PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN MATERIA AGRARIA. OPERA EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1159 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL CUANDO SE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO DE LA ASAMBLEA EJIDAL SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS PARCELADAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 153/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al doce de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Ver cuadro
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3)en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Décimo Quinto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el Magistrado Isaías Corona Coronado, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo administrativo 675/2016, en sesión de diez de marzo de dos mil diecisiete.
4. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo directo administrativo 313/2023, en sesión de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito al resolver los amparos directos administrativos 675/2016 y 313/2023, respectivamente.
7. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver tabla
9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver información
10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la prescripción negativa respecto de la acción de cumplimiento de un acuerdo de asignación de derechos sobre tierras emitido por una asamblea ejidal.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque establecieron si en el caso analizado resulta aplicable esa figura perentoria de la acción, interpretando los artículos 61 de la Ley Agraria y 1159 del Código Civil Federal.
13. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que no aplicaba el artículo 61 de la Ley Agraria, en virtud de que no se impugnó el acuerdo de la asamblea ejidal sobre asignación de los derechos sobre las tierras parceladas, sino su cumplimiento y tampoco era aplicable supletoriamente la legislación civil porque la Ley Agraria no contiene disposición que determine la prescripción negativa en ese supuesto; el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que sí puede prescribir el derecho a exigir el cumplimiento del acuerdo de asignación, ya sea por aplicación supletoria del código civil o por aplicación directa del artículo 61 de la Ley Agraria.
14. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿La prescripción negativa opera respecto del derecho al cumplimiento de un acuerdo de la asamblea ejidal en materia de asignación de tierras parceladas, sea por aplicación directa del artículo 61 de la Ley Agraria o por aplicación supletoria del artículo 1159 del Código Civil Federal?(7)
15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 675/2016 y el emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo directo 313/2023.
16. No sobra señalar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio, no se advierte que en contra de los fallos dictados en los juicios de amparo directo mencionados en este apartado, se haya interpuesto medio de defensa alguno, por lo que se encuentran firmes.
17. No pasa inadvertido que ambos tribunales examinaron otros temas, como el relativo a la cosa juzgada directa y refleja y los efectos de una ejecutoria anterior, pero no se advierte que exista un diferendo al respecto.
V. Estudio(8)
18. Con el propósito de resolver la interrogante planteada, es pertinente abordar la naturaleza de la prescripción negativa, las reglas de prescripción en materia agraria y el mecanismo de la supletoriedad.
19. El artículo 1135 del Código Civil Federal y su similar del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), conciben a la prescripción como un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.
20. Al tenor del artículo 1136 de la propia legislación común, hay dos tipos de prescripción: la positiva, que es la adquisición de bienes en virtud de la posesión, y la negativa, consistente en la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento.(9)
21. Para efectos de la resolución del presente asunto es relevante la prescripción negativa, también denominada por la doctrina como liberatoria o extintiva,(10) la cual implica que ya no es exigible una obligación debido a que el correlativo derecho se pierde por el transcurso del tiempo señalado en la ley.
22. La prescripción se erige como una institución de orden público que tiende a brindar seguridad jurídica:
De una prolongada negligencia del acreedor en el reclamo de su crédito, puede llegar a presumirse el abandono del derecho, y sería intempestivo su ejercicio cuando ya pudieran haber desaparecido los instrumentos probatorios del acto, y desdibujado las circunstancias que conformaron el factum de la relación jurídica. Se aspira a dar estabilidad a las relaciones humanas, estamos en presencia de un depurador eficiente de la incertidumbre.(11)
(...) comenzaremos por indagar el propio fundamento que separa a la prescripción de la caducidad. En la primera subyace como fundamento la necesidad de dar seguridad a las relaciones jurídicas, presumiendo el posible abandono que la inacción del titular hace presumir, o liquidando situaciones inestables, asegurando el orden y la paz social. Se impide que ciertas situaciones de hecho puedan ser objeto de revisión después de pasado determinado tiempo, aclarándose en definitiva, la situación de patrimonios.(12)
23. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2746/2013 de la Primera Sala, que dio lugar a la tesis de rubro: “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. EN LOS JUICIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LA REFORMA DE MAYO DE 1996, OPERA CUANDO TRANSCURRE POR COMPLETO EL PLAZO RESPECTIVO EN INACTIVIDAD PROCESAL”,(13) señaló lo siguiente:
95. En ese sentido, se ha dicho que con la prescripción se evita la existencia de una eterna “espada de Damocles” pendiente siempre sobre las relaciones jurídicas; así como que sin la prescripción, ningún deudor podría estar tranquilo, ni aun después de haber pagado el importe de su crédito, si por desgracia se hubiera perdido el documento que acredita el pago o se hubiera destruido por un caso fortuito.
