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Modo: Corpus Pro

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DE CUMPLIRLA, ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 25875
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , Pág. 3035.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO). 30 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO GALINDO ARIZMENDI, JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ, JORGE PÉREZ CERÓN, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES E IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE. PONENTE: JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER MORONES DÁVALOS.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el artículo primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 -que abrogó el diverso 11/2014- del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

Se afirma lo anterior, en razón de que la denuncia versa sobre una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito). Esto es, se trata de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, en relación con un asunto de naturaleza administrativa, por lo que su resolución corresponde a este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue interpuesta por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con asiento en San Andrés Cholula, Puebla, órgano que, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, resolvió el amparo en revisión administrativo 843/2014 (expediente de origen 180/2014), que originó uno de los asuntos que conforman la presente contradicción de tesis. Por tanto, se actualizó, formalmente, el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 843/2014 (expediente de origen 180/2014), en sesión de trece de febrero de dos mil quince, en resumen y en lo que interesa, expresó:

• Que en la demanda de amparo indirecto que dio origen al amparo en revisión, el quejoso reclamó de las autoridades responsables, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo, la omisión de dar cumplimiento a la resolución administrativa de veintiuno de septiembre de dos mil once, dictada en el expediente administrativo 172/2011, a través de la cual, el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, autorizó que se entregara al quejoso el bono de pensión.

• Que de conformidad con el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, el quejoso, previo a ocurrir en demanda de garantías, debió agotar el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, habida cuenta que, de conformidad con la normativa, corresponde a ese órgano jurisdiccional sustanciar y resolver, entre otras controversias, las que se susciten en relación con el cumplimiento y efectos de resoluciones de naturaleza administrativa que emitan los organismos descentralizados del Estado de Sinaloa, como lo es el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

• Sin embargo, en el caso, no existe obligación de agotar el principio de definitividad, previo a instar el juicio de garantías, dado que se reclama un acto omisivo autónomo carente de fundamentación, en términos del artículo 16 constitucional, pues en esa hipótesis, de conformidad con lo previsto por el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al referido principio.

• Que en el artículo 107 constitucional se encuentran previstos los principios generales del juicio de amparo, entre los que destaca el de definitividad, cuyo incumplimiento genera la improcedencia del juicio de amparo, regulado específicamente tratándose de actos administrativos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, salvo los casos de excepción, por ejemplo, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, pues sería inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico por violar el artículo 16 constitucional, precisamente, ante la omisión de fundamentación en el acto de autoridad.

• Que si, no obstante esa carencia, se obligara al gobernado a agotar los medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevé, se dejaría al quejoso en estado de indefensión, pues precisamente esas carencias (de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto.

• Que, en ese supuesto, se precisa que cuando el quejoso reclama una omisión, resultan aplicables los artículos 107, fracción IV, constitucional y 107, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, de los que se deduce que en materia administrativa el amparo procede contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio.

• Que para la procedencia del juicio de amparo debe distinguirse cuando la omisión reclamada sea de un acto no autónomo como parte de un procedimiento que culmina con una resolución que pone fin a un procedimiento administrativo y aquellos casos donde la omisión reclamada impide, precisamente, la continuación de un procedimiento o es producto de un acto autónomo desvinculado de un procedimiento. En estos dos últimos supuestos, no es necesario agotar el principio de definitividad, precisamente porque se trata de decisiones que contienen autonomía propia y son carentes de fundamentación como excepción a dicho principio.

• Que en el caso concreto, el quejoso reclamó del director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y del secretario de Administración y Finanzas, ambos del Estado de Sinaloa, la omisión de dar cumplimiento a la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil once, emitida por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, en el expediente administrativo 172/2011, por la cual, resolvió otorgarle el saldo de su cuenta individual y ordenó que se solicitara a dicha autoridad que fungió como empleador, que realizara la acreditación e hiciera efectivo el bono de pensión correspondiente, a favor del instituto de pensiones; resolución cuyo cumplimiento se solicitó a la autoridad citada en primer orden, mediante oficio IPES/DG/013/2014.

• Que tomando en consideración que el acto reclamado a las citadas autoridades responsables es de naturaleza omisiva, consistente en la omisión de cumplir con la resolución administrativa que declara un derecho en favor del quejoso, como es que se le otorgue el saldo de su subcuenta individual, ello se traduce en un acto carente de fundamentación, debido a que, precisamente, de esa conducta omisiva, el quejoso desconoce los fundamentos legales del acto omisivo que reclama para hacer valer en su contra el recurso idóneo y, en esa medida, no se le puede obligar a que, previo a la promoción del juicio de garantías, agote el medio ordinario de defensa, puesto que ese vicio formal de fundamentación, por sí mismo, es suficiente para considerar que el mencionado acto reclamado se ubica en el supuesto de excepción a que se refiere la hipótesis legal mencionada.

