EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, PREVÉ MAYORES REQUISITOS QUE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS JURÍDICO, POR LO QUE PUEDE ACUDIRSE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 2 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: DULCE REBECA GONZÁLEZ OSORIO.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al dos de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 53/2023, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.
El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado y, en consecuencia, si se actualiza una excepción al principio de definitividad para acudir directamente al juicio de amparo indirecto, cuando se alega tener interés jurídico.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido en este Pleno Regional, el quince de junio de dos mil veintitrés, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver el amparo en revisión 401/2021, y el diverso que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver amparo en revisión 410/2022, ambos del Decimoctavo Circuito.
2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional, Arturo Iturbe Rivas, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 53/2023; solicitó a los Tribunales Colegiados que informaran si seguían vigentes los criterios en contienda; asimismo, solicitó al director general de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática planteada.
3. Así, por oficio 5197/2023, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito informó que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al resolver el amparo en revisión 410/2022.
4. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante oficio 2467 de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, informó que, en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, al resolver el recurso de queja 57/2023, abandonó el criterio sustentado en el amparo en revisión 401/2021. Lo que será motivo de estudio más adelante.
5. Asimismo, por oficio DGCCST/X/566/7/2023, recibido el cinco de julio de dos mil veintitrés, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no existía alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País en la que el tema a dilucidar guarde relación con el de la contradicción de criterios planteada.
6. Confirmación de turno. En auto de presidencia de seis de julio de dos mil veintitrés, al encontrarse debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno del presente asunto para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
I. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, cuya semiespecialización corresponde conocer a este Pleno Regional.
II. LEGITIMACIÓN
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Para una mejor comprensión del asunto y con la finalidad de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, en este apartado se desarrollan los elementos relevantes de los asuntos que fueron analizados por los Tribunales Colegiados y la parte medular en que se sustentan los criterios que son denunciados como contradictorios.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver en sesión de once de febrero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, el amparo en revisión administrativo R.A. (P) 401/2021.
10. Juicio de amparo indirecto. Una persona pensionada promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
"1. Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
"2. La Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
"3. La Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
"IV. ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.
"La resolución contenida en el oficio Número SA/DGRH/DP/JDGN-2471/2021, de fecha 07 de junio de 2021, emitida por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante la cual resuelve negar el pago de diferencias por concepto de retroactivo a la que tengo derecho en términos de lo resuelto por el Congreso del Estado de Morelos, mediante el Decreto Pensionario Número 896, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5896 el día 23 de diciembre de 2020, y conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."
11. De la referida demanda correspondió el conocimiento al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, cuyo titular en auto de siete de julio de dos mil veintiuno, ordenó su registro con el número de expediente 821/2021, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
12. Sustanciado el procedimiento, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia constitucional, la que concluyó con el dictado de la sentencia correspondiente el veinte de octubre siguiente, en la que el Juez de Distrito sobreseyó el juicio respecto del acto reclamado, consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, emitida por el director general de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante la cual se negó el pago de las diferencias por concepto de retroactivo de la pensión de la parte quejosa, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
13. La determinación del Juez de Distrito se sustentó en que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al no surtirse ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, toda vez que la normatividad que regula el medio ordinario de defensa prevé la suspensión de los actos impugnados en los mismos términos que la Ley de Amparo.
14. Recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien en sesión de once de febrero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, resolvió el amparo en revisión administrativo 401/2021, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo 821/2021.
15. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado sostuvo, en lo que interesa:
"(1) QUINTO. Los agravios formulados por la parte que recurre son infundados e inoperantes, en atención a las siguientes consideraciones.
"...
"(10) En una parte de su tercer agravio alega la parte recurrente en forma genérica, que contrario a lo expuesto por el juzgador federal, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos prevé más requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto que los contemplados en la Ley de Amparo, insertado el texto de los artículos 143 y 128 de los referidos ordenamientos, respectivamente, lo que afirma actualiza una excepción al principio de definitividad.
"(11) Argumento que se califica infundado, pues a criterio de este tribunal, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no prevé mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los previsto (sic) en la Ley de Amparo.
"(12) En efecto, de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consisten en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son los tres únicos aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares.
"(13) Por lo que para determinar si se debe o no dispensar a la parte quejosa de observar el principio de definitividad, debe realizarse un estudio comparativo entre la Ley de Amparo y la ley ordinaria, respecto de los requisitos relativos a los alcances, los requisitos de procedencia y los plazos en que debe proveerse sobre la suspensión del acto reclamado.
"(14) Al respecto, debe establecerse que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, en su artículo 109,(1) prevé la procedencia de la suspensión del acto reclamado, cuando lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción, con lo cual se satisface el primer requisito que impone la aludida fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a que conforme a la ley del acto se suspendan sus efectos.
