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Modo: Corpus Pro

SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL EJIDATARIO FORMULADA EN TESTAMENTO NOTARIAL ES SUSCEPTIBLE DE REVOCAR O MODIFICAR LA LISTA DE SUCESIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL HECHA CON ANTERIORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/98. · Registro digital (IUS): 6256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, , Pág. 232.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Como se observa de autos, consta que con fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, al resolver el amparo directo administrativo 267/98, promovido por Abel Osti Vanzini, resolvió negar el amparo al quejoso contra el acto que se hizo consistir en la sentencia dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto, lo anterior con apoyo en las siguientes consideraciones:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación hechos valer, como a continuación se demostrará.-En la sentencia reclamada se sostiene, en esencia, que es improcedente la acción intentada por Abel Osti Vancini, aquí quejoso, porque obran en los autos el certificado de derechos agrarios número 1850772, en el que el titular de dichos derechos agrarios, Alfredo Vancini (o Vanzini) Medrano, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Agraria, registró como sucesores, en orden preferente, a su esposa Trinidad Zárate de Vancini, y a su hijo Roberto Vancini Zárate como sucesor en segundo lugar, así como la constancia expedida por la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de fecha diez de enero de 1996, mediante la cual se hizo constar la vigencia de la lista de sucesores citada. Asimismo, el Magistrado responsable sostuvo que es ineficaz para acreditar los extremos que pretende el hoy quejoso, el testimonio notarial de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y tres, levantado ante la fe del notario público número uno con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual el de cujus Alfredo Vanzini Medrano lo instituyó como único y universal heredero de todos sus bienes, objetos y demás que le pertenecieran hasta el momento de su fallecimiento, argumentando que dicho documento sólo ampara los bienes y derechos a que se contrae la legislación civil del Estado, sin que en ellos se encuentren comprendidos los de carácter agrario; además de que en el referido testimonio nada se expresa respecto a que tal designación era como sucesor de derechos agrarios.-En los conceptos de violación el aquí quejoso esgrime, en síntesis, que las consideraciones vertidas en la sentencia reclamada son contrarias a lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 17 de la Ley Agraria, en virtud de que el testamento público abierto que aportó hace prueba plena y su valor está por encima de cualquier salvedad.-Carecen de razón los resumidos argumentos. Es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el testamento referido hace prueba plena de los hechos legalmente en él afirmados por el notario público que lo expidió; sin embargo, como bien lo apuntó el Magistrado responsable, es ineficaz para acreditar los extremos que pretende el quejoso, es decir, el mencionado testamento, como documento público, cumple con las formalidades de ley que le conceden validez como tal, pero en el caso, la Ley Agraria prevé claramente en su artículo 17 el procedimiento que debe llevar a cabo el titular de los derechos agrarios para su sucesión, procedimiento que en la especie no se llevó a cabo en los términos que prescribe dicho precepto legal, como más adelante se verá. Por ello, el aludido testamento no tiene el alcance que se pretende.-En otros conceptos aduce el quejoso que ante la oscuridad del artículo 17 de la Ley Agraria, es procedente la supletoriedad de la ley civil, puesto que sólo establece la intervención de un fedatario para que el ejidatario exprese su voluntad sobre el destino y derechos de sus bienes agrarios, pero no dice en qué clase de testamento, ni qué formalidades debe contener o qué especificaciones en concreto deban ponerse de manifiesto para llevar a cabo la sucesión.-Al respecto, tampoco asiste la razón al aquí quejoso, porque la legislación civil sólo es aplicable de manera supletoria, a falta de disposición expresa en la Ley Agraria, lo que en el caso no acontece.-En efecto, dispone el artículo 17 de la Ley Agraria: ‘El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.-La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’.