Corpus
Modo: Corpus Pro

COSTAS EN JUICIOS MERCANTILES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/98. · Registro digital (IUS): 5928
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 79.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, es conveniente transcribir en lo conducente las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la contradicción anunciada.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, al emitir resolución en fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio de amparo directo número 578/95, promovido por Ulises Chávez Vélez, por su propio derecho y como apoderado general de la sociedad denominada Multibanco Comermex, Sociedad Anónima, en lo conducente sustenta su criterio en los términos que a continuación se transcriben:

"V. Son infundados los conceptos de violación que aduce la sociedad denominada Multibanco Comermex, S.A., por conducto de su apoderado general Ulises Chávez Vélez, mismos que se analizan conjuntamente por la íntima relación que guardan las cuestiones en ellos comprendidas.-En efecto, por un lado, es inexacto que la Sala Civil responsable haya dejado en estado de indefensión a la parte actora por no haberle estudiado la contestación de los agravios en segunda instancia, ya que la materia de la sentencia que se pronuncia en grado de apelación se constriñe al análisis del fallo recurrido frente a los motivos de inconformidad expresados por el apelante como fundamento del recurso relativo, y no existe disposición legal alguna que obligue al tribunal de alzada a tomar en cuenta el escrito de contestación, como lo establece la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 102, visible en la página 174 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y tesis comunes, cuyo rubro es: ‘APELACIÓN, AGRAVIOS EN LA. TRIBUNAL DE ALZADA NO ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN.’. Y por el otro, no es verdad que la Sala Civil responsable viole en perjuicio de la sociedad quejosa sus garantías individuales, al estimar procedente el pago de gastos y costas que el demandado tuvo en la tramitación del juicio sustanciado en primera instancia ya que si bien el artículo 1082 del Código de Comercio, en que apoya su inconformidad la institución bancaria, establece que cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan, esto significa que en el momento que se produzcan durante la tramitación del juicio, corresponde absolverlas a quien dé lugar a las actuaciones que las motiven y es hasta que se dicte la sentencia en donde el juzgador, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 1084 del invocado código, debe, en caso de ser procedente, condenar al actor o demandado a resarcir a su contraparte de las erogaciones que hubiere tenido con motivo del juicio.-Es inexacto lo que afirma la impetrante del amparo de que la condena de gastos y costas del juicio tramitado en primera instancia es improcedente, porque en la especie no existió sentencia absolutoria o de condena, sino que se dejaron a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la forma correspondiente; debido a que el artículo 1084 del Código de Comercio, en su fracción III, prevé que el que fuera condenado en el juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable, deberá ser condenado a pagar costas, por lo que aun cuando no exista sentencia absolutoria o condenatoria, es procedente el pago de los gastos y costas al demandado y que se hayan originado en primera instancia, puesto que la institución bancaria intentó el juicio ejecutivo mercantil y no obtuvo sentencia favorable. Igual criterio se sostiene en la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en las páginas 346 y 347 del Tomo Precedentes del Semanario Judicial de la Federación que no han integrado Jurisprudencia 1969-1986, Cuarta Parte, Séptima Época, que reza: ‘COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA AL PAGO DE. PROCEDE EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.-La fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio establece que: «Siempre serán condenados (en costas): ... III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso, la condenación se hará en primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente: ... IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.». En ese orden de ideas, la parte que no obtiene sentencia favorable debe ser condenada al pago de las costas originadas en primera instancia en el juicio ejecutivo mercantil, porque de acuerdo con el numeral en cita en su fracción III, si en el juicio ejecutivo, el que lo intenta no obtiene sentencia favorable, debe ser condenado en las costas de primera instancia.’.-En torno a que el demandado, ahora tercero perjudicado, no recurrió dentro de la litis planteada, la vía que eligió el actor, por lo que la consintió, y que incluso al contestar la demanda no solicitó el pago de costas; debe decirse que esto en manera alguna libera a la parte actora del pago correspondiente a las costas de primera instancia, porque el derecho del demandado para obtenerlo no está regulado por el principio de instancia o de petición, en virtud de que el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, dispone que será condenado en costas el que intente el juicio ejecutivo mercantil si no obtiene sentencia favorable, razón por la que, aunque el demandado no haya formulado petición sobre costas, el Juez de oficio puede imponerlas, ya que aquél tiene derecho a cobrarlas por la sola circunstancia de que su contrario no obtuvo lo que pretendía. Tiene aplicación la tesis relacionada en décimo séptimo lugar con la jurisprudencia número 550, visible en las páginas 952 y 953 del Apéndice y parte que se consulta, que dice: ‘-Basta que el artículo 49 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, imponga las costas del procedimiento, para que, de oficio, puedan imponerse, aun sin necesidad de que se reclamen en la demanda ni en los agravios, pues el artículo 1084 del Código de Comercio dispone que la condenación en costas se hará cuando así lo disponga la ley, y en tal virtud debe aplicarse el artículo primeramente citado.’