PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO.
II. Competencia
7. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Plenos de diversos Circuitos.
III. Legitimación
8. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.(1)
IV. Existencia
9. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:(2)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Para determinar si en el caso se reúnen tales requisitos, se procederá a hacer referencia a los casos de los que tocó conocer a los Plenos de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, así como a los criterios que sostuvieron para resolverlos.
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple, pues ambos Plenos de Circuito, al resolver las contradicciones de las que conocieron, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de una interpretación normativa para llegar a una solución determinada de los casos que se sometieron a su consideración, como se expone enseguida:
12. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 12/2015, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, emitió el siguiente criterio:(3)
"SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA. La acción o el derecho para pedir la ejecución de una sentencia constituye una cuestión distinta a la realización de los actos o formas para cumplimentarla; en ese sentido, la preclusión se actualiza en relación con la diversidad de actos procesales que realizan las partes en la fase de ejecución, como son el trámite de liquidación y el avalúo, pero no en relación con los derechos derivados del fallo, pues la única institución jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción. Por tanto, la prescripción no opera de forma independiente respecto de algunas de las prestaciones (líquidas o genéricas), pues ello implicaría transgredir la cosa juzgada, al tener que dejarse sin efectos una parte de la resolución firme, efectuando para ello una interpretación extensiva de la norma, ya que no existe un precepto que establezca la prescripción parcial del fallo, por lo cual, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción debe operar de manera estricta en los supuestos que la ley prevé. Además, las prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un derecho divisible o distinto, sino que tienen un mismo origen y fin, de modo que aunque su ejecución requiera un proceso distinto integrado con una serie de actos interdependientes y coordinados que varían de acuerdo a lo condenado, buscan la satisfacción de la obligación consignada en la sentencia en favor del ejecutante."
13. Dicho criterio fue adoptado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, para determinar si puede prescribir la condena establecida en la sentencia, de forma independiente, respecto de las prestaciones líquidas y las genéricas. Lo anterior bajo las consideraciones siguientes:
a) El Pleno de Circuito partió de que conforme a lo dispuesto en el artículo 1732 del Código Civil del Estado de Jalisco, la prescripción negativa constituye un medio de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, por no exigirse su cumplimiento. Al respecto, señaló que, al resolver la contradicción de tesis 92/2000, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el único derecho adjetivo susceptible de prescribir es el de la acción, pues si bien otros derechos procesales distintos pueden extinguirse por su no ejercicio oportuno, ello ocurre por la actualización de otra institución jurídica conocida como la preclusión.
b) Mencionó que los artículos 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1040, 1079, fracciones IV y V, así como el 1047 del Código de Comercio, prevén el plazo para solicitar la ejecución de una sentencia (prescripción), así como el momento en que comienza a correr de acuerdo a cada legislación; en tanto que ambas materias (civil y mercantil) regulan supuestos específicos sobre el proceso de ejecución, dependiendo de la naturaleza de las obligaciones que deriven del fallo.
c) Posteriormente, argumentó que el objeto último del proceso de ejecución es el cumplimiento de la obligación consignada en la sentencia, en tanto que las formas de ejecución dependerán de las condenas a cumplir, esto es, si se trata de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Por lo que pueden existir diversos actos en el proceso de ejecución, como lo son la solicitud de inicio de ejecución, la oposición a ésta, el avalúo de bienes y la liquidación de la sentencia. De lo anterior, concluyó que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos o formas para cumplimentarla.
d) Retomó lo resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2013 y la contradicción de tesis 475/2009, asuntos en los que se determinó:
- Que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos o formas para cumplimentarla.
- Que la preclusión únicamente se actualiza en relación con las diversas de actos meramente procesales que realizan las partes y no en cuanto a los derechos derivados de la sentencia, como el que se ejercita al pretender hacer cumplir una ejecutoria, en tanto que la única institución jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción.
