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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 28308
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 1382.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIA: MARCELA CAMACHO MENDIETA.

Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al día trece de noviembre de dos mil dieciocho.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. En oficio número 213/2018 de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el veintisiete de agosto siguiente, la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito indicado, al resolver el conflicto competencial ********** (fojas 1 a 3).

SEGUNDO.—Trámite. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito registró el expediente con el número 3/2018, la admitió a trámite y solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Primero y Segundo de este Circuito, el archivo electrónico de las sentencias dictadas en los conflictos competenciales ********** y **********, respectivamente; asimismo, requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados en sus respectivas sentencias (fojas 30 y 31).

En auto de treinta y uno siguiente, el presidente del Pleno de Circuito tuvo al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado por cumplido el requerimiento, al informar que el criterio se encuentra vigente y al remitir la sentencia solicitada (folio 35).

En diverso proveído de tres de septiembre del presente año, también tuvo al secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado por cumplido el requerimiento, al remitir la versión electrónica de la sentencia y al comunicar que el criterio se encuentra vigente, el cual se reiteró en el diverso conflicto competencial **********, que integró el segundo precedente de la tesis aislada XVI.1o.A.167 A (10a.), publicada el viernes 19 de octubre de 2018 y consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA INTERPUESTA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD QUE CONMINA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A LA CORRECTA CUANTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL PENSIONADO." (foja 38).

Integrado el asunto, se turnaron los autos al Magistrado Enrique Villanueva Chávez, para su estudio y formulación del proyecto de resolución (foja 47).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos por dos Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con los preceptos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que fue presentada por la Juez Décimo de Distrito en el Estado, quien estimó carecer de competencia legal para resolver los juicios de amparo que originaron los conflictos competenciales ********** y **********, cuyo criterio sostenido en las resoluciones respectivas es materia de la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Antecedentes.

1. Los pensionados promovieron juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que, entre otras prestaciones, demandaron la correcta cuantificación de su pensión, en virtud de que afirmaron que la demandada no aplicó los incrementos correspondientes.

2. El juicio concluyó con la sentencia que reconoció dicho derecho.

3. En la etapa de ejecución, los pensionados interpusieron queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, porque al calcular la cuota pensionaria, la autoridad no aplicó los aumentos que en derecho corresponden.

4. La Sala declaró infundada la queja, porque la autoridad demandada calculó el incremento de la pensión de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia.

5. Inconformes con esa decisión, promovieron juicios de amparo ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de la Sala responsable.

6. Por razón de turno, el conocimiento de las demandas correspondió al Juez Sexto de Distrito en el Estado con residencia en Celaya, quien estimó carecer de competencia legal, por territorio y remitió los autos al Juez de Distrito con jurisdicción en Irapuato.

7. La Juez Décimo de Distrito en el Estado a quien por razón de turno correspondió conocer de las demandas determinó carecer de competencia legal, por territorio y devolvió los autos al Juez requirente.

8. El Juez Sexto insistió en declinar su competencia legal, por lo que remitió los autos a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, a fin de que determinaran cuál juzgador es el competente para conocer de los juicios de amparo.

9. Las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Primero y Segundo en los conflictos competenciales ********** y **********, respectivamente, constituyen la materia de análisis de la presente contradicción de tesis.

CUARTO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito determinó que la resolución impugnada en el juicio de amparo en apariencia es declarativa, porque no consideró viable la queja que pretende un defectuoso cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de nulidad.

Sin embargo, puntualizó que, de ser procedente el juicio de amparo y fundados los conceptos de violación, el impacto que tendrá la sentencia correspondiente, podría a su vez trascender en una condena de índole económica que repercutirá en un incremento en la pensión jubilatoria.

Por esa razón, estimó aplicable la regla de competencia específica que surge de la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.", pues se está en el caso de una indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes con efectos jurídicos o consecuencias materiales, en el ámbito privado de la pensionada, el cual se desenvuelve principalmente en su domicilio.

Así, por seguridad jurídica y para propiciar facilidad para la quejosa, a fin de que pueda ocurrir al Juez de amparo en aras de un posible cumplimiento de sentencia, concluyó que es competente para resolver el juicio constitucional, la Juez de Distrito con residencia en Irapuato, pues ahí tiene su domicilio la parte quejosa.

