INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/98-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 138/98, promovido por ... por sí y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ... consideró lo siguiente:
"III. Son fundados los agravios aducidos. Los actos reclamados, según lo expone la parte quejosa en su demanda de garantías, consisten en el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil número 953/93, seguido ante el Juzgado Décimo de lo Civil del Estado de Nuevo León, con residencia en la capital de dicha entidad federativa, sobre el bien inmueble identificado como lote número ... de la antigua hacienda El Limón, ubicado en Tamuín, San Luis Potosí, con una superficie de 75-00-00 hectáreas; el remate del citado bien raíz, su adjudicación en almoneda pública y su entrega a la parte tercero perjudicada. El Juez Tercero de Distrito en el Estado sobreseyó en el juicio, por estimar que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró con las pruebas que ofreció su carácter de propietaria o poseedora del bien inmueble objeto del embargo verificado en el juicio mercantil de origen y, por ende, no comprobó la afectación de su interés jurídico. Que si bien la solicitante del amparo aportó la documental consistente en el contrato privado de compraventa, celebrado el tres de julio de mil novecientos noventa y tres, entre ... como vendedores, y por ... y la quejosa ... como compradores, respecto del bien materia del embargo reclamado; dicha documental era insuficiente por sí sola para justificar el interés de la parte quejosa para promover el juicio constitucional, por no encontrarse corroborada con ningún otro elemento probatorio; sin que fuera obstáculo para así estimarlo que el documento no hubiera sido objetado, ni la manifestación de la quejosa en el sentido de que ... ya había fallecido, porque a juicio del a quo, ello no bastaba para otorgarle valor probatorio al mencionado contrato, pues éste debió adminicularse con otras pruebas que corroboraran la posesión o propiedad del inmueble en cuestión, para tener la certeza de que los actos de autoridad reclamados afectaban el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicho interés debe demostrarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. La parte recurrente aduce, en esencia, que le causa perjuicio la sentencia recurrida porque, en su concepto, contrariamente a lo argumentado por el Juez de Distrito la prueba documental privada que aportó en autos del juicio de amparo es suficiente para comprobar la operación de compraventa celebrada respecto del bien inmueble que ahí se describe; que dicho documento debe considerarse de fecha cierta, no obstante que el traslado de dominio no conste en escritura pública, ya que la ausencia de esta solemnidad no acarrea la nulidad del contrato ni impide que produzca sus efectos, pues la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido respecto de la cosa y el precio, por lo que debe tenerse dicho contrato como un documento de fecha cierta, ya que falleció uno de los compradores del bien inmueble, como se demostró durante el procedimiento; por tanto, quedó demostrado que el bien embargado en el juicio de origen salió del patrimonio del deudor con fecha anterior a la del embargo; la parte recurrente invoca en apoyo de sus argumentos el criterio sustentado por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis cuyo rubro dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’; que, por tanto, el embargo reclamado sí afecta la esfera jurídica de la parte recurrente al lesionarse los derechos que le asisten en su carácter de representante legal de la sucesión a bienes de ... así como en su propio perjuicio, como compradora, también del bien raíz embargado en el juicio natural. Son fundados, como ya se dijo, los agravios precedentemente sintetizados. En efecto, como lo aduce la quejosa, ahora recurrente, la prueba documental que rindió para demostrar la afectación de su interés jurídico, consistente en el contrato privado de compraventa, celebrado el tres de julio de mil novecientos noventa y tres, entre los señores ... como vendedores, y por Pedro ... como compradores, respecto de un predio rústico identificado como lote número ... de la Antigua Hacienda El Limón, ubicado en el Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, con una superficie de 75-00-00 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: ‘partiendo de un punto a 535.00 metros del eje de la vía del Ferrocarril de San Luis Potosí a Tampico y perpendicularmente a dicha línea con rumbo noreste está situado el primer lado del paralelogramo con longitud de 1500.00 metros, colindando en quinientos metros sucesivamente con las propiedades de los señores ... lote número ... lote número ... y ... lote número ... perpendicularmente al anterior lado, rumbo a 57º 40’ noreste y sigue el segundo lado que tiene una longitud de 5000.00 metros, colindando con el lote número ... propiedad del señor ... el tercer lado normal anterior, con longitud de 1500.00 mil quinientos metros rumbo de 32°20’ sureste, limita en mil metros con lote número ... propiedad del señor ... y en los quinientos metros restantes con terrenos del señor ... El cuarto lado con longitud de 500.00 quinientos metros perpendicular al anterior y rumbo de 47°40’ suroeste, limita con terrenos del ingeniero ...’