JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL CÁLCULO, CUANTIFICACIÓN Y PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA A CARGO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SIN GESTIÓN O INSTANCIA DEL INTERESADO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DE DICHO JUICIO, POR LO QUE NO PUEDE EXIGIRSE AGOTARLO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO [ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 84/2018 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 12 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS FERNANDO ZÚÑIGA PADILLA, MARÍA LIZETH OLVERA CENTENO, MANUEL MARÍA MORTEO REYES, ARTURO CASTAÑEDA BONFIL Y MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA. AUSENTE: FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS. PONENTE: MARÍA LIZETH OLVERA CENTENO. SECRETARIA: CLAUDIA MONZERRAT CEVALLOS MORALES.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—COMPETENCIA.
El Pleno de este Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la denuncia presentada por la posible contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio de la Ley de Amparo; 42, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por los diversos 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en el mencionado medio de comunicación oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince; en relación con los artículos primero y quinto transitorios del Acuerdo General 1/2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) relativo al inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, que determina que hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia emitida por aquellos a la que se refiere dicho instrumento normativo, será fijada por los Plenos de Circuito.
Asimismo, porque la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de quince de abril de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo 26/2021, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", comunicado a través de la circular SECNO/17/2021, de veintitrés siguiente, en cuya primera directriz se determinó lo siguiente:
"PRIMERA.—En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021 de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad (sic) aplicable."
Lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis suscitada entre los criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Quinto Circuito.
SEGUNDO.—FORMA DE RESOLUCIÓN.
La resolución de esta contradicción de tesis se lleva a cabo por videoconferencia, de conformidad por el artículo 27, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, que establece:
"Artículo 27. Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito. Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados y de los Plenos de Circuito se prepararán, celebrarán y registrarán conforme a las siguientes reglas:
"...
"III. Las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público. La sesión por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física."
TERCERO.—LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE.
La denuncia de contradicción de tesis fue presentada por el licenciado Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Decimoprimero (sic) de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, quien sustanció los juicios de amparo indirectos de los que respectivamente derivaron los recursos de queja en los que se emitieron las ejecutorias que contienen los criterios jurídicos en posible contradicción; lo cual, en términos del artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) lo faculta para denunciar la presente contradicción de tesis.
Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 74/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con número de registro digital: 2003518 y en la página 609 del Libro XX, mayo de 2013 del Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito y, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica que pretende regularse a través de esa disposición constitucional y a que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se concluye que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar ante este Alto Tribunal contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de un mismo Circuito."
CUARTO.—PRIMER CRITERIO CONTENDIENTE.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, resolvió el recurso de queja 41/2020 y sostuvo:
"QUINTO.—Estudio.
"Los agravios formulados son inoperantes en parte e infundados en el resto.
"De inicio, son inoperantes los argumentos en los que se aduce que el Juez Federal, al emitir el auto recurrido, vulneró en perjuicio del disconforme lo dispuesto en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución.
"Lo anterior, debido a que el recurso de queja es una segunda instancia y no un medio de control constitucional autónomo, a través del cual puedan analizarse violaciones a derechos fundamentales de los gobernados, atribuidas a los Jueces de Distrito.
"Además, los Jueces de Distrito, en los juicios constitucionales, sólo pueden infringir disposiciones de la Ley de Amparo o del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que reglamentan su función tutelar de derechos humanos, pues en tales procedimientos actúan como órganos de control constitucional respecto a las transgresiones de las autoridades en ejercicio de sus atribuciones, no pudiendo con ello violar derechos fundamentales, al ser precisamente lo que dilucidan a través de su actividad jurisdiccional.
"Apoyo (sic) a lo anterior, la jurisprudencia 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 199492, de rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO’.
"Por otro lado, en el primero de los motivos de disenso, su expositor aduce, en síntesis, que es indebido el desechamiento de la demanda de derechos, bajo el argumento de que, previo a instar la acción constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo.