96. De igual manera, para las prescripciones cortas se ha esgrimido como razón que la mente del legislador ha sido impedir la ruina del deudor cuya deuda aumenta día a día por la acumulación de intereses o rentas.
24. Establecido así que la prescripción encuentra su fundamento último en el principio de seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Carta Magna,(14) interesa señalar que, según expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 346/2021, en sesión de uno de diciembre de dos mil veintiuno, aquel se traduce en que la persona gobernada conozca de antemano los elementos mínimos de su derecho, de tal manera que no quede en incertidumbre jurídica:
82. Atendiendo a lo establecido en los preceptos constitucionales referidos, es dable señalar que la seguridad jurídica, brinda a los gobernados la certeza de no encontrarse jamás en una incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión.
83. Esto es así, pues la seguridad jurídica se sustenta en la premisa de dar certeza a los gobernados, acerca de saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.
84. Se afirma lo anterior, porque en atención a ese principio, las autoridades están constreñidas a sujetar su actuar a lo establecido en las leyes, fundando y motivando sus determinaciones, a efecto de que los gobernados tengan certeza acerca de la legalidad de esa actuación.
85. En efecto, en función de ese derecho, las autoridades están obligadas a sujetar su actuar a los requisitos y condiciones que para cada acto de autoridad establezca la ley aplicable al caso, y para que los gobernados tengan certeza respecto a lo que deben esperar en el actuar de dichas autoridades.
86. Este derecho ya ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha señalado que el principio de seguridad jurídica busca, entre otras cosas, la estabilidad en las situaciones jurídicas, y es parte fundamental de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad democrática, misma que es uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa un Estado de Derecho, siempre que se funde en una real y efectiva certeza de los derechos y libertades fundamentales (8 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2018. Párrafo 122).
87. Por su parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha fijado los alcances de la garantía de seguridad jurídica, al señalar que debe permitir que el gobernado conozca los elementos mínimos para hacer valer su derecho y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
88. Lo anterior, se ve reflejado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 144/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 351, del tenor siguiente:
“GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando este se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad”.
25. Tanto en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citado por el Máximo Tribunal en esta ejecutoria, como en otros del propio tribunal regional,(15) en interpretación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(16) se ha dejado sentado que la seguridad jurídica implica que el Estado establezca los elementos indispensables para la definición y defensa de los derechos de las personas, grupos y comunidades, de tal manera que estos conozcan en todo momento su situación frente a la ley.
26. Así, la seguridad jurídica alude a la necesidad de que las personas tengan certeza sobre su situación jurídica en cualquier circunstancia y sobre las posibilidades con que cuentan para salvaguardar sus derechos.
27. De igual manera, el Alto Tribunal ha señalado la relación de la prescripción con el derecho a la tutela judicial efectiva:
28. El artículo 17 de la Carta Magna(17) prevé el derecho de acceso a la justicia que imparten los tribunales y encomienda a las leyes la previsión de los requisitos y formalidades necesarios para hacer efectivo tal derecho.
