AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PROCESAL DE ESTUDIO PREFERENTE, POR LO QUE SU ANÁLISIS NO PUEDE QUEDAR SUPEDITADO A LO ALEGADO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO DIRECTO. LA PERSONA MORAL QUE TUVO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, AUN CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IMPUGNE LA CALIDAD QUE SE LE DIO EN DICHO JUICIO.
AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PROCESAL DE ESTUDIO PREFERENTE, POR LO QUE SU ANÁLISIS NO PUEDE QUEDAR SUPEDITADO A LO ALEGADO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
AMPARO DIRECTO. LA PERSONA MORAL QUE TUVO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, AUN CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IMPUGNE LA CALIDAD QUE SE LE DIO EN DICHO JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO Y SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. DISIDENTES: LUIS ENRIQUE VIZCARRA GONZÁLEZ Y ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. PONENTE: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN. SECRETARIA: MARTHA PATRICIA AGUILAR BURGOS.
CONSIDERANDO:
9. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 215, 216, 225, segundo párrafo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que se dirime una posible contradicción de tesis entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados de este Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, actuando en auxilio del primero de ellos, pues la competencia para conocer de las contradicciones de tesis, atiende al Circuito del tribunal auxiliado y, en este caso, debe considerarse que las decisiones tomadas corresponden a un mismo Circuito, pues se estima que el tribunal auxiliar, sólo para ese menester, pertenece al Circuito del tribunal auxiliado y lo que se busca con la contradicción de tesis es homologar los criterios de un circuito determinado y evitar que se decidan cuestiones distintas en casos similares.
10. Es aplicable en sentido contrario, en virtud de que en la especie sí existe Pleno de Circuito, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE DICTA RESOLUCIÓN EN APOYO DE AQUÉL. CORRESPONDE CONOCER DE AQUÉLLA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUANDO EN EL CIRCUITO DE QUE SE TRATE NO SE HA INTEGRADO EL PLENO DE CIRCUITO RESPECTIVO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los Plenos de Circuito son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis, si se suscitan entre un Tribunal Colegiado ordinario perteneciente a un circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que dicta resolución en apoyo de aquél, ya que en este supuesto ambas decisiones corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, lo que atiende a la finalidad del Constituyente al introducir dichos órganos, ya que permite homologar los criterios de un circuito determinado, y evita que se decidan cuestiones distintas en casos iguales. No obstante, el criterio que antecede es inaplicable cuando se encuentren involucrados órganos jurisdiccionales de la naturaleza mencionada, si en el circuito de que se trate no se ha integrado y, en consecuencia, no se encuentra funcionando el Pleno de Circuito al que corresponde determinar la postura que debe prevalecer, lo que acontece cuando en el circuito respectivo sólo existe un Tribunal Colegiado, según deriva del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, como esta situación no fue prevista por el Constituyente o por el legislador ordinario, ni por el propio Consejo citado, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos en los que se adoptaron posturas disímiles."(5)
11. Legitimación de los denunciantes. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
12. Antecedentes. Para su debida comprensión, enseguida se narran brevemente los antecedentes de los juicios de amparo, cuyos criterios son ahora, materia de discusión.
I. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, conoció del juicio de amparo directo administrativo 1354/2015 (cuaderno auxiliar 52/2016), promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.
a) En dicho juicio, la quejosa demandó el amparo contra la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, en la que declaró la nulidad del recibo número ********** emitido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se determinó un pago de ********** pesos a cargo de la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de consumo de agua.(6)
b) El Tribunal Colegiado Auxiliar, analizó la legitimación de la quejosa para ejercer la acción constitucional y determinó que, de conformidad con los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la Ley de Amparo en vigor, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, está legitimada para demandar la protección federal contra el acto de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, pues aun cuando haya fungido con el carácter de autoridad demandada en el juicio natural en el amparo está controvirtiendo esa circunstancia, por lo que tal examen debe ser materia del fondo del asunto.
c) Luego de analizar las inconformidades que al respecto se plantearon, el tribunal auxiliar negó el amparo solicitado. Este fallo se emitió por mayoría de votos.
II. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito conoció de los juicios de amparo directo administrativo 398/2016, 450/2016 y 650/2016, promovidos por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.(7)
a) En esos juicios, la quejosa demandó el amparo contra los distintos fallos emitidos por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, en los que declaró la nulidad de los recibos números ********** expedidos por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se determinaron pagos de ********** pesos, ********** pesos y ********** pesos, por concepto de servicio de agua potable.
b) En las ejecutorias correspondientes, el Tribunal Colegiado estudió la procedencia del juicio de amparo y determinó que la quejosa cuenta con legitimación para incoar la acción constitucional, en virtud de que si bien tuvo el carácter de autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo en el que se dictó la sentencia que reclama; en el amparo viene controvirtiendo precisamente la calidad que se le otorgó, por lo que esa cuestión debe analizarse en el fondo del asunto.
c) Una vez que se estudiaron los conceptos de violación, el referido tribunal desestimó los argumentos expuestos y negó el amparo a la quejosa. Tales determinaciones se emitieron por mayoría de votos.
III. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito conoció del juicio de amparo directo administrativo 1114/2015, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.
a) En el referido juicio la quejosa demandó el amparo contra la sentencia emitida por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, en el que declaró la nulidad del recibo número ********** expedido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde se determinó un pago de ********** pesos, por concepto de consumo de agua potable.(8)
b) El tribunal consideró que la quejosa es una persona moral concesionaria de un servicio público municipal -agua potable y alcantarillado- y que, como ente público, carece de legitimación para ejercer la acción de amparo, por lo cual, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo. Dicho fallo se resolvió por unanimidad de votos.
13. Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco, al resolver -por mayoría de votos- el juicio de amparo directo administrativo 1354/2015 (cuaderno auxiliar 52/2016) consideró:
a) Que de acuerdo con los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la Ley de Amparo en vigor, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, está legitimada para demandar la protección federal contra el acto de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado que declaró la nulidad del recibo que expidió por concepto de suministro y consumo de agua potable, no obstante haber fungido como autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo.
b) Que en términos de las disposiciones en cita, las personas morales de derecho público pueden ejercer de manera excepcional la acción de amparo, en los supuestos en que la ley o acto que reclamen afecten sus intereses patrimoniales, en aquellas relaciones en que se ubiquen en un plano de igualdad con los gobernados.
c) Que la quejosa, fue demandada en el juicio contencioso administrativo y que, aunque podría pensarse que carece de legitimación para promover el amparo, una reflexión más profunda sobre el tema, llevó al tribunal a concluir que, se está en un supuesto de excepción, cuando precisamente está controvirtiendo la calidad que como autoridad se le dio en dicho juicio.
d) Que, entonces, lo propuesto en los conceptos de violación es un tema que obliga a su estudio porque se cuestiona el hecho de que se le haya considerado como una autoridad, de manera que, siendo que las causas de improcedencia deben ser claras e inobjetables, si se hace valer una en la que involucre el fondo del negocio, debe ser desestimada, pues opinar lo contrario se atentaría contra lo que se denomina "petición de principio", razón por la cual, el juicio de amparo procede cuando la calidad de demandada constituye el punto de debate.
II. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver -por mayoría de votos- los juicios de amparo directo administrativo 398/2016, 450/2016 y 650/2016 determinó:
a) Que la quejosa tiene legitimación para ejercer la acción de amparo, no obstante que se promueve por quien tiene el carácter de autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo.
b) Que si bien las leyes aplicables en el procedimiento contencioso administrativo, estipulan que la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado es competente para conocer de resoluciones definitivas dictadas por otras personas cuando actúan como autoridades y que tienen este carácter los prestadores de servicios públicos que sean concesionarios, como ocurre con la quejosa, de todos modos, está legitimada para promover el amparo cuando lo que aduce es que no debe equiparársele a una autoridad y que, por tanto, no puede ser demandada en el juicio contencioso administrativo.
c) Que de no admitir el amparo se violaría en perjuicio de la quejosa lo que se conoce como "petición de principio" porque no se le daría oportunidad de cuestionar si puede o no tener el carácter de demandada en el juicio de origen.
III. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver (por unanimidad de votos) el juicio de amparo directo administrativo 1114/2015, concluyó:
a) Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, por lo cual, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita.
b) Que la quejosa es una persona moral concesionaria de un servicio público municipal -agua potable y alcantarillado-, que carece de legitimación como ente público para acudir al juicio de amparo.
c) Que la quejosa reclama la sentencia dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado en el juicio contencioso administrativo 705/2015, donde se demandó la nulidad de la resolución que comprende diversos periodos facturados en el recibo de agua emitido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde determina un pago por ********** pesos, señalando como autoridades demandadas a la referida concesionaria y a la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes.
d) Que la Sala responsable admitió la demanda confiriéndole el carácter de autoridad demandada, ya que de conformidad con los artículos 33 A y 33 F de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dicho tribunal tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre particulares y los prestadores de servicios públicos que sean concesionados y que conocerá de los juicios que se inicien contra las resoluciones definitivas emanadas de estos últimos cuando actúen como autoridades que causen agravio a los particulares, sin que contra esa determinación hubiera interpuesto recurso de reclamación, no obstante que fue emplazada al juicio y que contestó la demanda.
e) Que por otro lado, la quejosa carece de legitimación para acudir al juicio constitucional, porque el acto reclamado se dictó en un juicio contencioso administrativo en el que compareció como parte demandada a defender la legalidad de un acto emitido en su carácter de autoridad, es decir, que el acto no derivó de un procedimiento en el que se encontró en un plano de igualdad con el particular.
f) Que de los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Amparo se desprende que, el juicio de garantías puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta el acto reclamado y que las autoridades pueden acudir a incoar la acción cuando i) la norma general, el acto u omisión afecten su patrimonio, y ii) cuando se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
g) Que conforme a lo anterior, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio de origen como persona de derecho privado, podrá acudir a la instancia constitucional, pero no cuando actúa como autoridad demandada.
h) Que cuando la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo acude al juicio de garantías con ese carácter, el juicio es improcedente; que estas consideraciones se sustentan en la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2000.
i) Que en esa ejecutoria se interpretó el artículo 9o. de la Ley de Amparo abrogada, en el que sólo se limitaba a indicar que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo "cuando el acto o ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales".
j) Que, sin embargo, el artículo 7o. de la ley vigente, explica que la oportunidad de las personas morales oficiales de acudir al amparo se actualiza cuando el acto o ley que se reclame afecte su patrimonio "respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares".
k) Que entonces, la regla general, consiste en que las autoridades carecen de legitimación para promover el amparo, aun cuando hayan tenido la calidad de parte demandada en el procedimiento contencioso administrativo, con la excepción ya precisada.
14. Existencia de la contradicción de tesis. Para que exista una contradicción de tesis es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:
1) Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquiera otra cuestión jurídica en general.
3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. Lo expuesto tiene apoyo en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 36/2007-PL, 34/2007-PL, 37/2007-PL, 45/2007-PL y 6/2007-PL, que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 72/2010, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LOS RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución".(9)
16. Por otro lado, cabe señalar que, como sucede en el presente caso, aun cuando el criterio sustentado por los tribunales contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no representa un obstáculo para proceder a su análisis, establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, determinar cuál es el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.
17. Esta consideración, se apoya en la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS." del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de 1994, página 35, cuyo texto dice: "Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la constitución federal ni el artículo 197-A de la ley de amparo, lo establecen así."
18. En el presente caso, sí existe contradicción de tesis, pues como se ha visto, los tribunales contendientes se ocuparon de resolver la misma cuestión jurídica: si para evitar la falacia conocida como "petición de principio" es válido el análisis de los conceptos de violación que controvierten el carácter de autoridad que se reconoció a la concesionaria demandada en un juicio contencioso administrativo y, por ende, negar el amparo; o si, por el contrario, resulta válido analizar esa cuestión como presupuesto procesal indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, en consecuencia desechar la demanda o, en su caso, sobreseer en el juicio.
19. En efecto, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guadalajara, Jalisco, determinó en el asunto sometido a su consideración, que la quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, tiene legitimación para demandar el amparo cuando controvierte el carácter de autoridad que se le atribuyó en el juicio contencioso administrativo, y que, por tanto, esa cuestión debe ser analizada al resolver el fondo el juicio de amparo, porque implica el examen de los conceptos de violación que al respecto hubiese planteado la referida autoridad demandada; el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito analizó la legitimación de la promovente como presupuesto procesal para la procedencia del amparo y concluyó que no está legitimada para incoar dicha acción cuando no impugnó en el juicio natural, mediante el recurso de reclamación, la calidad que se le otorgó, y por ello, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías.
