 1084, fracciones II y V, del Código de Comercio.(19) A su parecer, la demandada procedió con temeridad y mala fe al presentar documentos falsos e intentar excepciones y defensas improcedentes.

44. El Tribunal Colegiado calificó de ineficaces los argumentos en atención a un juicio de ponderación de valores sobre la procedencia de la condena en costas, a la luz del derecho de acceso a la justicia. Al respecto, el Tribunal Colegiado señaló:

[...] Esta postura es más acorde con el artículo 17 constitucional, porque este precepto no condiciona el acceso a la justicia al hecho de que quien acuda ante la autoridad jurisdiccional a dirimir una controversia obtenga una resolución favorable, esto es, el Constituyente no limitó tal garantía a aquellos sujetos que tuvieran la certeza ineludible de obtener un fallo próspero a su pretensión y mucho menos, que así quedara demostrado [...].

Por tanto, es patente la necesidad de una ponderación de valores en la interpretación de la legislación procesal, en lo atinente a las costas, puesto que por una parte no deben crearse circunstancias que desalienten a los gobernados a utilizar el servicio público de impartición de justicia, pero por otra parte debe sancionarse a quien hace mal uso de ese servicio.

Los criterios de temeridad y mala de que se valen los preceptos que regulan la condena en costas, constituyen criterios de regulación adecuados para proteger los referidos valores, puesto que su uso adecuado, en modo alguno obstaculiza el derecho de acudir a los órganos de impartición de justicia y, al mismo tiempo, dan una pauta para sancionar a quien hace mal uso de los beneficios de esa función.

45. En ese sentido, si la recurrente cuestionó el ejercicio de ponderación que realizó el órgano de amparo para analizar la procedencia de la condena en costas a la luz del derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ello implica una cuestión constitucional, por lo que se satisface el primer requisito de procedencia de este recurso.

46. Por otro lado, el asunto también reviste de un interés excepcional porque no existen precedentes en los que la Primera Sala se haya pronunciado sobre la condena de costas contemplada en el artículo 1084 del Código de Comercio, en un asunto en el que se alegue que una empresa aseguradora actuó con temeridad o mala fe en el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33435-4d2a2c2a/condena-en-costas-a-companias-aseguradoras-procede-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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