CUOTA PENSIONARIA. EL DOCUMENTO DENOMINADO "CONCESIÓN DE PENSIÓN" CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO SE REFIERA A LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, EMMA GASPAR SANTANA E IRMA LETICIA FLORES DÍAZ. PONENTE: ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ. SECRETARIA: MINERVA HERLINDA MENDOZA CRUZ.
Ciudad de México, Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del veinte de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS; para resolver la contradicción de tesis 04/2017, entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primer y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de contradicción. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, las Magistradas integrantes del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, y el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directos ********** y **********, y el punto de contradicción, consiste en determinar si para que un pensionado esté en aptitud de cuestionar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la integración y monto de su cuota diaria de pensión es necesario o no que acuda previamente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a gestionar una respuesta expresa o tácita, dado que un colegiado contendiente parte del supuesto de que el documento denominado concesión de pensión, sí es una resolución definitiva y eso hace procedente el juicio de nulidad, sin necesidad de que, previamente, obtenga una respuesta expresa o ficta; y en cambio, otro órgano colegiado, establece que la concesión de pensión, no constituye un acto anulable, porque sólo es declarativo, y en esa medida, se impone al gobernado, gestionar de manera previa la respuesta a su solicitud ya sea expresa o tácita.
SEGUNDO.-Trámite. El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó formar y registrar el expediente relativo, bajo el número 04/2017, asimismo, solicitó la presidencia de ambos Tribunales Colegiados, la remisión de los archivos digitales que contengan las resoluciones relativas a los juicios de amparo directos **********, ********** y **********; y requirió a los órganos jurisdiccionales, a fin de que rindieran informe de la subsistencia del criterio que plasmaron en las resoluciones mencionadas.
TERCERO.-La coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del oficio **********, de ocho de febrero de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento que como fue informado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el diverso oficio **********, de la Consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis pendientes por resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncia de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente durante los último seis meses, no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarda relación con el diverso tema: "DETERMINAR SI PARA QUE UN PENSIONADO ESTÉ EN APTITUD DE CUESTIONAR ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LA INTEGRACIÓN Y MONTO DE SU CUOTA DIARIA DE PENSIÓN, ORIGINALMENTE OTORGADO, ES O NO NECESARIO QUE ACUDA PREVIAMENTE ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A GESTIONAR UNA RESPUESTA EXPRESA O FICTA."
CUARTO.-Turno del asunto. Mediante proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, estimó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el expediente virtual al Magistrado Arturo César Morales Ramírez, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y representante ante el Pleno en Materia Administrativa, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
QUINTO.-Mediante escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado ponente de la contradicción de tesis 4/2017, solicitó prórroga para la elaboración del proyecto, bajo la consideración de que en la sesión a celebrarse el veintidós de marzo del presente año, se discutiría la contradicción de tesis 51/2016, con el tema: "Determinar si para que sea factible verificar el pago de la gratificación anual (aguinaldo) en el juicio anulatorio, es indispensable que el interesado acuda en primer término al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a solicitar dicha prestación."
SEXTO.-Mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, autorizó la prórroga solicitada por el término de quince días hábiles, y señaló que dicho plazo concluye el día diecisiete de abril del presente año; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, se formuló por parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que la denunciaron las Magistradas Guadalupe Ramírez Chávez, Martha Llamile Ortiz Brena y Ma. Gabriela Rolón Montaño, integrantes del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya resolución es materia de la contradicción en estudio.
TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente precisar las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, determinó:
"CUARTO.-La sentencia que constituye el acto reclamado, en su parte resolutiva, dice:
"‘I. Es fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento que se analiza de oficio; en consecuencia.
"‘II. Es de sobreseerse y se sobresee en el presente juicio.’
"QUINTO.-Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de violación, conviene informar que en el capítulo de hechos de la demanda de nulidad, la entonces actora indicó que durante el último año de servicios percibió de manera continua y permanente los conceptos denominados 160 ayuda de despensa y 162 previsión social.
"Aseguró que la cuota diaria de pensión no se le ha incrementado conforme a la fórmula aplicable, de modo que se debe condenar al instituto no sólo a calcular correctamente su pensión, sino a que le paguen los aumentos y diferencias respectivas, así como el concepto de aguinaldo.
