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Modo: Corpus Pro

CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO. EL ARTÍCULO 62 DE SU MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL, AL NO PRECISAR CON CLARIDAD EL MOMENTO EN QUE COMENZARÁ A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS NO COBRADOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 188/2022. · Registro digital (IUS): 31471
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-06-02
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Pág.6409.

AMPARO DIRECTO 188/2022. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ. SECRETARIA: ADRIANA YOLANDA VEGA MARROQUÍN.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Resumen y análisis de los conceptos de violación.

En el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la sentencia reclamada contraviene los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XIII, constitucionales; 3, 22 y 273 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, porque la condena determinada no le restituye en el derecho indebidamente afectado por la parte demandada.

En el segundo concepto de violación sostiene el inconforme que la Sala del conocimiento fija una condena a cargo de la autoridad que a nada práctico conduce, al no condenarle a pagar el importe de la pensión que le corresponde, así como el pago de las diferencias generadas, a pesar de que en autos contaba con los elementos probatorios suficientes que le servían para determinar el porcentaje de la pensión y el monto al que asciende.

Los conceptos de violación hasta aquí reseñados, atento a su contenido y tratamiento que se les dará, se analizarán de manera conjunta, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales se califican como fundados.

Para justificar dicha calificativa, debe indicarse que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que su fundamentación y motivación se encuentran en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de lo que invariablemente deriva el principio de congruencia que deben cumplir tales resoluciones.

La jurisprudencia que se comenta es la identificada con el número 1a./J. 139/2005 y puede ser localizada en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 176546, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."

Bajo ese contexto, conviene dejar asentado que las sentencias que dicten los tribunales deben seguir los lineamientos relativos al principio de congruencia.

Este principio consiste en que deben ser analizados sólo los planteamientos de las partes a efecto de resolver sobre la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, estudiando, además, los medios de convicción que sean ofrecidos por las partes.

Ahora, los artículos 273 y 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México señalan lo siguiente:

"Artículo 273. Las sentencias que dicten las Salas del tribunal deberán contener:

"I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio que en su caso, se adviertan de oficio o sean propuestas por las partes;

"II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

"III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnada, debiendo analizarse en primer lugar las cuestiones dirigidas al fondo del asunto;

"IV. El examen y valoración de las pruebas;

"V. La mención de disposiciones legales que las sustenten;

"VI. La suplencia de la deficiencia de la queja del particular, cuando el caso lo requiera, pero sin cambiar los hechos planteados por las partes; y

"VII. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán: la declaratoria de sobreseimiento del juicio; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado; la validez o invalidez de la disposición legal, cuando sea procedente, y la condena que, en su caso, se decrete."

"Artículo 288. Al resolver el recurso de revisión, las Secciones podrán modificar, revocar o confirmar la resolución impugnada, observando lo siguiente:

"I. Si se considera infundada alguna causal de sobreseimiento del juicio, se modificará esta resolución cuando apareciere probado otro motivo legal para ello, o bien se revocará la determinación, para emitir sentencia en la que decida la cuestión planteada;

"II. Si se acreditan violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, que hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de las sentencias, se revocarán éstas y se mandará reponer el procedimiento;

"III. Cuando se estimen fundados los agravios en los que se sostenga que se omitió el análisis de determinados argumentos o la valoración de algunas pruebas, se realizará el estudio de unos y de otras;

"IV. Sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen aportado en el juicio respectivo, salvo que no se haya tenido la oportunidad procesal para rendirlas; y

"V. Se suplirá la deficiencia de los agravios del particular demandante, cuando el caso lo requiera, pero sin cambiar los hechos planteados."

Del contenido de esos numerales se advierte que las sentencias emitidas por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Regionales en primera instancia y Sección de la Superior en segunda, han de fundarse en derecho y resolverán sólo la pretensión de la parte actora que se deduzca en su demanda, en relación con la resolución impugnada, debiendo analizar, además, los medios de convicción que se hubieren aportado en el juicio contencioso administrativo local, lo que significa que toda sentencia, al resolver la controversia, debe atender a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin cambiar u omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por éstas, tomando en consideración las pruebas aportadas por ellas.

