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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ÉSTA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SEÑALAN, ASÍ COMO AQUELLOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES EXTRAORDINARIAMENTE.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 48/2016. · Registro digital (IUS): 28229
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-12-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Pág. 811.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 48/2016. 13 DE ENERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MIRIAM AIDÉ GARCÍA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Es motivo de reclamación el auto de presidencia de este Tribunal Colegiado, mediante el cual se admitió la demanda de amparo promovida contra la sentencia definitiva pronunciada en el juicio oral mercantil, expediente **********, en el que la quejosa es demandada.

Cabe señalar que en el acuerdo recurrido se hizo referencia a que el juicio de origen es oral mercantil; se estableció que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del diecinueve de octubre al quince de noviembre del año próximo pasado, por lo que si la demanda se presentó el quince de noviembre de la mencionada anualidad, fue en tiempo y, por tanto, se admitió a trámite.

En los agravios, el recurrente señala que la sentencia reclamada se notificó el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, y surtió efectos ese día, en términos del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, por lo que el término de quince días comenzó el dieciocho de octubre de la citada anualidad y terminó el diez de noviembre siguiente, siendo que la demanda se presentó hasta el quince de noviembre siguiente.

Argumenta que el calendario de labores que se debe considerar es el de la autoridad responsable, en tanto la demanda de amparo debe presentarse ante dicha autoridad.

Así, señala que los días diez y once de noviembre de dos mil dieciséis, si bien fueron inhábiles para el Poder Judicial de la Federación, en razón del comunicado 14/2016 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, tales días no fueron inhábiles para la autoridad responsable, por lo que si la demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable no debieron descontarse esos días del cómputo para la presentación de la demanda.

Tales asertos son parcialmente fundados.

Previamente, debe precisarse lo que establece la legislación mercantil en relación con la forma en que se practican las notificaciones en el juicio oral mercantil pues, a ese respecto, tiene reglas específicas.

En efecto, el juicio oral mercantil se encuentra regulado en el título especial del Código de Comercio, integrado por los artículos 1390 Bis al 1390 Bis 50 de la citada legislación.

En el capítulo I, relativo a las "Disposiciones generales", obra el artículo 1390 Bis 10 y en el capítulo II, denominado: "Del procedimiento oral", sección segunda "De las audiencias", se ubican los artículos 1390 Bis 21 y 1390 Bis 22; en tanto, que en la sección cuarta "De la audiencia del juicio", obran los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39, que son del tenor siguiente:

"Artículo 1390 Bis 10. En el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales."

"Artículo 1390 Bis 21. Es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, por sí o a través de sus legítimos representantes, que gocen de las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 de este código, además de contar con facultades expresas para conciliar ante el Juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente."

"Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado."

"Artículo 1390 Bis 38. Abierta la audiencia se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el Juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento; dejando de recibir las que no se encuentren preparadas y haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente; por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo en aquellos casos expresamente determinados en este título, por caso fortuito o de fuerza mayor.

"En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes para formular sus alegatos.

"Enseguida, se declarará el asunto visto y citará las partes para la continuación de la audiencia dentro del término de diez días siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente."

"Artículo 1390 Bis 39. El Juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito.

"En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere al juzgado persona alguna, se dispensará la lectura de la misma."

Del primero de los artículos citados, se advierte que en el juicio oral mercantil únicamente se notificará de manera personal el emplazamiento.

El artículo 1390 Bis 21 dispone que es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, sea por sí o a través de sus representantes.

En tanto que el precepto 1390 Bis 22 señala que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias, se tendrán por notificadas en ese mismo acto y sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron estarlo.

Es decir, las partes tienen la obligación de asistir a las audiencias del procedimiento, por lo que, aun cuando no acudan, se les tendrá por notificadas en ese mismo acto, y sin necesidad de otras formalidades.

Del artículo 1390 Bis 38 se desprende que abierta la audiencia del juicio, se desahogarán las pruebas que se encuentren preparadas y no así las que no se hubieren preparado, por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo los casos previstos por caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, en esa audiencia las partes formularán oralmente alegatos.

Acto continuo, el asunto se declarará visto, se citará a las partes para la continuación de la audiencia dentro del término de diez días siguientes y, en esa fecha, se dictará la sentencia.

Es decir, el citado precepto dispone que en esa audiencia se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se cita a los diez días siguientes para el dictado de la sentencia.

Por su parte, el artículo 1390 Bis 39 transcrito establece que en esa continuación de la audiencia, el Juez expondrá brevemente los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución y leerá únicamente los puntos resolutivos, a menos que no asistiere persona alguna.

