DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 101/2016. 27 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En principio, resulta pertinente destacar que el proyecto de resolución correspondiente no ameritó su publicación, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida en que sólo deben publicarse aquellos en los que se analice la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos; cuestiones que en el caso no se actualizan, en tanto por el sobreseimiento que opera no se estudia el fondo del asunto.
En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas», de título, subtítulo y texto:
"PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes."
Precisado lo anterior, es de señalarse que de las constancias del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2o., segundo párrafo, del último ordenamiento en cita, se advierte que el quejoso ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la aprobación, promulgación y publicación del artículo 58 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la parte que dice: "...procederán desde luego a convocar a un concurso, entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior...", con motivo de su primer acto de aplicación. (foja 3 del expediente de amparo)
El titular del juzgado de amparo, en el fallo impugnado, determinó sobreseer en el juicio respecto del artículo a que se alude en el párrafo que antecede, al haber considerado actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el quejoso no impugnó la ley dentro del plazo genérico de quince días, en relación con el primer acto de aplicación de la misma (expuso como hecho notorio, que ante el propio juzgado federal el quejoso impugnó símil precepto, pero derivado de distinto oficio donde supuestamente se aplicó).
No obstante lo anterior, resulta innecesario analizar en su totalidad, tanto las consideraciones jurídicas que confieren sustento a la sentencia federal de sobreseimiento venida en revisión, como los conceptos de agravio que en su contra encausa el aquí recurrente.
Ello, en razón de que el análisis de las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo es, aun en la alzada, de orden público, oficioso y preferente a la cuestión de fondo propuesta, con independencia de que lo aleguen o no las partes; luego, este órgano jurisdiccional procederá, de primera mano, al examen de una disímil a la que el Juez de Distrito dio por colmada, por así estatuirlo el artículo 62 de la ley de la materia.
Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 122/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Además, debe decirse que la postura asumida por este tribunal encuentra plena correspondencia con lo dispuesto en el diverso numeral 93 ibídem, donde se instituyen las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentra, en lo que aquí interesa, la prevista en la fracción III, según la cual los Tribunales Colegiados de Circuito podrán examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.
Dicho aspecto, sin margen a equívocos, patentiza que la procedencia del juicio de amparo puede y debe examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizarlas, lo que en realidad implica que, a pesar de que este último haya tenido por actualizada o desestimada determinada causal, bien puede en la segunda instancia abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por semejante causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma, pero por diverso motivo.
En el entendido de que, frente a la causal de improcedencia del juicio de amparo que en esta ocasión se reputará cristalizada no existe pronunciamiento alguno en la instancia original, dado que ésta surge a la vida jurídica, merced del estudio exhaustivo y armónico que se realiza de las constancias que integran el expediente sujeto a revisión.
En esa virtud, es palmario que sobre el particular no existe pronunciamiento alguno que deba estimarse firme y sí, por el contrario, se destaca, es dable e, incluso, obligatorio que este tribunal actúe en consecuencia para lo cual, dicho sea de paso, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir el estudio de la causal que el Juez de Distrito reputó actualizada, siendo que será la que por su cuenta el tribunal revisor dé por concretada la que, a la postre, habrá de regir con autoridad de cosa juzgada el sentido de la decisión respectiva.
Cobra aplicación, por su sentido y alcance, la jurisprudencia 2a./J. 30/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 137, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."
Asimismo es aplicable, por similitud jurídica sustancial, la tesis P. LXV/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 7, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."
Acotado lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 1o. y 5o., fracción II, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, mismos que, respectivamente, son del tenor siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
"II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
"III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley."
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."
Del estudio integral de los numerales transcritos, se deduce que el acto de aplicación de la norma impugnada (oficio **********, de dieciséis de julio de dos mil quince, emitido por el ********** en respuesta a incidentes de nulidad e incompetencia) (visible en sobre anexo al juicio de amparo indirecto), no permite el combate de esta última mediante el juicio de amparo indirecto, al no provenir de una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo biinstancial.
Ello es así, cuenta habida que, cuando se promueve un juicio de amparo indirecto en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, aun cuando el acto concreto de aplicación no se haya reclamado por vicios propios.
De ahí, que el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el juicio de amparo indirecto resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro y texto:
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."
Entonces, si de conformidad con lo establecido en los citados numerales 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad que violentan derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; y si en el caso concreto, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene del **********, misma que no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones; en consecuencia, resulta inconcuso que el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio, torna improcedente éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva, no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación.
Apoya a lo expuesto, la tesis VII.2o.T.24 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, en su anterior integración, publicada en la página 1706, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas», de título, subtítulo y texto:
" El presidente de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación Pública, al realizar actos que tienen relación directa con los procedimientos de ascenso dentro de ese plantel educativo, no colma los requisitos para considerarlo como autoridad para efectos del amparo, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen relación directa con el procedimiento laboral de ascenso y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de presidente de la comisión dictaminadora, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado."