Al caso se comparten los razonamientos expuestos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,(5) en la jurisprudencia de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL."

De modo que los citados preceptos establecen los requisitos que deben contener las sentencias que dicten los tribunales del orden administrativo del Estado de México, en primera y segunda instancias; de ahí que corresponda a dichos órganos jurisdiccionales analizar todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes interesadas, salvo que el estudio de alguna de ellas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, además de examinar y valorar las pruebas ofrecidas por las partes.

Dicho de otra forma, las sentencias deben ser dictadas siguiendo los lineamientos del principio de congruencia, con base en los planteamientos de las partes, a efecto de resolver sobre la cuestión debatida, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta estudiando, además, los medios de convicción que sean ofrecidos.(6)

Expuesto lo anterior, como se anticipó, resulta fundado, atendiendo a su causa de pedir, el planteamiento efectuado por la parte quejosa, relativo a que la autoridad responsable dictó una sentencia en la que no resolvió de manera congruente e integral sus pretensiones.

Al respecto, debe destacarse que la Magistrada regional, en cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenada, mediante acuerdos de ocho de agosto y veintiuno de octubre, ambos de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el expediente personal del actor y el tabulador de salarios correspondientes al cargo de oficial "A", de dos mil trece a dicha anualidad, y el veintisiete de agosto de dos mil veinte dictó sentencia en la que resolvió declarar la nulidad de la resolución negativa ficta, al considerar que la autoridad demandada no acreditó haber pagado debidamente al accionante las cantidades correspondientes al cien por ciento de su pensión.

A partir de lo señalado, debe ahora destacarse que la autoridad responsable, al dictar la sentencia que aquí se reclama, consideró que la pretensión del inconforme era que se ordenara al jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México la regularización de su pago respecto del monto correcto de pensión y cubrirle las diferencias generadas por el pago incompleto y su actualización, con base en el haber que devenga actualmente un elemento de igual categoría y grado (oficial A), así como el reconocimiento de dicha categoría.

Igualmente, tomó en cuenta lo establecido en los artículos 30, 31 y 48 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco(7) y, atento a su contenido, determinó modificar la sentencia ante ella recurrida para que fuera la autoridad demandada quien emitiera el pronunciamiento de fondo correspondiente, por ser quien contaba con los elementos necesarios para ello.

De igual forma, la responsable valoró las pruebas aportadas a los autos, a las que otorgó pleno valor probatorio, en términos de los artículos 38, fracción II, 57, 95, 100, 101 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, con los que tuvo por acreditado que el promovente se encuentra actualmente pensionado por los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; que generó una antigüedad de treinta años, con el último grado de oficial "A"; que le corresponde una tasa de reemplazo del cien por ciento (100 %) de su sueldo base presupuestal y que en todos los casos las pensiones serán incrementadas conforme a los aumentos que, en su caso, reciba el personal en activo de la corporación.

En ese orden de ideas, es cierto que la determinación de la resolutora de ordenar que fuera la demandada quien se pronunciara en relación con la procedencia o no del reclamo del inconforme resultó incongruente con la litis planteada y con el material probatorio aportado.

Es así ya que, por una parte, la autoridad demandada al dar contestación al escrito inicial de demanda adujo, entre otras cosas "... que no se aprecia ningún error en el cálculo de la pensión otorgada al C. **********; de igual forma el actor no presenta prueba alguna con el (sic) cual desvirtué la presunción de validez que revisten todos los actos de autoridad, puesto que no acredita con medio de prueba suficiente e idónea los errores en el cálculo de su pensión." (foja 62 del juicio de nulidad), lo que implicaba la negativa de la pretensión reclamada, a partir de la cual se encontraba obligada a acreditar su dicho y, al respecto, debió atender al material aportado a los autos, verificando que hubieran sido allegados; esto, pues a la demandada, en su oportunidad, le fueron requeridos los elementos probatorios necesarios para dirimir la litis propuesta que versaba, entre otros puntos, en verificar si el inconforme recibe o no el monto de pensión que le corresponde.

