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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉSTA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN EL QUE SE LE CONDENA A ENTERAR AL INSTITUTO DE PENSIONES DE ESA ENTIDAD EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A UN BONO DE PENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. · Registro digital (IUS): 25870
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO S
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , Pág. 2691.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO), Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO). 30 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO GALINDO ARIZMENDI, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES, JORGE PÉREZ CERÓN, JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ E IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE. PONENTE: MARIO GALINDO ARIZMENDI. SECRETARIO: JOSÉ NOÉ EGURE YÁÑEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito es legalmente competente para conocer sobre la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 37, fracción I, inciso b), 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en relación con el artículo segundo del Acuerdo General 19/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, jurisdicción territorial, domicilio, fecha de inicio de funciones del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Décimo Segundo Circuito en Mazatlán, Sinaloa, el cambio de denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del referido circuito y sede; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados especializados, así como al cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en cita; toda vez que esta contradicción de tesis tiene como objeto medular definir si el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, tiene o no legitimación procesal activa para promover el juicio de amparo contra sentencias que fueron emitidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en sendos juicios administrativos en los que dicho promovente participó como parte, pero en uno de los criterios contendientes se le tuvo por defendiendo actos de autoridad, por lo que se trata de asuntos de la materia administrativa.

Sin que sea obstáculo que uno de los criterios contendientes provenga de un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, ya que dicho órgano colegiado, al emitir la ejecutoria correspondiente, actuó en apoyo de un Tribunal Colegiado de este Décimo Segundo Circuito. De ahí que el criterio adoptado por ese tribunal auxiliar tiene aplicación en este circuito, lo que hace factible que pueda contender con otro sustentado por un diverso Tribunal Colegiado del mismo circuito.

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1656, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los tribunales auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.-La denunciante de la contradicción de tesis, ponencia de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, que tiene legitimación para ello, conforme lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) ya que de las constancias remitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, se observa que dicho tribunal administrativo fue parte en los juicios de los que emerge la presente contradicción de tesis, al haber sido señalada como autoridad responsable, según se observa a fojas setenta y tres, ciento treinta y tres, y doscientos cuarenta y tres de autos.

TERCERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito advierte que existe la contradicción de tesis.

Para que se actualice la contradicción de tesis es necesario que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Lo anterior deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción de tesis, así como de las jurisprudencias P./J. 27/2001 y P./J. 72/2010, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 77 del Tomo XIII, abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señalan, respectivamente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Si se tienen presentes los requisitos antes mencionados, debe decirse, en relación con el acuerdo de ocho de julio de dos mil trece, dictado en el juicio de amparo directo 539/2013 del índice del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que no puede integrar la contradicción, ya que fue emitido exclusivamente por su presidente; de ahí que en realidad no refleje la voluntad de todos los Magistrados de dicho órgano jurisdiccional.

Lo anterior se constata de la siguiente transcripción del acuerdo de ocho de julio de dos mil trece, dictado en el juicio de amparo directo 539/2013 del índice del referido órgano colegiado:

"Auto: Mazatlán, Sinaloa, ocho de julio de dos mil trece.

"Visto lo de cuenta, fórmese expediente, regístrese, acúsese recibo, y al efecto se provee: Téngase por recibido el oficio sin número del Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que adjunta el informe justificado en relación con la demanda de amparo promovida por la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil trece, dictada por la referida Sala, en el recurso de revisión 260/2013 y su acumulado 261/2013; así como otra autoridad; demanda de garantías que remite en original y copia; asimismo, envía dos copias del ocurso de presentación; el comunicado sin número de la actuaria adscrita a la citada Sala Superior, a través del cual rinde informe justificado en relación con este asunto; dos juegos del oficio SS. NUM. 5044-2013, al que se acompaña copia simple del proveído de veintitrés de mayo del año que transcurre y copia certificada del auto de veintinueve siguiente; copia certificada de la constancia de que se corrió traslado a la parte tercero interesada; el comunicado SS.NUM.3643-2013 con un anexo en copia certificada; dos legajos en copias simples; el recurso de revisión 260/2013 y su acumulado 261/2013, así como el juicio de nulidad 1206/2011, en 56, 31 y 179 fojas útiles (según sus últimos folios), respectivamente.