En contraste, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito consideró que la resolución reclamada, emitida en la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, constituye un acto meramente declarativo que carece de ejecución, porque únicamente la declaró infundada, lo que en modo alguno altera el estado de una situación determinada ni modifica la esfera jurídica del quejoso.

Puntualizó que el acto reclamado no consistió en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicarse correctamente los aumentos a que tiene derecho, sino en la resolución que declaró infundados esos argumentos y, por ende, no existe algún acto qué ejecutar, por tratarse de un acto meramente declarativo.

Destacó que es incorrecto que dicho acto tenga como consecuencia privar al quejoso de disfrutar una pensión debidamente cuantificada y que esa prestación se encuentra intrínsecamente ligada al domicilio del beneficiario, porque en todo caso lo que se estaría ejecutando es la nueva resolución que la demandada emitió en cumplimiento a la sentencia de nulidad, no el fallo reclamado en el juicio de amparo, pues éste consiste en una determinación meramente declarativa carente de ejecución.

En ese sentido, concluyó que es competente el Juez Sexto de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, esto es, ante quien se presentó la demanda.

QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

El objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

Por ese motivo, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y dilucidar si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Sustenta esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 129/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 93, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."

Dicha Primera Sala, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en la página 122, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época del referido medio de difusión oficial, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", fijó los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método.

2. Que entre los ejercicios interpretativos se encuentre algún punto del razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico en general: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a formular una pregunta genuina sobre si la forma de responder la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que también sea legalmente posible.

De acuerdo con los requisitos aludidos, este Pleno de Circuito considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********.

Los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos indicados, en esencia, analizaron una misma situación jurídica: si el acto reclamado consistente en la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a calcular la cuota pensionaria con los incrementos respectivos, es un acto declarativo con efectos positivos o un acto declarativo carente de ejecución material, cuyo conocimiento, en consecuencia, corresponde al Juez de Distrito, en cuya jurisdicción tiene su domicilio la parte quejosa o al Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respectivamente.

Así, el Primer Tribunal Colegiado determinó que el acto reclamado consistente en la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la cuota pensionaria con los aumentos correspondientes es un acto declarativo pero con consecuencias positivas, que actualiza la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, esto es, la hipótesis del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado consideró que la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la autoridad a calcular una pensión de acuerdo con los incrementos que en derecho procedan es un acto declarativo carente de ejecución material y que, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte en favor del Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto.

En estos términos, este Pleno de Circuito observa que los Tribunales Colegiados antes mencionados sostuvieron criterios opuestos respecto a la misma cuestión jurídica.

Por tanto, el punto a resolver en la presente contradicción de tesis consiste en dilucidar si la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a calcular la cuota pensionaria con los incrementos correspondientes, constituye un acto negativo con efectos positivos o un acto negativo carente de ejecución material y, consecuentemente, qué regla competencial del artículo 37 de la Ley de Amparo le resulta aplicable: si la prevista en el primer párrafo –conforme al cual es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado– o la contenida en el último párrafo de dicho artículo –relativa a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo corresponde al Juez en cuya jurisdicción se presenta la demanda–.

SEXTO.—Estudio. Como se obtiene del considerando anterior, el problema jurídico a resolver en la presente contradicción de tesis radica en determinar si la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los incrementos correspondientes, constituye un acto declarativo con efectos positivos o un acto declarativo carente de ejecución material y, consecuentemente, qué regla competencial del artículo 37 de la Ley de Amparo le resulta aplicable: si la prevista en el primer párrafo –conforme al cual es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado– o la contenida en el último párrafo de dicho numeral –relativa a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo corresponde al Juez en cuya jurisdicción se presenta la demanda–.

Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la competencia territorial de los Jueces de Distrito, al precisar que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.

Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.

Estas reglas constitucionales de competencia se concretizan en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al desdoblar en tres hipótesis la competencia del Juez de Distrito, a saber:

a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

Lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material.

Asimismo, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes.

Así, la locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación.

En otras palabras, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.

En virtud de que las reglas de competencia citadas atienden a la naturaleza intrínseca del acto y no sólo a su forma de expresión para determinar si un acto tiene o no ejecución es necesario hacer referencia a la naturaleza de los actos administrativos positivos y negativos.

Esta diferencia es importante, porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por la tercera regla aludida, prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en la primera o segunda regla, según corresponda, contenidas en los párrafos primero y segundo, respectivamente, del indicado numeral.

En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer.

A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo.

En cambio, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone.

Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos.

