JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR Y CALCULAR LOS INCREMENTOS A UNA PENSIÓN. PARA QUE PROCEDA, DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE DÉ RESPUESTA, EXPRESA O FICTA, A UNA PETICIÓN EN ESE SENTIDO.
AMPARO DIRECTO 151/2016. 14 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PEDRO FERNANDO REYES COLÍN. SECRETARIA: MARÍA DEL PILAR ASPIAZU GÓMEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Estudio de los conceptos de violación. La quejosa manifiesta en sus conceptos de violación que se viola, en su perjuicio, lo establecido por los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se transgrede lo establecido en el numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al hacer una indebida apreciación de los actos impugnados, ya que se aplican indebidamente los artículos 8o., fracción XI, 9o., fracción II y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, en el caso concreto, dice que las Salas del tribunal conocerán de los juicios en los que se impugnen resoluciones, actos o procedimientos que reúnan el carácter de definitivos, en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que aquí se está impugnando un procedimiento de omisión de actualizar la pensión conforme al procedimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Que la regla general de procedencia del juicio de nulidad mencionado, es contra resoluciones definitivas de la administración pública federal, previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual admite excepciones, una de las cuales se actualiza cuando el agravio se causa por un no actuar; esto es, por una omisión, como proceder que puede afectar la esfera jurídica del particular. Por tanto, con base en el principio pro actione y conforme a los derechos humanos tanto de acceso a la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, se concluye que procede el juicio contencioso administrativo federal, aun cuando se impugne una omisión de la autoridad administrativa.
Que aunado a lo anterior, también impugnó la omisión de actualizar, determinar y calcular los incrementos, con motivo de los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa de su pensión.
Que el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en materia de pensiones civiles, abarca en términos de generalidad todos los aspectos que conciernan a las pensiones de los trabajadores del Estado, sin distinción alguna (sic) prestación de otra; por el contrario, tanto la cuota diaria, como las prestaciones adicionales que se pagan en la pensión forman parte de ésta, por lo que procede el juicio de nulidad en los términos propuestos, ya que de otra manera se dejaría a la actora en una situación que sería negativa a sus intereses.
Que la resolución definitiva es la concesión de pensión y ya no puede existir otra resolución definitiva, y es al tribunal al que corresponde conocer cuando se exijan prestaciones derivadas de la relación administrativa entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y jubilados, máxime que, conforme al artículo 17 constitucional, el acceso real a la impartición de justicia se asegura a través del ejercicio de funciones de plena jurisdicción, en que el tribunal relativo determine si reconoce el derecho subjetivo en que la actora funda su pretensión.
Que no se requiere la comprobación de la negativa ficta o expresa a una solicitud extrajudicial de las prestaciones que reclama, porque se violan derechos humanos de segunda generación y el principio de progresividad.
Que al ser accesorias de la pensión las diversas prestaciones cuya omisión de incremento se impugna, es procedente el juicio de nulidad sin acreditar su solicitud extrajudicial, como erróneamente lo aprecia la Sala Fiscal en la sentencia que sobresee.
Que una interpretación conforme debe optimizar dichos derechos humanos en favor de la quejosa, así como aplicar el principio hermenéutico pro homine, establecido en el artículo 1o. constitucional, en virtud del cual debe acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías; en esos casos, un acceso real a la impartición de justicia se asegura a través del ejercicio de funciones de plena jurisdicción en que el tribunal debió determinar si reconoce el derecho subjetivo en que el demandante funda su pretensión y debe ordenarse su restablecimiento.
Que el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abarca, en términos de generalidad, todos los aspectos que conciernen a las prestaciones de los trabajadores del Estado, sin distinción alguna, de manera que el tribunal puede conocer de cualquier omisión que se apoye en una situación distinta a las resoluciones que otorgan, modifican, niegan o revocan una pensión.
Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no prevé ningún procedimiento, ni mucho menos que deba agotarse previamente antes de acudir al juicio de nulidad, que resulte obligatorio para el pensionado.
Los anteriores argumentos son infundados, pues contrario a lo que se alega, la Sala Regional estuvo en lo correcto al considerar que la actora, ahora quejosa, no acompañó resolución alguna en la que la autoridad demandada haya incurrido en la omisión que le atribuye, para considerar que existe una afectación a su interés jurídico y, por ende, la procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En efecto, basta la lectura de la transcripción del mencionado precepto, realizada por la responsable, para advertir que si bien el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá, entre otros, de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos y procedimientos dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ahora bien, en el juicio natural, la parte actora no demandó la nulidad de alguna de las resoluciones mencionadas, sino que pretendió impugnar una omisión por parte de la autoridad correspondiente a aumentar su pensión, como se corrobora del escrito presentado ante la autoridad.