• Que en ese tenor, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que, previo a promover el juicio de amparo, el quejoso debió acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, a demandar el cumplimiento de la resolución administrativa que el Consejo de Administración emitió a su favor autorizando el pago de su bono de pensión, pues como ya se vio, el acto reclamado constituye una excepción al principio de definitividad.

Por su parte, el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión administrativo 419/2012, en sesión de quince de noviembre de dos mil doce, en resumen, expresó lo siguiente:

• Que de la lectura integral de la demanda de garantías se desprende que el quejoso señaló como autoridades responsables al director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, secretario de Salud y secretario de Administración y Finanzas, ambos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, todos con sede en Culiacán, Sinaloa.

• Que los actos reclamados a dichas autoridades responsables consistieron en la omisión de dar cumplimiento al punto resolutivo segundo de la resolución administrativa dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, el veintiuno de septiembre de dos mil once, en el procedimiento administrativo 302/2011, formado con motivo de la solicitud presentada por el quejoso el dos de mayo de dos mil once, para el retiro del saldo de su cuenta individual.

• Que en el caso concreto, el quejoso reclama la falta de cumplimiento a una resolución pronunciada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones, el cual, de conformidad con los artículos 74, fracción II y 82 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, es el órgano encargado de la administración y vigilancia del instituto, que fue creado como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos del artículo 64 de la propia ley.

• Que de la interpretación armónica de los artículos 3, 13, fracción I y 22 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se aprecia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa conocerá y resolverá los juicios que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.

• Bajo ese tenor, si el quejoso reclama la omisión de dar cumplimiento a la resolución dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones, era inconcuso que antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, dicho tribunal es competente para conocer y resolver de las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa que emitan las autoridades municipales de Sinaloa.

• Que si bien es cierto que el citado artículo y fracción, expresamente otorgan competencia a dicho tribunal para resolver las controversias que se susciten respecto del cumplimiento de resoluciones de naturaleza fiscal y administrativa que emitan los organismos descentralizados de Sinaloa; sin embargo, de la interpretación lógico sistemática del citado numeral, se puede inferir que tal potestad no se encuentra limitada a actos de carácter positivo, sino que también involucra actos negativos, como lo es la abstención u omisión de dar cumplimiento a la resolución dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

• Máxime que de la exposición de motivos que dio origen al artículo 13 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se aprecia que el objetivo del legislador fue ampliar el ámbito de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, procurando que sean impugnables todo tipo de actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades estatales, municipales y sus respectivos organismos descentralizados.

• Que en el caso concreto, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando el acto reclamado carezca de fundamentación.

• Lo anterior, porque si el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dar cumplimiento a la resolución dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, el cual tiene el carácter de negativo, es inconcuso, que dada la naturaleza del acto reclamado, no se encuentra sujeto al requisito de fundamentación que exige el artículo 16 constitucional.

De las anteriores sentencias sintetizadas, este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito estima que existe la contradicción de tesis, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron en sus resoluciones criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, a saber, sobre el cumplimiento o no del principio de definitividad.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determinó que no existe obligación de agotar el juicio previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, previo a instar el juicio de garantías, dado que, al reclamarse un acto omisivo carente de fundamentación, en términos del artículo 16 constitucional, se actualiza la excepción para cumplir con el principio de definitividad establecida en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la actual Ley de Amparo.

Mientras que el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, sostuvo que antes de acudir al amparo indirecto debe agotarse el juicio previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, pues no se actualiza la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, dado que si el acto reclamado se hizo consistir en un acto omisivo, el cual tiene el carácter de negativo, es inconcuso que, dada su naturaleza, no se encuentra sujeto al requisito de fundamentación que exige el artículo 16 constitucional.

Esto es, el punto de contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes radica en establecer si cuando se reclama la omisión de dar cumplimiento a la resolución administrativa dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones, previo a promover el amparo indirecto, debe cumplirse con el principio de definitividad, esto es, agotar el juicio previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, materia común, registro digital 164120, página 7, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Cabe precisar que no es obstáculo para la existencia de la contradicción de criterios que el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo -que contempla la excepción para cumplir con el principio de definitividad-, a la fecha, se encuentre abrogado junto con el ordenamiento en el que se contiene, ya que, por un lado, aunque abrogado el citado numeral, aún pueden quedar asuntos pendientes de resolverse y, por otro, porque tal excepción se encuentra contemplada en igualdad de términos en el precepto 61, fracción XX, segundo párrafo, de la actual Ley de Amparo.