- Que el término para solicitar la ejecución de una sentencia constituye un derecho de naturaleza sustantiva; que el plazo que dura la acción para solicitar la ejecución de una sentencia (prescripción) empieza a contar a partir del día en que haya vencido el plazo judicial para el cumplimiento de voluntad, de manera que la ley dejó al vencedor en libertad para elegir el momento, dentro de ese periodo, para ejercitar la acción a través de la ejecución de la sentencia, sea que su contenido sea líquido o ilíquido.
e) Precisó que, con base en lo anterior, se podía concluir que el plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia definitiva, comprende tanto las prestaciones líquidas como las genéricas, sin que pueda operar la figura de la prescripción de forma diferenciada para cada una de ellas.
f) Aclaró que si una sentencia contiene obligaciones determinadas en valor económico y otras por cuantificar en ejecución, puede acontecer que se requiera el cumplimiento de ambas en diversos momentos, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso; sin embargo, ello no puede implicar que prescriba una porción de las prestaciones, pues se transgrediría la cosa juzgada, ya que se tendría que dejar sin efectos una parte de la resolución, siendo que no existe un precepto que establezca la prescripción parcial de la sentencia, por lo cual, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción debe operar de manera estricta en los supuestos que la ley prevé.
g) En ese sentido, agregó el Pleno de Circuito que debía tenerse presente que las prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un derecho divisible o distinto, pues tienen un mismo origen y fin (la sentencia y su ejecución), lo que las diferencia es el procedimiento que debe seguirse para que puedan cumplimentarse.
h) Además, determinó que la decisión de esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 35/2009, en el sentido de que la única figura jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, por lo que si este Alto Tribunal estableció que no podía estimarse prescrito el incidente de liquidación, toda vez que ello implicaría hacer nugatorio el derecho reconocido en la sentencia definitiva que causó estado, por mayoría de razón se puede concluir que las prestaciones no pueden prescribir de forma parcial, pues se atentaría contra la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada y la finalidad que persigue todo proceso jurisdiccional.
i) Por otra parte, señaló que no se desatendía que el artículo 489 del Código de Procedimientos del Estado de Jalisco dispone que si la sentencia contiene condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, porque lo que esa expresión prescribe es una facultad a favor del ejecutante, sin que constituya una exigencia, pues la norma no es imperativa en ese sentido.
j) Además, se precisó que tampoco se puede considerar que con base en ese precepto, el plazo de prescripción de ejecución de sentencia inicia de forma diferenciada para las prestaciones líquidas y las genéricas, porque se perdería de vista que la prescripción se interrumpe en el momento en que las partes realizan cualquier acto para impulsar la ejecución del fallo y, en esa medida, si el ejecutante gestiona el cumplimiento de una prestación determinada o promueve el incidente de liquidación, se reinicia el periodo de perención respecto de la totalidad de la condena, pues en ambos casos se realizan gestiones para lograr el cumplimiento del fallo.
k) Finalmente, el Pleno de Circuito concluyó que el plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia definitiva, comprende tanto las prestaciones líquidas como las genéricas, sin que pueda operar la figura de la prescripción de forma diferenciada para cada una de ellas.
14. El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 10/2017, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, emitió el criterio siguiente:(4)
"PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e ilíquidas, el derecho a ejecutarla se individualiza respecto de cada una de ellas. Por otra parte, la prescripción establecida en el artículo 1079, en relación con el diverso 1040, ambos del Código de Comercio (en su texto derivado de las reformas de 1994), es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas –procedimiento de ejecución– e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas –procedimiento incidental–. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual, se extingue mediante la figura de la prescripción, que comienza a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, una vez que la sentencia de condena causa ejecutoria como lo señala la fracción IV del numeral citado en primer término. Y por lo que hace a las cantidades ilíquidas, por ejemplo, la condena de intereses moratorios o gastos y costas, el derecho a ejecutar surge con posterioridad a que se tramita el incidente de liquidación previsto por el artículo 1348 del mismo ordenamiento legal, una vez que se fija en cantidad precisa y líquida una condena indeterminada. Conforme a ello, la extinción de ese derecho operaría indistintamente tanto para la condena líquida como para la ilíquida, donde los actos que se dan dentro de la etapa preparatoria a la ejecución, como la promoción del incidente de liquidación de sentencia, que interrumpe la prescripción de la ejecución de la condena indeterminada, pero que no tiende estrictamente a la ejecución, no resultan aptos para impulsar el procedimiento de ejecución de la cantidad líquida, y como consecuencia, tampoco interrumpe su prescripción. De ahí que el plazo para que opere la prescripción de sentencia de condena mixta dictada en un juicio ejecutivo mercantil comienza de manera diferenciada para el procedimiento de ejecución y para el incidente de liquidación de sentencia."