"De las constancias que obran en el recurso de revisión 260/2013 y su acumulado 261/2013, así como en el juicio de nulidad 1206/2011, a las que, por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2o., segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, a juicio de esta presidencia procede desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil trece, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el recurso de revisión 260/2013 y su acumulado 261/2013, y de los actos de ejecución que reclaman de la actuaría adscrita a dicha Sala Superior, por lo siguiente:

"El artículo 179 de la Ley de Amparo en vigor, dispone que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

"Asimismo, el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o. de la nueva Ley de Amparo, así como el numeral 103, fracción I, de la Constitución General de la República; establecen:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.’

"A su vez, el numeral 103, estipula: ‘Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’

"Sentado lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo promovida por la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, autoridad tercero interesada en el expediente 1206/2011, resulta notoriamente improcedente, en atención a que se advierte lo siguiente:

"1. Que mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil once, ante la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, **********, promovió demanda, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por las prestaciones siguientes:

"‘A) Bono de pensión. Consistente en la cantidad de $********** Udis Unidad de Inversión) que con fundamento en el artículo trigésimo transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa me corresponde.

"‘B) Interés y rendimientos. Consistente en un interés anual equivalente a tres punto cinco por ciento real del bono de pensión a partir del 29 de septiembre de 2009 (fecha en que migre al nuevo sistema de pensiones), de conformidad con el artículo trigésimo transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa.’

"Y, en dicha demanda, señaló como autoridad tercero interesada al gobernador del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, como depositario del Poder Ejecutivo y titular de la administración pública y empleador del actor.

"2. Que en auto de diecinueve de enero de dos mil doce, previo requerimiento realizado a la parte actora, la Sala Regional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el número 1206/2011; asimismo, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; asimismo, se le reconoció el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (fojas 17-18).

"3. Que en contra del proveído anterior, la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, interpuso recurso de revisión; y, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a la que le correspondió conocer del asunto, dictó resolución el veintidós de junio de dos mil doce, en el sentido siguiente:

"‘PRIMERO.-El único agravio formulado por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, tercero interesado en el juicio principal, es infundado, en consecuencia:

"‘SEGUNDO.-Se confirma el auto admisorio dictado por la Sala Regional Zona Centro de este tribunal, en los autos del juicio principal, el día diecinueve de enero del año en curso, según lo expuesto en el punto primero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución.

"‘TERCERO.-Comuníquese a la Sala de origen el contenido del fallo, corriéndole traslado con copia certificada del mismo, y en su oportunidad, hágase entrega del expediente principal, así como el archivo de este recurso de revisión como asunto concluido.’ (fojas 45-47)

"4. Que seguido el trámite correspondiente la Sala Regional dictó sentencia el veintinueve de enero de dos mil trece, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"‘PRIMERO.-Las causales de sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada, organismo público descentralizado Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y tercero interesado Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, resultaron infundadas según lo señalado en el considerando III, IV y V de la presente sentencia.

"‘SEGUNDO.-El ciudadano **********, parte actora, acreditó su pretensión, en consecuencia;

"‘TERCERO.-Se declara la nulidad de la resolución que contiene la negativa de pago en una sola exhibición del saldo íntegro de la cuenta individual de la hoy actora, de fecha catorce de diciembre de dos mil once, emitida por el director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y como pretensión procesal de su demanda solicita el pago del bono de pensión, así como de los intereses y rendimientos que el referido bono haya generado, según lo analizado en el considerando VI de la presente resolución, y para los efectos señalados en el considerando VII.

"‘CUARTO.-Esta sentencia no es definitiva, ya que en su contra procede el recurso de revisión a que se refiere al artículo 112, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

"‘QUINTO.-Una vez que haya causado ejecutoria la presente sentencia en los términos de lo preceptuado por el artículo 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, tanto la autoridad demandada, como los terceros interesados, ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, deberán informar a esta Sala el cumplimiento que conforme a lo precisado en los considerandos VI y VII de esta resolución hubieren otorgado a la misma, apercibidas, de que en caso de desacato se procederá en los términos que estatuye el artículo 103 del mismo ordenamiento legal.