Estimar lo contrario, conduciría al absurdo de poder tener como acto de aplicación de un precepto legal, su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones coercitivas de una autoridad, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación.
En apoyo a lo anterior, se estima pertinente la cita de la tesis III.1o.A.115 A, misma que se comparte por su sentido y alcance, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1645, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS RECOMENDACIONES QUE EMITE EL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN SALARIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PERCEPCIONES ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR NO SER AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, ASÍ COMO EN CONTRA DEL DECRETO 19453 QUE CREA A DICHO ORGANISMO, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD, AL NO PODER DESVINCULARSE ESE ACTO LEGISLATIVO DE SU ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN.-El juicio de amparo en que se reclama del Comité Técnico de Valoración Salarial el acto consistente en la recomendación de asignación mensual neta para Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, emitida mediante dictamen de fecha treinta de abril de dos mil dos es improcedente, dado que a dicho comité no le reviste el carácter de autoridad para efectos del amparo, pues si bien conforme al Decreto Número 19453, emitido por el Congreso de la entidad, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el doce de febrero del mismo año, en cuyo artículo tercero se reformó el artículo 46 y se adicionaron los diversos 46 bis y 46 bis 1, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los que se dispuso que el sueldo para los servidores públicos se fijará con base en los presupuestos de egresos respectivos, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de Jalisco, y que para ello se creó dicho comité, a fin de que realizara los estudios necesarios para la actualización de los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos y emitir recomendaciones sobre dichas percepciones, lo que se materializó a través del dictamen de treinta de abril de dos mil dos, que contiene la propuesta reclamada, lo cierto es que dicha recomendación carece por sí sola de fuerza decisoria, al quedar sujeta a la potestad del diverso Decreto 19865, publicado en el mismo órgano de difusión el veinticuatro de diciembre del referido año, que aprueba el presupuesto de egresos para el año dos mil tres; esto es, no es sino hasta que entró en vigor este último decreto cuando se le otorga carácter obligatorio a las recomendaciones que realice el aludido comité, pero por sí misma aquella recomendación no le causa un perjuicio al quejoso, dado que no adquiere fuerza vinculatoria que obligue a los servidores públicos a acatarlas, es decir, no se establece una relación de supra a subordinación entre el mencionado comité y los servidores públicos, sino que dicho órgano que emite la propuesta salarial a través de la recomendación reclamada, no cuenta con facultades decisorias que impliquen la afectación de la esfera jurídica de dichos funcionarios y tampoco tiene facultades para disponer de la fuerza pública para hacerlas cumplir; de ahí que si tales recomendaciones no tienen el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, que vulnere o restrinja garantías individuales, causando un agravio personal y directo, es improcedente el amparo en contra de la aludida recomendación, al no lesionar la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que la opinión que en esa materia emite el multicitado comité no obliga al quejoso a cumplirla o a acatarla en sus términos, ni aun en contra de su voluntad; grosso modo, la recomendación aludida, por sí misma, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular y, por tanto, la situación en que se encontraba el sujeto no sufre alteración con su emisión. Por ende, en cuanto a la recomendación elaborada por el Comité Técnico de Valoración Salarial se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o., fracción I, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en tanto que por lo que ve al Decreto 19453 del Congreso del Estado de Jalisco (por el que se crea el Comité Técnico de Valoración Salarial), el juicio de amparo también es improcedente, dado que el estudio del acto legislativo reclamado no se puede desvincular de su acto de aplicación, que como ya se vio, lo constituyó la recomendación emitida en el dictamen de treinta de abril de dos mil dos por el aludido comité, el cual, en la especie, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del amparo; cobran aplicación al caso las jurisprudencias de rubros: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’ y ‘LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO.’, que en concreto refieren que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento, y que desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley."
Así como la tesis con número de identificación VII.2o.T.2 CS (10a.), emitida por este órgano de control constitucional y pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal subsecuente:
"AMPARO CONTRA LEYES. SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA TILDADA DE INCONSTITUCIONAL PROVIENE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07, A QUIEN NO LE ASISTE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ÉSTE SE TORNA IMPROCEDENTE TANTO POR LO QUE RESPECTA A AQUÉL, COMO POR LO QUE HACE A AQUÉLLA, TODA VEZ QUE EL ANÁLISIS DE LA LEY RESPECTIVA NO PUEDE DESVINCULARSE DEL QUE CONCIERNE AL REFERIDO ACTO DE APLICACIÓN.-De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; entonces, si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene de la Comisión Dictaminadora del Centr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27184-85c34cf5/director-del-centro-de-estudios-tecnologicos-del-mar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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