JUICIO ORAL MERCANTIL. LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RELATIVA A LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA VÍA CORRECTA ES INAPLICABLE CUANDO SE DECLARE LA IMPROCEDENCIA DE ÉSTA, YA QUE SE INFRINGIRÍAN LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN, ASÍ COMO EL DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO DIRECTO 429/2016. 14 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RAMONA MANUELA CAMPOS SAUCEDA. PONENTE: GABRIEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: JESSICA ELIZABETH TEJEDA LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Resultan infundados e inoperantes los motivos de disenso.
Previo al análisis de los mismos, es necesario citar los antecedentes relevantes del caso.
**********, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas **********, en la vía ordinaria mercantil, demandó a **********, por las prestaciones siguientes:
"A) La nulidad del contrato de compraventa de fecha 27 de septiembre de 2013, celebrado entre **********, en su carácter de vendedor y la sociedad **********, en su carácter de compradora, respecto al vehículo **********, motor **********, modelo **********, color **********, transmisión automática de 5 velocidades con modo manual, con número de serie **********, del que se hace mención en el inciso ‘B)’ de la declaración I de dicho contrato.
"B) La restitución de la cantidad de $********** (**********), que fue entregada a **********, respecto del contrato de compraventa. ...
"C) el pago de daños y perjuicios, consistentes en el interés legal a razón del 6% (seis por ciento) anual, que mi representada dejó de obtener sobre la cantidad de $********** (**********), que serán calculados en ejecución de sentencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 362 del Código de Comercio, contados a partir de la fecha en que se le hizo entrega de dicho monto y hasta que se haga la total devolución del mismo.
"D) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio."
En proveído de veintisiete de enero de dos mil quince, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas en cuanto a derecho procediera; por lo que ordenó emplazar a la demandada para que dentro del término de ley diera contestación a la misma.(1)
Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil quince, el Juez responsable tuvo a la demandada dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, y por opuestas sus excepciones y defensas, con las cuales ordenó dar vista a la parte actora.(2)
Una vez llevado el proceso por todas sus etapas, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, dictó la sentencia correspondiente el veintisiete de abril de dos mil dieciséis,(3) la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.-Es improcedente la vía ordinaria mercantil ejercitada por la actora **********.
"SEGUNDO.-No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto al fondo del asunto planteado, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte actora, para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.
"TERCERO.-Se condena a la parte actora al pago de las costas del juicio.
"CUARTO.-Notifíquese personalmente..."
La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.
Por cuestión de técnica, los argumentos planteados por la impetrante serán analizados de manera diversa al propuesto.
En parte, la quejosa alega que el juzgador estaba obligado a corregir, de oficio, la vía en la etapa procesal en que se encontraba el juicio, declarar la conservación de las actuaciones realizadas por las partes y dirimir la controversia planteada, conforme lo ordena el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio y para respetar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ya que, de lo contrario, la vía se transformaría en un requisito procesal enervante, controvirtiendo el espíritu y la finalidad de la norma y la máxima jurídica que reza da mihi factum, dabo tibi jus (dame los hechos, yo te daré el derecho).
Asimismo, aduce que se infringieron los artículos 1o. constitucional, primero y sexto transitorios de la Ley de Amparo vigente, al aplicarse la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 576, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", porque ya no se encontraba vigente por oponerse a la nueva Ley de Amparo, en virtud de que fue emitida sin tomar en consideración la óptica constitucional de los derechos humanos y de los tratados internacionales, con lo que el juzgador infringió el principio de debida fundamentación y motivación.
Los anteriores argumentos resultan infundados pues, contrario a lo alegado por la impetrante, el reconocimiento del derecho de una tutela efectiva por parte de los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance.
Lo anterior es así, ya que, de lo contrario, equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando, con ello, un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.