"(15) Ahora bien, por cuanto a los alcances, que se refiere a los efectos que puede tener la medida suspensional concedida, es decir, qué aspectos comprende la concesión de la suspensión del acto reclamado, lo cual se encuentra previsto en los artículos 138, 139, 147 y 150(2) de la Ley de Amparo.
"(16) De dichos preceptos se colige como alcances de la medida suspensiva: I. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo; II. Señalar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos; III. De ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y, IV. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
"(17) Por su parte, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, en sus artículos 110 penúltimo párrafo y 111,(3) establece los alcances que otorga la medida suspensional, los cuales consisten en: 1. Fijar la situación en que habrán de quedar las cosas; 2. Dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso; 3. Restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva, todo esto a la luz de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
"(18) El estudio comparativo de las disposiciones legales señaladas permite establecer que ambas legislaciones disponen esencialmente los mismos alcances en la concesión de la suspensión del acto.
"(19) Sin que obste que la legislación local no precise detalladamente que al otorgarse la suspensión deba ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pues considerando que la medida cautelar de la suspensión, en términos generales, busca precisamente que el estado de cosas permanezca en sus términos mientras se resuelve en definitiva el juicio o procedimiento de que se trate; además, dicho alcance se deduce de la interpretación conjunta de los numerales 110 penúltimo párrafo y 111, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, al disponer, como ya se destacó, que al otorgarse la suspensión se fijará la situación en que habrán de quedar las cosas, dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva; todo lo cual, es posible sólo si se paraliza el acto de autoridad o sus consecuencias.
"(20) Por cuanto hace a los requisitos, son aquellos elementos que deben satisfacerse por el quejoso, a efecto de que proceda la suspensión del acto reclamado, mismos que se encuentran establecidos en los artículos 128 y 139, de la Ley de Amparo,(4) siendo los siguientes:
"- Que la solicite el quejoso;
"- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"- Que si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.
"- Que no se deje sin materia el juicio de amparo.
"(21) Por su parte, el artículo 110(5) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé que para obtener la medida cautelar es necesario cubrir los siguientes aspectos:
"- Que lo solicite el particular actor;
"- Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;
"- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y
"- Que no se deje sin materia el juicio.
"(22) Del estudio comparativo de las normas generales citadas, se colige que también disponen los mismos requisitos para otorgar la suspensión del acto, con el cual se colma el tercer requisito que exige observar el principio de definitividad.
"(23) Por último, en relación con los plazos, se refiere al tiempo con que cuenta el juzgador para resolver sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, a partir de que le es presentada la petición de la medida cautelar, para lo cual es relevante tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 112 de la ley de la materia,(6) en el que se establece el plazo para que el órgano jurisdiccional resuelva si desecha, previene o admite la demanda, lo cual deberá efectuar dentro del término de veinticuatro horas, plazo en el que además habrá de pronunciarse en torno a la suspensión provisional solicitada.
"(24) Por su parte, el artículo 110, penúltimo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado,(7) prevé que una vez solicitada suspensión del acto, ésta se resolverá de inmediato.
"(25) Como puede advertirse, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no dispone mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza la excepción referida por la parte que recurre."
B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, el amparo en revisión administrativo 410/2022.
16. Juicio de amparo indirecto. Una persona pensionada promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
"III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.
"Con el carácter de autoridad responsable ordenadora tienen ese carácter:
"A) HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.
"B) TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS.