20. También existe contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del propio Circuito, pues como quedó de manifiesto en apartados anteriores, ese órgano colegiado, conforme a su nueva integración, se apartó del criterio que sostuvo al resolver el recurso de reclamación 40/2015 y, ahora, estima que la demandada sí está legitimada para promover la acción constitucional cuando controvierte la calidad de autoridad que se le dio en el juicio de nulidad, de manera que su actual postura le obliga a continuar en la contienda.
21. Planteamiento del problema. El punto que se encuentra sujeto a discusión, estriba en determinar si para evitar la falacia conocida como "petición de principio" es válido el análisis de los conceptos de violación que controvierten el carácter de autoridad que se reconoció a la concesionaria demandada en un juicio contencioso administrativo y, por ende, negar el amparo; o si, por el contrario, resulta válido analizar esa cuestión como presupuesto procesal indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, en consecuencia, desechar la demanda o, en su caso, sobreseer en el juicio.
22. Estudio de fondo. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno del Circuito, conforme a las consideraciones siguientes:
23. Para estar en condiciones de hacer el pronunciamiento correspondiente, primeramente es necesario determinar si efectivamente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la naturaleza de los actos que realizó, actuó como autoridad, toda vez que en los juicios contenciosos administrativos que dieron lugar a la contienda, aceptó tácitamente fungir como autoridad demandada y, por tanto, si con ese carácter está legitimada para promover el juicio de amparo.
24. Esa calidad, según se infiere de las ejecutorias materia de esta contradicción, -sobre todo de las pronunciadas en los juicios de garantías 1114/2015, 1354/2015 (cuaderno auxiliar 52/2016) y 398/2016- le fue conferida por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado en el auto de admisión de la demanda de nulidad y con ese carácter compareció al juicio contencioso administrativo a contestar la demanda entablada en su contra.
25. Al respecto, los artículos 1o., 3o. y 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como 2o., fracción I y 4o., fracción II, inciso a), de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, ambas del Estado de Aguascalientes, dicen:
De la Ley del Procedimiento Administrativo
"Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas centralizadas y descentralizadas del Estado de Aguascalientes, de los Municipios que lo integran, y de otras personas, cuando éstas actúen como autoridades.
"Se reputarán como otras personas, a los prestadores de servicios públicos municipales considerados como áreas estratégicas, que sean concesionados.
"El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de: responsabilidades de los servidores públicos, expropiación, electoral, justicias agrarias y laboral, así como al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales."
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto administrativo, toda declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y generalmente ejecutiva, emanada de la administración pública del Estado de Aguascalientes, de las de sus Municipios y de otras personas, en el ejercicio de las facultades que les son conferidas por los ordenamientos jurídicos en su carácter de potestad pública, teniendo por objeto crear, reconocer, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones con la finalidad de satisfacer el interés general."
"Artículo 16. Para efectos de esta ley deberá entenderse por autoridad administrativa toda dependencia o entidad de las administraciones públicas centralizadas o descentralizadas del Estado, de sus Municipios y otras personas, que estén facultados por los ordenamientos jurídicos para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo; así como los funcionarios y servidores públicos de dichas administraciones, mediante los cuales se realicen los referidos actos administrativos."
De la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo
"Artículo 2o. La Sala conocerá de los siguientes asuntos:
"I. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, de los organismos descentralizados y otras personas, cuando estos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares."
"Artículo 4o. Son partes en el juicio contencioso administrativo:
"...
"II. El demandado. Tendrán ese carácter:
"a) La autoridad estatal, municipal, organismo descentralizado u otra persona cuando actúe como autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución administrativa o fiscal, o tramite el procedimiento impugnado o aquella que de manera legal la sustituya."
26. De acuerdo con las disposiciones transcritas, tendrá el carácter de parte demandada en el juicio contencioso administrativo, la autoridad estatal, municipal, organismo descentralizado u otras personas, cuando actúen como prestadoras de servicios públicos municipales con motivo de una concesión, ya que tienen facultades para dictar, ordenar o ejecutar resoluciones o actos administrativos o fiscales.
27. Pues bien, la quejosa es concesionaria del servicio público de agua potable, y como la prestación de ese servicio corresponde, en principio, al Municipio, la concesionaria al expedir los recibos impugnados en el juicio de nulidad a través de los cuales pretende el cobro de ciertas cantidades de dinero derivadas supuestamente de adeudos de ese servicio, está actuando en sustitución de la autoridad mun
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26949-17a20d6c/amparo-directo-la-legitimacion-para-promoverlo-constituye-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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