MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2017. 31 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: J. MARTÍN RANGEL CERVANTES. SECRETARIA: INGRID TALINA MORALES ESQUINCA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Estudio.
Resulta innecesario transcribir la resolución recurrida y los agravios expresados por la parte recurrente, porque de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo,(1) las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio sin importar que las partes lo aleguen o no, y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y estudio preferente; de tal manera que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa a la advertida por el juzgador de primer grado, o bien, establecer otros motivos a los apreciados por éste, respecto de una misma hipótesis legal actualizada.
Consideraciones que además se apoyan, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 13, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es este el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito."
Así como la diversa tesis P. LXV/99, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 7, registro digital: 193252, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse, que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."
En tal sentido, este tribunal estima que en el caso se surte la diversa causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
De las disposiciones transcritas se deduce que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros, contra los actos que no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo; esto es, cuando el peticionario aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la ley de la materia y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa aquí recurrente señaló como acto reclamado el citatorio de quince de noviembre de dos mil dieciséis, y la omisión de notificárselo en términos de ley, emitido por la fiscal del Ministerio Público de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, dentro del registro de atención **********, a través del cual fue citado con la finalidad de realizar una diligencia correspondiente al proceso de justicia restaurativa.
El citatorio aludido es del contenido literal siguiente:
"...
"Con fundamento en los artículos 17 párrafo cuarto y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 7, 8, 15, 19 y demás relativos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 6 fracción I, inciso a) numeral 20, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; artículo 82 y 131 fracción XVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, hago de su conocimiento que deberá presentarse en esta Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, ubicada en Libramiento Norte Oriente número 2010, colonia El Bosque, de esta ciudad capital, primer piso; el día miércoles 23 del mes de noviembre del 2016 a las 10:00 horas, con la finalidad de que comparezca ante esta representación social, con la finalidad de realizar una diligencia correspondiente al proceso de justicia restaurativa. No omito hacerle de su conocimiento que deberá traer consigo identificación oficial, así como también presentarse con 15 minutos de anticipación al horario antes referido. ..."
En ese sentido, si bien es cierto que los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 127 y 129, penúltimo y último párrafos, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(3) disponen que corresponde a la institución del Ministerio Público la investigación de los delitos, y lo facultan para ordenar la comparecencia del imputado en la investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados; también lo es que del contenido del citatorio señalado como acto reclamado, se aprecia que el mismo fue emitido en la fase conciliatoria y no de investigación del delito (sic).(4)
Al respecto, debe precisarse que los mecanismos alternativos de solución consisten en diversos procedimientos mediante los cuales, las personas puedan resolver sus controversias, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), la mediación, la conciliación y el arbitraje (heterocomposición).
Entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se encuentra la relativa a que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita que permiten, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.
En ese sentido, tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con igual dignidad; además de que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es la de resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley.
Así, el citatorio señalado como acto reclamado, no se traduce en una orden de detención, aprehensión o presentación, ni contiene apercibimiento en relación con la utilización de los diversos medios de apremio, entre ellos, el uso de la fuerza pública en contra del quejoso, para lograr su comparecencia ante el representante social, pues constituyen solamente una invitación para presentarse ante la mencionada autoridad con la finalidad de realizar una diligencia correspondiente al proceso de justicia restaurativa, que en términos legales, tiene como consecuencia que si no acude, se dará por concluido el mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal, lo cual tampoco le afectaría, porque tendría a salvo su derecho para poder conciliar con la víctima u ofendido, aun cuando el imputado sea vinculado a proceso.
Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que disponen lo siguiente:
"Artículo 4. Principios de los mecanismos alternativos
"Son principios rectores de los mecanismos alternativos los siguientes:
"I. Voluntariedad: La participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación;"
"Artículo 7. Derechos de los intervinientes
"Los intervinientes en los mecanismos alternativos tendrán los derechos siguientes:
"...
"IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un mecanismo alternativo;"
"Artículo 10. Derivación
"...
"Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el Juez derivará el asunto al órgano respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del mecanismo alternativo previsto en esta ley y se cumplan los requisitos de oportunidad y procedencia."
"Artículo 31. Salvaguarda de derechos
"Cuando no se alcance acuerdo, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver.
"Del mismo modo, cuando el acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto en el acuerdo."
"Artículo 32. Conclusión anticipada de los mecanismos alternativos
"El mecanismo alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes:
"...
"II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los intervinientes; ..."
En efecto, de conformidad con los preceptos transcritos, dentro de los principios rectores de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, se encuentra el de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo.
Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a dicho mecanismo alternativo.
En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, el mecanismo alternativo de solución, y se dejan a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan.
Lo anterior implica que el quejoso no se encuentra obligado a someterse a ese mecanismo alternativo de solución de la controversia penal, o arreglo armonioso que solicitó el denunciante de los hechos; y que éste conserva su derecho para resolverla mediante la acción legal que corresponda.
En esas condiciones, se estima que el citatorio girado contra el quejoso, ahora recurrente, no causa una afectación real y actual en su esfera jurídica, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, pues fue emitido en la etapa conciliatoria, respecto de la cual, por las razones expuestas, ********** no se encontraba obligado a asistir, ni puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción, por parte de la autoridad responsable, para obligarlo a someterse a dicho mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal denunciada por el tercero interesado.
Por el contrario, de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que el citatorio impugnado fue emitido como parte de un mecanismo alternativo de solución o arreglo armonioso, el cual tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan con motivo de la denuncia o querella referida a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
En ese contexto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, pues se colman los supuestos para su acreditación.
Criterio similar adoptó este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 87/2017 y 325/2017, en sesiones de veinticinco de agosto y treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente.
En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 93 de la Ley de Amparo, procede confirmar por diversa causal la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada ley.
CUARTO.-Con apoyo en los artículos 68, 71 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de le Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin los datos personales a los que alude la fracción XXI del artículo 2 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En la inteligencia que de conformidad con los artículos 3o. y 6o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los artículos 2, fracción XV y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la divulgación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, sin que sea posible supeditar la entrega de la información en ella contenida hasta en tanto cause ejecutoria la misma.
Apoya lo anterior, el criterio 3/2006, emitido por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de julio de dos mil seis, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. EL ARTÍCULO 7o., DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DETERMINA LA.-El artículo 7o. del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, determina la divulgación de sentencias ejecutorias y demás resoluciones públicas una vez que se emitan, sin que sea posible supeditar la entrega de la información en ellas contenida hasta en tanto causen estado dichos fallos."
Por otra parte, una vez que se notifique a las partes la presente resolución y con apoyo en los artículos primero y segundo del Acuerdo General 87/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en la circular 1/2004, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63, fracción V, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 93, fracción III, 184, 188 y 217 de la Ley de Amparo; 34, 35 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve;
PRIMERO.-Se confirma por diversa causa la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo **********, promovido por **********, contra las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO.-La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo, se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
Notifíquese; anótese, con testimonio de esta sentencia, vuelvan los autos relativos al Juzgado de Distrito de donde provienen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidenta maestra en derecho Susana Teresa Sánchez González, Irma Caudillo Peña y doctor en derecho J. Martín Rangel Cervantes, siendo ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: El Acuerdo General 87/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito citado en esta ejecutoria, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1521.
________________
1. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."
2. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función."
3. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público.
"Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión."
"Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia
"...
"Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación.
"El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención."
4. Así se advierte del contenido de los artículos invocados por el representante social, en específico, los siguientes:
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
"Artículo 19. De las sesiones de mecanismos alternativos
"Las sesiones de mecanismos alternativos se realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos, a petición de las partes. Los intervinientes podrán recibir orientación jurídica. Para tal efecto, cuando ambos intervinientes cuenten con abogado, éstos podrán presenciar las sesiones, sin embargo, no podrán intervenir durante las mismas.
"En caso de que se suscite alguna duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta por los auxiliares y expertos invocados por el facilitador, cualquiera de los Intervinientes podrá solicitar la suspensión de la sesión a fin de que pueda consultar con su abogado, si lo tuviere.
"Cuando los intervinientes sean miembros de comunidades indígenas o personas que no entiendan el idioma español, deberán ser asistidos durante las sesiones por un intérprete de conformidad con la legislación procedimental penal aplicable.
"Al inicio de la sesión del mecanismo alternativo, el facilitador hará saber a los intervinientes las características del mecanismo, las reglas a observar, así como sus derechos y obligaciones. Se explicará que el mecanismo es confidencial en los términos que establece la fracción III del artículo 4 de esta ley.
"Se hará saber a los intervinientes los alcances y efectos legales de los acuerdos que en su caso lleguen a concretarse.
"El mecanismo alternativo se dará por concluido si alguno de los intervinientes revela información confidencial, sin perjuicio de las responsabilidades en que se incurra por tal conducta."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27732-70fb4be4/mecanismos-alternativos-de-solucion-de-controversias-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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