.-En consecuencia, procede negar a la sociedad quejosa el amparo solicitado.-VI. Es fundado el único concepto de violación que por su propio derecho expresa Ulises Chávez Vélez.-Aduce que incorrectamente la Sala del conocimiento lo condena a él como persona física, a pagar gastos y costas del juicio generadas en primera instancia y no a la persona moral, Multibanco Comermex, S.A., que es quien debe cubrirlas por ser la parte actora. Se estima correcto lo alegado por el solicitante del amparo Ulises Chávez Vélez, habida cuenta que es a la institución bancaria a la que corresponde cubrir el pago de gastos y costas del juicio de primera instancia, porque fue la contraparte del demandado y quien intentó el juicio ejecutivo mercantil, sin obtener sentencia favorable, y Ulises Chávez Vélez sólo actuó como su apoderado legal, por lo que a Multibanco Comermex, S.A., es a quien debe condenarse y no a la persona que representó sus intereses.-En las narradas circunstancias, procede conceder el amparo solicitado por Ulises Chávez Vélez, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia impugnada y dicte otra en la que estime que es a Multibanco Comermex, S.A., a quien compete el pago de costas de primera instancia, manteniendo firme la determinación de dejar a salvo los derechos de la parte actora para que los ejercite en la forma y vía que corresponda, así como la absolución al pago de gastos y costas de segunda instancia.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo que ordenan los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 34, 35 y 41 fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve: PRIMERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la sociedad denominada Multibanco Comermex, S.A., por conducto de su apoderado general Ulises Chávez Vélez, en contra del acto que reclama de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en la ciudad de Villahermosa, que se precisó en el resultando primero de esta sentencia.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Ulises Chávez Vélez, por su propio derecho, en contra del acto y autoridad especificados en el primer punto resolutivo. El amparo se concede para el efecto precisado en el considerando sexto del presente fallo.-TERCERO.-Notifíquese; con una copia certificada de esta resolución, devuélvanse los autos de primera y segunda instancia a la Sala Civil del mencionado tribunal; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido."

Acompañando además al respecto, copia de la tesis número X.1o.8 C, de la que proviene esta contradicción, con rubro y texto que a su letra dice:

"-El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio dispone que será condenado al pago de costas el que intente el juicio ejecutivo mercantil si no obtiene sentencia favorable, razón por la que, aunque no se haya formulado petición sobre costas, el Juez de oficio puede imponerlas, ya que aquél tiene derecho a cobrarlas por la sola circunstancia de que su contrario no obtuvo lo que pretendía."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, al fallar el siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, en el recurso de queja civil número 77/96, promovido por David Barbosa Maldonado, en su carácter de endosatario, apoderado y representante legal de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.-Los agravios formulados por la institución bancaria recurrente, son infundados a juicio de este Tribunal Colegiado.-El disconforme aduce que la Sala Civil colegiada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, al dictar la resolución de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada por este Tribunal Colegiado dentro del expediente de amparo directo número 441/95 civil en la sesión de pleno de 31 de enero de 1996, incurre en exceso en la ejecución, porque en la referida ejecutoria de amparo no se le ordena que dicte resolución condenando al pago de los gastos y costas judiciales, pues se limita a ordenar que dicte una nueva sentencia en la que diga que Banco Nacional de México, Sociedad Anónima y el licenciado David Barbosa Maldonado no están legitimados ad causam para ejercitar la acción cambiaria directa, mas no le ordena que condene a gastos y costas judiciales, como lo hace en la nueva sentencia que combate; que además de realizar lo ordenado por el Tribunal Colegiado ejecutó y ordenó otros actos que no le obliga la sentencia de amparo y tampoco son efecto inmediato de lo deducido en dicha sentencia, y que tampoco se le dio plena jurisdicción para que dictara una nueva resolución, con lo que se viola el artículo 1084 del Código de Comercio, el 20 del Código Civil y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; invoca las tesis de rubros: ‘SENTENCIAS DE AMPARO, EXCESO DE EJECUCIÓN DE LAS.’ y ‘QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO.’.