SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece y con lo resuelto en la contradicción de tesis 271/2014, del índice del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que la contradicción de tesis que nos ocupa, aparentemente, se suscita entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito, sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien participó en el conflicto competencial 14/2018 y cuya ejecutoria contiene uno de los criterios en contradicción.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
Conoció del conflicto competencial 14/2018, suscitado entre el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para conocer del juicio de amparo indirecto 840/2018, del índice del juzgado citado en primer término.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Eusebio Enrique Sánchez Carro promovió amparo indirecto en contra de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la que le reclamó: "... el acuerdo de primero de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 21761/14-12-02-1, mediante el cual se tiene por cumplida la sentencia definitiva con la resolución contenida en el oficio SP/DPSH-2109/2017, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete dictada por la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores ...".
2. De dicho asunto le correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mismo que admitió la demanda de amparo bajo el número de expediente 840/2018 y seguido el trámite correspondiente, dictó sentencia en la que estimó que carecía de competencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, por lo que ordenó remitir el juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, por considerarlo competente.
3. El asunto fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, cuyo titular, no aceptó la competencia planteada y, por ende, ordenó devolver los autos al Juez declinante.
4. En virtud de lo anterior, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, insistió en declinar la competencia y dispuso remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
5. De dicho conflicto competencial le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número de expediente 14/2018.
6. En sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho, el referido órgano colegiado resolvió en el sentido de que al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, era a quien le correspondía conocer del amparo indirecto, por ser el competente por razón de territorio.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación fueron las siguientes:
"... QUINTO.—Un conflicto de competencia presupone la existencia de un juicio del que pudieran conocer dos o más juzgadores, ya sea por razón de territorio, materia, cuantía o por grado. Su finalidad consiste en establecer quién es el órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto.
"El que ahora se resuelve deriva de un juicio de amparo en el que fue señalada como autoridad responsable la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, en el Estado de Puebla. El acto reclamado consiste en la resolución dictada el primero de marzo de dos mil dieciocho; en ella determina que la autoridad demandada –Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación en Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores– a través del oficio SP/DPSH-2109/2017, de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad 21761/14-12-02-1 (fojas 2 y 3 del juicio de amparo).
"Ahora bien, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, estimó que carecía de competencia por territorio para conocer del juicio, en razón de lo siguiente:
"Se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deberá tener ejecución el acto reclamado.
"Si la resolución reclamada deberá tener ejecución en el Estado de Tlaxcala, porque en esa entidad federativa se ejecutará la diversa resolución SP/DPSH2109/2017, emitida por el instituto demandado, entonces, el Juez competente es el de ese Estado.
"Como hecho notorio citaba el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, emitido en el amparo en revisión AR. 260/2017.
"En cambio, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala no aceptó la competencia planteada, por los siguientes motivos:
"El acto reclamado no es la resolución emitida por el instituto demandado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, sino la diversa resolución de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que tuvo cumplida tal sentencia; ésta no tiene ejecución por ser meramente declarativa.
"Por lo tanto, se actualiza la tercera regla prevista en el artículo 37 de La Ley de Amparo, que prevé que el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material.
"Finalmente, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, insistió en declinar su competencia por las mismas razones expuestas en el auto en el que declaró su legal incompetencia por razón de territorio.
"De esta forma, se está ante un conflicto competencial entre dos Jueces de Distrito, pues ambos se niegan a conocer de un juicio de amparo, por razón de territorio; esto actualiza la hipótesis prevista en el artículo 48, párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo.
"SEXTO.—El Juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Eusebio Enrique Sánchez Carro, resulta ser el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
"Del artículo 37 de la Ley de Amparo se desprende, en lo que interesa, que para conocer de un juicio de garantías es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Esta regla contiene la excepción consignada en el párrafo final del mencionado precepto; conforme a él, si el acto reclamado no requiere tal ejecución material, del juicio de amparo deberá conocer el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
"Como se recordará, la quejosa reclamó la resolución que determinó cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, la cual produce consecuencias y efectos meramente declarativos, en tanto que sus efectos no trascienden ni modifican el estado de las cosas materialmente, sino que sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en cumplimiento a la sentencia de nulidad, sin que se traduzcan en una orden de realizar una conducta determinada.
"Bajo esa perspectiva, la regla de competencia territorial aplicable es la que señala que corresponde el conocimiento al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda; es decir, la contenida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por esta razón, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde al Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
"De este modo, no asiste razón al Juez de Distrito de esta entidad federativa (Puebla) cuando dice que la resolución reclamada tendrá ejecución en el Estado de Tlaxcala, porque la diversa resolución por la que se dio cumplimiento a la sentencia, allá tendrá ejecución. Esto es así, pues los efectos declarativos de aquélla no se ven influenciados por esta última.
