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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LOS TERCEROS INTERESADOS RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CUYA VIOLACIÓN RECLAMÓ EL QUEJOSO, AL NO CAUSARLES PERJUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 137/2015. · Registro digital (IUS): 26503
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-26
Promovente: SERGIO RAÚL AGUILAR LÓPEZ Y OTRA.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2629.

AMPARO EN REVISIÓN 137/2015. SERGIO RAÚL AGUILAR LÓPEZ Y OTRA. 28 DE ENERO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GLORIA GARCÍA REYES. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIA: LYDIA OBDULIA CASTILLO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Estudio del asunto. Procede desechar el recurso de revisión interpuesto, con base en las consideraciones siguientes:

De la lectura integral de la sentencia recurrida se desprende que el Juez Federal concedió la protección constitucional al quejoso, a fin de que la autoridad responsable respetara su derecho de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en el sentido de que, al causar ejecutoria la resolución, señalara de manera inmediata día y hora para la continuación del desahogo de la audiencia de demanda y excepciones que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral de origen, en el que debían respetarse los tiempos que dispone la ley hasta el dictado del laudo respectivo.

Tal decisión jurisdiccional, en modo alguno, puede causar perjuicio al recurrente, parte demandada en el juicio natural, ya que la observancia y cumplimiento de la ley son aspectos de orden público en los que tienen interés en que se acaten, precisamente, las partes contendientes en un juicio, esto es, actor y demandado en el procedimiento de trabajo.

Por ende, la concesión del amparo por el Juez de Distrito al quejoso, trabajador en el juicio natural, por la naturaleza del acto reclamado no irroga perjuicio alguno a los aquí recurrentes, en su calidad de demandados; de ahí que no se encuentren legitimados para interponer el presente recurso contra dicha determinación.

Es así, ya que los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, así como el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establecen el principio de instancia de parte agraviada para el seguimiento del juicio de amparo, que prevalece para el recurso de revisión, en términos de lo previsto en los numerales 81, fracción I, inciso e) y 88, segundo párrafo, de la mencionada ley, cuyo contenido literal es el siguiente:

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

"La víctima u ofendido del delito, podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

"...

"e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia."

"Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada.

"Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia."

De cuya interpretación sistemática se colige que los tres primeros prevén como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, principio que, a su vez, se hace extensivo al recurso de revisión, pues de los artículos 81 y 88 de la Ley de Amparo se desprende, implícitamente, la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme, a fin de que éste se encuentre en posibilidad de combatir tal afectación.

Al caso, es necesario puntualizar que los efectos de la sentencia protectora recayeron exclusivamente sobre la autoridad responsable, quien está obligada a realizar diversos actos procesales tendentes a respetar los términos de ley que rigen el procedimiento laboral, lo cual no redunda en ninguna afectación en los intereses de quienes recurren; de ahí que los demandados recurrentes no se encuentren legitimados para acudir a la revisión, pues con tal medida no se les causa una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa, o en virtud de alguna especial situación frente al orden jurídico.

Y con independencia de las alegaciones que al respecto puedan verter, lo cierto es que la observancia y aplicación del ordenamiento va hacia el accionar de las autoridades, quienes deben acatar los términos y plazos legales dispuestos para la fijación de la fecha de continuación del desahogo de la audiencia de ley en el juicio, génesis del acto reclamado, lo que, a su vez, deben atender las partes en el juicio y que, en sí mismo, no irroga perjuicios.

Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia VI.T. J/1 (10a.), que este tribunal -en su anterior denominación e integración- sustentó con el número 1,(2) perteneciente a la Décima Época, que dice:

"TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010).-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: ‘TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.’, determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa."

De manera que, aun cuando no se desconoce el carácter de terceros interesados que tienen los recurrentes, en su calidad de partes demandadas en el juicio laboral, y que la ley les reconoce en la fracción III del numeral 5o. de la Ley de Amparo, que textualmente dice:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

"a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

"b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

"c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;

"d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

"e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable."

Lo cual pudiera suponer que, por sí solo, los legitima para la interposición del recurso; sin embargo, no debe soslayarse que en el presente asunto se privilegia el derecho humano que consagra el artículo 17(3) constitucional, relativo a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes.

Disposición que obliga a las autoridades jurisdiccionales a observar la ley procedimental en beneficio de las partes, trátese del actor o del demandado, quienes finalmente deben verse beneficiados con la impartición de justicia pronta y expedita.

Luego, por más que la parte tercero interesada guarde o tenga un interés contrario al de su contraparte en el juicio natural, éste no debe llegar al extremo de recurrir determinaciones que tienen como propósito hacer cumplir la Carta Magna, en su artículo 17.

Máxime que los recurrentes no expresan la necesidad física, material o de imposibilidad jurídica que justifique señalar una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, después de seis meses, cuando la ley de la materia dispone para ello el término de quince días.

En esas condiciones, lo jurídicamente correcto es declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto.

Como consecuencia de lo anterior, queda firme la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, 92, 93 de la Ley de Amparo en vigor y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por Sergio Raúl Aguilar López y Alejandra López Álvarez en contra de la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil quince, dictada dentro del expediente de amparo 1456/2015.

SEGUNDO.-Queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por mayoría de votos de la Magistrada presidenta Livia Lizbeth Larumbe Radilla y el Magistrado Samuel Alvarado Echavarría, en contra del voto particular de la Magistrada Gloria García Reyes. Fue ponente la primera de los nombrados.

________________

2. Registro digital: 2000923. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1751.

3. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

"Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

"La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26503-2f76abb1/legitimacion-en-el-recurso-de-revision-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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