-Al respecto, cabe decir que el agravio es infundado, puesto que si bien es verdad que en la ejecutoria que menciona, este Tribunal Colegiado concretamente, dijo: ‘Así las cosas, al advertir que en perjuicio de los quejosos se vulneran los derechos subjetivos públicos de seguridad jurídica y legalidad consagrados por los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, así como la normatividad jurídica objetiva y adjetiva de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Código de Comercio, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia impugnada, dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria considere que el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, y por consiguiente el licenciado David Barbosa Maldonado en su carácter de endosatario en procuración, no están legitimados ad causam para ejercitar la acción cambiaria directa con apoyo en los ciento ocho títulos de crédito-pagarés que acompañaron a su escrito inicial de demanda (expediente 1719/1992), y absuelvan a los demandados de la acción cambiaria directa ejercitada en su contra.’, también lo es que en la sentencia de amparo no es necesario precisar el alcance de la misma, sino que éste se obtiene atendiendo a los efectos y consecuencias de lo en ella decidido que a la vez sean consecuencia inmediata de lo previsto en la norma jurídica aplicable, de manera que si en el caso se ordena dejar insubsistente la sentencia de segunda instancia y dictar otra en la que se considerara que la parte actora no estaba legitimada en la causa para ejercitar la acción cambiaria directa y absolviera a los demandados de dicha acción ejercitada en su contra, es claro que lo procedente era, como lo hizo la responsable, determinar dejar insubsistente la sentencia por ella dictada el 30 de mayo de 1995 y revocar la de primera instancia que condenó y con motivo de ello, aplicar el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues la absolución de los demandados trae como consecuencia y efecto inmediato la aplicación de dicho precepto legal; dicho de otra manera, aun cuando no se haya delimitado o dejado libertad de jurisdicción, si no se tocó este aspecto en la ejecutoria, la autoridad responsable estaba obligada a resolver sobre las costas conforme al precepto legal mencionado; alcance que tiene la sentencia de amparo en términos del artículo 80 de la ley de la materia que consiste en restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo como en la especie, de ahí que resulte aplicable la tesis del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada con el número XXVII/90 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 33 de septiembre de 1990, página 60, que dice: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. EN RIGOR TÉCNICO NO EXISTE OBLIGACIÓN DE SEÑALAR EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO.-Es inexacto que los fallos dictados en el juicio de amparo por los cuales se concede la protección de la Justicia Federal, deban señalar, necesariamente, el efecto para el que se otorga, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 y 77, fracción III, de la Ley de Amparo, en esa hipótesis la sentencia de amparo, se debe ocupar de la persona que promueva el juicio, precisando claramente los actos y las autoridades respecto de los cuales se otorga la protección constitucional, pero no establecen la obligación de señalar el efecto que deba tener; lo que puede hacerse cuando sea conveniente para la correcta interpretación de la ejecutoria.’.-Lo anterior es así, por cuanto que del contenido del artículo 1084 del Código de Comercio, que dice: ‘La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.-Siempre serán condenados: I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.’, se derivan dos situaciones a saber: a) Que la condenación en costas es obligatoria hacerla, cuando lo prevenga la ley, y b) Cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe, es decir, se faculta al juzgador para apreciar y calificar la temeridad o la mala fe, usando su prudente arbitrio, y para ello deben tomarse en cuenta el conjunto de circunstancias que concurren en el evento judicial.-Las hipótesis contenidas en las dos primeras fracciones se refieren a la facultad aludida en el inciso b) del párrafo que antecede y, el contenido de la fracción III, a la vez se subdivide en tres supuestos jurídicos en los que el juzgador tiene la obligación de condenar al pago de las costas, cuando alguno de ellos se actualiza en la realidad y así, se tiene que: 1. Se condenará al pago de las costas a la parte que fuese condenada en juicio ejecutivo; 2. Al que intente el juicio ejecutivo y no obtenga sentencia favorable, en cuyo caso la condenación se hará en la primera instancia, y 3. En la segunda instancia habrá condena, siempre que la parte fuere condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva; en tal caso no se tomará en cuenta la declaración sobre costas y comprenderá las costas de ambas instancias.-Lo anterior significa, que separa, en qué caso se hará condenación en la primera instancia y el enunciado ‘observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente’, enfatiza que se refiere a la segunda instancia, no a la segunda hipótesis a que se hace referencia o sea, para el caso de que el que intente juicio ejecutivo y no obtenga sentencia favorable.