-Como puede observarse de la disposición legal transcrita, se aprecia claramente que para formalizar la adjudicación de derechos y bienes agrarios y establecer su plena validez ante las autoridades agrarias, el titular de los mismos debe realizar una lista de sucesión, en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia en que las haya designado, la que podrá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, además de no existir impedimento legal alguno para que el titular de los derechos agrarios revoque la designación anterior y señale nuevos sucesores, con las mismas formalidades, a efecto de modificar la lista de sucesión cuantas veces lo considere pertinente, y siempre será válida la última designación, todo lo cual implica la forma y el procedimiento a seguir para la designación de los sucesores de derechos agrarios y por ello no debe atenderse a la supletoriedad de la ley.-Por otra parte esgrime el quejoso que la autoridad responsable pasó por alto que el testamento a que se refiere, fue realizado por el de cujus en su carácter de ejidatario del ejido Damián Carmona, Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, por lo que su voluntad no pudo ser otra que la de disponer de sus derechos o bienes sin limitación alguna para instituirlo como único heredero.-Es pertinente destacar que, con independencia del carácter con el que el titular de los derechos agrarios haya formalizado su testamento, en el caso no puede establecerse cuál era su verdadera voluntad en cuanto a sus derechos y bienes agrarios, porque no llevó a cabo el procedimiento que establece la Ley Agraria para la adjudicación de éstos, y por ello deben subsistir los sucesores designados en el certificado de derechos agrarios número 1859772, en el que está en orden preferente la aquí tercero perjudicada.-Similares consideraciones deben expresarse en cuanto al argumento relativo a que de acuerdo con los términos utilizados por el titular de los derechos agrarios en su testamento, es posible determinar que su voluntad fue dejar al quejoso como único heredero de todos sus bienes, trátese de inmuebles privados o agrarios, pues dicho acto jurídico sólo puede surtir efectos, en la materia agraria, mediante la designación que haga el titular de los derechos agrarios en la lista de sucesión respectiva.-Al caso resultan aplicables las tesis publicadas en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 1994, en las páginas 603 y 604, las que en el orden mencionado expresan: ‘AGRARIO. LISTA DE SUCESIÓN EJIDAL, VALIDEZ LEGAL DE LA.-De conformidad con el artículo 17 de la nueva Ley Agraria, los derechos agrarios son transmisibles a través de la designación de sucesores hecha en vida por el ejidatario; pero a fin de que esta designación o su modificación, tengan validez y produzcan los efectos jurídicos que les son inherentes, es necesario el cumplimiento del requisito formal que señala el mismo precepto, es decir, que la lista de sucesores se deposite en el Registro Agrario Nacional o sea formalizada ante fedatario público, lo cual tiende a otorgar certeza a la declaración de voluntad del ejidatario y seguridad jurídica a los sucesores, y se explica en atención a la especial relevancia y consecuencia de esa declaración.’.-‘DERECHOS EJIDALES. DESIGNACIÓN DE SUCESORES.-El artículo 17 de la Ley Agraria que entró en vigor el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, establece que para la designación de sucesores bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos, la cual deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. De lo dispuesto por el precepto en mención se advierte que la designación de sucesores, cuando se formaliza ante fedatario público, no requiere de más formalidades que externar la voluntad del titular de los derechos agrarios ante un funcionario investido de fe pública, sin que deban observarse disposiciones de la legislación civil que no rigen en tratándose de materia agraria.’.-Asimismo, es de puntual aplicación, en la especie, la tesis visible en la página 16 del tomo 187-192, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘DESIGNACIÓN DE SUCESORES. DERECHOS AGRARIOS. PARA SU EFICACIA NO SE REQUIERE LA APROBACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS, CUANDO EL TITULAR FORMULA LA.-La potestad del titular de los derechos agrarios para designar sucesores de su unidad de dotación parcelaria no requiere, para su eficacia, de la aprobación de la asamblea de ejidatarios, pues ese requisito no se encuentra previsto en la Ley Agraria anterior, ni tampoco en la vigente. De ahí que para tener por cierta una designación de sucesor, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la actual Ley Agraria basta que la lista de sucesión relativa formulada por el ejidatario sea depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público.’.