"Sin embargo, dice el inconforme, el juicio contencioso administrativo –en este caso– es improcedente, ya que la autoridad responsable no hizo de su conocimiento, por medio de algún acto administrativo, el acto que ahora reclama, y tampoco se advierte alguna resolución emitida por tribunal competente, por lo cual no puede agotarse el mencionado juicio, para lo cual es indispensable la existencia del acto administrativo previo, notificado con las formalidades de ley.
"Refiere el agraviado que las leyes no deben ser retroactivas, y que la responsable no analizó que la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito de aplicación de validez, sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor.
"Motivo por el cual, en opinión del discrepante, no se debe de agotar el principio de definitividad, toda vez que la autoridad responsable lo dejó en estado total de indefensión, al no notificarle acto administrativo donde se le diera a conocer la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización a la pensión que actualmente percibe, por lo que el acto reclamado es violatorio de derechos humanos, y el juicio de amparo es procedente.
"En el segundo de los agravios, el recurrente aduce que el Juez de Distrito soslayó el hecho notorio que invocó, con el argumento de que no se encuentra obligado a adoptar el mismo criterio (sic), pese a que el juzgador está obligado a considerar el hecho notorio, al estar exento de prueba.
"Como se anticipó, los agravios reseñados carecen de sustento jurídico.
"En efecto, son infundados los asertos en los que el inconforme sostiene que no estaba obligado a agotar el proceso contencioso administrativo y sí acudir directamente al juicio de amparo indirecto, porque la autoridad responsable no ha emitido acto administrativo, como tampoco le ha notificado una resolución donde le informara la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización al fijar la pensión, dejándolo con ello en estado de indefensión con la aplicación retroactiva.
"Ello es así, ya que si bien el juicio de amparo es el medio jurídico idóneo para salvaguardar derechos fundamentales, lo cierto es que su procedencia no es irrestricta; sino que, por el contrario, está sujeta al cumplimiento de requisitos formales de procedencia específicos.
"En efecto, para acceder al juicio de amparo, el artículo 61 de la ley de la materia establece presupuestos denominados ‘causales de improcedencia’ que, según el momento en que el Juzgador de Amparo detecte su actualización, pueden conducir –como en el caso– al desechamiento de la demanda; o bien, a decretar el sobreseimiento.
"En ese sentido, aun cuando los recursos judiciales deben estar disponibles para los interesados, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso, los órganos internos deben resolver el fondo del negocio sometido a su jurisdicción, pues es indispensable verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia.
"Es importante destacar que en el juicio de derechos, la regla general es su procedencia y el estudio de fondo del asunto de que se trate, en tanto la excepción es la actualización de alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento.
"Por ende, las causas de improcedencia deben interpretarse de manera estricta, de lo cual deriva que, ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, el juzgador debe acoger la que evite riesgos de indefensión para el promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva.
"Apoya lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 324, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 165538, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.’
"Por ello, tratándose del examen que haga el Juez de Distrito sobre el escrito de demanda –que en el caso interesa– para su desechamiento, dichas causales de improcedencia necesariamente deben ser manifiestas e indudables, conforme al numeral 113 de la ley de la materia, sin inferirse con base en presunciones, ni abordar cuestiones de fondo.
"El desechamiento de la demanda de derechos tiene sustento –entre otros– en lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, que prevé: (Se transcribe)
"Del precepto transcrito se advierte que el desechamiento de plano de la demanda de amparo procede cuando se encontrare causa ‘manifiesta e indudable de improcedencia’.
"Entendiéndose por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’ lo referente a que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que resulta.
"Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción en los precisos casos que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo mismo, resulta ser de aplicación estricta lo dispuesto en los diversos numerales 65 y 113 del citado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.
"Es sustento de lo anterior, el criterio sostenido en la tesis 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2012, página 448 de la Novena Época, con número de registro digital: 186605, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’
"Ahora, el dispositivo 107, fracción IV, de la Constitución, señala: (Se transcribe)
"En lo que ve a la materia administrativa, se establecen diversas excepciones al principio de definitividad, las cuales generan la posibilidad de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes que rijan el actos (sic) que se pretenda reclamar.
