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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. CUANDO EN AUSENCIA DEL JUEZ, POR ENCONTRARSE DE VACACIONES, EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO ESTÁ PRESENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO COMO LA ADMISIÓN, DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS, INCLUSO, PRESIDE LA AUDIENCIA DEL JUICIO, Y EN SU CONTINUACIÓN DICTA SENTENCIA, SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 2 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 431/2017. · Registro digital (IUS): 27961
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-03
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 2495.

AMPARO DIRECTO 431/2017. 5 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA. SECRETARIO: SERGIO ADOLFO PENICHE QUINTAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—En este juicio de amparo se reclama la audiencia de juicio, su continuación y la sentencia(1) del expediente **********,(2) del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Cancún, Quintana Roo.(3)

Pero no será motivo de estudio (el acto reclamado), ni los conceptos de violación en su contra, pues se repondrá el procedimiento por violación al principio de inmediación que rige en los juicios orales mercantiles (como consecuencia, el diverso de legalidad).

Lo anterior, pues fue el secretario encargado del despacho (por vacaciones de la Juez) quien celebró la audiencia de juicio y, en su continuación, dictó la sentencia correspondiente.

Tema respecto del cual este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ha emitido la siguiente tesis:

"Décima Época

"Registro digital: 2013764

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, materia civil

"Tesis: XXVII.2o.5 C (10a.)

"Página: 2334

"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. CUANDO EN LA AUDIENCIA EL JUEZ RECIBE Y DESAHOGA LAS PRUEBAS Y EN SU AUSENCIA POR VACACIONES EL SECRETARIO LAS VALORA Y DICTA SENTENCIA, SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 2 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La inmediación es un principio que rige el juicio oral mercantil, que indica que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Juez, lo que no podrá ser delegado en persona alguna, especialmente, tratándose de admisión, desahogo, valoración de pruebas, ni la emisión y explicación de las sentencias, como se obtiene del contenido de los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39; es decir, sólo el Juez podrá y deberá presidir las audiencias del juicio oral mercantil, así como dictar la sentencia correspondiente; por tanto, es una facultad indelegable. Cabe precisar que el legislador secundario fue puntual en señalar que la adopción del sistema oral en materia mercantil era una necesidad ante el dinamismo social y las exigencias propias de los tiempos actuales; todo con tal de mejorar el sistema de impartición de justicia y lograr que sea de manera pronta y expedita. Puntualizó que en la estructura normativa de la propuesta nunca dejan de observarse los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. En diverso apartado destacó la importancia de la ‘intervención directa del Juez’; entonces, es claro que un principio que rige a los juicios orales mercantiles es el de inmediación; consecuentemente, éste exige la relación directa del Juez con las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Así, dicho principio indica la presencia necesaria y continua del Juez en todas las fases del proceso, lo que se intensifica más en relación con la recepción, desahogo y valoración de pruebas para el dictado de la sentencia; por lo que si el Juez oral mercantil de cuantía menor recibe y desahoga las pruebas y en su ausencia por vacaciones el secretario las valora y dicta sentencia, viola el señalado principio, contenido y explicado en los artículos 1390 Bis 2, 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39 citados."

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

"Amparo directo 410/2016. Mónica Topete López. 14 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Máttar Oliva. Secretario: Sergio Adolfo Peniche Quintal.

"Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

Además, existen otros tres precedentes resueltos bajo similares consideraciones: amparo directo 444/2016, sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; amparo en revisión 94/2017, sesión de once de mayo de dos mil diecisiete y amparo directo 423/2017, sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Serán las consideraciones que sustentaron el penúltimo y último precedentes citados, las que se seguirán en este asunto.

En el caso concreto, como se expuso anteriormente, la audiencia de juicio y la sentencia que se dictó en su continuación, fueron a cargo del secretario encargado del despacho por vacaciones de la titular; situación que no justifica en forma alguna transgredir el principio fundamental de inmediación que, a su vez, viola el diverso de legalidad (e incide en el debido proceso).

Así, este asunto se resuelve bajo el esquema de suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, por violación manifiesta a la ley (mercantil en el caso), misma que consiste en la transgresión a los principios de inmediación y legalidad que rigen los juicios orales mercantiles, debido a que el secretario encargado del despacho por vacaciones de la Juez oral mercantil:

a) Recibió pruebas y escuchó los alegatos de las partes (violación al principio de inmediación); y,

b) Dictó la sentencia (violación al principio de legalidad, pues la autoridad sólo puede hacer aquello para lo que legalmente está facultado).