"Adujo que tampoco le ha sido pagada cantidad alguna por los conceptos denominados compensación por desarrollo y capacitación y ayuda por servicios.
"Agregó que como pensionada le son enteradas las cantidades correspondientes a los conceptos 02 bono de despensa y 03 previsión social múltiple, los cuales no han sido incrementados, no obstante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó su aumento a través de las circulares que ahí identifica (folios 02 a 03 del expediente).
"A lo largo de sus conceptos de anulación, la promovente aseguró que le corresponden todos esos beneficios (folios 03 a 22 del juicio de nulidad).
"Lo expuesto evidencia que, con la promoción del juicio de nulidad, la entonces actora pretende que la base salarial conforme a la cual se calcula su cuota diaria de pensión se engrose con la inclusión de los conceptos antes identificados, que sea incrementada conforme a la fórmula legal conducente y, por ende, se le paguen las diferencias resultantes, así como el concepto de aguinaldo y, finalmente, que se aumenten los conceptos 02 bono de despensa y 03 previsión social múltiple, de acuerdo con las circulares emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"En el resultando primero de la sentencia, la Sala precisó que la actora demandó la nulidad de la resolución de concesión de pensión con número de folio **********, de uno de febrero del dos mil ocho, en que el delegado de la Zona Sur de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fijó su cuota diaria pensionaria en $********** (folios 1 a 76 del expediente del juicio de nulidad).
"En la parte considerativa, la Sala sobreseyó en el juicio con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el diverso 14, fracción VI, de la entonces Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, interpretado a contrario sensu, al considerar que de la lectura del capítulo de actos impugnados de la demanda, se advierte que la actora controvirtió actos omisivos que escapan de su competencia.
"Dijo que la promovente impugnó la omisión del instituto de incrementar los conceptos de 02 bono de despensa y 03 previsión social múltiple, de acuerdo con las circulares emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Después de interpretar las disposiciones que citó como fundamento, estableció que el acto que la actora considera ilegal, no es una manifestación expresa o tácita de la voluntad del ente demandado, sino una omisión.
"Indicó que, conforme al artículo 60, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde a dicho ente conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones, así como resolver las peticiones y recursos administrativos que se formulen en relación con esos temas.
"A partir de lo anterior, estableció que la actora no controvirtió actos derivados del ejercicio de esa facultad atribuida al mencionado instituto, sino actos de naturaleza omisiva que, reiteró, escapan de su competencia.
"La narración que antecede evidencia que la sentencia reclamada es incongruente porque, por una parte, en el resultando primero la Sala estableció que la actora impugnó la resolución de concesión de pensión de uno de febrero del dos mil ocho y, posteriormente, sobreseyó en el juicio al considerar que lo que en realidad controvirtió fueron actos de naturaleza omisiva.
"Tal circunstancia no se subsana con el hecho de que en la parte final del fallo la Sala diga que el auto de admisión en que se identificó como acto impugnado la citada resolución no causa estado, pues la incongruencia advertida deriva de la propia sentencia, no de su confronta con un acuerdo o resolución distinta a la reclamada.
"Los hechos relatados también demuestran que la Sala tergiversó el acto impugnado para sobreseer en el juicio.
"En efecto, la alteración del acto impugnado consistió en que, como reconoció la propia responsable, de la lectura de la demanda de nulidad se advierte que la actora controvirtió su concesión de pensión, a la que atribuyó diversas omisiones, tales como la de incluir conceptos que presuntamente percibió de manera continua y permanente en el último año de servicios.
"Es cierto que, en el capítulo de actos impugnados, la actora señaló diversas omisiones; sin embargo, la Sala no debió atender a esa literalidad para fijar la litis, sino considerar la pretensión que se deduce del ocurso.
"Máxime que, las omisiones que identificó en el capítulo respectivo constituyen, en todo caso, vicios de legalidad que atribuye al acto positivo.
"Por tanto, la procedencia del juicio debe analizarse a la luz del acto realmente impugnado, esto es, la resolución de concesión de pensión con número de folio **********, de **********.
"No obstante, el tribunal considera que, efectivamente, el juicio de nulidad debe sobreseerse, en atención a las explicaciones siguientes:
"El artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a la fecha de promoción del juicio de nulidad, establecía que tal vía procede contra resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Es decir, para acudir al juicio contencioso administrativo federal es necesario contar con una resolución definitiva expresa o tácita que verse sobre alguna de esas pensiones, o sea, civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"El artículo 208, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé como competencia originaria de dicho ente emitir resoluciones que reconozcan el derecho a las pensiones.