Por ende, contrario a lo estimado por la amparista, el juzgador sí estaba obligado a analizar, de oficio, los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, entre los cuales está la procedencia de la vía y, en dicho contexto, fue correcto en aplicar la jurisprudencia a que se refiere la parte quejosa, puesto que sí era aplicable al caso por no contraponerse a la nueva Ley de Amparo.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio."(4)
En otra vertiente, se arguye que al haberse reclamado en el juicio natural como prestación principal la nulidad de un contrato de compraventa y como accesoria la restitución del dinero entregado por la quejosa con motivo de la celebración del contrato, no se actualizaba la hipótesis de procedencia del juicio en la vía oral mercantil, porque únicamente se tenía que tomar en consideración el monto de la prestación principal, la cual era de cuantía indeterminada.
Argumentos que devienen inoperantes, en virtud de que no combaten lo sostenido por el juzgador respecto al tema.
Es así, pues en la sentencia combatida el Juez sostuvo que no era impedimento para declarar improcedente la vía ordinaria intentada, el hecho de que la parte actora, hoy quejosa, hubiera exigido en el capítulo de prestaciones de su demanda, en primer término, la nulidad del contrato de compraventa -como acción declarativa- y, en segundo, la restitución de la cantidad de $********** (**********), en virtud de que el legislador al utilizar el concepto de "suerte principal" en los artículos 1339 y 1390 Bis del Código de Comercio, no fue como sinónimo de prestación principal o aquella reclamada en primer lugar, sino que se refiere a un contenido de carácter pecuniario, que no es otra cosa que la consecuencia directa del incumplimiento de una obligación reclamada como prestación principal -aun se trate de acciones declarativas-, distintas a los intereses y accesorios. Consideración que fue apoyada principalmente en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 136/2012 (10a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 429, de título y subtítulo: "PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE ACCIONES DECLARATIVAS COMO LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO, CUANDO SE RECLAME CON OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO.", así como en la diversa jurisprudencia PC.III.C. J/3 C (10a.) y la tesis aislada, III.2o.C.17 C (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo II, enero de 2015, página 1450 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1333, de títulos y subtítulos: "JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, TRATÁNDOSE DE ACCIONES DECLARATIVAS, DEBE TOMARSE COMO SUERTE PRINCIPAL LA PRESTACIÓN PECUNIARIA QUE SE DEMANDE COMO CONSECUENCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA DE NATURALEZA POSITIVA O NEGATIVA." y "JUICIO ORAL MERCANTIL. LA NULIDAD DE TÍTULOS DE CRÉDITO, SI BIEN CONSTITUYE UNA ACCIÓN DECLARATIVA, TIENE COMO OBJETO ESENCIAL DEL RECLAMO UNA PRESTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO Y, POR TANTO, DEBE CONSIDERARSE DE CUANTÍA DETERMINADA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA.", respectivamente.
Mientras que en la presente demanda, la quejosa sólo afirma que el juicio oral mercantil no era procedente, que la prestación principal no era de cuantía determinada, que no se debió tomar en consideración la prestación accesoria para la procedencia de la vía oral y que las tesis invocadas en la sentencia no eran aplicables al caso; simples manifestaciones dogmáticas que no controvierten lo sostenido por el juzgador, por lo que, con independencia de la juridicidad de lo considerado por éste, al no existir la formulación de un debido concepto de violación, ello debe seguir rigiendo el sentido del fallo.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."(5)
Por otro lado, aduce la parte quejosa que se infringió el principio de debida fundamentación y motivación, al dejarle a salvo los derechos para que los hiciera valer en la vía oral mercantil; ello, porque el artículo 1127, párrafo segundo, del Código de Comercio establece que cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la que se considere procedente, declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la que se declare que procede.
Es decir, la impetrante se duele de la falta de aplicación del párrafo segundo del artículo 1127 del citado código, porque considera que el juzgador no debió declarar improcedente la vía ordinaria mercantil accionada ni dejarle a salvo los derechos para que los hiciera valer en la vía correspondiente, sino que debió continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía considerada procedente (oral mercantil), declarando la validez de lo actuado y regularizando el procedimiento de acuerdo a dicha vía.
Sin embargo, el citado ordenamiento no era aplicable al caso, en virtud de que no es posible continuar el procedimiento en la vía oral considerada procedente, cuando la acción fue previamente ejercitada en la vía ordinaria, por lo que los argumentos en dicho sentido deben declararse infundados.