Así, se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en el acto reclamado a las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado e, incluso, la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables.

Palabras las anteriores de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, registro digital: 191048, Tomo XII, octubre de 2000, página 189, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.—Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."

A pesar de la ausencia de argumentos, al respecto, por la parte quejosa, sí opera la suplencia de la queja deficiente en este asunto mercantil, ya que en este caso se dio la violación a dos principios jurídicos (legalidad e inmediación). Es útil el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.), registro digital: 2009936, Segunda Sala del Alto Tribunal, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 663, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas»:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

El artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, establece que: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.", lo que equivale al debido proceso.

Por su parte, el 16 de la propia Norma Suprema, en su primer párrafo, dispone que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.", lo que es congruente con el principio de legalidad.

Reza una máxima jurídica que: "la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley le permite", lo que encuentra su fundamento en el propio principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones.

De ahí que sea válido afirmar que en todo juicio deba respetarse el principio de legalidad, el cual enmarca el debido proceso y dentro de éste, se debe prestar atención a la competencia legal del órgano del Estado que dice el derecho.

Por su parte, el Código de Comercio, en su artículo 1390 Bis 2,(4) dispone lo siguiente:

"Artículo 1390 Bis 2. En el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración."

Dicho precepto legal establece cuáles son los principios que se observarán de manera especial en el juicio oral mercantil, a saber:

• Oralidad;

• Publicidad;

• Igualdad;

• Inmediación;

• Contradicción;

• Continuidad; y,

• Concentración.

Para este estudio es de interés únicamente el principio de inmediación.

La inmediación es un principio que rige el juicio oral mercantil, que indica que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Juez, lo que no podrá ser delegado en persona alguna, especialmente, tratándose de admisión, desahogo, valoración de pruebas, ni la emisión y explicación de las sentencias, tal como se obtiene del contenido de los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39,(5) en vigor a partir del veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

En diversas palabras, sólo el Juez podrá (y deberá) presidir las audiencias del juicio oral mercantil, así como dictar la sentencia correspondiente; por tanto, es una facultad indelegable.

El grado máximo de oralidad en el juicio (oral mercantil) se da en las audiencias y es en ellas en las que debe adoptarse la decisión.

En dichas audiencias las partes exponen sus argumentos y pruebas (principio de contradicción) de manera directa ante el Juez para que éste, de igual manera (directa), se imponga del resultado del debate y esté en aptitud de emitir una resolución (principio de inmediación).

Este principio de inmediación rige de manera estricta y sin excepciones en los juicios orales mercantiles.(6)

De ahí que para los juicios orales mercantiles sea infranqueable que la decisión sea sólo del Juez y en audiencia; en consecuencia, el principio de inmediación no encuentra excepción alguna. La transgresión del principio de inmediación porque el secretario dicta la sentencia, ocasiona la violación del diverso principio de legalidad, pues sólo se puede hacer aquello que la ley faculta expresamente e incide en la violación al debido proceso.

Con otras palabras, en los juicios orales mercantiles las decisiones las toma el Juez debido a que los rige, entre otros, el principio de inmediación. Caso contrario, se viola no sólo el referido principio de inmediación, sino igual el de legalidad (que enmarca el debido proceso).

Un principio es un mandato de optimización que puede cumplirse en diferentes grados.

El mandato de optimización es una norma que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.

Una regla es el medio para lograr (en mayor medida) la consecución de un principio; aquélla contiene determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible.

Cuando un principio colisiona con otro o con una regla, debe acudirse al criterio de proporcionalidad a través de un examen de adecuación.

La violación a un principio atañe a la sustancia del derecho mientras que la violación de una regla ocasiona que el principio no pueda cumplirse o ello sea en menor medida.

Cuando una regla entra en conflicto con otra, sólo una de ellas puede tener cabida. Cuando un principio colisiona con otro, debe ponderarse cuál debe preceder según su peso específico, donde la medida de satisfacción o afectación de un principio deberá depender de la importancia de la satisfacción del otro principio.

En este caso específico, el principio de inmediación se transgredió, pues fue un secretario quien celebró la audiencia de juicio y dictó la sentencia; lo cual, a su vez, violó el principio de legalidad por la incompetencia legal de tal servidor público y ello incidió en el debido proceso.

El legislador secundario fue claro en señalar que la adopción del sistema oral en materia mercantil era una necesidad ante el dinamismo social y las exigencias propias de los tiempos actuales; todo con tal de mejorar el sistema de impartición de justicia y lograr que sea de manera pronta y expedita.