-Es también exactamente aplicable al caso, la tesis consultable en la página 455 del Tomo X, correspondiente a octubre de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente expresa: ‘SUCESIÓN EN MATERIA EJIDAL. TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO INEFICAZ.-El testamento público abierto otorgado por la titular de una parcela mediante el cual haya designado como sucesor universal de sus bienes a otra persona, carece de eficacia para favorecer los intereses de ésta, en lo que toca a la parcela, porque nuestra legislación agraria contiene un régimen jurídico propio para reglamentar la sucesión en materia ejidal, y ello es así por la forma especialísima de poseer las parcelas ejidales, y el orden de preferencia contenido en la Ley Federal de Reforma Agraria, razón por la cual la transmisión de dicha posesión debe ajustarse a las reglas que contiene el ordenamiento aludido, y por tanto debe excluirse cualquier otra forma de transmisión no contenida en la Ley Agraria.’.-Debe precisarse que en el caso, el de cujus hizo designación de sucesores, es decir, formuló su lista de sucesión, la cual fue consignada por la autoridad agraria en el certificado de derechos agrarios número 1850772, expedido el tres de noviembre de mil novecientos setenta y siete, que obra a fojas tres de los autos del juicio agrario. También cabe destacar que en esa lista de sucesión registrada, sólo se incluye a dos personas distintas del quejoso, como son: Trinidad Zárate de Vancini y Roberto Vancini Zárate, esposa e hijo, respectivamente, del titular de la parcela ejidal correspondiente. En cambio, no obra en los autos manifestación alguna de voluntad en sentido contrario.-Es cierto que el hoy quejoso pretende fundar sus derechos en el testamento que aportó a los autos, de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y tres. Sin embargo, en este caso concreto, dicho testamento de carácter civil no puede privar de eficacia a la lista de sucesión formulada en términos del artículo 17 de la Ley Agraria, porque en este acto jurídico se limita el de cujus a designar a persona distinta de los consignados en la citada lista de sucesión agraria, como heredero universal del acervo hereditario, y conforme al precepto legal invocado, en todo caso debió hacer ante el fedatario público la manifestación de dejar sin efectos o modificar la anterior designación, o bien, de que se estimara dentro de los bienes señalados una parcela ejidal, lo que en la especie no hizo. Por ello debió estimarse que el testamento de que se trata está referido únicamente a los bienes poseídos dentro del ámbito del derecho civil, ante la falta de manifestación en otro sentido hecha por el de cujus, dado que la herencia precisamente tiene su base en la manifestación de la voluntad, sin que por ello pueda conjeturarse sobre la existencia de manifestaciones de voluntad no expresadas en el testamento.-Interpretación distinta se apartaría del equilibrio procesal que debe guardarse entre las partes y afectaría los derechos de los ejidatarios incluidos en la lista de sucesión.-A mayor abundamiento, debe decirse que el aquí quejoso debió demostrar en el juicio sucesorio agrario, que existe imposibilidad material o legal para que hereden las dos personas designadas en la lista de sucesión registrada, lo que no hizo.-Tiene exacta aplicación en la especie, la tesis número XI.3o.8 A, publicada en las páginas 480 y 481, del Tomo VI, correspondiente al mes de noviembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘DERECHOS AGRARIOS. SI EXISTE LISTA DE SUCESORES Y ÉSTOS NO TIENEN IMPOSIBILIDAD MATERIAL O LEGAL PARA HEREDAR, ES INNECESARIO TRAMITAR JUICIO PARA SU TRANSMISIÓN.-Si existe lista de sucesores respecto de los derechos agrarios del extinto ejidatario, debidamente registrada en el Registro Agrario Nacional, el trámite a seguir por el interesado en dichos derechos es el que establecen los artículos 72 a 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el 9 de abril de 1997, pues esta dependencia oficial sí puede y debe expedir el certificado respectivo para acreditar los derechos sucesorios, que surte efectos en términos del artículo 16, fracción I, de la Ley Agraria. En tanto que el procedimiento previsto por los numerales 18 y 19 de esta ley, sólo debe seguirse ante la ausencia de lista o designación de herederos, o cuando ninguno de los nombrados pueda heredar por imposibilidad material o legal.’.-De igual forma, carece de trascendencia jurídica el hecho de que la aquí tercero perjudicada haya estado o no separada del de cujus por más de treinta años, pues la ley de la materia no señala que tal circunstancia constituya un impedimento legal para la transmisión de derechos agrarios que se reclaman.