Para sustentar el anterior razonamiento, es pertinente realizar un análisis sistemático de algunas de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, trayéndose a colación, en primer lugar, el párrafo segundo del artículo 1127 del Código de Comercio, que dispone:
"Artículo 1127. ...
"Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente."
De lo anterior, se advierte la regla que debe atenderse cuando se declare fundada la excepción de improcedencia de la vía, consistente en continuar el procedimiento en la vía que se considere correcta declarando válido lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía declarada procedente.
La regla aludida, está contenida en el título primero intitulado: "Disposiciones generales", imbíbito en el libro quinto, denominado: "De los juicios mercantiles", donde también se sitúa el artículo 1055 que estatuye los diferentes tipos de juicios mercantiles, el cual reza:
"Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: ..."
Por su parte, las disposiciones que rigen el procedimiento del juicio oral mercantil, si bien es cierto que están inmersas igualmente en el libro quinto denominado: "De los juicios mercantiles", también lo es que se encuentran dentro de un título especial intitulado: "Del juicio oral mercantil", de donde se destacan las siguientes:
"Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. ..."
"Artículo 1390 Bis 2. En el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración."
"Artículo 1390 Bis 8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente título."
Del primer numeral transcrito, en lo que interesa, se desprenden los requisitos que deben cumplir los asuntos, para poder ser tramitados en la vía oral mercantil; mientras que el segundo estatuye los principios que deben regir el juicio oral mercantil, siendo que algunos de ellos no son observados en el resto de los juicios mercantiles; y, el tercero prescribe que en cuestiones no previstas respecto al procedimiento del juicio oral mercantil, se debe estar a las reglas generales del código en comento, ello siempre y cuando dichas reglas no se opongan a las disposiciones del título aludido.
De un recuento del análisis realizado a todos los numerales del Código de Comercio traídos a este estudio, se desprende lo siguiente:
I. Existen cuatro tipos diferentes de juicios mercantiles: ordinarios, orales, ejecutivos y especiales.
II. Los juicios orales, tienen su propio procedimiento especial, el cual se rige en un apartado específico.
III. Dentro del citado apartado especial, se advierte que dicho procedimiento permite que a falta de regulación concreta se apliquen las reglas generales del código de la materia, ello siempre y cuando éstas no se opongan a las disposiciones que regulan el juicio oral mercantil.
Una vez asentado lo anterior, es evidente que la regla general contenida en el párrafo segundo del artículo 1127 del Código de Comercio, referente a la regularización del procedimiento en la vía considerada procedente en caso de declararse improcedente la vía intentada, no es aplicable al juicio oral mercantil.
Es decir, si el juicio se inició en una vía mercantil diversa a la oral y el juzgador determina dentro de la secuela procedimental que la vía correcta es ésta -como en el caso-, la regla aludida no es aplicable, porque de ser así, se opondría a lo previsto en el numeral 1390 Bis 8 del Código de Comercio, al infringirse principios como el de oralidad, inmediación y concentración que rigen a los juicios orales, pues éstos no son observados dentro del resto de los juicios mercantiles.
Lo anterior se evidencia, si se compara la estructura del juicio oral, con el resto de los demás juicios mercantiles, pues mientras que en éstos existen diversas etapas, que hacen que el juicio sea de mayor duración, en el primero de los mencionados, todo debe concentrarse en tan sólo tres etapas -fijación de la litis, audiencia preliminar y audiencia de juicio-; aunado a que su desarrollo se lleva en mayor parte de manera oral, lo cual no sucede en ninguno de los otros procedimientos.
Así es, en el juicio oral las partes deben, con los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas, ofrecer sus pruebas, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones, proporcionando los datos idóneos dependiendo el tipo de probanza; esto es, las pruebas deben ser anunciadas y, en su caso, exhibidas desde un primer momento, señalando los datos necesarios para su admisibilidad y desahogo, pues así lo prescribe el artículo 1390 Bis 13(6) del código en análisis, de donde se colige que no existe un término probatorio como en otros juicios mercantiles.