En consecuencia, contrario a lo que aduce la quejosa, la responsable estuvo en lo correcto al determinar en la sentencia:
- Que la promovente sólo reclama que la autoridad demandada ha sido omisa en incrementar y/o actualizar su pensión con motivo del incremento de pensión, de acuerdo al aumento del sueldo básico de los trabajadores en activo; esto es, lo que se plantea no versa sobre la impugnación de una resolución definitiva expresa o ficta, acto administrativo o procedimiento, que nieguen, reduzcan o concedan una pensión.
- Que lo procedente era que hubiera solicitado ante el propio instituto la actualización o incremento de tal concepto, así como el pago de las cantidades que se le hubieran dejado de pagar por ello, a fin de que se emitiera una resolución expresa o negativa ficta, a tal solicitud, que de ser contraria a los intereses del pensionado, entonces sí sería impugnable a través de juicio contencioso administrativo federal.
- Que la actora en el juicio contencioso, lo que pretende es que dicha pensión sea actualizada y se determine y calculen los incrementos; sin embargo, para la procedencia del juicio contencioso administrativo federal debe existir una resolución emitida por la autoridad, en la que se dé una respuesta expresa a su petición de actualización, determinación y cálculo de los incrementos a su pensión; en este sentido, debe existir un pronunciamiento expreso de la autoridad competente que cause un perjuicio al interés jurídico del gobernado, a efecto de que, en caso de que afecte sus intereses, se encuentre en posibilidad de combatirlo mediante los medios de defensa que se encuentren a su alcance y que prevean las leyes correspondientes.
- Que la impugnación que realiza la actora no se ubica en ninguno de los supuestos de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme lo dispone el artículo 14 de la ley orgánica de ese tribunal; de ahí que resolvió que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia del juicio, contenida en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sobreseyendo en el juicio conforme a la fracción II del artículo 9o. de ese ordenamiento legal.
A mayor abundamiento, cabe decir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002-SS, que derivó en otra tesis que más adelante se invocará, precisó el alcance del concepto "resoluciones definitivas" a que se refería el artículo 11 (actualmente 14) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
De la ejecutoria en cuestión destacan las consideraciones siguientes:
"La definitividad para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o, b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza inter procedimental no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’, en obvio que éste sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos.
"No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que ‘causa estado’.
"La generación de esta situación últimamente mencionada, en combinación con la causación de un agravio objetivo, son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de lo que prevé el artículo 11 de la ley orgánica antes mencionada, lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía en comentario."
Lo anterior derivó en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, bajo el rubro y texto siguientes:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.-La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados."
Por lo que se refiere a la contravención a los derechos humanos, es de señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia que se integra, a su vez, por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."
Sin embargo, este derecho fundamental, previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado, a su vez, por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación.
Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente:
1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter;
2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales;
3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal, quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga;
4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y,
5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor el día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia, con los principios que derivan de ese mismo precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo entenderse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.
Pero ello no significa que, en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.
Es por lo anterior que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos necesarios para el estudio de fondo de los conceptos de anulación propuestos en el contencioso administrativo, no constituyen, en sí mismos, una violación al derecho humano de un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado.
Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la tesis aislada 1a. LXXXIV/2013 (10a.), que dice:
"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."
Atento a lo expuesto, cabe establecer que si bien el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone como presupuestos de procedibilidad que el juicio de nulidad se promueva contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, pero que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mas no por ello es dable sostener que lo así dispuesto constituye una restricción para acceder al recurso, lato sensu.
Tiene aplicación, en lo conducente y sustancial, la tesis aislada XVI.1o.A.T.5 K (10a.), bajo el rubro y tenor literal siguientes:
"DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos."
De tal forma que si todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia, entre ellas, las resoluciones dictadas, que es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, ya que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, y el relativo a la procedencia del juicio, pues el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia no puede llevarse a cabo en cualquier forma, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable; por ello, la ley fija los requisitos para ejercer este derecho.
Por lo anterior se estima que la Sala, al decretar la improcedencia del juicio de nulidad conforme al artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la interpretación que realizó de dicha hipótesis, no constituye una restricción al derecho humano de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, en atención a los derechos fundamentales de seguridad y certidumbre jurídicas.
Es de aplicarse, la tesis aislada 1a. CCLXXV/2012 (10a.), que es del tenor literal siguiente:
"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."
En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos, lo procedente es negar el amparo solicitado.
En similares términos se resolvieron los amparos directos administrativos 568/2015, 563/2015, 94/2016 y 97/2016, en sesiones plenarias de trece de enero, veintiuno de enero y los dos últimos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, respectivamente.
Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 170, 183, 184, 185, 186, 188 y demás relativos de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la sentencia de tres de febrero de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el juicio contencioso administrativo **********.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26680-981bf0c0/juicio-contencioso-administrativo-federal-contra-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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