MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO. SU ARTÍCULO 62 NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 219/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ALAN CASTRO ROCHA.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos, en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, dilucidar si el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, transgrede los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al no indicar expresamente cuándo comienza a transcurrir el plazo de la prescripción extintiva para solicitar el pago del finiquito por renuncia voluntaria.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio ingresado vía electrónica el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, la magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo 271/2022, y el adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el amparo directo 26/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el amparo directo 112/2022 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el amparo directo 567/2022, todos del mismo circuito.
4. Trámite de la denuncia. En acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, la entonces magistrada presidenta del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, radicó la contradicción de criterios dando origen al expediente 219/2023.
5. Asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes y, por otra parte, que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de su conocimiento, respondiendo los tribunales colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el sentido de que aún conservaban su criterio; por cuanto hace al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, si bien omitió manifestarse al respecto, debe entenderse que su criterio sigue vigente al no existir en autos prueba en contrario, máxime que se trata del órgano colegiado que formuló la denuncia.
6. Por otra parte, solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si en el caso existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática aquí planteada. Lo anterior, se atendió a través del oficio DGCCST/X/747/08/2023, ingresado vía correo electrónico oficial, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido de que no existía contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.
7. Confirmación de turno. Al encontrarse debidamente integrado el expediente, en auto de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se confirmó su turno a la ponencia de la magistrada Rosa Elena González Tirado, entonces adscrita al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte.
8. Modificación de la denominación y competencia de este Plano Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.
9. Confirmación de turno. En auto de presidencia de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional y se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández.
10. Se acuerda dictamen. En auto de presidencia de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro se atendió el dictamen de uno de marzo anterior elaborado por la magistrada Silvia Cerón Fernández y, como consecuencia de ello, se requirió a la Secretaría de Seguridad del Estado de México remitiera copia certificada del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco e informara la fecha de publicación de ese cuerpo normativo, asimismo, se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que recabaran los juicios de nulidad y los recursos de revisión radicados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que dieron origen a las sentencias que se examinaron en los juicios de amparo respectivos.
11. Nuevo requerimiento. En auto de presidencia de nueve de abril de dos mil veinticuatro, se requirió nuevamente al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México para que remitiera copia certificada del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco e informara la fecha de publicación de ese cuerpo normativo.
12. Se desahoga requerimiento. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo al apoderado del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México desahogando el requerimiento formulado, remitiendo al efecto copia certificada del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco e informando que únicamente se publicó y divulgó internamente en la corporación con anterioridad a su entrada en vigor -uno de abril de mil novecientos noventa y nueve-
13. Devolución a ponencia. Una vez que los tribunales colegiados remitieron la totalidad de los expedientes solicitados, por auto de diez de junio de dos mil veinticuatro, se devolvió el asunto a la ponencia de la magistrada ponente, a fin de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
14. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Administrativas de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, estos últimos reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre tribunales colegiados pertenecientes al segundo circuito que corresponden a la Región Centro–Norte, en asuntos de la materia administrativa.
III. LEGITIMACIÓN
16. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
17. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 26/2022.
18. Demanda de nulidad. Una persona física presentó una demanda de nulidad en contra del Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México y del Coordinador de Seguridad Social y Atención al Guardia, a quienes atribuyó el oficio de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el que se tuvo por no presentado el escrito de petición de cuatro de marzo anterior, por el que se solicitó el pago del finiquito por renuncia voluntaria previsto en el artículo 56 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco.
19. Radicación de la demanda. De la demanda correspondió conocer a la Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la que por auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, la radicó con el expediente 294/2019 y la admitió a trámite.
20. Sentencia definitiva. Substanciado el trámite, el veinte de agosto de dos mil veinte, la sala de origen dictó sentencia en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio respecto del Coordinador de Seguridad Social y Atención al Guardia y, por otro lado, declaró la invalidez del oficio impugnado, a fin de que el Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, emitiera uno nuevo en el que atendiera congruentemente la solicitud de la parte actora.
21. Se interponen recursos de revisión. Inconformes con esa determinación, el actor y el Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, interpusieron por separado recurso de revisión, de los cuales correspondió conocer a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la que ordenó su registro con los expedientes 816/2020 y 818/2020 y mediante sentencia de seis de agosto de dos mil veintiuno, revocó la sentencia impugnada y reconoció la validez del oficio impugnado.
22. Demanda de amparo directo. En contra de esa sentencia, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el que ordenó su registro con el expediente 26/2022 y en sesión de dieciséis de junio de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, concedió la protección constitucional solicitada, con base en las consideraciones siguientes:
"(...)
SEXTO. Estudio. (...)
En el caso, la pretensión del hoy quejoso consiste, en esencia, en que le sea otorgada el beneficio denominado ‘finiquito por separación del servicio’, incluido en el artículo 56 del Manual de Seguridad Social el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, al haber cumplido con todos los requisitos que se contienen en los artículos 56, 57 y 60 de esa normatividad.