Por su parte, los diversos juicios mercantiles cuentan con un término probatorio que puede ser ordinario y/o extraordinario, siendo que, respecto al primero, permite su ampliación, lo anterior según lo disponen los artículos 1199,(7) 1201(8) y 1207,(9) inmersos en el capítulo XII que regula las reglas generales sobre la prueba, previsto en el título primero que rige las reglas generales de los juicios mercantiles.
Aunado a lo anterior, a diferencia del resto de los juicios mercantiles, -como ya se dijo- en el procedimiento del juicio oral existen dos audiencias, a saber, la audiencia preliminar, la cual tiene por objeto: I. La depuración del procedimiento; II. La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del Juez; III. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; IV. La fijación de acuerdos probatorios; V. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas; y, VI. La citación para audiencia de juicio;(10) así como la audiencia de juicio, en donde se desahogan las pruebas debidamente preparadas, y se dicta la sentencia correspondiente.
Con lo que se evidencia lo ya afirmado párrafos arriba, en el sentido de que el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en el procedimiento oral, no se hace dentro de un término probatorio como en el resto de los juicios mercantiles, sino que se concentra en las tres etapas ya mencionadas.
Lo que evidencia la diferencia que existe entre el procedimiento oral y el resto de los juicios mercantiles, que si bien éstos también son discrepantes entre sí, no lo son al grado de controvertirse esencialmente, ya que las reglas procesales que los rigen son las mismas; siendo que, por el contrario, el juicio oral mercantil tiene su propio apartado especial y sólo en casos muy específicos (a falta de disposición expresa), se pueden aplicar las reglas generales, con la prohibición de que éstas no deben ser contrarias a las disposiciones de ese procedimiento.
Apoya a lo anterior, la tesis XII.C.4. C (10a.), sustentada por este órgano jurisdiccional, de título, subtítulo y texto siguientes:
"JUICIO ORAL MERCANTIL. AL ESTAR REGULADO EN UN TÍTULO ESPECIAL DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ÉSTE SE RIGE POR SUS PROPIAS REGLAS Y, A FALTA DE ÉSTAS, LE SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE OPONGAN A LO DISPUESTO EN DICHO TÍTULO. Si bien es cierto, que al estar regulados los juicios orales mercantiles dentro de un título especial denominado ‘Del juicio oral mercantil’, deben observar las reglas especiales que rigen su procedimiento, también lo es que el artículo 1390 Bis 8 contenido en el citado título especial, estipula que en las cuestiones no previstas, regirán las reglas generales del código indicado, en cuanto no se opongan a las disposiciones del título aludido. Sin embargo, para determinar la aplicabilidad de una regla general en el procedimiento oral mercantil, debe verificarse que no se controviertan los principios que lo rigen, a saber, la oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración."(11)
Razones las anteriores por las cuales no le asiste razón a la impetrante al sostener que el juzgador debió aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio y, en atención al mismo, continuar con el procedimiento en la vía oral mercantil, al estimar que era la procedente, puesto que a fin de no controvertir los principios de dicha vía, es necesario que se inicie de nueva cuenta, ya que el procedimiento que lo rige es muy diverso al procedimiento del juicio ordinario que se intentó; y en dichas condiciones, las actuaciones existentes no serán de utilidad.
Se afirma lo anterior, pues tomando en consideración las diferencias evidentes de los juicios mercantiles del caso (oral y ordinario) asentadas a lo largo del presente estudio, en el supuesto de que el juzgador acatara el referido numeral 1127, además de controvertirse los principios que rigen el juicio oral ya mencionados (oralidad, inmediación y concentración), además se contravendría el principio de seguridad jurídica.