. Este documento es eficaz para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa para promover el juicio constitucional por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya que se trata de un documento privado acorde a lo previsto en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. de ésta; documento que de conformidad con lo establecido por el artículo 205 del invocado Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene valor probatorio pleno en virtud de no haber sido objetado dentro del término señalado por el artículo 142 del cuerpo de leyes en cita; teniendo, además, el documento privado de referencia el carácter de documento privado de fecha cierta, por la circunstancia del fallecimiento de ... uno de los contratantes que intervino como comprador, según quedó acreditado con la copia certificada del acta de defunción correspondiente (foja 7), deceso que ocurrió el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, es decir, en una fecha anterior a aqurlla en la cual se trabó embargo sobre el bien inmueble objeto del contrato de compraventa, tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, atendiendo al criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece contenido en la tesis publicada en la página 697, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, letras de la D a la O, del Apéndice correspondiente a los años de 1917 a 1988, al Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’. Sin que la circunstancia de que tal contrato privado de compraventa se hubiese celebrado sin la intervención de un fedatario público, afecte su valor probatorio para acreditar la afectación del interés jurídico por parte de la recurrente, habida cuenta de que la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas tesis jurisprudenciales, ha sostenido el criterio de que el contrato de compraventa queda perfeccionado con el consentimiento de las partes respecto del precio y la cosa, y al cual quedan obligados los contratantes aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho, y sin que la falta de escritura pública ante notario exigida por la ley respecto a la compraventa de bienes inmuebles, tenga como consecuencia la nulidad absoluta del contrato, ni impida que éste produzca sus efectos, por no ser la forma un elemento de constitución en la compraventa, por lo que demostrado el derecho de propiedad por parte de la quejosa, aquí recurrente, con la prueba documental privada de referencia, y la violación al citado derecho protegido en el artículo 14 constitucional, en virtud del embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (fojas 87 y 88), sobre el bien inmueble materia del citado contrato de compraventa; teniendo la quejosa el carácter de tercera extraña al procedimiento de origen, dado que éste se sigue ante el Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por ... en su carácter de apoderado de Fianzas México, S.A., en contra de ... es de concluirse que no opera, en el caso, la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, como lo alega la recurrente, atendiendo a que ésta acreditó su interés jurídico para promover el juicio de garantías. Por tanto, procede revocar el fallo recurrido y entrar al estudio de los conceptos de violación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 18/94, relativo al juicio de amparo 1662/93, estimó en su parte considerativa lo siguiente:
"TERCERO. Son infundados los agravios antes transcritos. El recurrente sostiene que sí demostró su interés jurídico, pues éste consiste en la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos de propiedad o de posesión conculcados; y que, en la especie, acreditó la propiedad sobre el inmueble en cuestión con la documental privada que exhibió con su escrito de demanda de garantías, justificando, además, su posesión con los originales de los contratos de arrendamiento que ofreció y con las constancias del juicio de usucapión que promovió contra la sucesión que designó como tercero perjudicado respecto del inmueble controvertido. Al respecto, debe indicarse que es cierto que en el recibo aportado como documental privada a la demanda de garantías se hace constar una compraventa entre ... (autora de la sucesión nombrada tercera perjudicada), en su calidad de vendedora, con el hoy recurrente, en su calidad de comprador, respecto de una fracción del inmueble ubicado en la calle ... de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, y también cierto es que dicha documental no fue objetada. Sin embargo, ello no quiere decir que la misma tenga pleno valor de conformidad con el artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En efecto, no debe pasarse por alto que en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa en este ordenamiento se debe estar a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, la citada ley procesal civil del Estado de Tlaxcala no puede aplicarse