"De acuerdo con su normatividad interna, corresponde a las autoridades del instituto dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones y resolver las peticiones, recursos administrativos y judiciales de su competencia que se presenten en relación con aquéllas.
"En efecto, tal como dijo la Sala, a manera de ejemplo, el artículo 60, fracción II, del estatuto orgánico que rige a tal institución establece:
"‘Artículo 60. La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales es la encargada de administrar, determinar y proporcionar las prestaciones económicas, sociales y culturales a que se refiere la ley y es responsable de dictar las políticas institucionales en la materia para todas las unidades administrativas del instituto. La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales tendrá las atribuciones siguientes:
"‘...
"‘II. Dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones previstas en la fracción anterior, y resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que se presenten en relación con las mismas.’
"Como se ve, dentro de las atribuciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del mencionado instituto, se encuentra la de determinar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones que dicho organismo otorga, por lo que es claro que la competencia originaria para decidir cualquiera de esos aspectos corresponde a las autoridades de dicho organismo.
"Por tanto, para que el juicio de nulidad proceda con fundamento en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y su correlativo 3, fracción VII, de la ley orgánica vigente, es necesario que exista una resolución expresa o tácita por parte del instituto demandado que niegue o conceda lo previamente solicitado por los pensionados, en cuanto al incremento de la base salarial para el cálculo de la pensión, su aumento conforme a la fórmula legal aplicable, el incremento de los conceptos adicionales a la pensión, el pago de aguinaldo, entre otros.
"Sin que para la procedencia del juicio sea suficiente la resolución de concesión de pensión, porque si bien dicho acto podría vincularse con todas esas pretensiones, sobre todo con la relativa al incremento de la base salarial, lo cierto es que no constituye un acto de autoridad anulable, simple y sencillamente porque es declarativa de un derecho en favor de la gobernada, que únicamente detalla la fecha en que se otorgó el beneficio y el monto a que ascendió la cuota diaria inicial.
"Es más, de hacer procedente la vía contenciosa administrativa en su contra, podría llegarse al extremo de anular un acto a través del cual se otorgó el beneficio pensionario a la interesada, originando que su situación jurídica pudiera quedar indeterminada en el evento de que la condena de anulación no obligara a la autoridad a emitir nueva resolución.
"De ahí que, este tribunal considere que la resolución de concesión de pensión no constituye un documento base de la acción de nulidad para solicitar el incremento de la cuota diaria, pues sólo es una manifestación de la autoridad declarativa de un derecho en favor del gobernado que únicamente detalla la fecha en que se otorgó el beneficio y el monto inicial a que ascendió la cuota diaria, siendo necesario que previamente acuda al instituto a solicitar dichas pretensiones y, una vez que exista resolución expresa o tácita, acuda al juicio contencioso administrativo federal a demandar su nulidad.
"Por tanto, aun cuando la Sala incurrió en la incongruencia advertida, lo cierto es que el juicio de nulidad debe sobreseerse.
"Sin que obste a lo anterior, el criterio que informa la tesis I.9o.A.16 A (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1448, de rubro: ‘OFICIOS DE CONCESIÓN DE PENSIÓN JUBILATORIA EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS INSTAURADOS EN SU CONTRA, SIN OBLIGACIÓN DE INTERPONER PREVIAMENTE INSTANCIA ADMINISTRATIVA ALGUNA.’, porque conforme al artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no vincula a este órgano judicial.
"No está demás advertir que, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, en dos mil trece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el gobernado que controvierta la determinación y cálculo de los incrementos de la pensión debe generar un acto administrativo, a fin de acudir al juicio contencioso administrativo federal a demandar su nulidad.
"Corrobora lo anterior, la parte conducente de la mencionada ejecutoria:
"‘... Lo anterior significa, conforme a lo relatado, que si señala en el juicio de amparo indirecto como «acto reclamado», la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y primero de enero de dos mil dos, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, que realiza el mencionado instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad.
"‘Como resultado de lo anterior, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, entonces es inconcuso que debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, provocando el acto administrativo; resultando, en consecuencia, improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del 74 de la Ley de Amparo, actualmente abrogada ...’