Finalmente, el citado precepto dispone que quedará a disposición de las partes, por escrito, copia de la sentencia que se pronuncie.

De todo lo anterior, puede colegirse que la sentencia que se dicta en el juicio oral mercantil de origen no se notifica de manera personal pues, en ese procedimiento, únicamente el emplazamiento se lleva a cabo de esa forma; asimismo, es obligación de las partes acudir a las audiencias y las resoluciones judiciales pronunciadas en ellas se tendrán por notificadas en ese mismo acto.

Además, la audiencia del juicio consiste básicamente en que en ésta se procede al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas; luego, se concede el uso de la palabra a las partes para que formulen sus alegatos; posteriormente, se declara el asunto visto y se cita a las partes para la continuación de la audiencia, en la que se dictará la sentencia definitiva.

En la continuación de la audiencia, el Juez expone oralmente y de forma breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia, procede a leer únicamente los puntos resolutivos y deja a disposición de las partes copia de la sentencia.

Asimismo, en el caso de que ninguna de las partes asistiera a la audiencia, en la hora y fecha señaladas para tal efecto, se dispensará la lectura de la sentencia.

De modo que si la sentencia en el juicio oral mercantil es una resolución judicial pronunciada en la continuación de la audiencia del juicio, se tiene por notificada en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna, aun a las partes que no estuvieran presentes, dado que era su obligación asistir.

Es pertinente relacionar algunas actuaciones esenciales del juicio de origen, de donde deriva el acto reclamado en el juicio de amparo, motivo de la presente reclamación; las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

De las constancias de autos se advierte que después de admitida la demanda del juicio oral mercantil y seguido el procedimiento, el tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia del juicio, y se señalaron las catorce horas del diecisiete siguiente para el dictado de la sentencia.

Asimismo, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia definitiva correspondiente.

En ese contexto, la sentencia dictada en el juicio de origen debía notificarse de acuerdo con las reglas de las notificaciones no personales contenidas en el artículo 1075 del Código de Comercio.

Lo anterior, porque como se advierte de las constancias, la sentencia definitiva fue dictada en la audiencia del juicio, conforme a lo previsto en el numeral 1390 Bis 38 del Código de Comercio, el cual, como ya se indicó, obliga al juzgador en los juicios orales mercantiles a iniciar la audiencia del juicio en una fecha y ordenar su continuación diez días después para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que aconteció en el caso.

De modo que si la audiencia del juicio oral mercantil, del que deriva el acto reclamado, inició el tres de octubre de dos mil dieciséis, y tuvo su continuación, atendiendo al precitado precepto, el diecisiete siguiente y en esa fecha se dictó la sentencia definitiva, es inconcuso que la notificación debe regirse por lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22 de la legislación mercantil que, expresamente, dispone que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias relativas al juicio oral mercantil, como acontece en el caso, se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna.

En ese contexto, en términos del artículo 1075, párrafo segundo, del Código de Comercio, la notificación de la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, surtió efectos el dieciocho siguiente pues, como se ha visto, en los juicios orales mercantiles la notificación debe hacerse conforme al artículo 1390 Bis 22 de la legislación mercantil.

Asimismo, el término para presentar la demanda de amparo empezará a correr, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, como lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo.

Además, cabe señalar que las partes del juicio acudieron a la audiencia del juicio, en los términos siguientes:

"Comparecieron a la audiencia: La parte actora **********, quien se identificó con credencial para votar con clave de elector **********, asistido de su mandatario judicial licenciado **********, quien se identificó con duplicado de cédula profesional número **********... La parte demandada **********, por su propio derecho y en su carácter de apoderado de la codemandada **********, quien se identificó con credencial para votar con clave de elector **********, asistido de su mandataria judicial licenciada **********, quien se identificó con copia certificada de cédula profesional número **********."

Ahora bien, conforme al artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio, en todo lo no previsto para el juicio oral mercantil, regirán las reglas generales de la citada legislación, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en ese procedimiento.

El citado precepto es del tenor siguiente:

"Artículo 1390 Bis 8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente título."

Por ende, toda vez que el título correspondiente no establece a partir de cuándo deben surtir efectos las notificaciones en el juicio oral mercantil, se acude a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1075 del Código de Comercio, que en su integridad dispone lo siguiente:

"Artículo 1075.

"...

"Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal."

Del segundo párrafo del citado precepto se advierte que las notificaciones surten efectos al día siguiente del en que se hayan practicado.

Así, la notificación efectuada al quejoso fue el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y surtió efectos el dieciocho del mismo mes y año.