Inclusive, en el caso concreto existió la resolución recaída al diverso recurso de revisión 1523/2018 (fojas 130 a 134 del juicio de nulidad), en la que expresamente se ordenó la reposición del procedimiento de origen y, en cumplimiento a ello, se aportaron a los autos la copia del expediente personal del actor y de los tabuladores que marcaban el monto al que debía ascender el importe de la pensión otorgada a su favor, del año dos mil trece a dos mil diecinueve.

Al respecto, se debe traer a colación el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 84/2018 (10a.) en la página 1101 del Libro 57, correspondiente al mes de agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2017685, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el tribunal mencionado."

En la jurisprudencia transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que para la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se requiere de una resolución dictada por el instituto de seguridad social, lo que implica que la parte actora, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, tenía que gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que ésta se pronunciara de manera expresa o ficta sobre la petición formulada.

En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, la Segunda Sala explicó que del contenido de los artículos 2o., 3o., 14, fracción II y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (abrogada), se desprendía que el juicio contencioso administrativo federal procedía contra las resoluciones definitivas que establecía la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa), así como que una de las partes en ese juicio era la autoridad administrativa que dictó el acto o resolución impugnada; que en la demanda relativa debía indicarse, entre otras cosas, precisamente, la resolución que se impugnaba, la cual además debía adjuntarse a la propia demanda, y que en el supuesto de que se impugnara una resolución negativa ficta debía acompañarse una copia en la que obrara el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

Asimismo, que se advertía que el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de los juicios que se promueven contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Así, concluyó que de los preceptos legales referidos se podía establecer que el juicio contencioso administrativo procede contra resoluciones definitivas, entendidas como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad oficial.

Debido a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que contra el acto relativo a la omisión de determinar, actualizar y calcular los incrementos a una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre y cuando la resolución de la autoridad encargada de realizar ese acto tenga el carácter de definitiva, lo cual es acorde con la competencia del tribunal respectivo, pues éste conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior, dijo, también se corroboraba con la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), de rubro: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.", dado que se parte de la premisa de que en el juicio contencioso en el que se demandan incrementos a una pensión acorde a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se impugna una resolución expresa o una negativa ficta y no una omisión de la autoridad.

En mérito de lo expuesto, concluyó que la omisión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de calcular y actualizar los incrementos a la pensión jubilatoria otorgada a una persona trabajadora no era un acto definitivo, toda vez que no reflejaba una voluntad definitiva o última por parte de ese organismo de seguridad social, por tanto, no era impugnable mediante el juicio de nulidad.

Consecuentemente, determinó que sobre el tema de la actualización y cálculo de los incrementos a la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el juicio contencioso administrativo no era procedente mientras la autoridad administrativa no dictara una resolución definitiva que causara un agravio a la persona; que sin este requisito el órgano jurisdiccional debía declarar improcedente el juicio tramitado y, por ende, no resolver el fondo del asunto.

Así las cosas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el juicio contencioso administrativo federal era improcedente contra la actualización y cálculo de los incrementos a una pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mientras no se emitiera una resolución definitiva que causara un agravio a la o el gobernado, lo que significaba que el órgano jurisdiccional no podía entrar a resolver el fondo del asunto sin antes verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes respectivas para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales eran la vía que hacía posible arribar a una adecuada resolución de un asunto. Por el contrario, añadió que para que procediera el juicio contencioso administrativo federal contra la omisión de actualizar y calcular los incrementos a la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se requería que la persona, previamente lo hubiera solicitado a ese instituto, para que estuviera en condiciones de exhibir, obligatoriamente, la resolución expresa o ficta recaída en el asunto, acorde con lo establecido en la fracción VI del artículo 14 de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las consideraciones que llevaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fijar el criterio del que se ha dado noticia, son aptas para resolver el presente asunto, debido a que el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al igual que los artículos analizados por la máxima autoridad, exigen que el juicio contencioso estatal se promueva contra un acto u omisión que refleje la última voluntad de la autoridad administrativa estatal o municipal.