"Se suma que el amparo en revisión AR. 260/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, que invoca el Juez Federal, en realidad no constituye un precedente que le sirva de fundamento, debido a que en él se determinó la legal incompetencia de este último, por razón de territorio, debido a que en ese caso, en la resolución reclamada, la sala responsable tuvo por no cumplida la sentencia y, como consecuencia, requirió su debido cumplimiento y determinó la nulidad del oficio materia del recurso de queja interpuesto por la quejosa.
"Esto indica que, a diferencia de lo que aconteció en el presente asunto, en el analizado en dicho amparo en revisión, la resolución reclamada sí tuvo ejecución material, lo que no aconteció en el caso.
"Con base en lo anterior, en términos del mencionado artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, debe ser el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien conozca del juicio de amparo. Por ende, como a su favor se resuelve la competencia para conocer de él, procede se le envíen las constancias y anexos respectivos ..."
II. Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.
Conoció de la contradicción de tesis 3/2018, sustentada entre los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Primero y Segundo del Décimo Sexto Circuito, al resolver conflictos competenciales de sus respectivos índices.
Los antecedentes de esos asuntos son los que a continuación se resumen:
1. En ambos casos, diversos pensionados promovieron juicio de nulidad ante la Sala Regional Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que, entre otras prestaciones, demandaron la correcta cuantificación de su pensión, al considerar que la autoridad demandada no aplicó los incrementos correspondientes.
2. El juicio concluyó con la sentencia que reconoció el derecho reclamado.
3. En la etapa de ejecución, los pensionados interpusieron queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, porque al calcular la cuota pensionaria, la autoridad no aplicó los aumentos que en derecho corresponden.
4. La Sala responsable declaró infundada la queja, debido a que la autoridad calculó el incremento de la pensión de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia.
5. Inconformes con esa decisión, promovieron juicios de amparo ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de la Sala responsable.
6. Por razón de turno, correspondió el conocer de las demandas al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, quien estimó carecer de competencia legal, por territorio y, por ende, remitió los autos al Juez de Distrito con jurisdicción en Irapuato.
7. La Juez Décimo de Distrito en el Estado, a quien por razón de turno correspondió conocer de las demandas, determinó carecer de competencia legal, por territorio y devolvió los autos al Juez remitente.
8. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, insistió en declinar su competencia legal, por lo que remitió los autos de dichos asuntos a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Primero y Segundo del Décimo Sexto Circuito, para que resolvieran los respectivos conflictos competenciales.
9. Al conocer de dichos asuntos, los referidos Tribunales Colegiados asumieron posiciones antagónicas. Lo cual a la postre generó la denuncia de la contradicción de tesis 3/2018, del índice del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, cuya ejecutoria contiene uno de los criterios en conflicto.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, en lo que aquí nos ocupa, son las siguientes:
"... SEXTO.—Estudio. Como se obtiene del considerando anterior, el problema jurídico a resolver en la presente contradicción de tesis radica en determinar si la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los incrementos correspondientes, constituye un acto declarativo con efectos positivos o un acto declarativo carente de ejecución material y, consecuentemente, qué regla competencial del artículo 37 de la Ley de Amparo le resulta aplicable: si la prevista en el primer párrafo –conforme al cual es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado– o la contenida en el último párrafo de dicho numeral –relativa a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo corresponde al Juez en cuya jurisdicción se presenta la demanda–.
"Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
"El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la competencia territorial de los Jueces de Distrito, al precisar que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.
"Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.
"Estas reglas constitucionales de competencia se concretizan en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al desdoblar en tres hipótesis la competencia del Juez de Distrito, a saber:
"a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
"Lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material.
"Asimismo, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos Distritos diferentes.
"Así, la locución ‘ejecución material’ es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación.
"En otras palabras, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.
"En virtud de que las reglas de competencia citadas atienden a la naturaleza intrínseca del acto y no sólo a su forma de expresión para determinar si un acto tiene o no ejecución es necesario hacer referencia a la naturaleza de los actos administrativos positivos y negativos.
"Esta diferencia es importante, porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por la tercera regla aludida, prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en la primera o segunda regla, según corresponda, contenidas en los párrafos primero y segundo, respectivamente, del indicado numeral.
"En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer.
"A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo.
"En cambio, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone.
"Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos.
"Cabe destacar que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso.
"Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla.
"Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido, con consecuencias meramente declarativas.
"Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado.
"Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.
"Así se observa de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, consultable en la página 95, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO."
"Sobre esa base, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los aumentos respectivos, no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer; al contrario, se controvierte una actuación negativa simple, expresada a través del rechazo de la autoridad sobre la pretensión ejercida.
"De ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no es un acto positivo, sino uno negativo.
"En ese sentido, es necesario dilucidar las consecuencias de la indicada resolución a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por tanto, ejecutables.
"Para ello, cabe mencionar que, en las sentencias dictadas en los juicios contenciosos administrativos –en los que se emitieron las interlocutorias reclamadas en los amparos indirectos en los que se suscitaron los conflictos competenciales de los que derivaron los criterios contendientes– la Sala reconoció el derecho de la parte actora de que su pensión se cuantificara correctamente y, por ende, condenó al instituto demandado a aplicar los incrementos correspondientes.
"El instituto dictó la respectiva resolución en cumplimiento a dichos fallos anulatorios, en la cual señaló haber calculado nuevamente el monto de la pensión atendiendo a los aumentos que en derecho procedieron.
"Al considerar que en dicha resolución, la autoridad no calculó la pensión en los términos ordenados en las sentencias anulatorias, los pensionados interpusieron queja por defecto en su cumplimiento.
"La Sala declaró infundada la queja, en razón de que el demandado calculó el incremento de la pensión de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia.
"Como se observa la resolución que declaró infundada la queja en forma mediata tiene efectos y consecuencias positivos, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el instituto demandado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el indicado instituto.
"En consecuencia, la interlocutoria reclamada en el juicio de amparo, en forma mediata, modifica y altera el estado de cosas existente, pues al resolver en el sentido de que es infundada la queja, indirectamente irradia en la cuantía de la pensión, la que se verá aumentada de acuerdo con lo determinado por la autoridad en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo, por ende, tiende a introducir un cambio en la realidad.
"Luego, si bien la resolución reclamada que declara infundada la queja, por sí misma –por su forma de expresión– no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; pero sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables y se relacionan con el incremento de la pensión, entonces rige la primera regla prevista en el artículo 37 invocado, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece en el domicilio del quejoso, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 invocada en párrafos precedentes.
"En efecto, conforme a dicho criterio jurisprudencial, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está unido a su centro de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza.
"De modo que, sustentó el Alto Tribunal, cuando en el juicio de amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo [de similar contenido al precepto 37, párrafo primero, de la legislación vigente], es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se reclame destacadamente la falta de pago, porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado.
"Así, consideró que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Concluyó que con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, cuyo domicilio conocido es en la Ciudad de México, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en dicha ciudad, los juicios promovidos contra la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia no sólo en esos asuntos, sino igualmente en los demás de que conocen dichos órganos jurisdiccionales.
"Este Pleno de Circuito considera que dicho criterio, conforme al cual, la competencia territorial para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio del quejoso, además de atender a la ejecución del acto, esto es, al lugar en el que el quejoso resentirá el incremento de la pensión, también se sustenta en el derecho de acceso a la jurisdicción.
"Cierto, el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución conlleva el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación –como en el caso del juicio de amparo– estén contemplados legalmente, sino que para su admisión y tramitación se requiere eliminar cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen.
"La regla consistente en que el domicilio del quejoso es el parámetro para fijar la competencia territorial elimina formalismos innecesarios y facilita a la parte interesada su adecuada defensa y participación en el juicio, pues al radicar en el mismo lugar del juzgado en el que se tramita el proceso podrá trasladarse a él para consultar el expediente, desahogar promociones, requerimientos y pruebas, así como para interponer los recursos que en derecho procedan, con el consecuente ahorro de tiempo y gastos que pudieran ocasionársele.
"Por tanto, si dicha regla de competencia no ha hecho más que definir un criterio para la presentación de la demanda con fines benéficos para el promovente del juicio, en lugar de obstaculizarla o impedirla, entonces garantiza el derecho de acceso a la justicia.
"Recapitulando, si la ejecución de la resolución reclamada que declara infundada la queja tiene como consecuencia directa que la determinación de la autoridad demandada de calcular la pensión con los incrementos respectivos adquiera firmeza en la instancia ordinaria y, como efecto indirecto, el aumento de la pensión con base en los lineamientos fijados por el instituto, entonces tal acto tiene consecuencias materiales mediatas en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio.
"En consecuencia, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, la presentación de la demanda ante ese órgano jurisdiccional garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción ..."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criteri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29573-c580fcbb/sentencia-dictada-en-un-juicio-de-nulidad-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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