Por tanto, el cómputo para la presentación de la demanda de amparo directo debe iniciar, como correctamente se estableció en el acuerdo de presidencia de este tribunal, a partir del diecinueve de octubre del año próximo pasado, en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo.

Al respecto se cita, la jurisprudencia PC.I.C. J/10 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo II, enero de 2015, página 1019 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas», de título, subtítulo y texto:

"AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL. INICIO DEL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN. Conforme a la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1390 bis 8, 1390 bis 10, 1390 bis 22, y 1390 bis 39 del Código de Comercio, en relación con el artículo 309, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, para determinar el inicio del plazo para promover el juicio de amparo contra la sentencia definitiva dictada en un juicio oral mercantil, existe una regla general y se advierte una excepción. La primera surge de la correlación entre los artículos 1390 bis 39 y 1390 bis 22, donde el primero obliga al Juez a que, en la continuación de la audiencia del juicio, comunique a las partes la sentencia pronunciada, mediante breve exposición verbal de los fundamentos de hecho y de derecho que la motivaron, la lectura de los puntos resolutivos, y la puesta a disposición de sendas copias de la resolución por escrito, con lo cual realmente se hace la notificación a los contendientes, y esta actuación se erige en presupuesto necesario y razón de ser del segundo texto legal, donde se parte de que la comunicación referida fue realizada, como requisito sine qua non para tener por hecha la notificación, sin necesidad de reiterarla en otra forma. La excepción se da cuando no se satisfagan las formalidades referidas o se cumplan deficientemente, ya que si se omite la comunicación debida de la sentencia, que es presupuesto y razón de ser del artículo 1390 bis 22, el Juez queda obligado a acudir a otra clase de notificación no personal. En esas condiciones, cuando se presenta la regla general, el tribunal de amparo debe tomar como inicio del plazo para promover el juicio de amparo el día siguiente al en que surta efectos la notificación tenida por hecha en la audiencia, y en el caso de excepción, el día siguiente al del surtimiento de efectos de la diversa notificación practicada o del día en que el quejoso tuvo conocimiento del fallo reclamado."

Por tanto, es correcto que deba tenerse por notificadas a las partes de la sentencia definitiva, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, pues atendiendo al artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, éstas se tienen por notificadas el día de la audiencia, sin necesidad de formalidad alguna.

En esa tesitura, es correcto el auto de presidencia en la parte que establece que el cómputo para presentar la demanda de amparo empezó a correr a partir del diecinueve de octubre del año próximo anterior, pues si se notificó a la quejosa la sentencia el día de su emisión, es decir, el diecisiete de octubre del año próximo pasado, la notificación surtió efectos el día siguiente, dieciocho de octubre citado, por lo que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió a partir del diecinueve de octubre del dos mil dieciséis.

Asimismo, en el auto recurrido se señaló que el plazo empezó a correr a partir del diecinueve de octubre y concluyó el quince de noviembre de dos mil dieciséis.

Ahora bien, del referido cómputo se descontaron los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como el cinco, seis, doce y trece de noviembre de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; el treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis, en términos de la circular 29/2016 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal y, el diez y once de noviembre de dos mil dieciséis, en términos del comunicado 14/2016 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Ahora bien, el recurrente, esencialmente, señala que no debieron descontarse los días diez y once de noviembre de dos mil dieciséis, en tanto que dichos días sólo fueron inhábiles para el Poder Judicial de la Federación y no para la autoridad responsable ante quien se presenta la demanda de amparo directo.

Tal aserto es fundado.

El artículo 19 de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veintiocho (sic) de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."

El artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, los artículos 281, 282, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los días hábiles para la realización de las actuaciones judiciales y determinan, asimismo, cuáles son los días inhábiles y, por ende, en los que válidamente no deben realizarse tales actuaciones ni correr términos.

Dichos preceptos son del tenor literal siguiente:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

"Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."

Código Federal de Procedimientos Civiles

"Artículo 281. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que la ley declare festivos. Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las diecinueve."

"Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

"Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad de habilitación expresa."

"Artículo 286. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la ley.

"Cuando, en uno o más días, dentro de un término, no haya habido, de hecho, despacho en el tribunal, se aumentarán de oficio, con la debida oportunidad para que no haya interrupción, al término, los días en que no hubiere habido despacho. Esta resolución no es recurrible."

"Artículo 288. Concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía."