15. Dicho criterio fue adoptado por el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito para determinar si la prescripción de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, comienza de manera diferenciada para la suerte principal (procedimiento de ejecución) y para la condena genérica (procedimiento incidental o de liquidación de sentencia). Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
a) El Pleno de Circuito precisó que en las sentencias que constituyeron el acto reclamado en los juicios de amparo de donde emanaron las sentencias recurridas, se condenó: I) al pago de una cantidad líquida, así como, II) al pago de una cantidad indeterminada, por concepto de intereses legales, así como gastos y costas.
b) Retomó lo determinado por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 92/2000-PS, relativo a que el proceso es un fenómeno fundamentalmente dinámico, cuyo desarrollo, generalmente, está compuesto por las etapas siguientes: expositiva, probatoria, conclusiva, impugnativa y ejecutiva.
c) Explicó que la prescripción negativa es un contraderecho que puede oponerse al derecho sustantivo correspondiente, como medio para liberarse de la acción ejercida en juicio. Así, el derecho sustantivo para solicitar la ejecución de una sentencia firme derivada de un juicio ejecutivo mercantil, puede extinguirse por prescripción si transcurren tres años sin que se haga valer, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. Plazo que debe iniciar a contarse desde el día en que la ejecución sea legalmente exigible, en términos del artículo 1040 del Código de Comercio, esto es, desde que la sentencia cause ejecutoria, al no poder recurrirla por ningún medio ordinario o extraordinario de impugnación, tal como lo señala el numeral 1343 del mismo ordenamiento legal.
d) En ese sentido, argumentó que si en la sentencia del juicio ejecutivo mercantil que ha causado ejecutoria se establece como condena el pago de cantidades líquida e ilíquida, entonces, para saber qué actos la interrumpen es menester atender, precisamente, a esas características de la condena. Por cuanto toca a la cantidad líquida, para conseguir el resultado práctico consistente en el pago, se necesita únicamente el ejercicio del derecho de su titular ante el órgano jurisdiccional; por otra parte, en lo que corresponde a la cantidad ilíquida, se requiere hacerla valer incidentalmente a través de la formulación de la planilla correspondiente, dado que la ejecución de la primera no impide que posteriormente se pida la liquidación de la segunda, ya que el artículo 1348 del Código de Comercio no restringe a reclamar conjuntamente las cantidades determinadas con las indeterminadas.
e) Así, consideró que un incidente de liquidación de intereses, ninguna trascendencia tiene para la parte líquida que es ejecutable desde que la sentencia ha causado ejecutoria. Entonces, el incidente de liquidación de intereses no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia, porque es innecesario su trámite para que el ejecutante pueda obtener la satisfacción de la condena en esa parte de la sentencia, es decir, para conseguir el resultado práctico consistente en el pago de la suerte principal. Por lo tanto, si el derecho a pedir la ejecución de la parte líquida se encuentra en condiciones de ser ejercido y, con todo, en lugar de realizar los actos indispensables para hacerlo efectivo, su titular incurre en inercia durante tres años o más, se justifica que, si a su interés conviene, el obligado oponga la excepción de prescripción; dado que la pérdida del derecho de ejecutar la sentencia definitiva ejecutoriada se explica por el abandono de las prestaciones obtenidas.
f) Además, el Pleno de Circuito mencionó que en el artículo 1348 del Código de Comercio el legislador dispuso un procedimiento para fijar la cantidad líquida de una condena indeterminada en lo que se ha llamado "incidente de liquidación".
g) Retomó lo resuelto por esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 6/98, en el sentido de determinar que la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio que constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo. Con base en ello consideró que esa interlocutoria no puede reputarse propiamente como un acto de ejecución de sentencia. Luego, como la resolución de liquidación que regula el artículo 1348 del Código de Comercio es un acto en cierta medida autónomo, respecto del procedimiento de ejecución, los actos previos, que directamente se relacionan con ella, como procedimiento incidental, por regla general, se pueden considerar con tal carácter.
h) Mencionó que en la jurisprudencia 1a./J. 99/2010, esta Primera Sala determinó que el derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual, se extingue mediante la figura de la prescripción.