29. Es decir, alude a la posibilidad de las personas gobernadas de acudir a tribunales previamente establecidos a solicitar impartición de justicia; frente a lo cual es obligación del Estado asegurar el buen funcionamiento de aquellos, a efecto de que diriman las controversias sometidas a su consideración de manera pronta, completa, imparcial y sin costo alguno.(18)
30. Pero el derecho de acceso a la justicia no es irrestricto, pues las partes deben ajustarse a las modalidades fijadas legalmente, con miras a la consecución de una adecuada administración de justicia y a la preservación del principio de seguridad jurídica.(19)
31. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2525/2013,(20) estableció que la prescripción se relaciona con el principio de justicia pronta, explicándolo de la siguiente manera:
(...) Con relación al primero de esos principios, que es el que al caso interesa, debe decirse lo siguiente:
Como “la prontitud” es un concepto subjetivo, el propio artículo 17 constitucional ligó la prontitud de la justicia a los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes.
Esta liga, es lo que da seguridad y certeza jurídica al propio gobernado, pues implica que esos plazos y términos deben estar previamente establecidos en la ley o leyes que resulten aplicables al caso; y que por ende, a ellos deben ajustarse tanto las autoridades encargadas de impartir justicia como los propios justiciables, pues al estar establecidos en las leyes, tienen conocimiento previo de ellos.
Lo anterior implica que el acceso de los gobernados a los órganos jurisdiccionales y su actuación en ellos, no es irrestricta, pues para el buen funcionamiento de la administración de justicia, el derecho de acceso a la justicia debe ejercerse en los plazos y términos que marcan las leyes, por ende, ese derecho está limitado a una determinada temporalidad.
En ese orden de ideas, si bien es verdad que todo gobernado tiene derecho de acudir a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, también es cierto, que ese derecho se debe ejercer de manera oportuna, es decir dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que este, según sea el caso, prescriba, precluya o caduque.
En efecto, la prescripción que es la institución que al caso interesa, tiene una doble y distinta significación, según el efecto que se le dé, ya sea positivo o negativo.
Así, si el efecto es positivo, la prescripción que se denomina adquisitiva, de dominio o usucapión, permite adquirir la propiedad o dominio de un bien, cuando este se posee en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley; en cambio si el efecto es negativo, la prescripción que se denomina liberatoria o extintiva, permite librar obligaciones, al considerar extinguido un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido en la ley.
Como se ve, esta última prescripción que es la que nos ocupa, implica una sanción que se impone al gobernado que no ejercita o reclama oportunamente su derecho.
Lo anterior, porque si bien la garantía de acceso a la justicia es un derecho que tiene el gobernado frente al poder público, ese derecho es correlativo de una obligación, que contribuye al buen funcionamiento de la administración e impartición de justicia, la cual consiste en que el gobernado se sujete a cumplir con los requisitos, términos y condiciones que imponen la leyes sustantivas y procesales, por tanto cualquier gobernado que pretenda tener acceso a la justicia, debe manifestar esa voluntad de manera oportuna, ya que de lo contrario, la ley, a través de la prescripción, presume una falta de interés al respecto.
En efecto, la prescripción es una institución de orden público que contribuye a dar seguridad y certeza jurídica, pues aunque pudiera parecer contraria a la equidad natural, la cual no permite que se despoje a nadie de sus bienes en contra de su voluntad, ni que uno se enriquezca en perjuicio o detrimento de otro, a través de esta, “la ley presume” que quien lleva su negligencia hasta el grado de no reclamar o hacer uso de sus derechos en cierto tiempo, es porque los abandonó, de manera que apoyándose en el interés público que no puede permitir la incertidumbre de los propios gobernados, el legislador se ha visto en la necesidad de fijar un plazo para que esta opere, pasado el cual, no se pueda inquietar a los poseedores ni hacer averiguaciones sobre derechos demasiado tiempo abandonados, pues de lo contrario nadie estaría a salvo de pretensiones envejecidas, respecto de las cuales probablemente ya no tendrían pruebas para defenderse, de ahí que no pueda quedar al arbitrio de los gobernados la posibilidad de retardar o postergar indefinidamente la posibilidad de poner en marcha el mecanismo judicial a efecto de solicitar impartición de justicia, con la consecuente incertidumbre e inseguridad que pudiera provocarse a terceros, de ahí la necesidad de sancionar ese desinterés a través de la prescripción. Así, como se advierte, la “ratio legis” de las disposiciones legales que norman la prescripción liberatoria o extintiva, es evitar la posibilidad de que en cualquier momento se pueda poner en movimiento la maquinaria judicial, con base en acciones que se sustentan en derechos que han sido abandonados por el tiempo suficiente para considerar que su titular perdió interés en ellos, evitando así daños sociales, al no mantener en un estado de inseguridad e incertidumbre, a los gobernados que pueden verse inmersos en una contienda judicial, por lo que no puede quedar al arbitrio del titular de un derecho que se ha visto afectado, el ejercer una acción de manera indefinida o impostergable.