En términos de los artículos citados, la validez de una actuación procesal requiere, por tanto, que ésta se lleve a cabo en un día hábil; asimismo, las leyes procesales, generalmente, contemplan que el cómputo de los plazos en que los litigantes han de realizar alguna actuación procesal deben efectuarse en los días hábiles que queden comprendidos en el lapso de que se trate.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LIV, diciembre de 1961, Primera Parte, página 23, señaló:

"AMPARO. DÍAS INHÁBILES.—Aunque es exacto que el artículo 23 de la ley orgánica del juicio constitucional establece específicamente los días inhábiles para la interposición de la demanda de amparo, y que el diverso artículo 26, que considera inhábiles los días en que se suspenden las labores en el juzgado o tribunal en que debe hacerse la promoción, se refiere a los plazos de sustanciación del juicio y no a la presentación de la demanda, dichos preceptos no deben interpretarse aisladamente, y por lo mismo, cuando los juzgados suspenden sus labores, fuera de los días señalados concretamente por el artículo 23, y no dejan personal de guardia para recibir las demandas de amparos indirectos, no puede llegarse al extremo de considerar como hábiles esos días, porque los interesados no pueden presentar en esas fechas sus demandas, y si en el caso, el Juez de Distrito no expresa que hubiese dejado dichas guardias, y por su parte los quejosos sostienen que la suspensión de labores fue absoluta, en tal caso de duda, debe estarse a lo más favorable para los propios quejosos, y por ello debe considerarse que su demanda fue presentada en tiempo."

En consecuencia, es preciso establecer que los días, para efectos de la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, son hábiles todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, de cada año, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

Por su parte, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación instituye como inhábiles, además de los sábados y domingos, el uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno de mayo, dieciséis de septiembre y veinte de noviembre, lo que evidencia variación de ambas leyes en cuanto a cuáles días deben considerarse como inhábiles en los tribunales federales.

La precisión en la ley de cuáles son los días inhábiles y, por exclusión, cuáles los hábiles, a efecto de que puedan llevarse a cabo las actuaciones judiciales, da certeza a los litigantes para conocer de antemano los días en que no habrá labores en los órganos jurisdiccionales y, por ende, se consideran inhábiles para efectos de establecer el cómputo de los plazos legales previstos para la realización de cualquier actuación procesal.

Pueden, sin embargo, presentarse casos que alteren esa previsión legal, y que motiven que sea oportuna una modificación de la duración del plazo respectivo.

Tales casos que pueden provocar esa alteración obedecen, fundamentalmente, a dos causas distintas, a saber:

a) Acuerdo superior del Consejo de la Judicatura Federal o del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) Acuerdo interno del propio órgano jurisdiccional.

Tales hipótesis se generan, ordinariamente, por un caso fortuito o por una causa de fuerza mayor, en cuyo caso, el órgano jurisdiccional puede autorizar administrativamente la suspensión de labores, y el efecto jurídico, en lo que interesa al amparo, es que ese día se considere inhábil, provocando casi siempre la prolongación del plazo respectivo.

En consecuencia, la modificación del plazo legal concedido a las partes para la práctica de algún acto procesal se presenta o impacta en éste cuando ocurre una suspensión de labores, provocando, como ya se anticipó, generalmente, que la duración del plazo se altere positivamente en favor de los particulares a quienes corresponde realizar el acto procesal respectivo.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, sostuvo que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles.

Asimismo, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en la citada jurisprudencia, señaló que no era óbice a lo expuesto, lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia –vigente en la época de la emisión de esa jurisprudencia–, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debía entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia.

La jurisprudencia de referencia se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 243, que dice:

"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.—Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por ‘el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones’, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

Como se observa, la jurisprudencia en cita interpreta, en lo que interesa, el artículo 26 de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, dicho artículo cuenta con semejante contenido al ahora artículo 19 de la Ley de Amparo, vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece, pues ambos señalan que no se computarán los días hábiles no laborados por el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo.

De tal suerte que, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y por no contraponerse a las disposiciones de ésta, la jurisprudencia tiene aplicación al caso concreto y sirve de base para interpretar la parte final del citado artículo 19 de la vigente Ley de Amparo, en tanto señala de manera expresa, que para efectos de la presentación de la demanda de amparo directo no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, los que únicamente deben referirse a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a quien corresponde recibir la demanda de amparo, en términos del artículo 176(1) de la Ley de Amparo.

Aunado a que con esa interpretación no se violentan los derechos fundamentales de las partes del juicio de origen –oral mercantil–, en los términos de las reformas a la Constitución Federal de junio de dos mil once.

Esto es, el nuevo sistema de control de constitucionalidad que rige ahora al derecho mexicano, producto de la reforma constitucional citada, así como de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010,(2) en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ********** contra el Estado Mexicano, fallado el catorce de julio de dos mil once, determinó la obligación de las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, de salvaguardar los derech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28229-83a5f3ce/demanda-de-amparo-directo-para-determinar-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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