Esto es así pues, verbigracia, si una controversia se tramitó en primer lugar en la vía ordinaria y, dentro de la misma, procedió la admisión de apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia en lo principal, en contra de la determinación sobre la admisión o desechamiento de pruebas, y ello está pendiente de resolución; y luego, al estimarse que la vía no es la procedente, y en atención al segundo párrafo del numeral 1127 del Código de Comercio, el juzgador ordena continuar el procedimiento en la vía oral (donde no procede recurso alguno), declarando la validez de lo actuado ¿cómo regularizaría el procedimiento de acuerdo a dicha vía, sin afectar a alguna de las partes con esa determinación?
Asimismo, si el juzgador decide que la vía ordinaria es improcedente, qué caso tendría que continuara por la vía oral, cuando tendría que regularizar el procedimiento hasta la admisión de la demanda, en virtud de que, incluso, ésta se presenta de manera diversa dependiendo la vía, pues mientras que en la ordinaria sólo se hace referencia a los documentos públicos y privados que tengan relación con la demanda, y a los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos; en la oral, con la presentación de la propia demanda, se deben ofrecer las pruebas que se pretenden rendir en el juicio. Por lo que, atendiendo a ello, las pruebas que se hayan rendido y ofrecido dentro del término probatorio previsto en la vía ordinaria, no podrían ser válidas, al no haberse presentado ni desahogado atendiendo a los principios que rigen el juicio oral.
En dicha tesitura, bien hizo el juzgador al dejar a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía adecuada, pues si bien es cierto que debe atenderse al principio de justicia expedita, en el caso éste no puede prevalecer sobre el de seguridad jurídica.
No es obstáculo a lo anterior, el criterio II.1o.C.11 C (10a.), sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El mencionado precepto establece en la porción normativa que interesa de su primer párrafo, que todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. Y, en su segundo párrafo, que cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente. La razón de ser de esa disposición es privilegiar la resolución del fondo de los asuntos de naturaleza mercantil y que el error de la vía no se convierta en un obstáculo para ello. Esa intención permite que, al hacer una interpretación conforme, en atención al principio pro persona, a la ratio legis, pero sobre todo al derecho humano de tutela judicial efectiva, la disposición mencionada también se aplique a los casos en que la improcedencia de la vía se advierta de oficio, no únicamente cuando se oponga como excepción, lo cual es la razón de ser de esa disposición, pues en ambos supuestos existe la misma situación. Lo que hace posible cumplir de una manera más completa con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se obstaculiza por un simple error en la vía elegida, la posibilidad de defensa de las partes ni la de obtener la resolución del fondo de sus pretensiones, es decir, de obtener la tutela jurisdiccional. Así, si el Juez advierte de oficio la improcedencia de la vía, no debe desechar la demanda o sobreseer en el juicio, sino que debe conducirse en términos del segundo párrafo del numeral que se analiza."(12)
Se estima así, pues dicho criterio no se comparte por este Tribunal Colegiado por las razones anteriormente citadas a lo largo del presente estudio.
Atendiendo lo anterior, con fundamento en la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo, se estima procedente denunciar la posible contradicción de criterios, entre el aludido Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y este órgano jurisdiccional, a fin de que la superioridad determine lo conducente.
Finalmente, resulta inoperante el argumento vertido en relación a que la imposición de condena al pago de costas a cargo de la hoy quejosa, infringe los principios de debida fundamentación y motivación, en virtud de que tal argumento lo sustenta en el hecho de que la autoridad responsable debió declarar la continuación del procedimiento para el trámite del juicio en la vía que consideró correcta; lo cual ya fue desestimado.
Por lo que, al no existir un argumento preciso e independiente del resto de los conceptos de violación ya desestimados en este asunto, que combata eficazmente la condenación en costas, ésta debe quedar incólume.
En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo que procede es negar el amparo y protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se:
RESUELVE:
PRIMERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa **********, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.
SEGUNDO.-Denúnciese la contradicción de criterios, sustentada entre este Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en términos de la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; anótese en el registro, con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvieron por mayoría de votos los Magistrados Gabriel Fernández Martínez y Luis Rubén Baltazar Aceves, en contra del voto particular de la Magistrada Ramona Manuela Campos Sauceda (presidenta), integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26959-250069d7/juicio-oral-mercantil-la-regla-general-contenida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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