Cabe destacar que, aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando, en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso.

Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla.

Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido, con consecuencias meramente declarativas.

Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado.

Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.

Así se observa de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, consultable en la página 95, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO."

Sobre esa base, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los aumentos respectivos, no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer; al contrario, se controvierte una actuación negativa simple, expresada a través del rechazo de la autoridad sobre la pretensión ejercida.

De ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no es un acto positivo, sino uno negativo.

En ese sentido, es necesario dilucidar las consecuencias de la indicada resolución a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por tanto, ejecutables.

Para ello, cabe mencionar que, en las sentencias dictadas en los juicios contenciosos administrativos –en los que se emitieron las interlocutorias reclamadas en los amparos indirectos en los que se suscitaron los conflictos competenciales de los que derivaron los criterios contendientes–, la Sala reconoció el derecho de la parte actora de que su pensión se cuantificara correctamente y, por ende, condenó al instituto demandado a aplicar los incrementos correspondientes.

El instituto dictó la respectiva resolución en cumplimiento a dichos fallos anulatorios, en la cual señaló haber calculado nuevamente el monto de la pensión atendiendo a los aumentos que en derecho procedieron.

Al considerar que en dicha resolución, la autoridad no calculó la pensión en los términos ordenados en las sentencias anulatorias, los pensionados interpusieron queja por defecto en su cumplimiento.

La Sala declaró infundada la queja, en razón de que el demandado calculó el incremento de la pensión de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia.

Como se observa la resolución que declaró infundada la queja en forma mediata tiene efectos y consecuencias positivos, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el instituto demandado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el indicado instituto.

En consecuencia, la interlocutoria reclamada en el juicio de amparo, en forma mediata, modifica y altera el estado de cosas existente, pues al resolver en el sentido de que es infundada la queja, indirectamente irradia en la cuantía de la pensión, la que se verá aumentada de acuerdo con lo determinado por la autoridad en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo, por ende, tiende a introducir un cambio en la realidad.

Luego, si bien la resolución reclamada que declara infundada la queja, por sí misma –por su forma de expresión–, no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; pero sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables y se relacionan con el incremento de la pensión, entonces rige la primera regla prevista en el artículo 37 invocado, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece en el domicilio del quejoso, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 invocada en párrafos precedentes.

En efecto, conforme a dicho criterio jurisprudencial, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está unido a su centro de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza.

De modo que, sustentó el Alto Tribunal, cuando en el juicio de amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo (de similar contenido al precepto 37, párrafo primero, de la legislación vigente), es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se reclame destacadamente la falta de pago, porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado.

Así, consideró que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

Concluyó que con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, cuyo domicilio conocido es en la Ciudad de México, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en dicha ciudad, los juicios promovidos contra la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia no sólo en esos asuntos, sino igualmente en los demás de que conocen dichos órganos jurisdiccionales.

Este Pleno de Circuito considera que dicho criterio, conforme al cual, la competencia territorial para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio del quejoso, además de atender a la ejecución del acto, esto es, al lugar en el que el quejoso resentirá el incremento de la pensión, también se sustenta en el derecho de acceso a la jurisdicción.

Cierto, el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución conlleva el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación –como en el caso del juicio de amparo– estén contemplados legalmente, sino que para su admisión y tramitación se requiere eliminar cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen.

La regla consistente en que el domicilio del quejoso es el parámetro para fijar la competencia territorial elimina formalismos innecesarios y facilita a la parte interesada su adecuada defensa y participación en el juicio, pues al radicar en el mismo lugar del juzgado en el que se tramita el proceso podrá trasladarse a él para consultar el expediente, desahogar promociones, requerimientos y pruebas, así como para interponer los recursos que en derecho procedan, con el consecuente ahorro de tiempo y gastos que pudieran ocasionársele.

Por tanto, si dicha regla de competencia no ha hecho más que definir un criterio para la presentación de la demanda con fines benéficos para el promovente del juicio, en lugar de obstaculizarla o impedirla, entonces garantiza el derecho de acceso a la justicia.

Recapitulando, si la ejecución de la resolución reclamada que declara infundada la queja tiene como consecuencia directa que la determinación de la autoridad demandada de calcular la pensión con los incrementos respectivos adquiera firmeza en la instancia ordinaria y, como efecto indirecto, el aumento de la pensión con base en los lineamientos fijados por el i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28308-6b26566b/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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