"‘SEXTO.-En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.’ (fojas 94-112)

"5. Que en contra de dicha resolución, la autoridad demandada director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y, la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, interpusieron recurso de revisión (fojas 04-13 y 04-24 del recurso de revisión 260/2013 y su acumulado 261/2013); y, mediante autos de diecinueve de marzo de dos mil trece, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, admitió a trámite dichos recursos y los registró con los números 260/2013 y 261/2013 (fojas 14-15 y 25-26, respectivamente).

"6. Que el veintinueve de abril de dos mil trece, la Sala Superior responsable, dictó sentencia en la que confirmó la resolución dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Zona Centro del citado tribunal (fojas 24-31).

"Esta resolución es la que constituye el acto reclamado.

"Al respecto, cabe precisar que la autoridad tercero interesada, ahora promovente del amparo, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, compareció al juicio de nulidad ante la Sala Regional de la Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, con el carácter de autoridad tercero interesada tratando que prevalecieran las determinaciones que se demandaron.

"Ahora bien, es claro que la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, coadyuvó con la autoridad Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, a quien se le demandó por la resolución de catorce de diciembre de dos mil once, a través de la cual le señaló a la parte actora que la entrega del bono de pensión se encuentra sujeto al pago que realice el empleador de dicho bono, que resulta ser la citada autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán; por tanto, actuó con el carácter de autoridad, investida del ius imperium, acorde con la definición que sobre dicho vocablo aporta el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomo A-CH, décima quinta edición, editorial Porrúa, México, 2001, página 286, mismo que al respecto establece:

"‘Autoridad III. Los juristas entienden por «autoridad»: la posesión de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) fuerza, ascendencia u obligatoriedad. Por extensión la expresión se aplica para designar a los individuos u órganos que participan del poder público, nombrando así a los detentadores (legítimos) del poder.’

"Como se ve, el significado de autoridad expresa primeramente ascendencia, fuerza, vínculo; en segundo lugar, atiende a la capacidad, atributo, potestad, función; por último, se refiere a los individuos o entidades investidos de estas facultades o funciones.

"Como puede verse, la noción de autoridad jurídica gira alrededor del concepto de facultad, la cual indica el poder o capacidad de un individuo o grupo para modificar una situación jurídica existente.

"Respecto a este punto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal que lo rige y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades, y además debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto reclamado mismo.

"Por consiguiente, si la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, coadyuvó con la autoridad Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, a quien se le demandó por la resolución de catorce de diciembre de dos mil once, a través de la cual le señaló a la parte actora que la entrega del bono de pensión se encuentra sujeto al pago que realice el empleador de dicho bono, que resulta ser la citada autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por tanto, resulta obvio que la citada resolución, constituye un acto de autoridad dictado en ejercicio de sus funciones, en el que actuó provisto del ius imperium, toda vez que tal acto reviste el carácter de unilateral, imperativo y coercitivo, pues para su existencia no se requiere la colaboración del afectado, en tanto que la voluntad de éste queda sometida al emitente y ejecutor de la orden y puede forzarse al afectado para su cumplimiento.

"Luego, si se toma en cuenta que, por su naturaleza el juicio de amparo fue creado como un medio extraordinario de defensa a favor de los gobernados frente a las autoridades que violenten en su perjuicio el orden constitucional, y no para que las autoridades defiendan los actos que emitan con tal carácter (autoridad); entonces, la autoridad solicitante de la tutela constitucional titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, no puede dolerse de supuestas violaciones a sus garantías, puesto que no es titular de la misma, pues, se reitera, compareció al juicio de nulidad seguido por el ahora tercero interesado ante la Sala Regional de la Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, con el carácter de autoridad tercero interesada, tratando que prevaleciera la resolución que se demandó.

"En este contexto de ideas, se estima que la aquí autoridad tercero interesada promovente titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, carece de legitimación procesal activa para promover el presente juicio de garantías.

"En esa tesitura, es evidente que deviene improcedente la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 179, (sic) con relación al 61, fracción XXIII y el diverso 1o., ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como el numeral 103, fracción I, de la Constitución General de la República; por ende, se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por la autoridad tercero interesada titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil trece, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25870-cb5b1784/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-carece-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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