Ver artículos 73, fracción XV, de la abrogada Ley de Amparo y 61, fracción XX, de La Ley de Amparo vigente

CUARTO.-Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que cuando se reclama la omisión de dar cumplimiento a una resolución administrativa dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, no es menester agotar el principio de definitividad, es decir, acudir al juicio previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto.

Por principio de cuentas, es menester precisar que omisión no es igual a negación, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, aquélla consiste en abstenerse de hacer algo, es decir, que a quien corresponda hacer o cumplir algo no lo hace (no emite manifestación verbal ni escrita), mientras que negar consiste en decir que algo no existe, no es verdad, o no es como como alguien cree o afirma, esto es, implica expresar que algo no es cierto (existe manifestación negativa verbal o escrita).

Por otra parte, el primer párrafo del artículo 16 constitucional establece:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."

De lo antes transcrito, se obtiene que la Carta Magna reconoce a favor de todo gobernado el derecho a la legalidad, consistente en que las autoridades, competentes, al emitir sus actos, deben hacerlo por escrito, fundando y motivando la causa legal de su proceder.

Ahora, en los artículos 103 y 107, también de la Constitución Federal, se otorga a los gobernados la garantía (amparo) para proteger los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, entre los que se encuentra, el derecho a la legalidad, así como las bases para promoverla contra actos u omisiones emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

En efecto, los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, constitucionales disponen:

"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."

Como se ve de los numerales constitucionales transcritos, procede el amparo indirecto en contra de actos u omisiones de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando se hayan agotado el juicio, recurso o medio de defensa legal correspondientes.

Asimismo, se advierte que cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, el amparo indirecto procede sin necesidad de cumplir con el agotamiento de los recursos o medios de defensa procedentes.

Debe indicarse que lo antes precisado en la Constitución Federal se encuentra regulado por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente (similar al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo abrogada), que expresa:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia."

Bajo ese orden de ideas, es evidente que, conforme a la Constitución Federal, todo gobernado tiene reconocido el derecho a la legalidad en los actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, que se emitan por autoridad competente, en forma escrita, fundada y motivada; a su vez, toda persona tiene para la protección de ese derecho el instrumento jurídico del amparo indirecto, el cual procede contra la acción (manifestación verbal o escrita positiva o negativa) u omisión (abstención de manifestarse verbal o escrita) de dichas autoridades, siempre y cuando se agote el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, previo a su promoción (cumplir con el principio de definitividad).

Con la salvedad, en lo que importa para la contradicción de tesis, de que no existirá la obligación de cumplir con ese principio de definitividad, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación.

Por tanto, si bien es cierto que cuando se dicta una resolución sin fundar y motivar se viola directamente la garantía constitucional de legalidad, consagrada en el artículo 16 constitucional, no menos verdadero es que ello también sucede cuando la autoridad omite o se abstiene de dar cumplimiento a una resolución administrativa, en el caso, dictada por el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

Lo anterior, porque la omisión se traduce en molestia para el gobernado, sin que exista mandamiento escrito en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que constituye violación directa al artículo 16 constitucional, a diferencia del acto negativo que, como ya se vio, implica la manifestación verbal o escrita contraria a algo o a lo obtenido, y que conforme a dicho postulado constitucional, tal negación también debe emitirse de forma escrita, fundada y motivada, pues si se dicta verbalmente, igualmente, incumple con la formalidad escrita, concomitantemente, carece de fundamento y motivo.

Esto es, la omisión citada implica que no exista mandamiento escrito en que se funde y motive la causa legal de tal proceder, por consiguiente, ante la carencia de esas garantías consagradas en la primera parte del artículo 16 de la Constitución General de la República (falta absoluta de fundamentación y motivación por escrito), es obvio que se impide al gobernado conocer los motivos y fundamentos del acto reclamado y, ante ese desconocimiento, correlativamente, también impugnarlo mediante el recurso, juicio o medio de defensa legal ordinario procedente.

En tales condiciones, al advertirse en la vía de amparo indirecto la ausencia de mandamiento escrito, pues el acto reclamado fue una omisión -y no una negación-, de suyo acarrea la falta total de fundamentación y motivación del acto reclamado, en consecuencia, se actualiza la excepción prevista en la fracción IV del artículo 107 constitucional, regulada en el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la vigente Ley de Amparo, y en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, que origina la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de cumplir con el pri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25875-2ea66987/resolucion-administrativa-del-instituto-de-pensiones-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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