-Tampoco asiste razón al quejoso en cuanto aduce que el tribunal responsable debió haber considerado como ineficaz el testamento ofrecido de su parte, respecto al derecho de alimentos que le corresponden a la tercero perjudicada, en virtud de que a su juicio la Ley Agraria no contempla esta hipótesis, toda vez que dichas consideraciones no fueron materia de la litis natural, y por tanto, nada se resolvió a ese respecto y este Tribunal Colegiado tampoco puede analizar dicha consideración, pues sólo tiene la facultad de analizar si en el acto reclamado existe o no violación de garantías.-En otro orden de ideas, es incorrecto lo señalado por el quejoso en el sentido de que el tribunal responsable no hizo consideración alguna en cuanto al acuerdo de la asamblea general de ejidatarios, mediante el cual fue reconocido como sucesor legítimo de los bienes en conflicto, pues al respecto se señaló en la sentencia reclamada que de conformidad con el artículo 203 del Código de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley Agraria) su contenido y eficacia quedaban sujetos a la estimación del restante caudal probatorio, el que a la postre resultó insuficiente para acreditar los extremos de la acción intentada por el quejoso.-Además, obra en los autos un oficio suscrito por los integrantes del comisariado ejidal del poblado ‘Damián Carmona’, San Luis Potosí, de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis (fecha posterior al acuerdo de asamblea referido en el párrafo que antecede), en el que se expresó: ‘... con fecha 13 de octubre de 1996, se efectúo asamblea general de ejidatarios en la cual la Sra. Trinidad Zárate vda. de Vancini, pidió a la asamblea se le apoyara para que la parcela de su extinto esposo C. Alfredo Vanzini Medrano, se le adjudique; el motivo de la presente es: porque sí se le dio el apoyo a la señora; sólo que a esta fecha aún no se firma el acta de esta asamblea ...’; por tanto, el aludido reconocimiento no tiene el alcance jurídico que pretende el aquí quejoso, ya que sus efectos fenecieron al ser sustituido por este último acuerdo.-Por otro lado, es infundado el concepto de violación relativo a que el tribunal responsable no fundó correctamente la ‘ineficacia jurídica’ del testamento, porque no se estableció su nulidad, inexistencia o su anulabilidad, en virtud de que, como ya se dijo en líneas precedentes, la ineficacia probatoria que deriva de dicho documento, se da en función a que resulta insuficiente para acreditar los extremos de la acción intentada por el quejoso y no como documento público, en cuanto cumple con todas las formalidades de ley. De ahí que el tribunal responsable no estuvo obligado a realizar pronunciamiento alguno en cuanto a la ‘nulidad’ del testamento, que no fue materia de la litis en el juicio agrario.-Sólo resta decir, que también son infundados los conceptos de violación relativos a que el tribunal responsable no debió citar el artículo 189 de la Ley Agraria como fundamento de la sentencia reclamada, porque a su juicio dicho precepto sólo es aplicable cuando no existen elementos de prueba suficientes y convincentes que valorar y el juzgador tenga que hacer uso de su buen juicio.-Así es, en virtud de que dicha disposición legal es aplicable a ‘todas’ las sentencias que dicten los tribunales agrarios y de su contenido no se aprecia que se haga referencia a la hipótesis a la que se alude; por el contrario, dispone que los tribunales agrarios no tienen necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino que deben dictar sus sentencias apreciando los hechos y documentos en conciencia, fundando y motivando sus determinaciones, lo que en el caso sí aconteció, ya que se expresaron con precisión los preceptos legales aplicables y las circunstancias especiales que se tomaron en consideración para resolver como se hizo.-En consecuencia, como en el caso no se aprecia motivo legal alguno para suplir conforme a la fracción III del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo solicitado.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Abel Osti Vanzini o Vancini, contra la sentencia dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto, el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el expediente agrario ZH 057/97.-Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos del juicio motivo de este amparo a la autoridad de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.-Así, por mayoría de votos de las señoras Magistradas Juana María Meza López y María del Carmen Torres Medina, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en contra del emitido por el Magistrado Pedro Elías Soto Lara, quien formuló voto particular que se inserta en esta ejecutoria, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante la suscrita secretaria que actúa y da fe. Doy fe.-Cotejó: Lic. María del Carmen Estrada Vázquez.