32. Desde luego, no sobra señalar que la doctrina apunta que la prescripción negativa supone la aptitud del acreedor de hacer valer su derecho:
(...) por lo que respecta a la prescripción extintiva, el fundamento esencial para que prospere o tenga lugar, está en la trinidad de que habla Giorgi: necesidad de ejercitar la acción; posibilidad jurídica de ejercitarla; y falta de ejercicio real o ficticio de la acción, que en conjunto equivalen a lo que el mismo autor llama inercia del acreedor (...) puesto que para que un derecho o una acción pueda ser materia de prescripción, es necesario, como dice Baudry, no solamente que haya nacido, sino también que pueda ser ejercido, esto es, que el acreedor tenga un medio para obrar (...)(21)
33. Es evidente que hasta que se conozca la circunstancia eventualmente generadora de cualquier acción puede plantearse una oposición al respecto, pero es preciso observar que el acreedor debe actuar diligentemente en la procuración de sus intereses, desplegando conductas razonables tendientes a percatarse de si se ha suscitado alguna lesión a sus derechos.
34. Una apreciación contraria implicaría dejar la prescripción al arbitrio de las partes, en contravención a su propósito de seguridad jurídica, en virtud de que la ignorancia de aquellas sobre su situación jurídica irregular derivaría de una conducta omisa solo imputable a su falta de diligencia:
El titular debe tener un conocimiento real o potencial de los hechos que fundamentan la pretensión para que se inicie el plazo de prescripción. El conocimiento es real cuando el titular efectivamente conoce esos hechos. El conocimiento es potencial (o posible) cuando el titular, que ignora los hechos, debería haberlos conocido de haber actuado con la diligencia debida. Es lo que se denomina “cognoscibilidad”. El conocimiento real plantea pocos problemas teóricos, más allá de las dificultades probatorias, a las que ya se ha aludido. Más dificultades presenta, sin embargo, el conocimiento potencial.(22)
35. De lo anterior se deriva que el plazo de la prescripción no puede correr si existen situaciones particulares y/o de fuerza mayor que impidan el ejercicio de la pretensión.
(...) para que el plazo de prescripción empiece a correr deben concurrir tres requisitos: (i) que la pretensión haya nacido y sea jurídicamente ejercitable; (ii) que el titular de la pretensión conozca, o haya debido conocer, de haber actuado con la diligencia debida, las circunstancias que fundamenten su pretensión y la identidad del reclamado; y (iii) que el titular pueda realmente ejercitar la pretensión, esto es, que no concurra una circunstancia que le impida reclamar.(23)
36. En este sentido, tanto el Código Civil Federal como el Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prevén reglas especiales atendiendo a la condición jurídica de ciertos grupos, como se aprecia de la reproducción de los artículos relativos, que en ambas leyes son idénticos:
Artículo 1,165. La prescripción puede comenzar y correr contra cualquiera persona, salvas (sic) las siguientes restricciones:
Artículo 1,166. La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de éstos no se hubiere interrumpido la prescripción.
Artículo 1,167. La prescripción no puede comenzar ni correr:
I. Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto de los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley;
II. Entre los consortes;
III. Entre los incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dura la tutela;
IV. Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común;
V. Contra los ausentes del Distrito Federal que se encuentren en servicio público;
VI. Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro del Distrito Federal.