supletoriamente al cuerpo legal reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Y aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicación respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario público para que puedan surtir efectos contra terceros. Ciertamente, lo anterior y lo dispuesto por los artículos 1850, 1560 y 1562 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, así como la jurisprudencia invocada por el recurrente, que reza que el contrato de compraventa ‘se perfecciona por el consentimiento de las partes respecto del precio y la cosa’, sólo tiene aplicación entre las partes en un juicio donde se dilucidan derechos de propiedad, mas no surte efectos en relación con personas ajenas, ya que la única forma de justificar la propiedad de un inmueble frente a terceros es mediante el instrumento notarial en que se haga constar el acto traslativo de dominio (como en el caso concreto la compraventa), al tenor del artículo 1934 del código en cita. No es obstáculo para la anterior consideración que en la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito a quo, cuyo rubro dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.’, se haga alusión a que un documento privado tiene fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes; criterio que también comparte este Tribunal Colegiado. Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto que de las copias certificadas remitidas por el Juez responsable, y que tienen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al tenor del numeral 2o. de la ley de la materia, se aprecia el acta de defunción de quien en vida llevó el nombre de ... misma que dejó de existir el diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y tres; como quiera que sea la referida documental privada que anexó con su demanda de garantías el quejoso, por sí misma carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la única forma de demostrar la propiedad de un inmueble en virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, según se precisó anteriormente, de todos modos aquel documento no se corrobora con algún otro dato. Para así estimarlo, debe indicarse que en dicha documental se asienta lo siguiente: ‘bueno por: $50,000.00. Recibí del señor ... la cantidad de (cincuenta mil pesos, cero centavos) $50,000.00 como precio de la venta que le hago de una parte de mi casa de la calle ... de la ciudad de Tlaxcala, Tlax., con las medidas y colindancias siguientes: ... Le doy desde luego la posesión de la parte que le vendo y le hago entrega de los documentos de mi casa. Comprometiéndome a firmarle sus escrituras tan luego me lo solicite. Tlaxcala, Tlax., a 21 de enero de 1968.’. Es decir, en ese recibo se especifica que la operación es por una fracción o parte del inmueble ubicado en la calle ... de Tlaxcala, Tlaxcala, mas no por todo el inmueble. Por lo mismo fue menester que el quejoso ofreciera la pericial u otra probanza para acreditar que efectivamente el bien a que se hace referencia en aquel documento es el mismo a que se refiere el auto reclamado de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, y de esta forma tener plena certeza que el acto de autoridad afecta el interés jurídico de la hoy recurrente, ya que éste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 106, sustentada por este Tribunal Colegiado, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones.’. Además, de conformidad con los documentos que exhibió el propio quejoso con su demanda de garantías, se acredita que éste admite no ser propietario del inmueble en cuestión, lo anterior, en virtud que en el mismo escrito en que promovió juicio en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de ... expresamente señaló que demandaba la usucapión ‘para poder adquirir la propiedad a su favor’, entre otros lotes, de aquel en donde se localiza el bien controvertido (foja ocho). En otras palabras, reconoce que dicho inmueble no es de su propiedad. En contra de lo aseverado por el recurrente debe indicarse que, no obstante que la copia de su escrito de once de enero de mil novecientos noventa y tres, la copia al carbón que como instructivo de notificación dejó el diligenciario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, respecto del auto de veinte de enero de ese año, su escrito de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y la copia al carbón del proveído de veintiocho de septiembre del citado año, que como instructivo de notificación también dejó el diligenciario, aparezcan con el sello de dicho juzgado, tal circunstancia no les da el carácter de documentales públicas, en virtud de que no se encuentran certificadas por el secretario del juzgado correspondiente, quien es el autorizado para dar fe de las mismas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 700, visible en la página mil ciento sesenta y seis del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, que dice: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.’