Puntualizó, que en la estructura normativa de la propuesta nunca dejan de observarse los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Como consecuencia, violar alguno de esos principios incide, necesariamente, en el diverso de legalidad.

En otro apartado destacó la importancia de la "intervención directa del Juez".

Lo anterior se obtiene de la lectura de la siguiente transcripción parcial de la exposición de motivos que antecedió a la instauración del juicio oral mercantil.

"Fecha de publicación: 27/01/2011

"Categoría: Decreto

"Procesos legislativos

"Exposición de Motivos

"Cámara de Origen: Diputados

"Exposición de Motivos

"México, D.F., jueves 2 de abril de 2009.

"Iniciativa de diputados

"Gaceta No. 2730-II

"...Así, en este ánimo por contar con un sistema más acorde con el dinamismo social y las exigencias propias de los tiempos en que vivimos, en la LX Legislatura hemos sido testigos de la necesidad de adecuar los ordenamientos mercantiles. Es el caso de la serie de reformas y adiciones realizadas en el Código de Comercio, en busca de un mejor sistema de impartición de justicia. Asimismo, cabe resaltar el interés que han presentado diversos legisladores por esta clase de reformas, atendiendo a un espíritu de justicia pronta y expedita. Mediante esta iniciativa se propone la creación de un sistema de impartición de justicia cuya base sea la preeminencia de la oralización de los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, pues representan el mayor porcentaje de asuntos que conocen los Jueces en esta materia, dejándose salvos (sic) los asuntos que tengan prevista una tramitación especial en el mismo código, como los ejecutivos mercantiles, especiales de fianzas y ejecución de prenda sin transmisión de la posesión, a efecto de evitar incongruencias en ellos.

"En la estructura normativa de esta propuesta nunca dejan de observarse como principios los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.

"...

"En la estructura del juicio oral se establece la figura de la audiencia preliminar, que tiene como propósito depurar el procedimiento, conciliar a las partes con la intervención directa del Juez, fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos para dar mayor agilidad al desarrollo del desahogo de pruebas, fijar acuerdos probatorios, pronunciarse respecto a la admisión de pruebas para evitar duplicación en su desahogo y pasar a la fase siguiente del procedimiento.

"...

"Con la finalidad de que el procedimiento sea ágil y el desahogo de pruebas se realice en una sola audiencia (audiencia de juicio), se establece la carga para las partes en la preparación de sus pruebas y que, de no encontrarse debidamente preparadas, se dejarán de recibir. Lo anterior, para que el juicio oral no pierda agilidad, lo que evita en la medida (sic) lo posible tácticas dilatorias y el retardo injustificado del procedimiento. ..."

Entonces, es claro que un principio que rige a los juicios orales mercantiles es el de inmediación.

El principio de inmediación exige la relación directa del Juez con las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Así, tal principio indica la presencia necesaria y continua del Juez en todas las fases del proceso, lo que se intensifica más en relación con la recepción, desahogo y valoración de pruebas para el dictado de la sentencia, pero en este caso, fue el secretario encargado del despacho por vacaciones de la Juez quien recibió y valoró las pruebas y alegatos para luego dictar la sentencia correspondiente; situación que violó tal principio y el diverso de legalidad.

La violación de un principio es una causa que amerita la reposición del procedimiento para resarcirlo.

El artículo 172, fracción XI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

"...

"XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del Juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley."

Es decir, en un juicio de orden civil se consideran violadas las leyes del procedimiento y se afectan defensas del quejoso al trascender al resultado del fallo cuando, como en el caso, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del Juez. No es otra cosa que el deber de observar el principio de inmediación; caso contrario, se repondrá el procedimiento.(7)

De ahí que, en este caso, se justifique la reposición del procedimiento para que sea la Juez quien reciba, desahogue, valore las pruebas y dicte la sentencia correspondiente.

No se inadvierte el contenido de los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuya literalidad es la siguiente:

"Artículo 43. Cuando un Juez de Distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente.

"En las ausencias del Juez de Distrito superiores a quince días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia. Entretanto se hace la designación o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho del juzgado en los términos del párrafo anterior sin resolver en definitiva."

"Artículo 161. Durante los periodos vacacionales a que se refiere el artículo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a las personas que deban substituir a los Magistrados o Jueces, y mientras esto se efectúa, o si el propio Consejo no hace los nombramientos, los secretarios de los Tribunales de Circuito y los de los Juzgados de Distrito, se encargarán de las oficinas respectivas en los términos que establece esta ley.