La Sala responsable consideró actualizada la hipótesis de prescripción contenida en el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, relativa al pago del ‘finiquito por renuncia voluntaria’, al haberse reclamado fuera del plazo establecido de doce meses posteriores a la fecha en que fue exigible tal beneficio, esto es, a partir de la separación definitiva del particular en la citada corporación, lo cual ocurrió desde el primero de noviembre de dos mil trece, por lo que si el escrito de petición por el cual ****** ********* ****** solicitó de la demandada el pago de la referida prestación, fue presentado ante la oficialía de partes de la dirección de asuntos jurídicos de la corporación demandada, hasta el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, no obstante que contaba con el plazo de doce meses siguientes a la fecha en que fue exigible, quedó la corporación eximida del pago de la prestación solicitada, en razón de que el término relativo había fenecido el primero de noviembre de dos mil catorce.
Pues bien, este órgano jurisdiccional, en suplencia total de la queja deficiente, advierte que el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, aplicado al quejoso por la Sala responsable en la sentencia reclamada, de seis de agosto de dos mil veintiuno, causa perjuicio al peticionario de amparo, porque, con base en ese precepto, se le negó la solicitud del pago del ‘finiquito por renuncia voluntaria’ solicitada.
Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión ********, analizó el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, en los siguientes términos:
(...)
Como se aprecia, el pleno del Máximo Tribunal consideró que, tratándose de normas que determinan que los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuando no sean retirados por los trabajadores o sus beneficiarios, a quienes el precepto cuestionado concede un plazo de diez años, a partir ‘de que sean exigibles’, para reclamar válidamente su devolución, es necesario verificar si la regulación relativa respeta los principios de seguridad y certeza jurídica, y para ello debe tomarse en cuenta si mediante la normatividad aplicable el legislador encauzó el ámbito de actuación de la autoridad aplicadora, dando lugar a que ésta ejerza sus facultades con apego a señalamientos claros, precisos y congruentes, de manera que los gobernados sepan a qué atenerse, al cumplir los deberes que se les imponen o al deducir los derechos que se les confieren.
Asimismo, precisó que el objetivo fundamental que se persigue al acumular los recursos económicos en dicha cuenta individual, específicamente en los de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es la contratación de las pensiones que procedan una vez que se satisfagan los presupuestos respectivos, esto es, la finalidad primordial de esa cuenta es cubrir una pensión a los trabajadores cuando se ubiquen en alguna de las hipótesis que les dé derecho a recibirla, siendo que el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, establecía que el derecho a disponer de esos recursos prescribiría a favor del instituto en un plazo de diez años, a partir ‘de que sean exigibles’.
Estableció que dicho precepto contraviene los principios de seguridad y certeza jurídica, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque carece de claridad, al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar el plazo de prescripción extintiva, para que el trabajador o sus beneficiarios pierdan el derecho a disponer de los recursos de la cuenta individual, correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, resultando ambigua la expresión contenida al final del precepto, respecto a que el derecho a disponer de esos recursos prescribirá a favor del instituto a los diez años ‘de que sean exigibles’, sin que se prevea que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o sus beneficiarios, a efectos de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidenciaba la incertidumbre jurídica sobre el particular.
El criterio contenido en la referida ejecutoria, entre otras, dio origen a la jurisprudencia P./J. 158/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, correspondiente al mes de Noviembre de 2009, página 15, que dice:
‘ISSSTE. EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LOS RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR SIN PRECISAR EL MOMENTO DE SU INICIO, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se establecen distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los recursos de dicha cuenta individual; sin embargo, el artículo 251 prevé que el derecho a disponer de los mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 10 años a partir "de que sean exigibles", contraviniendo los mencionados principios de seguridad y certeza jurídica, al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar dicho plazo prescriptivo, aunado a que no prevé que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efecto de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre el particular y la violación a la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de disponer en su momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con una pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible’. En el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prevé:
‘Artículo 251. El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles’.
Por su parte, en el artículo 62 del del (sic) Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, aplicado al quejoso, se dispone:
‘ARTÍCULO 62. El importe de los beneficios que no se cubran ya sean finiquitos por separación del servicio o el correspondiente a cualquier otra prestación u obligación de la corporación no reclamada por el beneficiario dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que fueran exigibles, exime a la corporación de cualquier pago’.
En la porción normativa transcrita, se prevé, en lo que interesa, que el importe de los beneficios que no se cubran por concepto de ‘finiquitos por separación del servicio’ o cualquier otra prestación no reclamada por el beneficiario, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que fueran exigibles, exime a la corporación de cualquier pago.