. A pesar de ello, el primero y segundo de los referidos documentos, así como la copia del auto de uno de junio de mil novecientos noventa y tres, aparecen entre las constancias que remitió la autoridad responsable y que, por ende, éstas gozan de pleno valor, así como las restantes documentales mencionadas también tienen eficacia probatoria. Pero de cualquier modo resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, pues con ellos únicamente se justifica la actividad procesal que ha desempeñado el hoy recurrente, es decir, que denunció la sucesión a bienes de ... que demandó a esta sucesión la usucapión del inmueble en cuestión; que sobre tales escritos recayeron acuerdos admisorios, y que en dicho juicio hereditario se reconocieron derechos a ... ambos de apellidos ... y se nombró albacea provisional al primero de ellos; sin embargo, no acreditan el interés jurídico de ... por no existir resolución judicial que ampare la propiedad o posesión de éste respecto del bien controvertido. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por este órgano colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 341/89 y 190/87, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. El interés jurídico no deduce del solo ofrecimiento de pruebas, sino requiere la demostración aunque sea de manera presuntiva, de que los actos reclamados de alguna forma causan perjuicio a la parte quejosa; es decir, que el interés jurídico no se infiere de la actividad procesal del afectado, sino de las pruebas que tiendan a su demostración.’. Por último, debe indicarse que los documentos relativos a los contratos de arrendamiento tampoco demuestran la posesión del bien en cuestión, ni mucho menos la propiedad en favor del quejoso y, por ende, su interés jurídico, porque la prueba idónea para acreditar la posesión lo es la testimonial. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 1359, consultable en la página dos mil ciento noventa y uno del Apéndice y parte antes precisados, y la jurisprudencia número 103 de este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen: ‘POSESIÓN. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La Segunda Sala sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la idónea para acreditar el hecho de la posesión; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesión del predio a que se refiere la demanda de garantías, en forma pública, pacífica, continua, en nombre propio y a título de dueños, por un lapso no menor de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de dotación; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesión, con las características indicadas, del predio aludido.’ y ‘POSESIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO ES IDÓNEO PARA ACREDITARLA. El contrato de arrendamiento sólo demuestra la celebración de ese convenio, pero no es prueba idónea para acreditar la posesión; pues para ello se debe justificar la tenencia material del inmueble. Lo que no se logra con ese documento y en todo caso, para lograr tal fin, se debe corroborar con una testimonial.’. Y, por otra parte, porque tales documentos no pueden servir de base para considerar propietario del bien arrendado al que lo otorga en carácter de arrendador. El recurrente asegura que los originales de los contratos de arrendamiento justifican su calidad de arrendador y, por ende, su legitimación, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: ‘ARRENDAMIENTO, LEGITIMACIÓN DEL ARRENDADOR.’. Sobre el particular, cabe establecer que el sentido de esa jurisprudencia, que también comparte este Tribunal Colegiado, es aplicable exclusivamente en aquellos juicios de arrendamiento donde una de las partes controvierte la legitimación del arrendador para ejercitar alguna acción derivada de ese contrato; sobre lo cual, ese Alto Tribunal y este órgano colegiado han considerado que la calidad del arrendador dimana del contrato relativo, por lo que quien se ostenta arrendador en juicio (de arrendamiento) se legitima con el simple contrato, sin necesidad de acreditar la propiedad sobre el inmueble en cuestión. Sin embargo, esa tesis jurisprudencial es inaplicable en casos como el de la especie, que en virtud de ese contrato pretende hacerse derivar la calidad de dueño del bien dado en arrendamiento. En conclusión, en virtud de que el quejoso se ostentó como propietario del bien controvertido y no acreditó tal extremo, resulta claro que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción V artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer el juicio de garantías, como bien lo hizo el Juez de Distrito a quo. Al caso tiene aplicación la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo número 242/89, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. FALTA DE. Si los quejosos ocurrieron en demanda de amparo ostentándose como arrendatarios de un local y propietarios del negocio en él establecido, y no acreditan ninguno de dichos caracteres, surge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción V de la Ley de Amparo, pues es claro que los actos reclamados no afectan sus intereses jurídicos en razón de que no acreditaron el hecho de la posesión ni el derecho de propiedad legalmente tutelados.’. Las anteriores consideraciones conducen a confirmar la sentencia que se revisa."