-Ahora bien, si por recurso se entiende el medio de defensa que tiene por objeto que un tribunal superior revise la actuación del inferior y puede modificarlo o revocarlo, que se está en presencia del mismo conflicto establecido respecto de las mismas partes y debe ser fallado con base en la misma ley que debió regir la apreciación del inferior y que recurso es un volver a dar curso al conflicto y, dado que en el sistema procesal vigente en el país, no existe reenvío, el tribunal de apelación debe examinar y resolver con plenitud de jurisdicción las cuestiones omitidas o bien erróneamente consideradas en la sentencia apelada y, tales violaciones deben corregirlas por sí mismo, es incontrovertible que si en primer término estimó correctos los razonamientos que sustentaron el fallo de primer grado y que, con motivo de la ejecutoria de amparo que protegió a los demandados-quejosos para que se estimara que los actores en el juicio natural no estaban legitimados ad causam para deducir la acción cambiaria directa, debe corregir tal razonamiento y con motivo de la jurisdicción con que cuenta, revocar la sentencia de primer grado para absolver a los demandados, es indudable que procede aplicar el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, e imperativamente condenar en costas de primera instancia, por cuanto que el que intentó el juicio ejecutivo ejercitando la acción cambiaria directa sin estar legitimado en la causa, no obtuvo, es obvio que deberá dictarse sentencia absolutoria y es forzosa la condena en costas, pues ello no está sujeto al arbitrio del Juez como en los casos en que pudiera existir temeridad o mala fe, amén que el principio subyacente y la finalidad de las costas de juicio, es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado a contender ante el órgano jurisdiccional, de las erogaciones en que haya incurrido por razón del proceso y deben, en el caso, quedar a cargo de la parte actora por revocarse la sentencia condenatoria de primer grado y absolver a los demandados, pues la presentación del juicio ejecutivo mercantil ocasionó gastos injustificados por el desarrollo del juicio hasta la revocación de la sentencia condenatoria y la afectación de su patrimonio ocasionada por el requerimiento de pago, y en su caso el embargo de sus bienes.-Por otra parte, este Tribunal Colegiado estima que lo dispuesto por el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, no prevé una facultad exclusiva de los Jueces de primera instancia para imponer la condena en costas y que, el tribunal de apelación no esté capacitado legalmente para imponer al demandado la condena en costas de primera instancia, dada la sustitución que jurisdiccionalmente asume el tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación, atento a lo previsto por los artículos 1336 y 1337, fracciones I y II del citado Código de Comercio, que dicen: ‘Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque la sentencia del inferior.’.-‘Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio; II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no haya conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas.’.-Es aplicable por razón de la materia que informa y las consideraciones lógico-jurídicas que la sustentan, así como por el principio general de derecho consistente en que donde existe la misma razón, hay el mismo derecho, la tesis de jurisprudencia número 12/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Tercera Sala, Primera Parte, Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, páginas 741 y 742, al resolver la contradicción de tesis 11/89 entre las sustentadas por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: ‘COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE ACTORA SI SE REVOCA EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA.-El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio establece la condenación forzosa en costas para «el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...». Ahora bien, si se declara fundada la apelación interpuesta contra el auto que admite la demanda en un juicio ejecutivo mercantil, revocándose dicho proveído y emitiéndose el desechamiento de la misma, debe considerarse que procede condenar a la parte actora al pago de las costas del juicio por surtirse la hipótesis de condenación forzosa citada, pues en ella se alude al hecho de no obtener sentencia favorable, lo que no necesariamente presupone la existencia de una sentencia desfavorable, sino exclusivamente la finalización del juicio sin que la parte actora haya obtenido sus pretensiones, lo que sucede en el caso de la revocación del auto admisorio de la demanda. Para llegar a esta conclusión debe tenerse en cuenta que la fracción citada es aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles, en los que, de conformidad con el artículo 1392 del Código de Comercio, desde el auto admisorio de demanda deberá requerirse de pago al deudor y, en caso de no hacerlo, deberán embargársele bienes suficientes para cubrir la deuda y costas, efectos estos que se surten aun cuando contra dicho auto se interponga recurso de apelación pues éste sólo es admisible en el efecto devolutivo de acuerdo con el artículo 1339 del citado ordenamiento. Consecuentemente, si la finalidad de las costas de juicio es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal de las erogaciones en que haya incurrido por razón del proceso, éstas deben quedar a cargo de la parte actora cuando se revoca el auto admisorio de demanda de un juicio ejecutivo mercantil por haber presentado una demanda improcedente que ocasionó gastos injustificados a cargo de la parte demandada por el desarrollo del juicio hasta la revocación de tal auto y la afectación a su patrimonio ocasionada por el requerimiento de pago y, en su caso, el embargo de sus bienes.’.-Asimismo, se estiman puntualmente aplicables las tesis de la misma Tercera Sala publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVII y Tomo CXXI, páginas 1053 y 2204, que dicen: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL.-El artículo 1084 del Código de Comercio ordena en su fracción III, que siempre será condenado en costas el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente, si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, aunque la sentencia de primera instancia haya sido favorable al actor, si la misma fue sustituida por la de segunda que la revocó, declarando improcedente la vía, de esto se advierte que, en definitiva, el actor no obtuvo sentencia favorable, por lo que debió condenársele a las costas de primera instancia, y no así a las de segunda, por no ser el caso de la fracción IV del citado precepto.’.-‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL (APELACIÓN).-No es cierto que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, sea facultad exclusiva de los Jueces de primera instancia imponer la condena en costas ni que el tribunal de apelación no esté capacitado legalmente para imponer al demandado la condena en costas de primera instancia. La capacidad del tribunal de alzada para sustituirse al inferior e imponer la condena en costas de primera instancia, se la da expresamente la ley, pues los artículos 1336 y 1337, fracción II, del Código de Comercio, prescriben que: «se llama apelación al recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque la sentencia del inferior», y que «pueden apelar de una sentencia ... el vencedor que ... no ha conseguido el pago de las costas»; y es evidente que si la modificación hecha por la Sala responsable de la sentencia del inferior, respecto de las costas, se apoyó en el recurso de apelación que en su contra interpuso la parte actora por no haber obtenido en dicha resolución la condena en costas en contra del demandado, siendo que tal condena debió imponerse forzosamente, en los términos del artículo 1084, fracción III, citado, dicha modificación fue legal.’.-Así las cosas, devienen inaplicables las tesis que invoca el recurrente de rubros: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. NO DEBE CONDENARSE AL PAGO DE LAS, AL ACTOR QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO ÉSTA SE REVOQUE Y SE DECLARE IMPROCEDENTE LA VÍA.’ y ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL, POR CUANTO QUE ALUDEN A LA CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS.’.-Igual resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 29/96 formada con motivo de la contradicción de tesis 11/96 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, resuelta en la sesión de 27 de noviembre de 1996 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según copia certificada que de la misma se hizo llegar a este tribunal, que dice: ‘COSTAS. PROCEDE LA CONDENA DE, EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA EL QUE OBTIENE RESULTADO ADVERSO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.-Cuando a causa de la apelación interpuesta por el demandado se revoca la sentencia condenatoria del a quo y se absuelve de la acción ejecutiva mercantil ejercitada en contra de aquél, procede la condenación en costas del accionante solamente por la primera instancia, en virtud de que se surte la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, que determina la condenación forzosa en costas para «el que fuere condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...», sin importar que no fuere el actor condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, pues tal circunstancia únicamente se debe observar para la segunda instancia, conforme lo dispone la fracción IV del invocado precepto, que en la especie, se traduce, que al no actualizarse dicho requisito, implica que no pueda condenarse al perdedor del conflicto por las costas de la segunda instancia.’.-En mérito de las relatadas circunstancias, al no advertir que en perjuicio del quejoso se violaran los preceptos legales que invoca, procede declarar infundados los agravios formulados y por consiguiente la queja.-Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 107 constitucional, 95, fracción XI y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja, interpuesto por el licenciado David Barbosa Maldonado, en su carácter de endosatario, apoderado y representante legal de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en contra de la resolución de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Sala Civil colegiada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad capital del mismo nombre, dentro de los autos del toca de apelación número 46CC/95."

Este criterio se encuentra contenido en la tesis número VIII.2o.30 C, con rubro y texto que es del tenor literal siguiente:

"COSTAS. CASO EN QUE LA CONDENA NO CONSTITUYE EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.-Si en la ejecutoria de amparo se ordenó dejar insubsistente la sentencia de segunda instancia y que se dictara otra en la que se considerara que la parte actora no estaba legitimada en la causa para ejercitar la acción cambiaria directa y absolviera a los demandados de dicha acción ejercitada en su contra, aun cuando no se haya delimitado o dejado plenitud de jurisdicción a la responsable, es claro que lo procedente era declarar insubsistente la sentencia por ella dictada y revocar la de primera instancia. Ahora bien, si con motivo de la jurisdicción con que cuenta, al revocar la sentencia de primer grado y absolver a los demandados, determina que procede la aplicación del artículo 1084, fracción III, del Códi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5928-082ab529/costas-en-juicios-mercantiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.