-Los Magistrados (una firma ilegible) Lic. Juana María Meza López (una firma ilegible) Lic. Pedro Elías Soto Lara (una firma ilegible) Lic. María del Carmen Torres Medina.-La secretaria de acuerdos (una firma ilegible) Lic. Angélica Ruano Sandoval.-Voto particular que el Magistrado Pedro Elías Soto Lara formula en contra de la sentencia mayoritaria dictada en el juicio de amparo administrativo número 267/98, promovido por Abel Osti Vanzini: No estoy conforme con la sentencia mayoritaria, porque contrariamente al criterio que en ella se sustenta en torno al comentario que hace del artículo 17 de la Ley Agraria, estimo que dicho numeral real y positivamente sí permite en forma válida su interpretación integral mediante la aplicación supletoria del Código Civil del Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en lo tocante a sus preceptos 1281, 1283, 1295, 1305, 1511, relacionados con el tipo de testamento que se otorga ante notario público. Al respecto la Ley Agraria, en sus artículos 2o. y 17 respectivamente, disponen: ‘Artículo 2o. En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.-El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.’. ‘Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad ejidataria, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.-La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’.-Considero que el testamento notarial, constituye a la luz del transcrito artículo 17 de la Ley Agraria, una forma legalmente válida para que el ejidatario logre con plena eficacia transmitir sus derechos sobre la parcela que le pertenece, a la persona, a la cual él designe en dicho documento para sucederle en sus derechos en lo tocante a la misma, sin que, por ende, deba el referido titular, para perfeccionar esa clase de designación de sucesor, realizar algún otro tipo de acto jurídico, ni siquiera el de depositar, en forma posterior a la confección y firma del aludido testamento, en el Registro Agrario Nacional una lista de sucesión en la cual hiciera figurar a la persona a quien en su último testamento designó como sucesor de sus derechos sobre la parcela de su pertenencia. Porque, si bien el artículo 17 de la Ley Agraria promulgada el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis del mismo mes y año y reformada por decreto de treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación del nueve de julio del mismo año, contiene la norma acabada de copiar, opino que tal numeral interpretado en forma lógica implica fundamentalmente el propósito de preservar ante todo la autenticidad del sentido preciso e indiscutible de la voluntad del ejidatario titular de los derechos de su parcela, para identificar el nombre de la persona a quien tiene el deseo de que le suceda en sus derechos sobre la parcela que a aquél le pertenece. Esta interpretación es congruente con la realidad que siempre trata de regular el legislador; puesto, que resultaría absurdo, que quien como ejidatario titular de derechos sobre una parcela determinada, estuviera condicionado en cuanto a su derecho para decidir a quién quiere designar como sucesor respecto a los derechos sobre la misma, al hecho de tener que realizar una conducta implicadora de varias etapas, como serían las de: 1o. Elaborar una lista con uno o varios nombres, y señalar el orden de preferencia al cual debiera hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, y 2o. Cumplir con el requisito formal de lograr el real y efectivo depósito de tal lista en el Registro Agrario Nacional, o bien procurar con eficacia que esa lista, rigorísticamente elaborada como tal, fuese formalizada ante fedatario público; ello equivaldría a que si el ejidatario no hubiese contado con el tiempo suficiente para cumplir con tales formalidades, estaría impedido antes de morir para designar, mediante testamento otorgado ante notario público, a su sucesor sobre los derechos respecto de su parcela. Opino que, en contra de lo resuelto por la mayoría sí es plenamente válida, por no contravenir el espíritu sustancial del artículo 17 antes transcrito, la manifestación de la voluntad expresada en el testamento notarial, por el titular de la parcela para haber designado, como lo hizo, a su nieto Abel Osti Vanzini (hoy quejoso), como la persona sucesora de sus derechos sobre la parcela del de cujus, debiendo quedar sin efecto las designaciones que en fecha anterior hubiese realizado a través de la lista y depósito a que se refiere el comentado artículo 17 de la Ley Agraria. Por ello debió otorgarse al agraviado el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario responsable, dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva en la cual al resolver la litis del juicio natural, respetara el lineamiento al cual invoco como sustento de este voto."