i) Señaló que la prescripción que contempla el artículo 1040 del Código de Comercio no se dirige directamente al procedimiento incidental de liquidación; sin embargo, el artículo 1348 del mismo ordenamiento vincula, necesariamente, al procedimiento de liquidación con el de ejecución. En la contradicción de tesis 92/2000-PS, la Primera Sala estimó que la incidencia de liquidación no podía entenderse como una institución estrictamente procesal, ajena al derecho sustantivo de ejecución de una sentencia de condena, de manera que también se encontraba sujeta al lapso de prescripción negativa que prevé la ley.
j) Asimismo, refirió que el contenido del enunciado normativo previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio se traduce en una regla general del ejercicio del derecho a ejecutar tratándose de sentencias que no contienen cantidad líquida, que dice que la promoción de ejecución va aparejada a la de liquidación. El legislador fue claro: al promoverse la ejecución debe presentarse la liquidación.
k) Señaló que el artículo 1410 del Código de Comercio, a virtud de la sentencia de remate, previo avalúo, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, lo que significa que la ejecución que deriva de una sentencia, en términos generales es de índole forzosa, en oposición a las que son de cumplimiento voluntario. Por regla general, las ejecuciones forzosas inician a petición de parte, lo que puede inferirse del artículo 1347 del Código de Comercio.
l) Añadió que, tratándose de condenas ilíquidas, antes de iniciarse propiamente la etapa de ejecución debe volverse ejecutable la condena; sin embargo, aun cuando la prescripción negativa se refiere al procedimiento de ejecución y no al de liquidación, dado que ésta es condición de aquélla, debe considerarse como sujeta al lapso en el cual se extingue el derecho para instar la ejecución, más si se considera como un acto coetáneo al de la ejecución, se admite que al promover la ejecución debe presentarse la liquidación.
m) Precisó que la sentencia ejecutiva mercantil es una resolución que pone fin al proceso y de entrar al estudio del fondo del asunto, resuelve la controversia mediante la aplicación de la ley general al caso concreto, sus efectos en relación con las partes y las consecuencias del litigio se podrían resumir en declarar, condenar o absolver a las partes. De haberse agotado los recursos, o bien, de no haberse agotado las formas de impugnación que dicta la ley, la sentencia dictada en autos causará ejecutoria, esto es, la cosa juzgada o verdad legal que deberá de cumplirse en todas y cada una de las partes propositivas de la misma. Así, en el periodo de ejecución de una sentencia, se deberá cumplir en los términos propositivos, incluso mediante la fuerza del Estado para cumplirla en todas sus partes.
n) Reiteró que para el caso de que en la sentencia del juicio ejecutivo mercantil que ha causado ejecutoria se establezca como condena el pago de cantidades líquida e ilíquida; por cuanto toca a la cantidad líquida, para conseguir el resultado consistente en el pago, se necesita únicamente el ejercicio del derecho de su titular ante el órgano jurisdiccional; y por lo que corresponde a la cantidad ilíquida, se requiere hacerla valer incidentalmente a través de la formulación de la planilla correspondiente, dado que la ejecución de la primera no impide que posteriormente se pida la liquidación de la segunda, ya que el artículo 1348 del Código de Comercio no restringe a reclamar conjuntamente las cantidades determinadas con las indeterminadas. En tal virtud, resulta claro que un incidente de liquidación de intereses se endereza para determinar la parte ilíquida de la sentencia, pero ninguna trascendencia tiene para la parte líquida, por lo que no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia, porque es innecesario su trámite para que el ejecutante pueda obtener la satisfacción de la condena en esa parte de la sentencia.
ñ) Argumentó que el derecho a ejecutar una sentencia, por regla general, se considera como unitario, indivisible. A partir de esta afirmación podría pensarse que el ejercicio de ese derecho respecto de una condena, para efectos de la interrupción de su prescripción, vale por igual para toda la parte dispositiva de la sentencia de condena de pago. Admitir tal conclusión, nos conduciría a lo siguiente: tratándose de un proceso ejecutivo mercantil en el que la condena versa sobre cantidades líquidas e ilíquidas, los actos de ejecución de las cantidades líquidas interrumpen la prescripción en lo que hace a la condena indeterminada, y a la inversa, es decir, los actos que interrumpen la prescripción por el lado de la condena ilíquida también la interrumpirían en lo que toca a la condena líquida. Jurídicamente esto no es admisible. En efecto, la ley establece la materialización de las condenas líquidas e ilíquidas en términos de procedimientos distintos; de suerte que el derecho a ejecutar se verifica de maneras distintas.