A su vez, el mismo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el toca 188/95, relativo al juicio de amparo número 245/95, sostuvo:
"SEXTO. Son sustancialmente fundados los agravios aducidos por las autoridades responsables ordenadoras, presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y síndico municipal, en representación del Ayuntamiento, todos del Municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En efecto, las referidas recurrentes aducen que, en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual debió haber examinado la Juez de Distrito a quo, aun de oficio, por ser esa una cuestión de orden público en el juicio de garantías. Para una mejor comprensión del asunto resulta conveniente precisar que, en la demanda de garantías, el quejoso ... reclamó de las autoridades responsables, ahora inconformes, el acuerdo o instrucciones dictadas para impedirle de cualquier forma que continúe realizando la actividad de tianguista en el lugar denominado ‘Placita El Moralillo’, de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y la posible desposesión de dicho inmueble de su propiedad; igualmente, que a su referida demanda el amparista acompañó un recibo provisional de dinero por quinientos nuevos pesos, de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el que se hizo constar que ... recibieron del amparista ... la cantidad de dinero antes mencionada como pago a cuenta de la compraventa de un terreno rústico ubicado en el lugar conocido como ‘Placita El Moralillo’, perteneciente a la fracción oriente de las que se dividió la exhacienda de ‘Mesa Quintero’, propiedad de quienes recibieron los quinientos nuevos pesos; que dicho terreno no tiene una superficie de una hectárea; que el monto total de la operación es de mil doscientos nuevos pesos; y, que el comprador conoce la situación jurídica del terreno, autorizándole a éste a tomar posesión inmediata del mismo (foja 7), y copia certificada de la minuta de contrato privado de compraventa a plazos con reserva de dominio, celebrado el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco por ... como vendedor y ... como compradores, respecto de una fracción de terreno que se segrega del predio denominado ‘Mesa Quintero’, ubicado en el Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, advirtiéndose en la cláusula séptima del mismo, lo siguiente: ‘Séptima. Expresamente pactan los señores ... compradores con el señor ... vendedor, que los derechos del presente contrato no los podrán ceder, enajenar ni gravar en forma alguna, debiendo recabar el permiso previo y por escrito del señor ... vendedor, para que pueda hacer la cesión a que se refiere en esta cláusula, sin perjuicio de que los adquirentes puedan usar, disfrutar y, por tanto, arrendar el predio durante la vigencia del plazo concedido para el pago.’, plazo que fue fijado en noventa días, según se puede ver en la cláusula segunda del contrato privado de que se trata. Por otra parte, cabe destacar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto de autoridad violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho subjetivo público protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 87 de este Tribunal Colegiado, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es: una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.’. Precisado lo anterior, como bien lo argumentan las autoridades responsables recurrentes, es evidente que, en la especie, el amparista no demostró el interés jurídico que le asiste para promover el presente juicio de garantías; esto es así pues, en primer lugar, el quejoso no acreditó que en realidad se dedique a la actividad de tianguista en el lugar denominado ‘Placita El Moralillo’, pues ninguna prueba aportó para ello, siendo menester indicar que no basta que el solicitante de amparo haya manifestado en su demanda que efectivamente se dedique a dicha actividad, sino que es indispensable que hubiese demostrado fehacientemente su afirmación en tal sentido, asimismo, que contaba con la licencia o autorización respectiva, expedida por la autoridad competente; de manera que no demostrados estos extremos con elemento de convicción alguno, es incuestionable que el acuerdo o instrucciones que reclama no lesionan su esfera jurídica. Y, en segundo lugar, por cuanto ve al diverso acto reclamado consistente en la desposesión del predio de su propiedad, es de indicarse que con las pruebas que exhibió, y a las cuales ya se hizo alusión, no demuestra que el predio rústico ubicado en el lugar conocido como ‘Placita El Moralillo’, de Tepexi de Rodríguez, Puebla, sea de su propiedad, ni que hubiese estado en posesión del mismo, pues el recibo provisional que le extendieron ... sólo acredita que éstos recibieron del quejoso la cantidad de quinientos nuevos pesos como pago a cuenta de la compraventa del referido terreno, pero de ninguna manera que mediante tal entrega de dinero se haya formalizado compraventa alguna, pues para ello era indispensable que se exhibiera la escritura notarial correspondiente, y aun en el supuesto de que pudiera concedérsele validez a dicho recibo provisional y a la minuta de compraventa que también se exhibió, y se admitiera que el predio al cual alude sea el inmueble a que se refiere aquél, debe destacarse que en este último documento de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco, se estipuló entre las partes que los compradores, que son quienes suscribieron el multicitado recibo provisional, de ninguna manera podían enajenar el predio materia de dicho contrato hasta en tanto se cubriera el costo total del mismo en el plazo convenido para ello (noventa días), de donde se sigue, que al no probarse que se hubiese cubierto el monto total del mencionado contrato privado de compraventa, quienes recibieron del quejoso los quinientos nuevos pesos como pago a cuenta no podían vender el mencionado terreno; siendo pertinente subrayar que la única forma de acreditar la propiedad de un inmueble adquirido por compraventa, lo es mediante el instrumento notarial respectivo; y en cuanto a la posesión, la prueba idónea para demostrarla lo es la testimonial, misma que no fue ofrecida por el quejoso en el juicio de garantías; de tal manera que, en la especie, no podía tenerse plena certeza de que los actos reclamados afectan el interés jurídico del quejoso, ya que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17653-eab79564/interes-juridico-el-contrato-privado-de-compraventa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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