"Se destaca que dentro de las excepciones al principio de definitividad se encuentran las siguientes:
"• Que conforme a las mismas leyes, no sea factible suspender los efectos de los actos que se pretendan reclamar, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva; y,
"• Que ese medio de impugnación establezca un plazo mayor que el que contempla la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto sea susceptible de suspenderse de acuerdo con la legislación que lo rija.
"Vinculado con lo anterior, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: (Se transcribe)
"La porción normativa transcrita prevé las excepciones al principio de definitividad relativas a la exigencia de mayores requisitos en las leyes que rijan el acto reclamado que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva y si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, se contienen reglas de excepción, entre las cuales, en lo que al caso interesa, desataca que dichas leyes no establezcan plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto reclamado, en sí mismo, sea considerado susceptible de suspensión.
"Entonces, es claro que de conformidad con el Texto Constitucional y con las disposiciones de la Ley de Amparo, una de las razones para que opere la excepción al principio de definitividad, consiste en analizar si el juicio, recurso o medio de defensa que proceda contra el acto reclamado no prevea un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, ya que en caso de que el referido plazo sea mayor, el particular no tendrá la obligación de agotar dicho medio de defensa y, en consecuencia, podrá acudir directamente a la vía constitucional.
"Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar e interpretar el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, determinó que dicho ordinal no establecía mayores requisitos que la abrogada Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, por lo que concluyó que, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"A partir de lo anterior, aun con la vigencia de la Ley de Amparo actual, el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal ha consistido en que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, sino que exige requisitos esencialmente iguales, por lo que debe observarse el principio de definitividad.
"Tal criterio se contiene en las jurisprudencias 2a./J. 18/2015 (10a.),(3) 2a./J. 19/2015 (10a.)(4) y 2a./J. 27/2016 (10a.),(5) de los rubros siguientes: ‘INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ y ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’
"En el caso, el aquí discrepante señaló como acto reclamado –atribuido a la Delegación Estatal en Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado– la aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) en la pensión que percibe, con base en que:
"- Que la pensión que percibe le fue otorgada por salarios mínimos diarios, la cual tuvo una disminución, ya que la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, fue setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, a diferencia del salario mínimo que ascendía a ochenta pesos con cuatro centavos; para dos mil dieciocho, fue de ochenta pesos con sesenta centavos a diferencia del salario mínimo de ochenta y ocho pesos con treinta y seis centavos; y, para dos mil diecinueve, la mediada (sic) era de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos a diferencia del salario mínimo de ciento dos pesos con sesenta y ocho centavos.
"- La aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es retroactiva en su perjuicio al ser menor. "No obstante, como bien lo consideró el Juez Federal, ese acto de autoridad no es reclamable vía juicio de amparo indirecto, sino mediante el proceso contencioso administrativo regulado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"Esto es así, en razón de que el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reconoce como actos impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –siempre que se decida no agotar el recurso administrativo– a aquellas resoluciones emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las pensiones, ello al disponer lo siguiente: (Se transcribe)
"Así lo ha reconocido, como lo destacó el juzgador de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que, en esos casos, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previo a acudir al juicio de amparo, salvo que se actualizara alguna excepción al principio de definitividad.
"Criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 326, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 177279, que dice:
"‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’ (Se transcribe tesis)
"Y en la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), publicada en la página 988, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 2003874, que dice:
"‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.’ (Se transcribe tesis)
"Por tanto, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer y resolver las pretensiones de incrementos o decrementos de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Ahora, para que proceda el juicio contencioso administrativo es condición necesaria –mas no suficiente– que exista resolución (expresa o tácita) de la autoridad encargada de realizar ese acto y que sea de naturaleza definitiva, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1101, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2017685, publicada también en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas, que dice:
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO.’ (Se transcribe tesis)
"En consecuencia, adverso a lo aducido por el recurrente, el hecho de que no exista una resolución expresa de la Delegación Estatal en Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la que precise la forma en que actualizó y calculó los incrementos de su pensión, ello no impide la tramitación del juicio contencioso administrativo; máxime que como lo señala el Juez de Distrito, en el caso se reclama por parte de la quejosa el incremento de su pensión, es decir, un acto administrativo que se manifiesta de manera expresa a través del pago de pensión.