En efecto, el citado artículo expresamente determina:

"Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:

"I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;

"II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;

"III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal;

"IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este código;

"V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento;

"VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación;

"VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones;

"VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los Municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal;

"IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y

"X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables;

"XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales."

Como se lee, el artículo transcrito enlista los actos o resoluciones que pueden ser analizados en un juicio contencioso estatal, los cuales tienen como punto de coincidencia que en todos ellos debe verse reflejada la voluntad expresa o tácita o la decisión asumida por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal.

Así, procede el juicio contra resoluciones dictadas para dar por concluido un procedimiento administrativo por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento de que se trate; o contra actos administrativos y fiscales de trámite que causen efectos de imposible reparación en la esfera jurídica de las y los particulares.

También procede contra actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las mencionadas autoridades respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con las personas en los renglones administrativo y fiscal.

De igual modo, son impugnables los actos administrativos o fiscales que se relacionen con las resoluciones afirmativa o negativa fictas.

Asimismo, contra actos de naturaleza legislativa tales como reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales, siempre que se emitan en materias administrativa y fiscal.

El juicio procede contra las resoluciones favorables a las y los particulares que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los Municipios e, incluso, contra los actos de personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo.

Contra actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables.

Finalmente, también son impugnables las omisiones en que incurran las autoridades para dar respuesta a las peticiones de las y los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación.

Es así que de la interpretación de los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo estatal se deriva que la finalidad de instaurar un juicio de esa naturaleza es que ante esa instancia se analice la legalidad de un acto emitido por las autoridades estatales o municipales que afecte la esfera de derechos de la parte actora o que, en su caso, se decida sobre la legalidad de la omisión en que han incurrido y que niega de forma tácita lo que previamente hubieren solicitado las y los particulares.

Por tanto, el principio de decisión previa que puede derivarse de lo dispuesto en el precepto analizado se constituye en un presupuesto procesal de procedencia del juicio contencioso estatal que inexcusablemente debe cumplirse y que implica que una persona sólo estará en posibilidad de acudir a esa instancia administrativa cuando exista previamente una exteriorización de la voluntad del poder público, definida a través de un acto o una resolución expresa o ficta que afecte su esfera de derechos.(8)

Ahora bien, en el caso, de los hechos narrados en la demanda contenciosa se obtiene que el hoy quejoso atendió el principio de decisión previa, pues acudió ante la autoridad de seguridad social a solicitar que se regularizara el pago de su pensión por jubilación y años de servicios ya que, dijo, se le está pagado un monto inferior al que le corresponde y después promovió el juicio administrativo local.

Por otra parte, en la sentencia reclamada la autoridad responsable confirmó la decisión de primera instancia, en el sentido de que sí se configuró la negativa ficta primigeniamente impugnada por el accionante.

Luego, cobra relevancia el hecho de que al dar contestación a la demanda, la autoridad expresamente afirmó "... que no se aprecia ningún error en el cálculo de la pensión otorgada al C. **********; de igual forma, el actor no presenta prueba alguna con el (sic) cual desvirtúe la presunción de validez que revisten todos los actos de autoridad, puesto que no acredita con medio de prueba suficiente e idónea los errores en el cálculo de su pensión." (foja 62 del juicio de nulidad)

En efecto, a partir de lo así manifestado por la demandada, cierto es que la autoridad responsable debió efectuar el pronunciamiento de fondo en relación con la litis planteada, esto es, verificar si la autoridad demandada acreditó que el monto de la pensión otorgada al inconforme se encuentra debidamente calculado, considerando los elementos probatorios que se allegaron a los autos, pues inclusive, se insiste, existió una reposición del procedimiento que dio lugar a que la autoridad demandada remitiera las copias del expediente personal del accionante y los tabuladores aplicables.

Así, si en el juicio contencioso la parte actora demostró que había solicitado el correcto cálculo de su pensión y la autoridad responsable concluyó que con el material probatorio aportado a los autos se acreditó que el promovente se encuentra actualmente pensionado por los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Est

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31471-98c44905/cuerpo-de-guardias-de-seguridad-industrial-bancaria-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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