"Los secretarios encargados de los Juzgados de Distrito, conforme al párrafo anterior, fallarán los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los Jueces de Distrito de que dependan disfruten de vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley.

"Los actos de los secretarios encargados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a este artículo, serán autorizados por otro secretario si lo hubiere, y en su defecto, por el actuario respectivo o por testigos de asistencia."

Estos preceptos legales no han tenido cambios desde que se publicó la ley orgánica el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

El artículo 43 prevé que cuando un Juez de Distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente; y en las ausencias superiores a quince días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia, y que entretanto se hace la designación o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho del juzgado sin resolver en definitiva.

El artículo 161 alude a que la sustitución de un Juez por vacaciones correrá a cargo de un secretario que se encargará de la oficina, y que sólo fallarán aquellos juicios de amparo cuya audiencia se haya señalado para los días en que el Juez de Distrito de que dependa, disfrute sus vacaciones, a menos que esas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley.

En general, ambos preceptos legales determinan la posibilidad de que sea un secretario quien se encargue del despacho en la ausencia del Juez; pero:

a) Son determinaciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que datan de mil novecientos noventa y cinco;

b) El sistema oral en los juicios mercantiles se introdujo al Código de Comercio el veintisiete de enero de dos mil once;

c) Entre ambas fechas mediaron dieciséis años;

d) Una cosa es un juicio de amparo o un proceso federal en el sistema tradicional escrito y otra lo es un juicio oral mercantil;

e) El principio de inmediación no es de igual intensidad en el juicio de amparo o en un proceso federal del sistema tradicional escrito que en los juicios orales mercantiles;

f) En el juicio de amparo o en los procesos federales tradicionales escritos, el principio de inmediación puede ceder virtud al contenido de los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y,

f) (sic) En el juicio oral mercantil el principio de inmediación es absoluto.

Tan absoluto es el referido principio que, como se apuntó anteriormente, la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece (posterior a la introducción del juicio oral mercantil en el Código de Comercio), en su artículo 172, fracción XI establece como violación procesal de gran magnitud, con trascendencia a las defensas del quejoso y del resultado del fallo, cuando se desarrolle "cualquier" audiencia sin la presencia del Juez.

Entonces, los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (el segundo citado en la sentencia que es el acto reclamado), no constituyen fundamento legal o autorización alguna que permita considerar las cosas de diversa manera, como tampoco lo es la cita de "...encargado del despacho...durante las vacaciones de la titular, autorizadas en sesión de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/2252/2017...", pues al no obrar en los autos, no se sabe cuál es su contenido.

Sin olvidar mencionar que al no ser legalmente competente el secretario encargado del juzgado por vacaciones de la titular para recibir pruebas y alegatos y dictar una sentencia en un juicio oral mercantil, ocasiona que igual se viole el principio de legalidad.

Si en el caso la resolución reclamada en el juicio oral mercantil, en el contexto descrito, fue dictada por un secretario, no por la Juez, entonces, ese acto no puede producir efecto alguno. Aplica con precisión la tesis aislada 2a. CXCVI/2001, registro digital: 188678, Segunda Sala del Máximo Tribunal, Tomo XIV, octubre de 2001, página 429, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.—La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido."

Por los motivos recién expuestos y en atención, además, al artículo sexto transitorio(8) de la Ley de Amparo, se consideran inaplicables las jurisprudencias 1a./J. 14/2010, registro digital: 164525 y 2a./J. 67/2011, registro digital: 161460, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, cuyos rubros son: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA." y "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL."; máxime que cuando fueron emitidas no estaba vigente la nueva legislación mercantil ni la concepción del juicio oral mercantil, como ahora se encuentra.

Finalmente, acorde con la exposición de motivos antes citada (respecto del Código de Comercio), se requiere la intervención directa del Juez; de ahí que se refiera sin motivo de duda al principio de inmediación en vínculo a que "Juez" no puede equipararse a "secretario", por más que éste sea autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal virtud a los artículos 43 o 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que en términos del artículo 97, primer párrafo, de la Constitución General de la República:

"Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley."

Por su parte, los artículos 112, primer párrafo, 113, primer párrafo y 152, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinan:

"Artículo 112. El ingreso y promoción para las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre."

"Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal."

"Artículo 152. Los Jueces de Distrito otorgarán la protesta constitucional ante el Pleno del C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27961-08834ab8/principio-de-inmediacion-en-el-juicio-oral-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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