"Con el carácter de autoridad ejecutora, tiene ese carácter:
"C) INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
"IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo de las Autoridades señaladas como responsables ordenadoras:
"1. La NEGATIVA injustificada, ilegal e inconstitucional de realizar el entero de mis aportaciones de manera integral del Pago de las cuotas al INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 25, 26 y 27 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
"2. La omisión y/o abstención de realizar EL PAGO DE LAS CUOTAS AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, por la cantidad de $********** M.N.), en términos de los artículos 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 43 fracción V de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y tal y como consta de la respuesta dada por la C.P. **********, Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, documento que se adjunta a la presente demanda como anexo uno. "3. La omisión y/o abstención de no realizar EL PAGO DE LOS CRÉDITOS AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, por la cantidad de $********** pesos 63/100 M.N.), en términos de los artículos 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 43 fracción V de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y tal y como consta de la respuesta dada por la C.P. **********, Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, documento que se adjunta a la presente demanda como anexo uno, DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, se reclaman los siguientes actos:
"A Lo es el Oficio por el que queda manifiesta la NEGATIVA injustificada, ilegal e inconstitucional de acordar favorablemente la DEVOLUCIÓN DE CUOTAS, en términos de lo previsto por el artículo 46 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, que establece que el afiliado tendrá derecho a la devolución de sus cuotas en caso de baja del servicio, pasado un año de su separación correspondiente; excepto que cuente con uno o más créditos vigentes. Siendo el caso que, al cumplir con los requisitos necesarios para ejercer ese derecho, el que suscribe presentó escrito de petición ante el Instituto de Crédito en comento el 13 de agosto del 2021, con las formalidades respectivas. Petición a la cual, como ya se señaló, recayó el oficio número CO/SPE/1583/2021 de fecha Primero de octubre de 2021, suscrito por la C.P. **********, en su carácter de Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, el cual se encuentra adjunto al presente ocurso como anexo uno, en el que refiere que por órdenes de la Lic. **********, Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, dicha autoridad responsable, se encuentra imposibilitada a devolver la cantidad generada por las cuotas y créditos, en virtud de que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos no ha realizado el pago de los adeudos pendientes. En ese orden de ideas se combate también la inconstitucionalidad del citado oficio en vía de consecuencia; pero también, se ataca por vicios propios ante la indebida fundamentación y motivación con las que fue expedido y contener la negativa injustificada e ilegal de la autoridad responsable de devolver las cuotas aportadas a las que tengo derecho, al exponer que por causas de omisión en el pago del Municipio de Cuernavaca de enterar en tiempo y forma el pago de mis aportaciones se niega la devolución solicitada, no obstante de que el numerario me fue descontado por la responsable en tiempo y forma, tal y como se acredita con la documentación adjunta, a este escrito.
"B. Igualmente se reclama la omisión y/o abstención de verificar, requerir y en su caso ejercer su facultad coercitiva para el pago de los pagos en cantidades de ********** pesos 63/100 M.N.) y $********** (**********/100 M.N.), las cuales me fueron descontadas de mi salario como ++++ esto derivado de la respuesta dada por C.P. **********, Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, documento que se adjunta a la presente demanda como anexo uno. Lo anterior en contravención a los artículos 123, fracción XI y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Así como los diversos 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos."(sic)
17. De la referida demanda correspondió el conocimiento al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, cuyo titular en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó su registro con el número de expediente 1576/2021, la admitió a trámite, requirió de las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
18. Sustanciado el procedimiento, el seis de abril de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia constitucional, la que culminó con el dictado de la sentencia el cuatro de julio siguiente, en la que el Juez de Distrito determinó sobreseer el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
19. Lo anterior, al estimar que en contra de los actos y omisiones reclamadas procedía el juicio contencioso administrativo, por lo que en acatamiento del principio de definitividad, la quejosa debía agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo.
20. Recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió el conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, resolvió revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.
21. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado sostuvo, en lo que interesa:
"QUINTO.—Estudio de los agravios. En suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, asiste la razón a la recurrente en cuanto a que en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia que llevo al juzgador a sobreseer el juicio de amparo, tal y como se explica a continuación.
"El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé el principio de definitividad, el cual supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resultará improcedente.
"Es preciso destacar que acorde con lo previsto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente y su origen constitucional, para acceder al juicio de garantías en la vía indirecta a fin de reclamar actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, será necesario agotar el principio de definitividad, siempre que:
"A. Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado.
"B. Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo.
"C. Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva.
"D. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.
"Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Por tanto, para analizar si se exigen mayores requisitos que los que la misma Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, resulta importante precisar el siguiente cuadro comparativo de ambas legislaciones:
Ver cuadro
"En ese tenor, es evidente que la Ley de Amparo en su artículo 128 no establece como requisito para que se conceda la suspensión del acto reclamado, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado; a diferencia del numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos.
"Sobre el tema, el Pleno del Máximo Tribunal de este País en sesión de siete de mayo de dos mil veinte resolvió la contradicción de tesis 146/2019, en la que consideró que, conforme a la Constitución y a la Ley de Amparo vigente, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico.
"En la ejecutoria motivo de esa contradicción de tesis, se sostuvo entre otras consideraciones, las siguientes:
"- Que hasta el cinco de junio de dos mil once, el artículo 107 de la Constitución establecía que, para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, entre otros aspectos, el órgano jurisdiccional debía tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada y la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado.
"- Que sin embargo, a partir de la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el actual texto constitucional ya no ordena que al proveer sobre la suspensión el tribunal de amparo tome en consideración la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado.
"- Que atendiendo a un elemento histórico de interpretación, en específico, a la evolución jurídica de la regulación constitucional de la suspensión en el juicio de amparo, es factible colegir que la finalidad del Poder Reformador de la Constitución consistió en que dicho requisito (dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado) en lo sucesivo no fuera exigido a la parte quejosa como una condición para el otorgamiento de la suspensión.
"- Que de acuerdo a la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución y la interpretación teleológica subjetiva de ese precepto, cuando la p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31922-4c7f3430/excepcion-al-principio-de-definitividad-el-articulo-110 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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