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PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. · Registro digital (IUS): 28006
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-08-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, Pág. 2130.

PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA, SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ Y ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. PONENTE: SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. SECRETARIO: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

8. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(6) por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Plazo para emitir resolución.

9. De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, la presente resolución se emite dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel que se turnó el asunto, toda vez que la notificación del turno se realizó el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, y surtió sus efectos el veintiséis de los mismos mes y año, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) por no ubicarse en los diversos supuestos contemplados (por no tratarse de la notificación a una autoridad responsable ni a un tercero interesado).

10. Se considera así, porque en términos del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, tanto en su considerando octavo como en su artículo 28, prevén que el proyecto de resolución deberá formularse dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se turnó el asunto, pero dicho acuerdo no prevé si la notificación surte o no sus efectos.

11. Como consecuencia de ello, se atiende a lo que dispone la Ley de Amparo, que en su artículo 22 señala que los plazos comienzan a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento,(8) en relación con el diverso artículo 31, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que establece que las notificaciones surten sus efectos desde el día siguiente al de la notificación personal, salvo las notificaciones que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, a quienes surte sus efectos, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas.

12. De ahí que se considere que la notificación del auto de turno para la emisión del proyecto que debe resolver la contradicción de tesis del Pleno de Circuito, debe surtir sus efectos al día siguiente al en que se notifique, e iniciar el plazo de quince días para formular el proyecto al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación.

TERCERO.—Legitimación del denunciante

13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) pues fue denunciada por una de las partes en uno de los asuntos que motivaron la contradicción, esto es, por ********** Sociedad Anónima, por conducto de su autorizado, parte recurrente en el amparo en revisión 110/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

CUARTO.—Posturas contendientes

14. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de los asuntos y transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 110/2014.

15. El primer criterio que forma parte del presente asunto, es el sustentado en el amparo en revisión 110/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual derivó de los antecedentes que enseguida se relatan:

"En escrito de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, ********** demandó de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de: I) dos pagares que amparaban las cantidades de $********** (********** dólares********** USD) y $********** (********** dólares********** USD) respectivamente, y II) los intereses moratorios del veinticuatro por ciento anual sobre la suerte principal."

16. Seguido el procedimiento, el Juez de primera instancia del conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

"‘RESUELVE:

"‘PRIMERO.—Ha procedido la acción intentada en el presente juicio promovido por el ciudadano abogado ********** en su carácter de endosatario en procuración de ********** en contra de ********** S.A. de C.V. en virtud de que la parte actora probó su acción y la demandada no se excepcionó.

"‘SEGUNDO.—Se condena a ********** S.A. de C.V. a pagar la cantidad de $********** (********** dólares ********** moneda nacional de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento de hacerse el pago, como suerte principal; los intereses legales generados por la suerte principal.

"‘TERCERO.—Se condena a ********** S.A. de C.V. a pagar los gastos y costas del juicio, con fundamento en los artículos 1084, fracciones I y III, 1085, 1086 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio.

"‘CUARTO.—Se concede a la demandada el término de cinco días contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución para el cumplimiento voluntario de la misma y en caso contrario, previo avalúo de los bienes embargados, hágase trance y remate de los mismos para que con su producto se pague al actor el monto de las prestaciones sentenciadas.’

"Por auto de seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Tercero Civil declaró que la sentencia causó ejecutoria.

"Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil doce, la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia. La incidencia planteada en realidad fue respecto de los intereses moratorios generados por ‘la suerte principal’ del uno de septiembre de dos mil uno al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por la cantidad de $********** USD (********** centavos).

"El actor expresó que los conceptos de adeudo conforme a las constancias de autos fueron los siguientes:

Ver conceptos de adeudo

"El diez de julio de dos mil trece, el Juez dictó sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia, en la que declaró su procedencia y aprobó la cantidad de $********** USD (********** dólares **********) por concepto de intereses moratorios a razón del veinticuatro por ciento anual sobre la suerte principal, en lo correspondiente al lapso que va del uno de septiembre de dos mil uno al treinta y uno de diciembre de dos mil once.

"Esta última resolución es la que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto."

17. Inconforme con dicha interlocutoria, la sociedad actora promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo (amparo indirecto **********). Seguido el procedimiento, mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de doce de diciembre de dos mil trece, autorizada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado.