o) Aclaró que cuando se está frente a una sentencia que contiene cantidades líquidas e ilíquidas, su ejecución se verifica de manera separada, generalmente ocurre que mientras, por un lado, se está en la sustanciación del remate o la adjudicación, por el otro se está en la liquidación; y cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e ilíquidas, el derecho a ejecutar en realidad se individualiza respecto de cada una de ellas. Incluso, esto es más claro si se considera el caso en el cual la parte vencedora ejecuta la sentencia sólo en lo que hace a su parte determinada y omite actuar respecto a la indeterminada, en tal supuesto no podría decirse que el derecho a ejecutar que se desplegó abarcó ambas condenas; de ahí que tampoco pueda sostenerse su imposibilidad de individualización respecto de cada una de ellas.
p) Por otra parte, el Pleno de Circuito expuso que en el sistema de la ley mercantil, los actos que se dan respecto de la ejecución de cantidades líquidas en oposición a las ilíquidas, tiene a la materialización de la condena respectiva, pues hay casos en que aquélla no los funde, confundiéndolos para efectos del pago. Uno de ellos es el de los intereses, previsto en el artículo 364 del Código de Comercio, donde el legislador estableció una clara distinción en el destino de las cantidades pagadas. En el primer caso, el pago hecho al capital se distingue del de los intereses, éste se extinguirá si el acreedor expresamente no se reserva derecho sobre ellos; mientras que en el segundo, cuando no resulte expresa su aplicación se destinará al pago de los intereses, por orden de vencimientos y después al capital. De esta forma, tratándose de un asunto en el cual la cantidad líquida se refiere a la suerte principal y a la ilíquida a los intereses (y a los gastos y costas), en realidad todo lo actuado tanto respecto de una y otras condenas, al final de cuentas tendría que aplicarse, ante la ausencia de estipulación expresa, primero a los intereses y luego al capital.
q) Con base en lo anterior, estimó que también por el orden de la materialización de la condena líquida como de la ilíquida, el derecho que se da respecto de la ejecución de ellas es individualizable, porque si no fuera así, impondría postular que, al ser inindividualizable, los pagos hechos por el deudor, bien sean forzosos, se repartirían por igual o sin algún orden concreto, al pago de las obligaciones fijadas en la sentencia.
r) Finalmente, el Pleno de Circuito concluyó que la prescripción que establece el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, en relación con el diverso 1040, es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas. Ahora, respecto de las cantidades ilíquidas, el derecho a ejecutar surge una vez que la sentencia de condena causa ejecutoria, por lo que el inicio del plazo prescriptivo debe atender a la fecha en la cual la resolución que contiene el derecho concreto se hace exigible. Así, los actos de ejecución de la sentencia no pueden interrumpir la prescripción de la liquidación de la sentencia y viceversa; de tal suerte que dicha figura jurídica aplica a ellos de manera independiente. Entonces, si bien el procedimiento de liquidación de sentencia es individualizable o distinguible frente al de ejecución de sentencia, lo cierto es que no hay fundamento ni motivo alguno para considerar que la prescripción negativa que regula el artículo 1040 del Código de Comercio opera directa y autónomamente respecto de él.
16. Una vez precisados los antecedentes y los criterios que adoptaron los Plenos de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, esta Primera Sala advierte que los dos órganos federales se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para interpretar los artículos 1732 del Código Civil del Estado de Jalisco, 489 y 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 364, 1040, 1079, 1047, 1343, 1347, 1348 y 1410 del Código de Comercio, esto a fin de determinar si la prescripción del derecho a ejecutar una sentencia opera indistintamente tanto para la condena líquida como para la ilíquida.
17. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo de los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis también se satisface en el presente asunto, puesto que los ejercicios interpretativos realizados por los Plenos de Circuito contendientes giraron en torno a una misma problemática jurídica surgida con motivo de la forma en que opera la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, en el caso de condena mixta; así, lo que uno de ellos afirmó fue negado por el otro, tal como se demostrará a continuación:
18. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito argumentó que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos o formas para cumplimentarla. Agregó que debía tenerse presente que las prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un derecho divisible o distinto, pues tienen un mismo origen y fin (la sentencia y su ejecución), lo que las diferencia es el procedimiento que debe seguirse para que puedan cumplimentarse. As
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29069-93a61dbd/prescripcion-del-derecho-a-ejecutar-una-sentencia-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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