37. Como se observa, la figura jurídica de trato no comienza ni corre en relación con personas en condiciones de discapacidad mientras no se defina su tutela y, una vez definida esta, frente a sus tutores; niños, niñas y adolescentes frente a quienes tienen su patria potestad; cuando se trate de ausentes; y de militares en servicio activo en tiempo de guerra.
38. En estos supuestos, las personas se hallan en situaciones que impiden o, al menos, obstaculizan gravemente el ejercicio de las acciones: personas pertenecientes a grupos vulnerables que deban defenderse de quienes los representan o personas que no están presentes o disponibles.
39. Hasta aquí la exposición sobre la naturaleza de la prescripción.
40. Sobre la regulación específica de la prescripción en materia agraria, cabe recordar que con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, el derecho agrario se elevó a rango constitucional estableciendo sus bases y principios en su artículo 27, el cual ha sido objeto de diversas reformas(24) que derivaron en la creación de legislaciones secundarias.
41. El Código Agrario de mil novecientos treinta y cuatro, el primer ordenamiento legal de la materia en nuestro país, reguló los procedimientos de restitución y dotación de tierras y aguas, contempló la creación de nuevos centros de población ejidal, consideró a los bienes ejidales imprescriptibles e inalienables y durante su vigencia se repartieron numerosas tierras a los núcleos de población ejidal que carecían de estas;(25) sin embargo, no previó alguna regla de prescripción ni de supletoriedad de normas.
42. No sobra señalar que, en cambio, sí imponía ciertos plazos para el ejercicio de los derechos, como el previsto en su artículo 140, fracción VI, inciso b), que establecía la pérdida de derechos del adjudicatario por no trabajar sus tierras durante dos años, el cual se reproduce a continuación:
Artículo 140. El adjudicatario tendrá el dominio sobre la parcela ejidal, con las siguientes limitaciones:
VI. Los adjudicatarios de parcelas perderán definitivamente sus derechos a ellas, en los casos siguientes:
b) Por dejar ociosa la tierra durante dos años agrícolas y consecutivos.
43. Con el Código Agrario de mil novecientos cuarenta se adicionaron nuevos conceptos, como el carácter inembargable e intransmisible de los bienes ejidales, la sustitución del término parcela por unidad normal de dotación y nuevas reglas de tramitación de los expedientes agrarios, pero tampoco incluyó alguna regla sobre prescripción aunque sí previó, en su artículo 299, que el Código Federal de Procedimientos Civiles sería supletorio de aquella codificación tratándose de la segunda instancia de conflicto por límites; y, finalmente, la regla relativa a la pérdida de derechos de los ejidatarios se recogió en su numeral 139, fracciones II y V.
44. A continuación, se transcriben las referidas porciones normativas:
Artículo 139. Los ejidatarios perderán los derechos que tienen como miembros de un núcleo de población ejidal, a excepción de los adquiridos sobre los solares que les hayan sido adjudicados en la zona urbanizada, por cualquiera de los casos siguientes:
II. Dejar ociosa la parcela o no efectuar los trabajos que les corresponda en las explotaciones colectivas durante dos años consecutivos;
V. No presentarse a tomar posesión de la parcela, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la distribución provisional o del fraccionamiento definitivo o a participar en la explotación colectiva en igual plazo contado a partir de la fecha en que se desarrolle el plan de explotación agrícola
CAPÍTULO TERCERO
Segunda instancia para los conflictos por límites
Artículo 299. El Código Federal de Procedimientos Civiles será supletorio de este Código, en todo lo relacionado con la materia a que se refiere el presente Capítulo.
45. El Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, entre otras cuestiones relevantes, adicionó la posibilidad de que los bienes ejidales que resultaran vacantes por falta de heredero o sucesores volvieran a la propiedad del núcleo agrario y estableció la co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33094-aae07d9b/prescripcion-negativa-en-materia-agraria-opera-el-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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