18. Asimismo, inconforme con dicha resolución de amparo, ********** Sociedad Anónima interpuso recurso de revisión, y en relación con los agravios expuestos el Tercer Tribunal de este Circuito advirtió que toralmente postula las tres ideas siguientes:

"1. El incidente de liquidación de sentencia es distinto del procedimiento de ejecución de sentencia;

"2. La prescripción extintiva puede actualizarse respecto del incidente de liquidación de sentencia; y,

"3. Los actos de ejecución de sentencia no pueden interrumpir la prescripción de la liquidación de sentencia.

"...

"4. Interrupción de la prescripción de la ejecución de sentencia.

"Aclarados los anteriores cuestionamientos, por último, para este tribunal, atendiendo a su causa de pedir, para privilegiar el derecho de acceso a la jurisdicción de la quejosa, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, se considera fundado el concepto de agravio por el cual aquella afirma, en esencia, que es incorrecta la sentencia impugnada, al considerar que no prescribió la obligación ilíquida, porque del primero de septiembre de dos mil uno al diez de febrero de dos mil doce, fecha en la que se presentó el incidente de liquidación, pasaron más de diez años.

"Para demostrar la corrección de tal calificación, es menester sentar lo siguiente.

"Una sentencia es el acto por el cual el Juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción, de resolver sobre las pretensiones del demandante y la defensa opuesta por el demandado.

"...

"Por regla general la ejecución de una sentencia depende de la materia de condena.

"Para la materialización de la condena liquida, en la mayoría de los juicios, por regla general, se impone el procedimiento de ejecución. En el caso de los juicios ejecutivos mercantiles, del Código de Comercio se deriva que la ejecución se identifica con el procedimiento de remate. Empero, para la materialización de la condena ilíquida en esa vía privilegiada, es necesario que primero se proceda a su conversión en cantidad determinada, para lo cual se tramita el incidente de liquidación que prevé el artículo 1348 del Código de Comercio. Luego, una vez que ya está establecida la condena en cantidad líquida, lo que sigue, ahora sí, es su materialización mediante el procedimiento de ejecución (remate), o lo que proceda, si no hay bienes embargados o éstos son insuficientes.

"El derecho a ejecutar una sentencia por regla general se considera como unitario, indivisible. A partir de esta afirmación podría pensarse que el ejercicio de ese derecho respecto de una condena, para efectos de la interrupción de su prescripción, vale por igual para toda la parte dispositiva de la sentencia de condena de pago. Esto se traduciría en que el derecho a ejecutar una sentencia que contiene cantidad líquida como indeterminada, es el mismo. Conforme a ello, la extinción de ese derecho operaría indistintamente tanto para la condena líquida como para la condena por liquidarse.

"Admitir tal conclusión, nos conduce a lo siguiente: tratándose de un proceso ejecutivo mercantil en el que la condena versa sobre cantidades líquidas e ilíquidas, los actos de ejecución de las cantidades líquidas interrumpen la prescripción en lo que hace a la condena indeterminada, y a la inversa, es decir, los actos que interrumpen la prescripción por el lado de la condena ilíquida también la interrumpirían en lo que toca a la condena líquida. Jurídicamente esto no es admisible. Hay varias razones de peso que sostienen tal posición.

"La ley establece la materialización de las condenas líquidas e ilíquidas en términos de procedimientos distintos, de suerte que el derecho a ejecutar se verifica de maneras distintas. Como se ha visto, tratándose de cantidades liquidas, éstas se consiguen mediante el remate, y por lo que hace a las cantidades ilíquidas, éstas precisan primero de su liquidación y luego del procedimiento remate, o lo que proceda si los bienes embargados son insuficientes o si no hay bienes embargados. En realidad, cuando se está frente a una sentencia que contiene cantidades líquidas e ilíquidas, su ejecución se verifica de manera separada; generalmente ocurre que mientras por un lado se está en la sustanciación del remate o la adjudicación, por el otro se está en la liquidación.

"Desde ese marco, actos que se dan dentro de la etapa preparatoria a la ejecución, como lo son la promoción del incidente de liquidación de sentencia, que interrumpen la prescripción de la ejecución de la condena indeterminada, pero que no tienden estrictamente a la ejecución, resultan ‘no aptos’ para impulsar el procedimiento de ejecución de la cantidad líquida. Entonces, si no son aptos para tal efecto, desde el ámbito de la condena líquida tampoco lo serían para interrumpir la prescripción negativa.