La confrontación de ambos preceptos pone de manifiesto su contenido similar, en cuanto a que, el transcrito en primer lugar, establece, en lo conducente, que el derecho del trabajador a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles; y, el transcrito en segundo lugar, dispone, en lo que interesa, que el importe de los beneficios que no se cubran por concepto de ‘finiquitos por separación del servicio’, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que fueran exigibles, exime a la corporación de cualquier pago.
De manera tal que el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocado es aplicable, respecto del diverso precepto 62 del del (sic) Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco.
En consecuencia, el artículo 62 del del (sic) Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, transgrede los principios de seguridad y certeza jurídicas, tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al no señalar, con claridad, el momento en que comenzará a contar el plazo de prescripción extintiva, para que el trabajador pierda el derecho a disponer del fondo de reintegro por separación, pues resulta ambigua la expresión respecto a que el importe de los beneficios que no se cubran por concepto de finiquitos por separación del servicio, dentro de los doce meses siguientes ‘a la fecha en que fueran exigibles’, exime a la corporación de cualquier pago, sin que se prevea que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efectos de evitar que opere la prescripción de su derecho a que le sea cubierto el importe del finiquito por separación del servicio.
Cabe destacar que, en los autos del juicio contencioso administrativo ********, no obra constancia alguna que acredite que, antes de que el entonces actor promoviera la demanda de nulidad, se le hubiere notificado, expresamente, el derecho para reclamar la aludida prestación.
Consecuentemente, es innecesario el análisis de los restantes argumentos formulados por el quejoso, en tanto que no podría obtener mayor beneficio al ya alcanzado.
Por lo anterior, debe concederse el amparo solicitado, para efectos de que la Tercera Sección de la Sala Superior, perteneciente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, siguiendo los lineamientos de esta sentencia:
a) Revoque la sentencia reclamada y emita otra, en la que resuelva la litis planteada, sin aplicar el artículo 62 del del (sic) Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, que es inconstitucional, al transgredir los principios de seguridad y certeza jurídicas, tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República".
23. Importa precisar que este fallo se encuentra ejecutoriado, tal como se advierte de las constancias que obran en el expediente electrónico y que se traen a la vista como hecho notorio,(1) al no haberse recurrido por alguna de las partes.
24. También se debe destacar que las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, reiteradas en cuatro asuntos diversos, dieron origen a la jurisprudencia II.1o.A. J/3 A (11a.), de rubro y texto siguientes:
"CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN- TEXCOCO. EL ARTÍCULO 62 DE SU MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL, AL NO PRECISAR CON CLARIDAD EL MOMENTO EN QUE COMENZARÁ A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS NO COBRADOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS.
Hechos: Se promovió juicio de amparo directo en el que se reclamó la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que determinó que el importe del beneficio solicitado al jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco del Valle de Toluca, y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México había prescrito, de conformidad con el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco viola los principios de seguridad y certeza jurídicas, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al no precisar con claridad el momento en que comenzará a correr el plazo de prescripción extintiva para reclamar el pago de los beneficios no cobrados.
Justificación: Lo anterior, porque es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 158/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se sostuvo que el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, es inconstitucional, al establecer un plazo de 10 años para la prescripción del derecho a recibir los recursos de la cuenta individual del trabajador, sin precisar el momento de su inicio. En ese contexto, el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, que es de contenido similar, viola los principios de seguridad y certeza jurídicas contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, ya que no señala con precisión el momento en que comenzará a correr el plazo de prescripción extintiva del derecho a reclamar el importe de los beneficios no cobrados; ello, porque resulta ambigua la expresión contenida al final del precepto 62 citado, que exime a la corporación de dicho pago cuando no se reclamen dentro de los doce meses siguientes "a la fecha en que fueron exigibles". Además, no prevé que se dé oportunamente algún aviso al derechohabiente o a sus beneficiarios para evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de esos beneficios, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre ese punto específico".(2)
B. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 112/2022.
25. Demanda de nulidad. Una persona física presentó una demanda de nulidad en contra del Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México y del Secretario de Seguridad del Estado de México, a quienes atribuyó la negativa ficta recaída a su escrito de petición elevado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que solicitó el pago del finiquito por renuncia voluntaria previsto en el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco.
26. Radicación de la demanda. De la demanda correspondió conocer a la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la que por auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la radicó con el expediente 25/2019 y la admitió a trámite.
27. Sentencia definitiva. Substanciado el trámite, el veintidós de abril de dos mil diecinueve, la sala de origen dictó sentencia en la que declaró la invalidez de la resolución negativa ficta impugnada y condenó al Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y del Valle Comercial de Cuautitlán, Texcoco, del Valle de Toluca y de vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México a pagar al demandante el finiquito previsto en el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco.
28. Se interponen recursos de revisión. Inconformes con esa determinación, el actor y el Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México interpusieron por separado recurso de revisión, de los cua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32902-7ad3d504/manual-de-seguridad-social-del-cuerpo-de-guardias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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