"La conclusión asumida evidencia la ineficacia de los argumentos de la quejosa tendentes a demostrar la procedencia del juicio por cumplimiento del requisito de definitividad y por tener interés jurídico para instarlo, así como la viabilidad del pago de los conceptos e incrementos que demandó.
"La primera afirmación se sustenta en que, conforme a las explicaciones dadas, el juicio de nulidad es improcedente por inexistencia de la resolución base de la acción, o sea, aquella expresa o tácita que recaiga a la solicitud efectuada al instituto demandado respecto de la procedencia de alguna de esas pretensiones y no en la característica de definitividad del acto en sí mismo considerado, o bien, la titularidad o no del derecho del interesado.
"La segunda, en que, al ser improcedente el juicio de anulación, es evidente que ni la responsable y menos este tribunal pueden pronunciarse respecto de las pretensiones que se deducen de la demanda de nulidad, justamente porque es necesario que la autoridad administrativa exprese su voluntad en cuanto a esos tópicos, requisito que no se satisface en la especie, según se desprende del examen de autos.
"Tampoco asiste razón a la quejosa al afirmar que como se violaron los derechos de seguridad social, el juicio es procedente, máxime que, todo gobernado tiene derecho a un recurso judicial efectivo y a la aplicación del principio pro homine.
"Sobre el primero de los temas, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que si bien, la reforma efectuada al artículo 1o. constitucional implicó la modificación del sistema jurídico mexicano, lo cierto es que tal circunstancia no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin importar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de los medios de defensa que prevén las leyes internas.
"Sustentó su decisión en que las formalidades procesales son el medio que hace posible una adecuada resolución, razón por la que su cumplimiento es indispensable con independencia de la reforma constitucional comentada.
"Corrobora lo anterior, el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», que establece:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.’
"En consecuencia, el hecho de que se sujete a los particulares a satisfacer los requisitos de procedencia de los medios de defensa conforme a la normatividad aplicable, no viola el derecho de acceso a la justicia.
"En cuanto al principio pro persona, se debe decir que constituye un método de interpretación jurídica que obliga al resolutor a preferir la norma cuya interpretación produzca mayor beneficio al destinatario; sin embargo, su aplicación no conduce a que el gobernado obtenga una resolución favorable en todos aquellos asuntos en que sea parte, tal como lo establece la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, que establece:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.’
"En el asunto que se resuelve no es jurídicamente posible aplicar el principio pro persona, porque no existen dos o más normas aplicables para resolver el problema.
"Finalmente, la promovente solicita a este tribunal que de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo sea suplida la deficiencia de su queja; sin embargo, del examen exhaustivo del expediente y en atención a las explicaciones anteriores, no se desprende que haya deficiencia alguna qué suplir.
"En las relatadas circunstancias, como la quejosa no justificó la violación a los derechos constitucionales que alega, lo que se impone es negar el amparo."
II. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos ********** y **********, ambos, en sesión de quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, determinó:
Amparo directo **********.
"QUINTO.-La sentencia que constituye el acto reclamado, en su parte resolutiva, expresa:
"‘I. Se ha actualizado una causal de improcedencia, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio. ...’
"...
"SÉPTIMO.-Con el propósito de dar solución a los conceptos de violación planteados, es conveniente informar respecto de los antecedentes relevantes del asunto, así como de las consideraciones en que se sustenta la resolución combatida.
"Ante el Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje, **********, por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución de concesión de pensión folio **********, en que se le fijó como cuota diaria la cantidad de $**********, a partir del uno de abril de dos mil quince, a efecto de que se incluyeran en ese cálculo diversos conceptos que, en su opinión, forman parte de la base salarial a partir de la que se realiza el cálculo relativo.
"Dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente por materia para conocer del asunto y lo remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya Séptima Sala Regional Metropolitana aceptó la competencia declinada en su favor, radicó el juicio bajo el número de expediente ********** y requirió al demandante ajustar el escrito inicial con los requisitos que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Por resolución plenaria de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictada incluso antes de que feneciera el plazo para contestar la demanda, la Sala responsable decretó el sobreseimiento en el juicio co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27357-043e13bd/cuota-pensionaria-el-documento-denominado-concesion-de-pension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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