"Esta situación revela que cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e ilíquidas, el derecho a ejecutar en realidad se individualiza respecto de cada una de ellas. Incluso esto es más claro si se considera el caso en el cual la parte vencedora ejecuta la sentencia sólo en lo que hace a su parte determinada y omite actuar en lo que respecta a la indeterminada. En tal supuesto no podría decirse que el derecho a ejecutar que se desplegó, abarcó ambas condenas; de ahí que tampoco pueda sostenerse su imposibilidad de individualización respecto de cada una de ellas.

"Otra razón por la cual debe considerarse individualizable el derecho a ejecutar, cuando en la sentencia se contienen condenas de pago líquido e ilíquido, consiste en que si no fuera así, el pago de las cantidades obtenidas en tal concepto sería aplicable a ambas condenas, por igual.

"Lo cierto es que en el sistema de la ley mercantil, los actos que se dan respecto de la ejecución de cantidades liquidas en oposición a las ilíquidas, tiende a la materialización de la condena respectiva, pues hay casos en que aquella no los funde, confundiéndolos para efectos del pago. Uno de ellos es el de los intereses, previsto en el artículo 364 del Código de Comercio, el cual en lo que interesa establece:

"‘Artículo 364.’ (transcribe artículo)

"En la norma transcrita el legislador secundario federal estableció una clara distinción en el destino de las cantidades pagadas. En el primer caso, el pago hecho al capital se distingue del de los intereses; esté se extinguirá si el acreedor expresamente no se reserva derecho sobre ellos. Y en la segunda de las hipótesis, la cual es la más ilustrativa, el pago que se haga, cuando no resulte expresa su aplicación –como generalmente ocurre en casos como el que dio origen a la controversia de amparo–, se destinará al pago de los intereses, por orden de vencimientos, y después al capital. De forma que, tratándose de un asunto como el que nos ocupa, en el cual la cantidad líquida se refiere a la suerte principal, y la ilíquida a los intereses (y a los gastos y costas), en realidad todo lo actuado tanto respecto de una y otra condena, al final de cuentas tendría que aplicarse, ante la ausencia de estipulación expresa, primero a los intereses, y luego al capital.

"Entonces, también por el orden de la materialización de la condena líquida como de la ilíquida, el derecho que se da respecto de la ejecución de ellas es individualizable, porque si no fuera así, impondría postular que al ser inindividualizable, los pagos hechos por el deudor, bien sean forzosos, se repartirían por igual o sin algún orden concreto, al pago de las obligaciones fijadas en la sentencia.

"Por ello, para los integrantes de este tribunal la prescripción que establece el artículo 1040 del Código de Comercio, en relación con el diverso 1047, es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas.

"Ahora bien, respecto de las cantidades ilíquidas, como por ejemplo la condena de intereses moratorios, el derecho a ejecutar surge una vez que la sentencia de condena causa ejecutoria, ya que dice el artículo 1040 del Código de Comercio, anterior a su reforma de mil novecientos noventa y seis, ‘en la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio.

"Esto nos lleva a sostener que para establecer el inicio del plazo prescriptivo, se debe atender a la fecha en la cual la resolución que contiene el derecho concreto se hace exigible."

19. Del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito se advierte que dicho órgano colegiado determinó que cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e ilíquidas, el derecho a ejecutar en realidad se individualiza respecto de cada una de ellas.

II. Sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 150/2017

20. El segundo criterio contendiente, es sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito en el recurso de revisión 150/2017 que derivó de los siguientes antecedentes:

"De la revisión de los autos del juicio de amparo se advierte que **********, por derecho propio, promovió juicio de amparo en contra de la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por el Magistrado titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en los autos del toca mercantil **********, en la que se confirmó la diversa interlocutoria de trece de septiembre del mismo año, dictada por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, que declaró procedente el incidente de liquidación de sentencia planteado por la actora en el juicio ejecutivo mercantil **********.

"Mediante sentencia firmada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, determinó negar al peticionario el amparo y protección de la Justicia Federal.