Las anteriores consideraciones originaron que dicho Tribunal Colegiado de Circuito sustentara la siguiente tesis:

"Clave: TC092008.9AD1.-Rubro: SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. INEFICACIA DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO EN RELACIÓN CON LA.-Texto: El artículo 17 de la Ley Agraria dispone: ‘El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’. De acuerdo con ello, si a través de un testamento público abierto, el titular de los derechos sobre una parcela ejidal designa como heredero universal de sus bienes a una persona determinada, dicho acto jurídico no tiene el alcance de modificar la lista de sucesión agraria formulada con las formalidades a las que alude el aquí transcrito artículo 17, en la que aparecen como sucesores personas distintas, si en ese testamento se omite expresar de manera clara la voluntad de que opere tal modificación, lo cual sucedería si se dijera que queda sin efecto la designación de sucesores anteriores, o bien, que dentro de los bienes heredados se encuentra la parcela ejidal referida en la lista de sucesión. Por lo que debe estimarse que el testamento que con tal calidad es aportado al juicio de sucesión agraria, está referido únicamente a los bienes poseídos dentro del ámbito del derecho civil, ante la falta de manifestación en otro sentido hecha por el de cujus, dado que la herencia precisamente tiene su base en la manifestación de la voluntad, sin que por ello pueda conjeturarse sobre la existencia de ella. De donde se sigue, que un testamento de carácter civil que no hace mención a bien alguno poseído con motivo de derechos ejidales, no puede privar de eficacia a la lista de sucesión agraria hecha en términos de ley.

"Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.-Precedentes: Amparo directo administrativo 267/98. Abel Osti Vanzini. 9 de julio de 1998. Mayoría de votos. Disidente: Pedro Elías Soto Lara. Ponente: María del Carmen Torres Medina. Secretaria: María del Carmen Estrada Vázquez."

TERCERO.-También aparece en autos que por resolución del día cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, dictada en los autos del juicio de amparo directo administrativo número 37/96-I, promovido por Guillermina González González, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resolvió amparar a la quejosa en contra del acto que reclamó del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dos; lo anterior, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-Analizados que fueron los conceptos de violación en términos del artículo 76 bis fracción III de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado concluye que la sentencia reclamada sí irrogó violación a las garantías individuales de la quejosa previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.-En efecto, básicamente aduce la impetrante que la autoridad responsable debió reconocerla como titular del derecho agrario que perteneciera a la difunta Carmen Sánchez González, en el ejido Culiacán, en Mexicali, Baja California, por haber acreditado ser la única y universal heredera de los bienes de la citada Carmen Sánchez, según lo demostró con el testamento notariado respectivo; asimismo alega la parte quejosa que fue incorrecto lo que resolvió el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable, en el sentido de que el hoy tercero perjudicado, Ramón Magdaleno,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6256-2297ce59/sucesion-de-derechos-agrarios-la-ultima-voluntad-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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