"En cuanto a la excepción consistente en que el acto carezca de fundamentación, será en el juicio de nulidad donde, en su caso, se analice dicho aspecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 51, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.A. J/3 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 2496, Libro 40, marzo de 2017, Tomo IV, con número de registro digital: 2013978, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada también el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ES ILEGAL, DEBIENDO EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA HACERLA VALER, DE OFICIO.’
"De ahí lo infundado de los agravios en estudio, al no advertirse excepción alguna para que el discrepante no haya agotado el juicio contencioso administrativo.
"Máxime que al existir jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la obligatoriedad de agotar el juicio contencioso administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo –2a./J. 18/2015 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 (10a.)–, incluso cuando la pretensión sea el incremento de la pensión acorde a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus Reglamentos –2a./J. 111/2005–.
"Lo anterior trae como consecuencia que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo, porque por medio de la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se determinó la procedencia del juicio contencioso administrativo federal para impugnar un acto como el que se reclamó, y la necesidad de agotarlo antes de instar el amparo.
"Ilustra lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1008, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, con número de registro digital: 2019230, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada también el viernes 8 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS.’
"Por otro lado, si bien el Juez de Distrito dejó de pronunciarse expresamente en el acuerdo impugnado en torno al hecho notorio que hizo valer el recurrente, lo cierto es que tal proceder debe estimarse en el sentido de que el juzgador optó por no ajustar su criterio al precedente citado, al no tener obligación de acatarlo, pues constituye una determinación emitida por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver el juicio de amparo **********, el cual no le es vinculante en términos del aludido artículo 217, interpretado en sentido contrario, por ello es que a partir del presente recurso de queja no se le puede vincular a su observancia; máxime que este tribunal ya expresó las razones por las cuales considera actualizada en forma manifiesta e indudable la causal del improcedencia que señaló el juzgador en el auto impugnado.
"Resta indicar que no se soslaya que este Tribunal Colegiado, al resolver diversas quejas en las que se impugnó el desechamiento de la demanda de derechos al no haberse colmado el principio de definitividad, ha sostenido el criterio de que, por regla general, el auto de inicio del juicio de amparo no es la actuación idónea para analizar tal extremo; empero, en este caso, la procedencia del medio ordinario de defensa que debe agotarse antes de instar la acción constitucional, ha sido definido pormenorizadamente a través de múltiples tesis de jurisprudencia del Alto Tribunal, lo cual determina una regla de excepción, y torna en notorio y manifiesto el motivo de improcedencia que se advirtió en el auto impugnado.
"De consiguiente, ante lo infundado de los agravios formulados, y no advertirse queja deficiente que suplir, lo que procede es declarar infundado el presente recurso."
QUINTO.—SEGUNDO CRITERIO CONTENDIENTE.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en sesión de siete de octubre de dos mil veinte, resolvió el recurso de queja 62/2020, en el cual, en lo conducente, estableció:
"QUINTO.—Estudio. En la medida en que se suple la queja deficiente, conforme lo dispone el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, resulta fundado y suficiente para revocar el auto impugnado, el primero de los puntos de inconformidad a través del cual el recurrente esencialmente precisa que aunque la determinación del Juez de amparo parece lógica, en la especie no se debe agotar el juicio contencioso administrativo, toda vez que ‘la autoridad responsable nunca me hizo del conocimiento por medio de algún acto administrativo, así mismo el acto reclamado tampoco se desprende de alguna resolución emitida por el tribunal competente, por tal motivo no se puede agotar el juicio contencioso administrativo ya que el requisito indispensable para dicho juicio es la existencia del acto administrativo previo, notificado con las formalidades que marca la ley.’
"Para advertir lo fundado de ese motivo de disenso, en primer término, precisa destacar que en el caso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30645-d676d6ff/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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