"Lo anterior, al considerar que la responsable correctamente determinó que la prescripción para ejecutar las prestaciones condenadas no puede operar de manera diferenciada para cantidades líquidas e indeterminadas, porque la sentencia es única e indivisible.

"Tomando en cuenta lo anterior, se estimaron inoperantes los conceptos de violación en los que se expresó que la sentencia reclamada era indebida al dejar de tomar en cuenta que la condena ilíquida no pertenece al ámbito de ejecución de sentencia, pues dicho argumento indicó el Juez de amparo se apoyó de forma esencial en que la prescripción de una ejecución de sentencia opera de forma independiente en las prestaciones líquidas e ilíquidas lo que ya había sido desestimado.

"También se consideró inoperante el concepto de violación en el que se sostuvo que los actos de ejecución no inciden en la prescripción, porque se reiteró que el argumento descansaba en aquel que sostenía que la prescripción corre de forma independiente en las prestaciones.

"La aplicación de la tesis «PC.I.C. J/32 C (10a.)» del Pleno del Primer Circuito en Materia Civil, de título y subtítulo: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU INTERPOSICIÓN INTERRUMPLE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES LÍQUIDAD (sic) E ILÍCITAS (sic) (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996).’ se consideró correcto porque aunque no era obligatorio conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, válidamente pueden ser invocada por otros órganos jurisdiccionales.

"Además, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito no se estimó obligatorio por no tener el carácter de jurisprudencia, razón por la cual se consideró infundado el concepto de violación en el que argumentó que se había omitido su valoración.

"Inconforme con tal determinación, el quejoso **********, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, quien lo admitió y radicó bajo el expediente **********, y una vez sustanciado el procedimiento, en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado; ello, con base en las consideraciones que a continuación se reproducen:

"Por otra parte, la actora mediante escrito presentado el vientres (sic) de marzo de dos mil quince, la actora promovió nuevamente incidente de liquidación de intereses moratorios pendientes, causados a partir del treinta y uno de agosto de dos mil ocho, resolviéndose en interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciséis, estimar procedente el citado incidente, por lo que se aprobó la cantidad de **********, por concepto de intereses moratorios computados a partir del treinta y uno de agosto de dos mil ocho, y hasta el treinta y uno de marzo de dos mil quince.

"En dicha sentencia se desestimó el argumento de prescripción opuesto por el demandado en la vista que se le otorgó con el escrito relativo, pues la Juez consideró, de forma esencial, que ésta comprende tanto en las prestaciones líquidas como en las genéricas.

"La anterior resolución fue confirmada en la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis y es el acto reclamado en el juicio de amparo.

"Ahora, tal como lo sostuvo el Juez de amparo, se estima que la prescripción de tres años establecida en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio(11) para ejecutar sentencia en juicios ejecutivos, no se surte de manera independiente respecto a prestaciones que hubieran sido condenadas de manera líquida, y las que se estiman genéricas, porque ambas condenas del mismo derecho sustantivo, contenido en la misma sentencia como acto decisorio, no como documento (como pretende sostener el recurrente), ya que derivan de la determinación de procedencia de la acción principal, la cual es una e indivisible.

"...

"Sin que pueda estimarse como lo sostiene el recurrente que el artículo 1329 del Código de Comercio, permite considerar que la condena de suerte principal e intereses se refieran a aspectos sustantivos diversos, ya que dicha disposición se refiere a un principio de exhaustividad en las sentencias, al indicar que cuando existan diversos puntos litigiosos se hará con la debida separación de la declaración correspondiente a cada uno de ellos.

"Tomando en cuenta lo anterior, también se consideran infundados, los agravios cuarto y quinto expresados por el promovente, en los que ante la ausencia de una disposición que distinga la prescripción parcial de una sentencia emitida en un juicio ejecutivo mercantil, deben aplicarse la jurisprudencia y los principios generales del derecho y de ahí aduce que no es vinculante el criterio sostenido por el Pleno del Primer Circuito en Materia Civil identificable con el número PC.III.C. (sic) J/15 C(10a.)(12) que invocó el Juez de amparo como sustento de sus consideraciones, y que debe estarse a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

"Al respecto, cabe indicar que ninguno de los dos criterios resulta obligatorio para este tribunal en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, el primero al ser emitido por un Pleno de Circuito que corresponde a otra entidad federativa, y el segundo, por ser un precedente emitido por otro tribunal de este Circuito, que no es vinculante para resolver en la presente instancia.

"Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones que aduce en las que se plantea el carácter orientador de aquéllas, precisamente porque al tener únicamente un carácter orientador, y no vinculante este tribunal no comparte lo sustentado por el homólogo en este Circuito (Tercer Tribunal), al resolver el amparo en revisión que invoca el recurrente.

"Además cabe precisar que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, no le beneficia porque al tomar en cuenta el plazo de prescripción de prestaciones ilíquidas derivadas de una sentencia, específicamente los intereses por mora, se guía por el plazo genérico de diez años establecido por el artículo 1047 del Código de Comercio, que en aquel caso se estimó cumplido, pero no se comparte el argumento para sustentar en ese caso un plazo prescriptivo genérico, frente al específico previsto en la fracción IV de la propia disposición."

21. Como se ve, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión **********, resolvió que tal y como lo sostuvo el Juez de Distrito, la prescripción de tres años establecida en el artículo 1079, fracción IV del Código de Comercio, para ejecutar la sentencia en juicios ejecutivos, no se surte de manera independiente respecto a prestaciones que hubieran sido condenadas de manera líquida, y las que se estiman genéricas, porque ambas son condenas del mismo derecho sustantivo, contenido en la misma sentencia como acto decisorio, no como documento, ya que derivan de la determinación de procedencia de la acción principal, la cual es una e indivisible.

QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis

22. El propósito fundamental que persigue la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora en la interpretación del orden jurídico.

23. En tal sentido, debe precisarse que para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, no es necesario que las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se sostengan en tesis, pues para ello basta:(10)

23.1. La presencia de dos o más ejecutorias en las que, en asuntos que son de su competencia, se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales;

23.2. Que la divergencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas emitidos en esas ejecutorias; y, finalmente,

23.3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

24. Como se observa, el referido test persigue detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

25. Siendo así, el abordaje de los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito por la vía de la contradicción de tesis debe partir de una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

26. Ahora bien, en el caso, debe determinarse si se cumple o no con los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis, tal como se analizará a continuación:

27. En la especie –aunque delimitado a un punto concreto y específico–, todos los extremos anteriores se acreditan, porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se enfrentan a una misma situación jurídica, a saber, dilucidar en un proceso ejecutivo mercantil en el que la condena versa sobre cantidades liquidas e ilíquidas, la prescripción es una figura que aplica de manera autónoma para cada condena.

28. Situación que enfrentan los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

28.1. Coincidentes: Ambos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron una sentencia recurrida en la cual el Juez de Distrito analizó la figura jurídica de la prescripción en juicio el ejecutivo mercantil.

28.2. Discrepantes: En lo relativo a la prescripción:

28.2.1. El Primer Tribunal Colegiado de este Circuito consideró que para ejecutar sentencia en juicios ejecutivos, no se surte la prescripción de manera independiente respecto a prestaciones que hubieran sido condenadas de manera líquida, y las que se estiman genéricas; ello debido a que ambas condenas derivan del mismo derecho sustantivo contenido en la misma sentencia como acto decisorio, no como documento (como pretende sostener el recurrente), ya que derivan de la determinación de procedencia de la acción principal, la cual es una e indivisible; y,

28.2.2. El Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito sostuvo que la resolución de liquidación es un acto autónomo del procedimiento de ejecución y, por ello, la figura de la prescripción aplica a ellos de manera independiente.

29. Objeto de la contradicción de tesis. Por las razones expuestas y toda vez que de las constancias de autos se advierte que lo determinado por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, revela una clara contradicción en sus consideraciones y razonamientos, a fin de unificar los criterios sustentados, este Pleno de Circuito formula la siguiente pregunta: ¿la prescripción de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, comienza de manera diferenciada para la suerte principal (procedimiento de ejecución) y para la condena genérica (procedimiento incidental o de liquidación de sentencia)?

SEXTO.—Criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia

30. De inicio conviene precisar que las sentencias que constituyen el acto reclamado en los juicios de amparo de donde emanan las sentencias recurridas, se condenó i) al pago de una cant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28006-79d2a04e/prescripcion-de-sentencia-de-condena-mixta-dictada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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